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El Presupuesto que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad no ejecutó

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El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ejecutó menos del 27% de su Presupuesto, y la mayoría fue para pagar remuneraciones y “gastos menores”, según  la respuesta al pedido de información pública que realizó lavaca. La lentitud de esta ejecución no solo contrasta con el contexto de aislamiento social y obligatorio, sino con el propio destino que había dispuesto la actual gestión, que pidió ampliar el crédito ya que los cálculos iniciales habían sido proyectados por el gobierno anterior. La respuesta del Ministerio y de la Jefatura de Gabinete al respecto. Los riesgos de que no se reasignen las partidas. Y la promesa que se asume para lo que viene, mientras la urgencia por violencia machista no puede esperar más.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tiene un presupuesto de 545.485.282 millones de pesos de los cuales, al 10 de junio, ejecutó el 26,48%. De ese porcentaje sólo el 8,82% correspondió a transferencias de recursos del Estado a organizaciones provinciales, municipales y de la sociedad civil. La cifra se dimensiona cuando se tiene en cuenta dos aspectos centrales:

  1. A esa fecha la ejecución presupuestaría debería rondar el 50%, lo cual han hecho otros ministerios. Según informa el sitio web Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía y Hacienda al 19 de junio ya se había ejecutado el 48,6% del presupuesto anual. El sitio no registra al Ministerio de las Mujeres.
  2. Estamos en reclusión obligatoria desde el 20 de marzo, lo cual pone al rojo la agenda de necesidades de mujeres y disidencias.

La información surge del informe requerido por lavaca a través de la Ley de Acceso a la Información Pública en incluye el detalle de la ejecución de cada mes, a saber:

  • Enero: ejecutó el 3,57%. La transferencia de recursos fue 0%
  • Febrero: ejecutó el 3,78%. La transferencia de recursos fue 0%
  • Marzo: ejecutó  el 6,09%. La transferencia de recursos fue 4,10%
  • Abril: ejecutó el 3, 40%. La transferencia de recursos fue 0%
  • Mayo: ejecutó el 8,82%. La transferencia de recursos fue 0%
  • Junio: al 10 se había ejecutado el 0,82%. La transferencia de recursos fue del 4,73%

Según justifica el Ministerio en la carta que acompaña esta información “hasta el momento, como puede observarse, gran parte del gasto está relacionado con el pago de remuneraciones, además de otros gastos menores relacionados con actividades realizadas por los equipos técnicos del MMGyD, como los Foros participativos regionales para la elaboración del Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género, las actividades vinculadas al Día Internacional de las Mujeres trabajadora, o el fortalecimiento de la Línea 144 y su difusión. Debido a que los procesos para ejecutar otro tipo de erogaciones implican que la UOC (Unidad Operativa de Compras) esté constituida, y eso ha sucedido al finalizar el mes de mayo”. Sin embargo, al 10 junio y ya funcionando los mecanismos burocráticos – tarea que le insumió cinco meses- solo había transferido el 4,73% de los recursos disponibles.

La lentitud de esta ejecución del crédito presupuestario se contrasta con lo que el propio presupuesto dispone como destino de esos recursos y más en tiempos de aislamiento social obligatorio, ya que los rubros que aún no se ejecutaron son aquellos destinados a transferir recursos del Estado a organismos provinciales, municipales, de la sociedad civil y ayuda a personas, que suman en total 63.486.190 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron sólo 5.600.000.

Si a estos fondos disponibles y no gastados se suman aquellos que están destinados a rubros que deberían ser reasignados ya que la pandemia los tornó inútiles –por ejemplo pasajes y viáticos: $ 5.689.689- los recursos disponibles y no ejecutados se elevan a casi 70 millones de pesos.  

¿Qué pasa con el presupuesto no gastado?

Algunas claves para comprender el riesgo.

El presupuesto es una Ley nacional y como tal es aprobado por el Congreso de la Nación. En este caso, la actual administración tuvo que afrontar que ese presupuesto no fue ni elaborado por la actual gestión ni contaba con un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que creó especialmente. Por lo tanto, la gestión de este Ministerio asumió con el presupuesto asignado al antiguo esquema que destinaba una partida de 272.742.641 millones de pesos para el Instituto Nacional de las Mujeres, cifra que esta administración decidió duplicar. Así desde el 13 de enero de 2020 el ministerio de las Mujeres contó con un crédito presupuestario de 545.485.282 millones de pesos.

Según la normativa vigente la autorización del gasto presupuestario es trimestral y es facultad del Jefe de Gabinete reasignar las partidas no utilizadas. Es decir: si bien el crédito presupuestario es anual su rendición ante Hacienda es trimestral. Este mecanismo permite reasignar partidas de acuerdo a las prioridades de políticas públicas que a criterio del Jefe de Gabinete sean más necesarias. En síntesis: con tan baja ejecución del gasto autorizado, los recursos del Ministerio de las Mujeres se pusieron en riesgo de ser reasignados a otras carteras que hoy tienen en rojo sus cuentas debido a la emergencia sanitaria, hecho que confirma el vocero de prensa de Jefatura de Gabinete ante la consulta de lavaca: “La subejecución es algo transitorio que se solventará en los próximos meses. Se debe a las readecuaciones presupuestarias que todos los ministerios sufrieron por el efecto del covid, por lo que muchas partidas se dirigieron a Salud y Ciencia, como fue el caso de los 77 millones que (Santiago) Cafiero redestinó de la AFI al programa de médicos comunitarios y los kit de testeo rápido, por sólo citarte un ejemplo”.

Otro tema es el relacionado con la autorización del gasto de acuerdo a cada partida presupuestada. Ningún ministerio puede destinar recursos a otros rubros sin pedir trimestralmente autorización para reasignarlos. En este caso, los 5.689.689 millones de pesos autorizados para pasajes y viáticos deben contar con un pedido formal de reasignación y la correspondiente autorización de la Jefatura de Gabinete para que así sea. Teniendo en cuenta que se trata de un crédito presupuestario anual, al menos el 50% de este monto podría ser resignado a, por ejemplo, recursos para contener y prevenir violencias de género.

La respuesta del Ministerio: “Los recursos disponibles se ejecutarán en el transcurso del año. Las reasignaciones que hicieran falta se irán realizando en la medida de lo necesario y no requieren, en principio, pedidos formales. Los programas que implican transferencias de recursos a provincias, municipios y organizaciones de la sociedad civil están siendo reformulados como parte del Plan Nacional contra las Violencias por Motivos de Género y forman parte de las líneas de acción prioritarias del Ministerio.  En la medida en que se confirme el excedente en el rubro pasajes y viáticos, dichos recursos serán reasignados”.

La carta del Ministerio aclara: “La ejecución presupuestaria aumentará significativamente durante el segundo semestre del año”.

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Lo que no se juzgó en el juicio por la joven abusada en Miramar

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Luego de que los tres jóvenes acusados de violar a una niña de 14 años en un camping de Miramar fueran absueltos en un juicio con jurados populares, la familia reclama la nulidad y pide un nuevo proceso. “Queremos una justicia que no sea machista, una justicia que defienda y proteja a las víctimas”, dice la madre de la joven a lavaca. Lo que no se tuvo en cuenta.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

La sentencia se conoció el 17 de septiembre pasado: el jurado popular declaró “no culpables” a Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25), los tres acusados de violar a una niña de 14 años durante los festejos de año nuevo. El juicio duró 4 días y la deliberación de los 12 ciudadanos que conformaron el jurado popular no llevó más de 4 horas.

La familia reclama ahora el desarrollo de un nuevo juicio técnico donde se tengan en consideración todas las pruebas que presentó la familia y que el jurado popular rechazó.

Según el recurso que presentaron ante la Cámara de Casación, ese fallo “vulnera el derecho a la integridad personal, a la vida privada y familiar, a los derechos de la niña, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales y a la protección judicial”. Por lo cual solicitan se dejar sin efecto “el veredicto de “no culpabilidad” dictado por el jurado popular el día decretándose la “nulidad insanable”.

“Llegamos a ese juicio cuando pedimos la encarcelación de ellos tres que hasta ese momento computaban pena en su domicilio”, dice a lavaca Gisela Mendoza, mamá de la joven. La respuesta a ese pedido fue una fecha de juicio por jurado: “Nos avisaron con menos de un mes de antelación. Los fiscales tuvieron que estudiar la causa en ese corto tiempo, porque la fiscal que venía llevando el caso era otra”.

Lo que falta                                

Mendoza cuenta que, al hacerse un juicio a las apuradas, faltó el estudio de pruebas tales como el peritaje de un celular, que no llegó a investigarse porque tenía un patrón. La mamá de la joven también pone el foco en los resultados de la prueba alcoholemia “que dio negativa a los tres, pero pasaron muchas horas hasta que se hizo el estudio”.

La familia de la joven señala que además hay muchas pruebas que fueron desestimadas justamente por haberse tratado de un jurado popular, cuyo alegato estuvo “lleno de mentiras y prejuicios”. Un ejemplo: “En el alegato la abogada de Lucas Pitman se basa en lo lindo que es su defendido, y en que mi hija por haber tenido una relación consentida dos horas antes, se asume que el abuso no ocurrió. Repite que el consentimiento fue corroborado y eso no fue así”, dice Gisela.

Asimismo, explica que “no se tuvo en cuenta la prueba de ADN, tampoco las fotos del lugar donde se evidencia la cantidad de alcohol que habían bebido durante su estadía”, dice Gisela. “Tampoco se tuvo en cuenta el testimonio que dio mi hija Cámara Gesell, que por ley es la prueba más importante y fue verdadera como la consideró la especialista psicóloga que la realizó. Tampoco el relato de todos los que vimos a mí hija es ese estado de adormecimiento”.

Gisela también cuenta que la asesora de menores solo pudo presenciar el juicio en calidad de observadora, sin capacidad de filtrar preguntas, ya que fue rechazada dos veces por el juez. Lo mismo ocurrió con la psicóloga de la niña, a quien tampoco le permitieron filtrar preguntas. “A nuestro perito, Enrique Stola, tampoco lo dejaron estar como perito de parte”, denuncia.

En esta instancia Gisela le reclama al Tribunal de Casación que se tenga en cuenta todas las veces que se ha vulnerado los derechos de su hija: “Esperamos que Casación tome nuestro pedido, y si es necesario, iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“Queremos una justicia que respete sus propias leyes, una justicia que no sea machista, una justicia que defienda y proteja a las víctimas”, dice Gisela, que espera la realización de un nuevo juicio que establezca una condena efectiva para los 3 acusados. Y remata: “A pesar de este terrible resultado que obtuvimos en Mar del Plata, la seguimos peleando. Porque todos sabemos que eso no fue un juicio, fue una pira (refiere a viejos enjuiciamientos) para una piba, que en público fue sometida, una vez, más a una justicia patriarcal”.

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Comenzó el juicio por el femicidio de Araceli Fulles: amenazas, un nuevo detenido y la esperanza de justicia

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Comienza a juzgarse el femicidio de la joven de 22 años asesinada en 2017. Mientras los cinco principales imputados llegan al juicio en libertad, un hombre fue apresado el domingo, cuando fue a votar, por amenazar a la familia a través de un video con una ametralladora. La relación de los sospechosos con la policía, y la muerte con tintes mafiosos del principal acusado, en 2019. Cómo fue la primera audiencia de un caso que devela la trama de impunidad de los femicidios territoriales, y el pedido y la lucha de Mónica, la madre de Araceli: «Yo quiero que toda la verdad salga a la luz”.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

4 años y 5 meses después, este lunes a las 9:30 finalmente comenzó el juicio por el femicidio de Araceli Fulles, la joven de 22 años asesinada en abril de 2017. A cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de San Martín, integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martínez y Aníbal Bellagio, la primera jornada se extendió hasta las 18 horas. La causa está caratulada como “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por una o más personas y femicidio”.

Un solo imputado llegó detenido: Carlos Cassalz fue apresado el domingo en la escuela donde votaba, por amenazar a Mónica, mamá de Araceli Fulles. Los demás imputados que llegan a juicio son Hernán Rodrigo Badaracco, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos. Todos se encuentran en libertad gracias a un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Martín que consideró, en septiembre del 2017, que por la “ineficiencia del sistema investigativo” no pudieron se obtenerse las pruebas necesarias para probar inculparlos, en un caso envuelto en sospechas de complicidad policial para garantizar el encubrimiento.

Hasta ayer el único detenido había sido Darío Badaracco, quien murió el 13 de abril de 2019 tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica, en otro claro hecho de tinte mafioso.

Los aprietes

Días atrás, a las 4 de la madrugada, Mónica recibió un mensaje con una amenaza: “Hay balas en el pecho para toda la familia de Araceli”; el mensaje incluía un video de 9 segundos en donde se veía a Carlos Cassalz con una ametralladora. Por estas amenazas, y no por el femicidio, fue detenido ayer cuando fue a votar a una escuela de San Martín.

“La verdad es que me sorprendió. -dice a esta agencia Mónica-. Yo había hecho una denuncia por un llamado y una grabación  que me habían mandado a las 4 de la madrugada, unificaron la denuncia mía con la de un testigo, y la DDI se encargó de encerrarlo. Hoy vino al juicio esposado”, se sorprende por la rapidez de la detención que, en el centro de votación, estuvo a cargo de la Gendarmería: acaso otro de los indicios que sugieren la participación policial como parte de la trama de impunidad.

En la primera y extensa jornada se leyeron las imputaciones y las declaraciones de cada imputado. Luego, fue el turno de Mónica Ferreyra, mamá de Araceli: “Tuvieron que hacer un receso de 5 minutos porque me afectó mucho dar declaración, me agarró como una crisis: recordar todo es muy triste”, sintetiza a lavaca.

Y sigue, sobre el tiempo transcurrido desde el hallazgo del cuerpo de su hija – 27 días desaparecida- hasta hoy: “Se pierden muchas cosas, mucho tiempo”. En parte culpa de ese tiempo, uno de los contrapuntos de la jornada fue el de los detalles temporales en el que se desencadenaron los hechos. Mónica: “En el momento de declarar no te da tiempo ni a pensar. Mi defensa le dijo al juez que no me podía apretar sobre esos detalles, que recuerde que soy la damnificada, que me mataron a la hija. ¿Se puede acordar de todo, fecha y hora tan detalladamente como está pidiendo usted? No es así, le dijo”.

En la jornada de hoy se esperaba que declararon once personas, pero solo lo hicieron tres. Estas dilaciones la familia proyecta que el juicio podría durar más de un mes.

La pista policial

Araceli Fulles desapareció el 2 de abril del 2017 –a los 22 años-, cuando iba de regreso a su casa. Muy temprano, Mónica había recibido un mensaje “Vieja, prepara unos mates que voy para casa”, pero nunca llegó. Tras 27 días de búsqueda incansable, su cuerpo fue encontrado gracias a la familia violado, asfixiado, destrozado, enterrado y cubierto de cal.

Su cuerpo estaba enterrado en la casa de la madre de Darío Badaracco, un hombre del barrio vinculado a la policía. La orden de requisar esa casa la había dado el juzgado al comienzo de la búsqueda, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad.

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Araceli la división de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal José Gabriel Herlein y el numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la Comisaría 5ª de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición.

“Yo espero que los condenen a todos, que no salgan nunca más”, reclama Mónica. “Yo solo pido que el juicio tenga perspectiva de género, que salga todo a la luz y que los jueces se pongan la mano en el corazón y piensen en sus hijas. Que se compruebe que son culpables y vayan presos. Yo quiero que toda la verdad salga a la luz, que se sepa lo que pasó. Pero cuesta que salga todo a la luz cuando hay manos negras metidas en el medio”.

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12avo Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios: “Necesitamos hechos”

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El grupo que reúne a madres y padres que perdieron a sus hijas por la violencia patriarcal reclamó una audiencia al Presidente y entregó en una carta medidas concretas para exigir justicia y prevenir los femicidios. Ya van 200 en lo que va del 2021. «¿Por qué insistimos? Porque estamos convencidos de que tiene que escucharnos. Nuestras palabras están cargadas de dolor pero también de la tremenda experiencia que soportamos sobre nuestras espaldas y nuestras almas«, dice el texto, que aquí reproducimos de manera completa. Crónica y fotos del doceavo encuentro del grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios, en medio de la lluvia.

Pasado el mediodía de un miércoles de lluvia copiosa y como cada segundo miércoles de mes, el grupo de  Familiares Sobrevivientes  de Femicidios llevó a cabo su encuentro y por décima segunda vez, entregó una carta en la Casa Rosada para solicitar una audiencia con el Presidente Alberto Fernández. El pedido de justicia por los femicidios de sus hijas —en un país donde al día de hoy hay 200 femicidios, travestidicios, transfemicidios y Tehuel no  aparece desde hace casi seis meses—el reclamo se impone en un contexto que invisibiliza estas urgencias.

La mamá de Camila Flores, Susana y Daniel, la mamá y el papá de Cecilia Basaldúa, Alfredo, el papá de Carla Soggiu, y la cantante Amalia Etchesuri.

En esta oportunidad no hubo sillas ni micrófonos para que contaran el estado de las causas de sus hijas debido a la lluvia sostenida. Participaron la mamá de Camila Flores —de 20 años, asesinada hace nueve meses  en Santa Fe—, Susana y Daniel, la mamá y el papá de Cecilia Basaldúa —la joven de 35 años asesinada en Capilla del Monte, Córdoba, cuyo cuerpo apareció el 25 de abril de 2020— y Alfredo, el papá de Carla Soggiu, quien apareció flotando en el Riachuelo, cuatro días después de que activara dos veces el  botón antipánico que tenía porque su ex marido la había golpeado y violado. 

Con sus paraguas, bajo la lluvia, sostienen carteles  con los rostros de sus hijas. La mamá de Camila  no puede contener el llanto. Hay dolor en sus miradas, pero también hay determinación para mantenerse firmes contra la impunidad.

La cantante Amalia Etchesuri lee en voz alta la carta que minutos más tarde irán a entregar a la Casa Rosada:

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2021

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Desder que comenzó este año hemos sufrido 200 femicidios y travesticidios  y 166 infancias han quedado huérfanas. Sufrimos también 333 intentos de femicidios y realizamos 274 movilizaciones y marchas para exigir que paren de matarnos. Seguimos además reclamando la aparición con vida de Tehuel.

Desde que comenzamos a encontrarnos en esta plaza, hemos presentado una docena de cartas solicitando que nos reciba, las entregamos acompañadas con informes y propuestas concretas y urgentes, nacidas del calvario que representa para una familia acceder a una justicia justa y humana, que investigue y castigue el crimen de nuestras hijas. También presentamos propuestas para que el Estado prevenga estas violencias y contenga en tiempo y forma a las infancias que deja huérfanas.

En este largo tiempo hemos escuchado hablar mucho de la necesidad de una reforma judicial, como forma de garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice nuestros derechos. Necesitamos hechos, exigimos acciones concretas, reclamamos que se democratice el Poder Judicial de una vez por todas y para siempre.

Esta es la carta n° 12 con la cual, con respeto y esperanza, solicitamos que reciba a nuestras familias ¿Por qué insistimos? Porque estamos convencidos de que tiene que escucharnos. Nuestras palabras están cargadas de dolor pero también de la tremenda experiencia que soportamos sobre nuestras espaldas y nuestras almas. Queremos transferirle ese peso, es suyo, le corresponde a la máxima autoridad del país hacer todo lo que pueda y más para transmitirle a toda la sociedad que nunca más ninguna madre, ningún padre, ningún hermano ni hermana, deba soportarlo, ninguna familia puede cargar sola ese peso. Es demasiado.

Atentamente,

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla Soggiu

Ana María Martinez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna Ortiz

Mamá de Camila Flores

Yolanda Sequeira, hermana de Luciana Sequeira

Finalizada la lectura, se encaminan hacia la entrada de la Casa Rosada, donde como cada segundo miércoles de mes les preguntan quiénes son y qué quieren. Daniel Basaldúa explica: “Somos Familiares Sobrevivientes de Femicidios. Nos mataron a nuestras hijas, queremos dejar una carta dirigida al Presidente para que nos reciba”. 

Doce veces el mismo ritual, el paso firme de quienes no se cansan de exigir justicia, las lágrimas por lo que pasó y el grito impostergable y la lucha incansable para exigir justicia y que no vuelva a pasar.

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