CABA

Donde no es cuento: La pesadilla tucumana

Publicada

hace 6 años

21/03/2019

Cómo es la trama antiderechos de una provincia que se declaró “Provida” durante el debate en el Congreso y tiene a su gobernador como el principal defensor. Los datos que asustan. Pactos de silencios, funcionarios coimeros, médicos que no se callan y las adolescentes que fijan la agenda política que viene: “Ya no nos callamos más”. LUCAS PEDULLA
Hay una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela en un pueblo al borde de la frontera con Santiago del Estero que suplica: «Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Es decir que reclama la Interrupción Legal del Embarazo.
Hay un viceministro de Salud que le ofrece una casa si no se hace el aborto.
Hay una fiscal de homicidios que quiere un defensor oficial para el feto.
Hay una provincia que se declaró “Provida” a seis días del debate en el Senado, que en 2018 tuvo 137 niñas madres menores de 14 años, e intentó votar una ley para prohibir el aborto en casos de violación, pero no pudo.
Hay un gobernador, Juan Manzur, que encabezó las marchas antiderechos.
Hay médicos que tienen miedo de hablar por persecuciones laborales y políticas.
Hay agentes fiscales en los hospitales de madrugada.
Hay un arzobispo, Carlos Sánchez, que nombró uno por uno a los legisladores nacionales en un sermón para advertirles que voten en contra de la IVE, el mismo que difundió a través de un audio de WhatsApp el nombre verdadero de la niña de 11 años.
Hay dos profesionales de la salud que realizaron una microcesárea, cuando un hospital entero se declaró objetor de conciencia en el momento.
Hay una beba de 660 gramos que nació producto de ese embarazo forzado y murió.
Hay abogados antiderechos que denuncian a los médicos por homicidio.
El cuento de la criada tuvo una versión argentina este febrero.
No la escribió Margaret Atwood, sino 38 senadores que votaron por el aborto clandestino.
Tampoco es ficción ni la República de Gilead.
Es Tucumán.
Y arde.

Romper el silencio

El 31 de enero, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir se enteró de que una niña de 11 años con un embarazo en curso producto de una violación había ingresado al Hospital Eva Perón, en San Miguel de Tucumán. Este tejido se creó en el NOA para brindar herramientas y -sobre todo- apoyo a las médicas y médicos en casos de ILE, en provincias en las que la trama antiderechos pisa fuerte a nivel político. MU habló con integrantes en la provincia, que pidieron reserva de identidad para evitar persecuciones, pero que ayudan a entender cómo funcionan los hilos de una trama perversa.
Los profesionales que trataron con la familia en un primer momento habían pensado que dadas las características del caso se iban a comunicar con ellos para iniciar el protocolo ILE. Sin embargo, lo que comunicaron las autoridades del hospital fue que los servicios de Salud Mental y Servicio Social no iban a intervenir. Lucía (así fue dada a conocer en los medios para proteger su identidad) había llegado a la Clínica de Atención Primaria de Salud (CAPS) de su pueblo, en la localidad de 7 de Abril, con 16 semanas de gestación. Los médicos de la red confirmaron a MU que en la capital le constataron un embarazo de 20,4 semanas. Pero la ministra de Salud Rossana Chalha, en conferencia de prensa, dijo 22,7. La red responde: “Es muy fácil de desmentir. Está en la historia clínica”.
La situación se presentaba extraña. “Nos preguntábamos quién era el que estaba decidiendo acá. ¿La niña? ¿La madre? ¿O el Estado?”. Los primeros en romper el pacto de silencio fueron los profesionales de Salud Mental. “Denunciaron que el director de Salud Mental de la provincia, Walter Sigler, un funcionario que no tiene especialidad de psiquiatría en niños, estaba haciendo entrevistas a la niña, mientras no dejaban intervenir a los equipos del hospital. Estábamos convencidos de que había un plan de dilación para llegar hasta donde se pudiera con el embarazo”.
Sigler fue el funcionario que en conferencia dijo que la niña había tenido “ideaciones” suicidas. Los médicos responden: “La ideación es cuando decís que a veces pensás en morirte. La nena había llegado con autolesiones. Y todos los médicos del hospital decían que lloraba todos los días”.
¿Cómo es el diálogo interno entre médicos cuando pasa algo así?
Nadie habla. Nadie quiere enterarse de nada. Hay mucho silencio. Mucha angustia. Y un aroma de que en cualquier momento puede explotar todo. Entre los que sabemos quiénes somos, tratamos de contactarnos. Te vas enterando de a puchos quién es un compañero, mientras hay jefes o ginecólogos que atienden con pañuelos celestes atados en la mano. Así todos los días.

La tortura estatal

Las organizaciones ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) se presentaron como amicus curiae para garantizar el derecho al aborto no punible de la niña. La abogada de ANDHES, Florencia Vallino, fue una de las profesionales que más cerca estuvo de la familia. En diálogo con MU sintetiza cuatro hechos fundamentales: «Desde que Lucía ingresó al sistema de salud y se le practicó una microcesárea, pasaron cuatro semanas, cuando había manifestado en reiteradas oportunidades (incluso en Cámara Gesell durante el proceso judicial) el deseo de interrumpir el embarazo».
Nunca se informó adecuadamente a la familia su derecho a acceder a la ILE.
Nunca intervino el equipo interdisciplinario para acompañar y contener a la niña.
Cuando la madre firmó el consentimiento de la ILE, le exigieron la aprobación del otro progenitor. Vallino: “Esto no es una exigencia legal”. Tampoco se le informó dónde lo tenía que presentar. Así estuvo dos semanas. Recién el 26 de febrero, luego de presentar una nota en la mesa de entradas del hospital exigiendo su derecho, la recibieron.
Vallino: “Manifestamos con total claridad que forzar a una niña a maternar constituye tortura. No es necesario que la justicia ordene al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) estas prácticas. Y los funcionarios siempre le transmitieron mucho miedo a la familia. Por ejemplo, le decían que podía perder el útero y que nunca más iba a poder maternar”.
¿Quién fue?
La familia señala en particular a una autoridad provincial: el viceministro Gustavo Vigliocco, responsable del Siprosa. Hay detalles: Vigliocco le tocaba la panza, le mostraba la ecografía, le hacía referencia al futuro de ese feto, le preguntaba quién lo iba a criar. Todo a una niña de 11 años.
Vigliocco fue el funcionario que dijo en una entrevista en Radio Con Vos: “La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero es grande de contextura: tiene más de 50 kilos”.
Vallino: “No imaginábamos estos niveles de perversidad ni la noción de una niña como incubadora”.
¿Hubo algún ofrecimiento directo desde el Estado para evitar la ILE?
La familia nos manifestó que Vigliocco, de manera directa, les propuso construirles una casa si decidían continuar el embarazo. Él tenía un contacto directo, y esto lo remarco a propósito: esto no pasa. Él es una autoridad del sistema público de salud. No sucede que las autoridades visiten a una niña víctima alojada en un hospital, que tiene su médico de cabecera. Pero Vigliocco iba. Y cuando finalmente la madre firmó el consentimiento, esas promesas se desvanecieron. Y él, de un día para otro, desapareció.
Ni Chalha ni Vigliocco quisieron hablar para este artículo. Ambos fueron denunciados (junto a la directora del Hospital Eva Perón, Elizabeth Ávila, y la jefa del servicio de Ginecología, Tatiana Obeid Pedementoe) por organizaciones feministas y de derechos humanos por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
La fiscal Giannoni tampoco aceptó ser entrevistada.

Los hilos

U dialogó en exclusiva con el director de la Obra Social de Prensa de Tucumán, José Gijena, y su esposa, la tocoginecóloga Cecilia Ousset, los dos profesionales que realizaron la microcesárea a Lucía. La entrevista completa puede leerse en lavaca.org (Cómo el estado tucumano torturó a una niña de 11 años), en la que cuentan el procedimiento al que los sometieron, las amenazas, y la censura a sus hijos en la escuela, hasta el punto de negarle la vacante a uno de ellos. Ambos, además, fueron denunciados por abogados antiderechos por homicidio.
¿Cómo se activan los mecanismos en una provincia que opera con esa violencia estatal? Los médicos de la Red dicen a MU: “Hay algo muy crudo: es una ruleta rusa. Es depende de a quién le toque primero saber que hay una niña o adolescente embarazada y de si esa persona es garante de derecho o no. Eso incrementa la vulnerabilidad de nuestra comunidad, porque así la ruleta se simplifica en ricos y pobres. Mucho más si, como Lucía, son niñas del interior sin acceso a nada. Es muy perverso. Estamos viendo los hilos de los que deciden quién es madre y quién no”.

Donde no es cuento: La pesadilla tucumana

Los profesionales que le hicieron la micro-césarea a Lucía, en medio de un hospital entero declarado «objetor de conciencia». Fueron filmados mientras hacían su trabajo y al día de hoy reciben amenazas.
Foto: Nacho Yuchark

Lo antiderecho es político

Soledad Deza es integrante de Católicas por el Derecho al Decidir, docente, investigadora y miembro del Comité Académico del Observatorio de Género y Diversidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), además de profesora de la Universidad de San Pablo (USPT) y presidenta de la Fundación Mujeres x Mujeres en Tucumán. También fue abogada de Belén, la joven que estuvo tres años presa por un aborto espontáneo, condenada por “homicidio agravado por el vínculo”. Recién en marzo de 2017, la Corte Suprema de la provincia resolvió por unanimidad dejar sin efecto esa injusta sentencia. Belén tuvo que irse a vivir al Conurbano bonaerense.
Hay un dato construido por Deza que ubica que lo que sucede en Tucumán no es producto del azar, sino de una regularidad específica: desde 1992 a 2012, en la provincia fueron criminalizados 534 abortos. El 97 por ciento de los casos tiene a la propia mujer como imputada. “¿Qué se le imputa? Aborto, aborto provocado, pero de 2008 en adelante el 25 por ciento de las causas fue aborto natural o espontáneo. Es decir, eventos obstétricos que no son delito, como Belén, que muestra un ánimo de criminalizar por fuera de lo habilitado por el Código Penal”.
Las organizaciones realizaron el 14 de enero un pedido a la Secretaría de Derechos Humanos para actualizar las cifras. “Nos interesa medir qué pasó después del fallo FAL y, sobre todo, cómo incidió el caso Belén. Un ejemplo: en febrero, en el Hospital San Pablo, llegó una chica de 18 años con un aborto en curso e intervino la fiscal Gianonni pidiendo restos de muestra. Eso no se puede hacer”.
¿Qué eslabones de la máquina antiderechos visualizó el caso de Lucía?
Evidenció un accionar antiderecho transversal dentro de los poderes del Estado. Lo grave es que vivimos en una provincia donde ese accionar antiderecho fue un accionar político destinado a impedir el acceso a un derecho. Y fue solapado: no tuvimos marchas, pero sí un nivel de incidencia mucho más peligroso destinado a convalidar la violación de los derechos de esta criatura. Es importante preguntarnos qué pasa en nuestra sociedad que los casos de niñas embarazadas se están detectando con la gestación tan avanzada, porque ahí tiene que haber un abandono estatal, una escuela o un sistema de salud que no las vio. O lo que es peor: una sociedad para la que está naturalizado una niña con una panza de 20 semanas. Me pregunto: ¿qué estamos validando?
¿Qué similitudes encuentra en esa trama respecto a Belén?
Es la misma maquinaria. Belén estuvo presa porque un equipo de salud, con una cosmovisión moral afín a ciertos dogmas religiosos, decidió que podía violar la ley para castigarla desde su lugar de poder. Luego, el Poder Judicial convalidó ese accionar. Es la misma maquinaria para castigar aquellas decisiones con las cuales no acuerdan moralmente. Y eso impugna o invalida cualquier tipo de democracia, a la vez que profundiza una enorme desigualdad: todas esas mujeres pertenecen a sectores populares. No solo hay falta de empatía, sino un ensañamiento que profundiza la desigualdad y convierte la maternidad en servicio público de mujeres pobres y con escasos recursos simbólicos y materiales, lo cual es doblemente malicioso por parte del Estado.
¿Qué hipótesis puede trazar a partir de esa regularidad?
Por un lado, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) dice que en 2018, en Tucumán, 137 niñas fueron madres con menos de 14 años: allí solo hay niñas pobres. Por otro, la doble moral: esas niñas son las mismas que no reciben Educación Sexual Integral (ESI) porque van a una escuela pública donde se sigue impartiendo educación religiosa; las mismas que no acceden a la anticoncepción gratuita porque Tucumán no adhirió a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva; y las que paradójicamente terminan pagando el pacto patriarcal del Gobierno con los sectores fundamentalistas de iglesias católicas y evangélicas.
¿Qué nos deja Lucía?
Así como Belén logró sensibilizar y evidenció que podía ser cualquier chica, este caso conmovió aun a sectores que fueron históricamente antagónicos con el derecho al aborto. Es de una crueldad impactante, y me parece que finalmente inscribió que pretender a una niña de 11 años como madre es un deseo perverso. Pero lo que hay que subrayar es que detrás hay un movimiento de mujeres que inscribió estas violencias como imperdonables.

El pueblo donde vive Lucía, un paraje de calles de tierra al límite con Santiago del Estero.
Foto: Nacho Yuchark

El movimiento

Frente al Sistema Provincial de Salud se paran tres jóvenes con pañuelo verde.
En cuestión de minutos serán 300, con aerosoles, banderas y dos pintadas que lo dicen todo: “ILE no es cesárea”y “Niñas, no madres”.
Camila (22), Carla (22) y Mariana (18) son las primeras en llegar. Dicen que están rabiosas. “Queremos que las autoridades que permitieron esta atrocidad sean removidas. Punto”. Sol y Florencia, ambas de 23, con purpurina en los ojos y en los cachetes, se suman: “Nosotras no nos escondemos. Nos insultan todo el tiempo, nos gritan asesinas, pero lo importante es seguir sumándose y no tener miedo. Es un orgullo llevar el pañuelo, y cuando vemos a otra persona que lo tiene, nos sentimos acompañadas. Es saber que, aun en esta provincia, con alguien podés contar”. Las cinco coinciden en un detalle esperanzador: “Generalmente somos las adolescentes”.
Las escucha María Rosa Castro, trabajadora en un instituto privado, 58 años. Su voz pone contexto y perspectiva: “Soy vecina, no estoy en ninguna organización, pero veo cómo las mujeres que en mi barrio abortaban cuando tenían 15 ó 16 años, hoy son las que llenan las calles antiderechos. Porque sus hijas también abortan. ¿Pero dónde? En sanatorios. Sabemos que las perjudicadas son las pobres que no tienen posibilidad de pagarlos. Y si quedan vivas, van presas. En cambio las otras salen vivas y vuelven tranquilas a sus casas con sus familias. Nosotras no luchamos por ‘las dos vidas’, luchamos por todas. ¿Sabés cuál es mi principal bronca? Que hablan de ‘provida’ mientras la criatura está dentro del vientre, pero cuando esa criatura sale y están en los semáforos violados, drogados o con hambre, los corren y los insultan y les meten un tiro por detrás de la cabeza. Eso es injusticia e hipocresía”.
La calle explota. Se nombra a cada uno de los funcionarios públicos tucumanos. Las jóvenes devuelven con un veredicto: “Torturadores”. ¿Qué significa ese grito en esta provincia? Florencia y Lucía, estudiantes de Teatro y Ciencias de la Comunicación, 24 y 20 años, responden: “Significa que no nos callamos más. Sentimos que frente al movimiento feminista no podemos quedarnos en silencio. Y aunque ahora seamos trescientas o menos de cien, estamos acá, cortando la calle, y que lo vean todos los medios nacionales: estamos poniendo el cuerpo, la voz, el aerosol. Todo”.
Ambas tienen un cartel que ata los cabos y sintetiza este cuento de terror: “El Estado es pedófilo”. No es ficción.
Es Tucumán. Y arde.

Temas:

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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hace 11 horas

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Publicada

hace 2 días

06/08/2025

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Actualidad

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Publicada

hace 2 días

05/08/2025

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.