Nota
La justicia remató el complejo Bio – Devoto
Cooperativas textiles, emprendimientos de economía popular, un centro cultural y un bachillerato popular. Eso es Bio – Devoto, un edificio ubicado en Cervantes 2950, barrio de Villa Devoto. Todo fue a remate judicial el pasado 6 de julio. Son casi 50 familias – entre trabajadores, docentes y alumnos- las que quedaron en este laberinto jurídico que se remonta a febrero de 2007, cuando cerró el antiguo laboratorio que allí funcionaba. La historia tiene un insólito personaje: la hermana de Jorge Telerman, Mónica, quien como técnica del laboratorio realizó un juicio laboral por despido que terminó en el remate.
“Tenemos que reflexionar, está todo muy caliente” dijo Fabio Resino, de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta), el miércoles pasado, minutos después de escuchar el resultado de la puja.
El edificio estaba tasado en cerca de 2 millones de pesos, pero la oferta escaló hasta los 883 mil pesos que dejó Bio Devoto en manos de la propia Liga de Martilleros, ante las sospechas de los trabajadores sobre cómo se hicieron las cosas. Los trabajadores se enteraron del remate frente a la Oficina de Subasta, en la calle Jean Jaurés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde habían organizado una manifestación con banderas, bombos y volantes denunciando la situación.
Resino declaró que ante tal escenario, las opciones que hasta ahora manejan los trabajadores pretender “contar con una suma de dinero que podría proporcionar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) como para conseguir otro lugar, volver a la Legislatura con el proyecto de la expropiación que ya está presentado, o resistir el desalojo. Pero no queremos apurarnos, en los próximos días decidiremos cómo seguir”.
Guilfredo Román, presidente de la Cooperativa Bio Devoto, dijo a lavaca: “Todavía no hay fecha pero vamos a tener un desalojo, es inminente, será 30 o 60 días pero esta al caer. La cantidad de gente que hay no es la adecuada para hacer una resistencia ante la policía e infantería. Solamente que vinieran fuerzas de otros lados a ayudarnos. Vamos a estirarlo judicialmente hasta donde podamos: amparos y todo lo que sea posible. No se la vamos a hacer fácil”.
Mabel Sánchez, de la Cooperativa Unsiga, una de las que funcionan en el edificio, denunció que ya pasaron oficiales a ver las instalaciones para mostrárselas a posibles compradores. «No los dejamos entrar». Los trabajadores de Bio Devoto han contado hasta ahora con el apoyo de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra), Facta, CNCT, Red Gráfica y la Unión Solidaria de Trabajadores (UST).
La historia
En ese edificio de Cervantes 2950, barrio de Devoto, funcionaba antes un laboratorio medicinal de la firma Columbia, luego comprada por la monopólica Roemmer, y vaciada. El proceso de vaciamiento fue paulatino: primero pasó a capitales mexicanos, hubo un repunte, luego se vendieron las marcas de los productos más importantes y comenzaron los despidos. «Nos prometieron capacitación y tecnología, pero jamás hicieron ninguna inversión y además empezaron a prescindir del personal», asegura Guilfredo Román. De casi 130 empleados llegaron a quedar 6. Fueron esos menos los que recurrieron al Sindicato de Sanidad, al Ministerio de Trabajo y hasta enviaron una carta al entonces Presidente de la Nación, sin éxito, para denunciar el caso. En febrero de 2007 repitieron la fórmula que tanto resultado dio a otras empresas recuperadas: entrar al edificio y no dejar pasar a los antiguos jefes y dueños. Resino resume en una frase todos esos años de lucha: «A un lugar que estaba cerrado, se le dio vida».
Ese noviembre inauguraron el Centro Cultural Bio-Devoto «con el objetivo de crear un espacio de encuentro y arte, accesible para todos los vecinos», según sus propias palabras. En marzo de 2008 se habían abierto clases de danza, teatro, artes plásticas, serigrafía, salsa y tango, entre otras. Hoy funciona además una cooperativa de calzado, una de carteras y otros emprendimientos textiles y de economía social, y un bachillerato popular.
Deudas
Pero las deudas y juicios que había dejado el laboratorio reflotaron este 2011. Mónica Telerman, antigua operaria de Columbia, ganó un juicio laboral que obliga al remate del edificio en 120 mil pesos al menos. Resino explica que «no tiene sentido» regalar el complejo en esa suma, tasado en 2 millones de pesos, lo que desnuda una jugada de la Liga de Rematadores para quedarse con ese resto. Ante la interpelación de los trabajadores, el juez dice no poder frenar el juicio pero sí el remate del edificio si aparecen en cambio los 120 mil pesos. Pero ni los trabajadores textiles, ni los docentes y alumnos del bachillerato pueden juntar esa suma. «Se están haciendo presentaciones legales. Vamos a ver si el gobierno nacional o el Ministerio de Desarrollo pueden poner el dinero», explica Ensino sobre las posibles salidas. En caso de llegar a desalojo, ya lo dijo, van a resistir.
Lo que hay detrás de todo esto, además del juicio de Mónica Telerman y sus 120 mil pesos, es un gran negocio inmobiliario. Esta semana, cuenta Ensino, la Liga de Rematadores intentó exhibir el edificio a posibles compradores, «pero no los dejamos pasar». La excusa del juicio por despido y los laboratorios que no se hacen cargo son la jugada perfecta para rematar el edificio de Devoto a un alto valor inmobiliario. En el medio de todo, recordemos, hay cientos que quieren y necesitan seguir trabajando y estudiando.
Contacto:
Guilfredo Román: (011) 15-5768-0475
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Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
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Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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