Nota
Del piquete a la Rosada: el MTD con Kirchner
Dieciocho representantes de los MTD nucleados en la coordinadora Aníbal Verón se reunieron con el Presidente y varios de sus ministros entre el jueves y viernes pasado. Los detalles de esas reuniones revelan cuál es el palo en la rueda para que los planes de gobierno se transformen en hechos. Los piqueteros hablaron de la justicia, el asistencialismo y las empresas privatizadas. Y escucharon a Kirchner enunciar sus intenciones: desde un intercambio comercial con Venezuela para bajar los precios internos de los combustibles hasta la formación de una comisión que investigue la Masacre de Puente Avellaneda. “Caiga quien caiga, el que cometió un delito y violó la ley va a ir preso”, prometió. En principio y por primera vez, un gobierno reconoció a estos movimientos como lo que son: formas organizadas que posibilitan que los recursos del Estado lleguen, por fin, a la gente.
Alberto Spagnolo, sacerdote suspendido, 38 años, uno de los inspiradores del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano, es -según los diarios- un “piquetero duro”.
Él arquea las cejas con cierta resignación y asegura que “siempre tuvimos la intención de llevar las cosas bien, en buenos términos”. Y agrega: “Nosotros no matamos a nadie. Nunca. No tenemos vocación de asesinos. La policía ha matado. La palabra dureza les corresponde a ellos”.
Pero Alberto y otros 17 integrantes de diversos MTD reunidos en la coordinadora Aníbal Verón fueron esos “piqueteros duros” que el jueves 19 de junio caminaron levemente impresionados sobre las alfombras que adornan los pasillos pomposos de la Casa Rosada, para reunirse alrededor de una mesa ovalada con el presidente de la Nación, Néstor Kirchner y varios de sus ministros (Interior, Salud, Planificación, Trabajo y el secretario General de la Presidencia).
La reunión duró más de dos horas, y dejó un saldo de diversas novedades y noticias:
- El Presidente aseguró que creará una comisión investigadora de los asesinatos y la represión del 26 de junio de 2002, que incluirá al MTD y a organismos de derechos humanos. Dijo: “Caiga quien caiga, sea quien sea, el que cometió un delito y violó la ley va a ir preso. Va a tener que responder ante la justicia”.
- Hablando del tema de las privatizadas y las tarifas, Kirchner comentó que se está estudiando un convenio de intercambio con Venezuela para abaratar aquí el precio de los combustibles. La Argentina enviaría alimentos a cambio de combustible, para poder así regular hacia abajo los precios internos.
- Pese a la oposición inicial del ministro de Salud, Ginés González García -con quien tuvieron un encontronazo durante la reunión- se acordó que por primera vez el MTD será responsable de recibir y distribuir medicamentos para garantizar que lleguen a los destinatarios sin que se esfumen en manos de punteros políticos u otros cuentapropistas por el estilo. Hasta ahora todo se concentraba en los Centros de Salud.
- Se agilizarán las normas para la conformación de cooperativas de trabajadores. Dijo Kirchner: “No puede ser que resulte más difícil armar una cooperativa que una sociedad anónima”. La medida entronca con la idea de que las cooperativas de trabajo y vivienda puedan hacerse cargo de parte de los planes de obras públicas destinados a una presunta reactivación de la economía, motorizando de paso fuentes autogestivas de trabajo y recursos.
- Kirchner dijo además que las obras relacionadas con el Estado (arreglo de escuelas, hospitales, mantenimiento de diversas instalaciones) funcionarán como fuentes de trabajo para desocupados, y no para empresas intermediarias.
Alberto repasa esos ítems y dice: “Para nosotros fue positivo el reconocimiento como organizaciones sociales. Pero no vamos a andar a los besos y los abrazos. Queremos ver los hechos. Queremos trabajar, tenemos la mejor disposición, si las cosas se hacen. Puede haber anuncios muy hermosos, pero si no se traducen en la práctica, no son nada”.
El origen de esta reunión fue otro encuentro con el Presidente, hace unas semanas, en el que participaron el Bloque Piquetero, Polo Obrero, Barrios de Pie, y el MIJD, sigla creada por el polifacético Raúl Castells. Se suponía que ahí debía estar también el MTD, o una representación de la Coordinadora Aníbal Verón, pero tal cosa no ocurrió. Las otras agrupaciones dijeron que la Aníbal Verón estaba representada por el CTD, sigla que cobija al grupo Quebracho. “Nosotros ya no compartimos un espacio con ellos en la Verón” informa Alberto. Sin embargo, en aquella reunión con Kirchner, hubo cierta sobredosis de olvido y nadie aclaró que la Verón no estaba representada.
El malentendido (¿malentendido?) se solucionó unas semanas más tarde, a través de una comunicación con Héctor Metón, ex funcionario del ministerio de Trabajo bonaerense que parece lucir, según Spagnolo, una característica inesperada: “Siempre nos pareció un hombre con palabra, pese a que en la política está todo muy mal. Siempre que dijo ‘vamos a hacer esto’, se hacía, y velaba para que se cumpliera. Lo llamé y le pregunté qué estaba pasando -porque habíamos pedido una reunión- y me dijo que el gobierno ya daba como que nos habían recibido. Se aclaró la situación y al rato me llamó para decirme que el Presidente tenía la intención de sentarse a hablar con nosotros”.
Aquel ataque de olvido promovió para los MTD reunidos en la Aníbal Verón la posibilidad de tener una reunión individual, por así decir: en realidad no se trata de un movimiento único, sino de una coordinadora de 15 movimientos, cada uno de los cuales preserva su autonomía. Por eso fueron todos, salvo los representantes de Río Negro. El grupo sumó 18 personas, con doble participación de algunos MTD bonaerenses.
La Coordinadora había mantenido reuniones para definir los puntos de reivindicación que presentarían a Kirchner. Cada asamblea había designado a su representante. Solano determinó que Alberto fuese su vocero.
-¿Cuál era el clima en esas reuniones previas frente a algo inédito para ustedes, como sentarse a hablar con un presidente de la Nación?
-Hay signos que tienen que ver con el deseo profundo del pueblo argentino de que haya cambios. Cambios en la Justicia, en la manera de entender cómo se hace la política. Tenemos mucha prudencia en cuanto a no acelerarnos, porque esto está recién empezando. Los compañeros dicen: ‘somos personas, y si nos invitan a una mesa vamos a tener un diálogo siempre y cuando haya respeto, y se vean los resultados’. Los compañeros también decían: “no vamos a una negociación, no vamos a una tregua. Hay una expectativa y queremos trabajar. Pero no vamos a bajar la guardia’.
El jueves 19 Alberto Spagnolo pasó primero por la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, junto a unos documentalistas europeos de los que vienen a esa especie de imán del turismo político en que parece haberse convertido la Argentina. Unas cuantas rondas después, se habían ido congregando otros integrantes de la Aníbal Verón. Recibieron un llamado a un celular para que fueran acercándose por Rivadavia a la Casa de Gobierno. Un funcionario fue a esperarlos. Cruzaron la valla a mitad de la Plaza de Mayo que todavía mantiene a la Casa Rosada como dentro de un corralito, por decirlo de algún modo.
Cada visitante fue identificado. Entraron al edificio y pasaron por el pasillo donde se ven los bustos de los ex presidentes. “Había algunos personajes desagradables de la historia, como Aramburu o Lonardi. A nuestro gusto no deberían estar. No vi si estaba Videla. Sería demasiado, no tienen nada que ver con la democracia. Comentaron que a Rodríguez Sáa lo van a poner”.
Alberto reconoce que lo impactó tanto mármol y tanta alfombra. Los condujeron a un salón y al rato llegó el Presidente, que saludó uno por uno a sus visitantes.
Le habían llevado un regalo: Darío y Maxi-Dignidad Piquetera, la investigación y testimonio que acaba de realizar y publicar el MTD sobre los crímenes y la represión del 26 de junio de 2002.
Kirchner luego tomó la palabra. “Dijo que en el gobierno hay una actitud de diálogo para sanar las heridas abiertas en el pueblo argentino, y que hay disposición para trabajar sin discriminar a ningún sector. Después planteó que la Argentina está afectada por una política clientelística, por los privilegios, y que él vino para revertir eso, para que haya una nueva forma de hacer la política e incluir a todos los sectores que quedaron afuera”.
Los señores del MTD escucharon sin responder. “Estamos un poco curtidos” dice Alberto, como quien espera que los discursos se transformen en hechos.
El anfitrión cedió la palabra a sus visitantes, que hablaron primero de la justicia, o más bien de la injusticia.
-Mencionamos la situación de impunidad, con una justicia que inclina la balanza para un solo lado.
-¿Quién habló?
-Todos. Fue repartido, íbamos interviniendo, agregando, cada compañero mechaba algo, profundizaba, sumaba ideas.
-Armaron una Ronda de Pensamiento en la Rosada. (El MTD de Solano organiza tal ronda, una especie de asamblea abierta y en círculo, una vez por mes).
-Es que no nos llega mucho eso de que hable una sola persona. Hubo mucho ida y vuelta, con discusión, fundamentaciones y nuestro parecer sobre la situación social, económica y política.
-¿Pero qué hablaron concretamente sobre el tema de la justicia?
-En principio, el caso de un compañero, Javier Barrionuevo, asesinado por Jorge Bogado (hombre del justicialismo bonaerense enviado a romper un piquete). Hay un fiscal que no acusa, y Bogado salió en libertad. A ese fiscal se le está pagando un sueldo, pero no cumple su deber al dejar en libertad a una persona que asesinó. Ahí aparece el tema de la impunidad y las complicidades del poder político y policial. Se puso énfasis pidiendo que se considere si hay equidad en los tribunales de Lomas de Zamora, donde el duhaldismo es muy fuerte. Queremos que pongan gente idónea en algo tan importante como la justicia.
Otro tema fue la causa penal -la llamada Causa Complot- que abrió el ministro radical del duhaldismo, Jorge Vanossi, donde acusa al MTD de asociación ilícita, robo y atentado contra la democracia, nada menos que por los hechos del 26 de junio de 2002, en el Puente Pueyrredón, que culminó con los asesinatos a mansalva de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Traducción: las víctimas son las acusadas (aunque bien leídas, las palabras asociación ilícita, robo y atentado contra la democracia describen muy minuciosamente lo hecho por buena parte de la clase dirigente).
-Como el Presidente habló de sanar heridas, le pedimos como un gesto el retiro de esa causa, que muestra la estrategia del gobierno: reprimir y además penalizar el conflicto social.
-Ustedes planteaban estos temas ¿Kirchner y los ministros qué hacían?
-Tomaban nota. Un poco como resultado de la conversación dijeron: ‘seguramente ustedes vienen trabajando, tienen equipo de abogados. Nosotros queremos formar una comisión para trabajar en forma conjunta para garantizar que esto no quede en la impunidad’. Vamos a ver de qué se trata porque a veces uno no sabe las comisiones en qué terminan.
-¿Pero algo les generó desconfianza?
-No, hubo una afirmación muy contundente del Presidente, diciendo que caiga quien caiga, sea quien sea, el que cometió un delito y violó la ley va a ir preso. Va a tener que responder ante la justicia.
-Hasta ahora ¿quién está preso?
-Algunos policías que estuvieron en el operativo, aunque otros no. Y a nivel político, nadie.
-¿Quién creen ustedes que tiene responsabilidad?
-Hay autores materiales y autores ideológicos. Ahí entran funcionarios del gobierno, integrantes de la Side, muchas personas que trabajaron sistemáticamente para llegar a lo que fue la masacre de Puente Pueyrredón.
-¿Por ejemplo?
-Jorge Matzkin que era ministro del Interior, Oscar Rodríguez (ex segundo de la Side, esposo de la diputada Mabel Müller e íntimo de los Duhalde), Alfredo Atanasof, y varios más. Y en última instancia el propio Duhalde, como parte de este plan criminal.
-Es llamativo que teniendo la oportunidad de una reunión, en lugar de empezar hablando de las necesidades económicas, hayan priorizado el tema de la justicia.
-Sí, fue una opción, pero hubo un acuerdo unánime de cada asamblea. No hubo dudas. Una de las desgracias que tenemos es que no haya una justicia independiente, igual para todos. En una democracia tiene que haber una justicia que vele por los derechos de todas las personas. Alguien que roba por necesidad un pollo, va preso mucho tiempo. Y sin embargo está el caso del intendente Fernando Geronés, de Quilmes, que robó muchísimo dinero a la comunidad. Organizó con unos concejales tres empresas fantasmas, que facturaron servicios que la comunidad nunca recibió. Pagó una fianza, quedó libre, y ahora es candidato a senador. Entonces, ¿dónde está la justicia? A este tema le dedicamos la mayor parte de la reunión.
-¿Con qué eco?
-Lo principal es lo de seguir trabajando para que esto no quede en la nada. Le dijimos a Kirchner que hay además una penalización de la pobreza, que tiene que ver con la represión en los barrios y con ver al pobre como una amenaza social. En un momento fueron los subversivos. Hoy son los pobres. Se los criminaliza.
-Ustedes perciben que el que defiende sus derechos -si es pobre- es visto como un delincuente.
-Claramente. Y bueno, ellos seguían tomando nota. Salvo el ministro de Salud que parecía un poco cansado. Fue importante que el Presidente hablara de hacer trabajos integrados de los ministerios, porque antes te encontrabas con 900 proyectos, cada uno en un área distinta. Es auspicioso que eso cambie.
-Esa dispersión suele ser una estrategia: no se hace nada, pero todos parecen estar trabajando en innumerables proyectos.
-Y así se desaprovechan recursos increíbles. Kirchner contó -cuando hablamos de la parte de acción social- que se estaban pagando un millón de pesos por mes en cajas de cartón para la mercadería de los planes sociales. Cuesta un peso cada caja. Ahora la retiraron, y sólo con eso hay un millón más para aplicar a los planes.
-Si eso pasaba con las cajas de cartón, da miedo pensar qué ocurre con insumos más valiosos.
-Es que en esas cosas ganan las redes clientelares, empresarios, funcionarios. No creo que esas cajas se las compraran a los cartoneros.
El tema siguiente fue el del trabajo. Kirchner explicó que en Santa Cruz promovió el mecanismo de cooperativas para la autoconstrucción de viviendas, una manera de generar trabajo con personas que construyen su vivienda y a la vez tienen un ingreso mensual. “Hizo la descripción, le dijimos que estamos de acuerdo pero que siempre que hubo obras públicas fueron las empresas privadas las que se llevaban el negocio para ellos. Le dijimos que hay que implementar beneficios para los que necesitan, y no para sectores que ya están enriquecidos. Dijo que iban a tratar de gestar cooperativas y de facilitar los trámites, porque es más difícil gestar una cooperativa que una sociedad anónima, y tendría que ser al revés”.
Según Spagnolo, Kirchner también informó que todo lo relacionado con el Estado, arreglo de escuelas, hospitales, mantenimiento de instalaciones, serán fuente de empleo para desocupados y no para empresas intermediarias.
Se trata de un cambio de tema. En lugar de hablar de desocupación, se habló de trabajo. Alberto reconoce que las cosas han ido mutando, incluso en el propio MTD, esa sigla que representa tan fuertemente toda una identidad: “Pese a que no estamos empleados, estamos trabajando. No estamos desocupados, parados. Cuando empezamos, lo que nos convocaba era el gran problema de la desocupación. Y lo que nos pasaba a nosotros, le pasó a millones. Pero el movimiento no es sólo de trabajo, es más integral, incluye otros aspectos de la vida como la educación, la salud. Hemos estado charlando eso, por ahí correspondería más llamarnos Movimiento de Trabajadores Autónomos”.
En la reunión todos los presentes reconocieron que querrían salir del asistencialismo y los planes, aunque los integrantes de la Aníbal Verón recalcaron que el drama es el “mientras tanto”: mientras se llega a situaciones mejores, aquellos desocupados y desamparados que cuando el MTD nacía en 1996 eran “sectores” hoy ya son millones de personas.
“Y además, el propio asistencialismo falla, porque los planes no contemplan la situación de los mayores, ni la de los jóvenes, ni la de los indocumentados, ni la de los discapacitados: la realidad es mucho más compleja que lo que marca un decreto”.
-¿Se tocó el tema de salud?
-Sí, tuvimos un cortocircuito porque el ministro (Ginés González García) empezó hablando de lo bueno que era el Plan Remediar. Pero los compañeros plantearon que había dificultades con la llegada de medicamentos, que se los utiliza de forma clientelar, y él reaccionó con mucha fuerza. Estaba un poco dormido, pero se despertó y se puso un poco loco. Pensó que decíamos que no servía, pero no era eso.
-¿Y ustedes qué planteaban?
-Valoramos que se avanzó en poner freno a la ambición de los laboratorios, y se generaron posibilidades de elegir con los remedios genéricos. Vemos los aspectos positivos, pero sabemos también que hay mucho que avanzar en los territorios.
-¿Por qué reaccionó?
-Se sintió mal porque dice que es uno de los planes más monitoreados, que lo fiscalizan organizaciones que no son del gobierno. Kirchner un poco le salió a paso y le dijo que muchas veces hay planes que en lo ideal son buenos, pero que en la realidad no funcionan tan bien. Así que sería bueno escuchar, y le dijo que sería bueno ir al territorio y ver ahí directamente qué es lo que está pasando.
-Les dio la razón a ustedes.
-Es que éramos varios movimientos de distintos distritos del conurbano diciendo lo mismo, que no se satisfacen las necesidades. De hecho quedamos en que exista una comunicación para ver qué problemas hay en los centros de salud, que no falten remedios en ningún centro. Hay algo raro: los botiquines se envían según las consultas, y hay remedios suficientes, así que no se entiende que haya problemas de suministros, cuando en este caso los recursos están. Por eso al día siguiente, cuando nos reunimos con González García, nos contó que se habían robado algunos camiones, y nos pidió que veamos si no aparecen remedios por algún lado raro. Dijo: “voy a tener que salir a cortar cabezas”.
-¿Cómo quedó la relación con él?
-Bien, pidió disculpas por la reacción que tuvo y dijo que se había levantado a las 4 y media de la mañana, y estaba agotado. Se lo veía. Lo principal para nosotros fue el reconocimiento de Kirchner de que podemos ser parte en el programa de salud. Ser parte activa y reforzar lo que hace el Estado. El ministro decía que no se pueden tener remedios en una organización barrial, en un lugar no adecuado, sin responsabilidad de un médico. Le contestamos que nosotros somos los primeros en sentir esa responsabilidad, y lo venimos haciendo hace muchos años. Colaboran con nosotros profesionales, porque los remedios no pueden darse como caramelos. Así que estamos dispuestos a que nos inspeccionen, que verifiquen si estamos en condiciones, pero queremos contribuir con la comunidad porque vemos que los Centros de Salud, y ni hablar de los hospitales, están totalmente desbordados.
El gobierno había planteado que aspira a la universalidad del plan. El MTD hizo un aporte para que eso sea algo más que una expresión de deseos.
El ministro, conociendo el conurbano, dijo: “Pero ojo, que después los medicamentos no se vendan”, cosa que tal vez sabe que ocurre en los feudos políticos dominados por los punteros de cierto partido oficialista. Los señores del MTD aclararon que ellos no son los que hacen ese tipo de cosas.
El 3 de julio habrá una nueva reunión para evaluar el alcance de la asistencia que puede dar el MTD, y para poner en marcha lo que se ha conversado.
¿Qué representa esta ayuda? En el caso de Solano, por ejemplo, las cuentas son claras: el presupuesto de salud es de 1.500 pesos mensuales, de los cuales 800 están comprometidos en la compra de medicamentos de por vida (oncológicos, para diabéticos, para gente mayor). El rubro “lentes”, cuenta Alberto, les lleva unos 400 pesos. El botiquín estatal (que incluye antibióticos, vitaminas y una muy completa variedad de medicamentos) permitiría volcar esos 1.500 pesos a otras necesidades del área de salud que un botiquín no alcanza a cubrir.
Para tomar el caso de Solano, además de las urgencias médicas, el MTD se hace cargo de asuntos de largo alcance, como planificación familiar y prevención del sida, que de otro modo no serían cubiertos en absoluto. Alberto dice que lo que hay que reforzar es la prevención en general: un desafío que abarca desde el tema de alimentación hasta el de información. No es ningún hallazgo: las organizaciones sociales tienen más claridad, honestidad y eficiencia sobre estos temas que las bandas de funcionarios que en las últimas décadas sólo dejaron que las cosas lleguen a los extremos actuales.
-¿Hablaron de las empresas privatizadas?
-Sí, sabíamos que no podíamos tocar a fondo todos los temas, pero era un punteo general. Planteamos que las empresas privatizadas han desarrollado un nivel de lucro que afecta la finalidad social que debe tener un servicio. La luz, el gas y el agua, no pueden ser elementos de lucro sino que son necesidades de un ser humano, un derecho.
Y dijimos que mientras fuera sólo lucro, las consecuencias están a la vista. Aguas Argentinas, por no retirar agua de los pozos sino directamente del río, generó todo el problema de las napas. No generó obras, no hizo cloacas, no invirtió en materiales. Un montón de compromisos que estaban en los contratos y que nunca se cumplieron. Lo que sí han hecho bien es la cuestión de cobrar deudas, cortar servicios, no contemplar la situación de ancianos y desocupados, y cortar el servicio del agua de una manera despótica. Son situaciones que duelen. A algunos barrios fueron a cortar los servicios con la policía y la gendarmería. Y está el tema del gas, las garrafas están carísimas.
-¿Qué dijo Kirchner?
-No nos dijo demasiado, comentó que lo están estudiando a fondo, y que hay mucha resistencia por parte de las compañías privadas. Pero sí dijo que veía que la nafta y el gas tienen que bajar como combustibles. Y dijo que están charlando con el presidente venezolano Hugo Chávez, para abrir un intercambio. La Argentina enviaría alimentos, y ellos suministrarían combustibles. La idea es bajar el precio del combustible y poder regular al sector privado.
-Parece un absurdo. A la Argentina no le faltan combustibles.
-Claro, pero no se pueden manejar los precios. Los funcionarios dijeron que están dando batalla en esos temas. Y que no es fácil. Kirchner dio a entender que hay mucha resistencia de las privatizadas a temas como tarifas sociales, servicios que lleguen a la comunidad, obras, y a cumplir lo que dijeron que iban a hacer. Sabemos que hay presión, además, de los países a los que pertenecen esas empresas. Quedó planteado el tema, y se seguirá trabajando.
Un dato: quedó sobre la mesa la idea de una futura visita del propio Kirchner a alguno de los asentamientos del MTD.
La reunión concluyó agendando varios encuentros con los ministros. Eran pasadas las 10 de la noche. Los invitados fueron hasta la sala de prensa, pero casi todos los periodistas ya se habían ido. Luego los integrantes de los MTD salieron rumbo a la Plaza de Mayo para coordinar entre ellos los futuros encuentros: “De golpe nos dimos cuenta, y pasamos al otro lado de la valla, no fuera cosa que nos metieran presos por estar ahí”.
-¿Qué impresión intercambiaron en ese primer momento?
-Nos pareció bueno el resultado. Es la primera vez que se nos recibe en un ámbito así. Es bueno ser reconocidos de alguna manera. Nos costó tanto. Hemos peleado mucho por nuestra autonomía. Y hemos tenido un costo altísimo. Por ahí a uno le agarra una cierta pena. Si hubiéramos tenido en la Argentina este diálogo, esta forma de hacer las cosas, hubiéramos evitado derramamiento de sangre de muchísimas personas. No se tendría que haber llegado a lo que se llegó.
Alberto cree que el comportamiento de Kirchner es el que corresponde a un funcionario que cobra un salario pagado por la sociedad: “Los funcionarios no son los faraones a los cuales accedían solamente los sumos sacerdotes o los militares: la corte. Nadie mejor que los que están trabajando junto a la comunidad para saber qué es lo que está pasando sin quedar preso de los microclimas del mundo político”.
Esa frase encierra todo un programa político, que está por verse.
El viernes fue la reunión-reconciliación con el ministro de Salud, pero también hubo un encuentro con Alicia Kirchner, hermana del Presidente y responsable de Desarrollo Social, que los recibió con Alberto Gandulfo y Sergio Berni.
El primer problema es que el lugar era demasiado chico, y les propusieron formar una comisión más pequeña. “Somos 18” fue la respuesta de los MTD. A los funcionarios no les quedó más remedio que aceptar, y por eso terminaron un tanto apretujados, pero sin excluidos (interesante metáfora social sobre el país).
Se habló de infraestructura, de los comedores, de los emprendimientos productivos. La anfitriona dijo que lo suyo no es sólo aplicar planes, sino lograr la participación, y que haya un verdadero ida y vuelta para que se garantice un trabajo consensuado entre el gobierno y la gente.
Esta vez hubo otro cortocircuito, ya que la secretaria defendió los consejos consultivos bonaerenses. Cuenta Alberto: “Empezaron con Duhalde. Se supone que son un espacio institucional de discusión y representación, pero nuestra experiencia es negativa. Son más de lo mismo, no son organizaciones genuinas. Son aparatos de la política tradicional. Son fantasmas”.
-Comisiones que se organizan para no hacer nada.
-Exacto, yo comenté que en el país no solo se rompió la organización por arriba, sino que también en la comunidad, en la base, existe un grado muy amplio de corrupción y oportunismo. Y te encontrás con espacios como esos, que están viciados de entrada, armados para chuparse los recursos que vienen del Estado. En un momento le dijimos que lo que ella decía era muy idealista, no tiene nada que ver con la realidad del conurbano.
-¿Qué es lo idealista?
-Eso de que va a juntar a todos los sectores comunitarios, en un mismo ámbito para discutir, hacer las cosas, todos unidos. Le explicamos que uno no puede ilusionarse, que hay señores feudales en los territorios, y que no va a ser gratis todo esto. Tenemos una situación donde la expresión comunitaria, real, de trabajo de base, está muy rota. Le conté una experiencia en un asentamiento, La Matera, donde intentamos que fuera un ámbito común con organizaciones genuinas, serias, honestas, y con la violencia terminaron rompiendo la experiencia. Había un sector de la CTA, la sociedad de fomento, gente que toda la vida trabajó en la zona, y los MTD. Conformamos una especie de asamblea donde íbamos trabajando todos los temas: comisiones de salud, alimentos, relación con los servicios públicos. Generamos toda una tarea y cuando vieron que nadie podía sacar provecho de ese espacio, vinieron con la violencia, prendieron fuego a casas de compañeros, vinieron armados. Fue por el poder, el territorio es un espacio de disputa. Ahí fracasan estos planteos de juntarse todos. Llevamos las de perder porque estos punteros actúan con la complicidad policial y todos reinan a través de la fuerza, si es necesario.
-Ustedes pusieron la dosis de pragmatismo bonaerense.
-No les queremos tirar abajo la idea de trabajar con organizaciones comunitarias, ni creemos que somos los únicos. Al contrario: ojalá se reproduzcan y sean miles las que aparezcan. Pero con un compromiso real y no ficticio como en estos concejos consultivos que son toda una parafernalia inútil. Creo que le consejo consultivo de Quilmes había 600 organizaciones que nunca tuvieron una práctica social. Era todo armado para robarse los recursos que llegaran del Estado.
Se habló también de la tierra. Los funcionarios dijeron que no hay demasiada tierra fiscal o del Estado que pueda distribuirse a quienes quieran trabajarla, pero habrá reuniones con el Plan Arraigo para estudiar en qué medida aparecen lugares que permitan pensar en producir en una escala mayor que la de los actuales emprendimientos del MTD. Como primer paso los funcionarios técnicos del gobierno irán a conocer lo que los MTD están realizando. Dice Alberto: “Sabemos que faltan recursos, y que por más que hablemos de cosas interesantes, todo esto tiene un límite que es la realidad, y la masividad de los sectores en estado de necesidad. Pero toda ayuda, potenciar emprendimientos, siempre es algo”.
Alicia Kirchner también les mencionó la posibilidad de acceder a créditos “blandos”. “A nosotros tomar crédito no nos convence, porque uno asume un compromiso para cumplirlo” dice Alberto, esgrimiendo un tipo de pensamiento opuesto al de la clase empresaria y la recua de gobiernos que hipotecó al país durante las últimas décadas.
-Todas estas reuniones, planes e ideas, ¿no ponen en tela de juicio la idea de autonomía que ustedes defienden?
-La autonomía no es aislamiento. No podríamos vivir. La autonomía es un proyecto que se construye, es la realización de cada uno de nosotros como ser humano, en un marco de respirar libertad. Libertad de relacionarnos, de poder recuperar la palabra, libertad de recuperar la sociabilidad que necesita todo ser humano.
Pero desde un comienzo nosotros tuvimos presente que las relaciones con el Estado, con los funcionarios, lejos de subordinarnos nunca aceptaríamos nada que nos subordine a una lógica que nos venga impuesta. Para nosotros es importante que las cosas se vayan haciendo como nosotros queremos, no por imposición de “te doy esto pero a cambio de esto otro”. No lo aceptaríamos nunca.
-¿Te parece válida la idea de que el gobierno intenta dar una respuesta a los reclamos de los movimientos sociales, para legitimarse?
-La crisis no está resuelta. Un presidente gana, pero eso no significa que en 2 ó 3 meses no esté en el piso. Ellos saben que tienen graves problemas y que si quieren llevar adelante un programa de gobierno tienen que responder a todo lo que no se hizo. Es la única manera en que pueden seguir adelante. No veo otra.
-También es fuerte pensar que un año atrás estaban en el Puente Pueyrredón, en medio de una cacería represiva. Y ahora estuvieron en la sede del gobierno.
-Nosotros siempre tuvimos la idea de llevar las cosas bien, en buenos términos. Lo que no hemos tenido es eco. Hemos sufrido una especie de discriminación. Por ahí se nos recibió en la provincia, pero con el gobierno nacional siempre tuvimos problemas. No éramos reconocidos como organización, y éramos vistos como un peligro potencial en cuanto a su territorio, el bonaerense sobre todo. Han tenido una fuerte preocupación porque en el conurbano siempre tuvieron ellos la hegemonía, con sus redes clientelares. Aparecimos como un virus en el territorio. Muchos gobernadores o intendentes siguen hablando así , de “nuestro territorio”, como si fuera de ellos.
-Y aparecen los que cuestionan eso. Los piqueteros duros.
-Esa denominación tiene que ver, con que siempre nuestro movimiento tuvo firmeza y tenacidad, en medio de todas las adversidades que hemos pasado. A veces decimos que el gobierno tiene el palo y la zanahoria. Nosotros tratamos de salir de esa lógica, con nuestros planes de lucha. Y hemos visto cómo no se reconocían las necesidades, o se burlaban diciendo cosas que no se cumplían. Frente a eso hemos tenido actitudes de firmeza y de sostener en la práctica lo que decíamos con nuestras palabras. Cuando estaba pasando lo de General Mosconi, con una represión terrible con costo en vida, heridos, vimos que los medios habían apagado sus cámaras y el pueblo seguía rodeado, y ahí propiciamos un bloqueo a toda la Capital Federal, tuvimos una actitud muy firme bloqueando los accesos, sobre todo la autopista. De ahí viene el tema de la dureza, pero comparado con la situación de que le estaban tirando con fusiles FAL a una población desarmada, creo que la palabra “dureza” les corresponde a ellos. Es la violencia
Nosotros no queremos eso. Siempre supimos los peligros de salir de nuestro barrio, de hacer marchas, manifestaciones, cortes de ruta. Sabemos que nos ponemos en riesgo. Pero nunca lo hicimos como agitación o propaganda, sino reclamando situaciones reales, reivindicaciones reales.
Por eso el tono de Alberto es de mucha cautela. Recuerda algo, que jamás olvida: “Por defender la vida, hemos tenido que pagar el costo de perderla”. Y repite algo más: “La experiencia a uno lo va curtiendo”. El alcance de esas palabras es un enigma que resolverá el futuro.
Mientras tanto, los MTD están realizando sus estadísticas barriales para mostrar a los funcionarios, están recordando que un año atrás los cuervos de la muerte se ensañaron con ellos, están anunciando que de todos modos prefieren hacer las cosas desde la vida, y saben que el 3 de julio tienen agendadas unas reuniones en el centro de la ciudad, y en el centro del poder.
Allí estarán los 18, para constatar si las palabras empiezan a convertirse en acciones.
Nota
Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera
La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.
Por Anabella Arrascaeta
Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.
Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia.
Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando.
“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”.
¿Qué fue lo que pasó?
Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras.
¿Ustedes iban a participar del evento?
No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.
¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?
Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”.
¿El gobernador qué hizo?
El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre.
¿En ese momento te llevaron a la comisaría?
Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.
En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?
Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia.
Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?
Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
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