Julio López, 76 años, está desaparecido desde el domingo 17 de septiembre. Su presencia era vital un día después, en el alegato contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, por homicidios, torturas y desapariciones cometidas durante la dictadura. Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, explica a lavaca la hipótesis de que López fue secuestrado por sectores de la Policía Bonaerense, mientras los involucrados en el juicio siguen sufriendo toda clase de intimidaciones.

López declarando en el juicio

«El ministro del Interior Aníbal Fernández nos recibió después de dos días de haber estado pidiendo una entrevista para hablar sobre el caso de Julio López, que está desaparecido desde el domingo 17. Es impresionante tanta inacción mientras nosotros seguimos con la misma hipótesis».
-¿Cuál es esa hipótesis?
-Que a Julio López lo secuestró la Policía Bonaerense. Y que siga secuestrado es una respuesta a la condena por genocidio contra Miguel Etchecolatz.
Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos reconoce que le gustaría estar equivocada o ser víctima de un ataque de paranoia “que sería comprensible, no injustificada, teniendo en cuenta la historia”.
Pero Julio López, ex albañil y testigo clave en el juicio, sigue desaparecido. El ministro de Seguridad bonaerense León Arslanián reconoció a los miembros de la Asociación que no descarta la posibilidad del secuestro, y dio a entender que hay bolsones policiales que no logra controlar.
Y además, continúan las intimidaciones: durante la misma noche del jueves, mientras Adriana Calvo hablaba con lavaca, una reunión de la Asociación era grabada a través de váyase a saber qué micrófonos (¿los teléfonos celulares?) y transmitida por teléfono al marido de una de las participantes en dicho encuentro. “Las amenazas e intimidaciones han sido permanentes” informa Adriana, una meticulosa cronista de las prácticas del terrorismo de Estado que vivió en carne propia cuando fue secuestrada en 1977 y parió a su hija en un vehículo policial. Prácticas que presiente ahora resurgidas a partir de la desaparición de Julio López, 76 años.
El lunes 18 de septiembre Julio López debía presentarse en el juicio contra el ex comisario de la Policía Bonaerense en tiempos de la dictadura Miguel Etchecolatz, quien además ofició en la práctica como el segundo del recordado Ramón Camps, en una de las etapas más perversas y aberrantes de la represión ilegal.

El hombre que faltó a la cita
Julio López fue uno de los tres querellantes en el juicio, además de testigo crucial, junto a Nilda Eloy y a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Como los abogados no actuaban por poder (medida tomada para que ningún letrado hiciera algo fuera del deseo de su propio mandante) la presencia de los querellantes era indispensable para poder llevar adelante el alegato acusatorio. Si no iba alguno de los querellantes, el minucioso armado del alegato (dividido en seis partes) se desmoronaba. Julio nunca llegó a la sala. Su hijo Gustavo pasó a buscarlo y no lo encontró en su casa. No había rastros de violencia. Sus familiares comenzaron a desesperarse muy pronto. El juicio debía continuar. Los abogados de diversas organizaciones (Ceprodh, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Fidela) reclamaron que el Tribunal permitiese el alegato completo, pese a la ausencia, cosa a la que se accedió tras algunas dilaciones. Etchecolatz finalmente fue condenado por genocidio por el Tribunal Oral número 1 integrado por los jueces Carlos Rozanski, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo.
Nadie entendía qué había ocurrido con López. Guadalupe Godoy, una de las abogadas, afirmó que “pensábamos que ante la carga emotiva” de revivir hechos del pasado “López podría haber sufrido una situación emocional”.
Adriana agrega: “Queríamos pensar en un problema emocional, o miedo frente a que se acercaba la sentencia contra Etchecolatz, o que se perdiera. Pero no había ningún indicio en ese sentido. Al contrario. Se veía a Julio muy contento y orgulloso con su papel de querellante en el juicio. Pasan las horas, los días, y esa hipótesis se va perdiendo”. Adriana considera que si López hubiera sido víctima de un shock emocional hubiera ido a parar a una comisaría, un hospital, un neuropsiquiátrico o cualquier otro lugar, y lo hubieran encontrado “si realmente la bonaerense lo estuviera buscando”.

Relato de dos homicidios
La participación de López en el juicio como víctima y testigo fue también crucial. Contó ante el Tribunal su pasado como colaborador de la organización guerrillera Montoneros, contó cómo había sido secuestrado y torturado por el propio Etchecolatz, y relató también lo que ocurrió con Patricia Dell’Orto y su esposo Ambrosio De Marco, en el Pozo de Arana (uno de los centros clandestinos de detención bonaerenses).
López explicó cómo los torturaron.
Informó que Patricia fue violada.
Describió que más tarde la joven pedía clemencia: “No me maten, quiero criar a mi nenita”.
Finalmente explicó que la callaron a balazos en la cabeza, lo mismo que a De Marco. Su testimonio dio por probados los homicidios.
Dice Adriana Calvo: “Julio estaba feliz de haber declarado, orgulloso. Además no había ningún indicio de que podía pasarle nada malo. Se lo veía bien, fuerte, sano, entero”. Ninguna pista que permita barruntar la hipótesis del “shock emocional”.

Celulares “pinchados”
Calvo denuncia varios mensajes mafiosos durante todo el juicio. “Hubo amenazas a Chicha Mariani (fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo que se alejó de dicha asociación y creó la Asociación Anahí), hubo llamados pasando conversaciones grabadas de reuniones, cartas con amenazas escritas con letras recortadas de los diarios. Una de esas cartas decía: Si lo condenan a Etchecolatz volamos la cueva montonera”. Dejaron la carta en la casa de Chicha.
Una vecina descubrió además a un señor en bicicleta que se acercó al lugar donde está la llave de gas que da a la casa de la señora Mariani. Al rato se descubrió que la llave de paso había sido primero cerrada, y luego abierta nuevamente. “Con lo cual todos los aparatos sin válvula de seguridad, como calefones y algunas estufas, quedaban perdiendo gas. Y lo de las grabaciones de reuniones es permanente” informa Calvo.
Este mecanismo de pinchadura digitalizada ya fue denunciado por la propia Asociación, y por obreros de la ex Zanon de Neuquén, por tomar ejemplos variados del control que se intenta seguir ejerciendo sobre las organizaciones sociales, desde zonas del aparato estatal y de “inteligencia” (con perdón de la palabra). Esas mafias institucionales están íntimamente ligadas al poder político, como lo ha demostrado recientemente el caso de ex agente y actual legislador Juan J. Álvarez (quien casualmente fue secretario de Seguridad en la provincia a fines de los ’90 en la etapa anterior del actual ministro, León Arslanián, cuando el gobernador era Eduardo Duhalde).

Recompensa para convencer policías
Relata Adriana: “A otra compañera le hicieron un llamado el sábado pasado donde le pasaban gritos como si fuera una sesión de tortura. No había ningún mensaje, sólo los gritos”.
Este miércoles, antes de asistir a la reunión con León Arslanián hubo un llamado a Nilda Eloy de una mujer que decía que el cuerpo de Julio López lo iban a encontrar en Quilmes. “Se rastreó el llamado, después apareció un cadáver calcinado en Punta Lara con un tiro en el pecho. Desde la Dirección de Investigaciones llamaron al diario Hoy y dijeron que era el cadáver de López. Eso corrió como reguero de pólvora hasta que varias horas después nos dijeron que había 85% de posibilidades de que no fuera. Y el lugar donde apareció, que era donde aparecían los cuerpos baleados y calcinados en el 74 y 75” evoca Adriana.
Desde un comienzo la Asociación pidió que se publicara la foto de López y se transmitiera por televisión. “Tardaron días en hacerlo. Queremos que se hagan volantes con la foto de Julio, que se arrojen desde esos aviones que se usan en las campañas electorales” reclama Adriana, acaso para darle algún fin útil a dichos artefactos.
El ministro Arslanián ya subió la recompensa inicial de 60.000 a 200.000 pesos por cualquier dato valedero acerca de Julio López. Suele emplearse el mecanismo en búsqueda de lo que en la jerga policial se llama un “buchón”. Adriana: “Si quisieron subir la recompensa para convencer a algún policía de que colabore, no está mal, pero es una muestra palmaria de la falta de control que tiene el gobierno sobre la bonaerense”. La Secretaría de Derechos Humanos abrió un teléfono (0221 489 3960/6) por si alguien tiene algo que informar.
Las propias organizaciones de derechos humanos agregan la posiblidad, ante cualquier información, de comunicarse con
Nilda Eloy: (0221) 453-3136
Luciano Sívori: (0221) (15) 561-0248
Guadalupe Godoy: (011) (15) 5113-1589

Testigos indefensos
Adriana tiene un asombro al cuadrado: “El gobierno provincial reaccionó muy tarde. Y el nacional no hizo nada. Aníbal Fernández es como que ni se enteró durante días”. La familia de López, debe decirse, ya ha estado visitando algunos cementerios. Los que han seguido de cerca el juicio no pueden entender cómo el gobierno no tomó más medidas de seguridad para proteger a los testigos. “A la vez, Etchecolatz hace lo que quiere. Fue a la Cámara sin previo aviso, e insultó a los gritos a los jueces. Viéndolo hacer eso, en ese lugar, uno entiende lo que termina pasando”.
Ya se están reuniendo firmas reclamando por la situación, que se pueden enviar a [email protected]
El texto es breve, denso y estremecedor.
Dice: “Aparición con vida ya de Julio López”.