Sigamos en contacto

Nota

Exceso de lobby

Publicada

el

Argumentos bizarros, discusiones de locos, periodistas de espectáculos operando, expertas y ministros relacionados con una industria que no quiere que los consumidores estén informados. Argentina podría convertirse en el próximo país en tener una ley de rotulado frontal de advertencia con sellos negros, como Chile, Perú y México. O podría ser otro de los países en los que triunfan los conflictos de interés y el lobby en detrimento del derecho a la información y a la salud. De la redacción de Bocado.lat *.

Siete días atrás Argentina estaba cerca de tener un rotulado frontal de alimentos con octágonos negros de advertencias para productos con exceso de azúcar, grasa, sal y calorías, y también para productos con cafeína y edulcorantes no recomendables especialmente para las infancias. A pesar de las presiones de Coca Cola que intentaron afectar el proyecto hasta último momento, el modelo que inauguró Chile y perfeccionó México se plasmó en una ley que tuvo el respaldo de sesenta y cuatro senadores y sólo tres votos en contra (los legisladores de las provincias azucareras). Los argumentos que dieron para oponerse fueron entre desopilantes y bizarros: que se estaba demonizando a ese ingrediente que era orgánico y natural, que no se estaba teniendo en cuenta el hambre, que las barritas de cereal light iban a tener advertencias como los yogures…

Apenas la ley obtuvo dictamen favorable en Senadores, en cuestión de horas el jefe de la cámara de Diputados (hacia donde avanzó el proceso legislativo de aprobación), Sergio Massa, viajó al norte del país. A Tucumán, una de las provincias que lidera a la industria azucarera argentina y prometió a los gobernantes “atender la potencia que tiene el sector azucarero”.

¿Qué significaba esa promesa? Que iba a desenfundar la primera de las estrategias que han sido empleadas sistemáticamente para obturar el rotulado frontal en cualquier país que se le haya animado: la demora. Sergio Massa pasó el proyecto de ley a seis comisiones para que fuera debatido antes de ingresar al tratamiento oficial. Eso podría significar una postergación de años. El escándalo estalló en redes sociales bajo el hashtag #ExcesoDeLobby, lo que obligó a Massa a reducir el mismo día las comisiones a la mitad, aunque no hay garantía de que el proceso se agilice.

Enseguida se reavivaron las otras estrategias que por 10 años han impedido que en Argentina exista siquiera un debate sobre rótulos: confundir y propagar miedo.

Ideas apocalípticas del tipo La ley va a quebrar el sistema, porque enlazan supuestos como Coca Cola va a vender menos, el kiosco de la escuela también y el Mercosur va a desbarrancarse. Es ese espacio de cooperación comercial de América del Sur, el Mercosur, el que es utilizado como el instrumento más efectivo para boicotear sistemáticamente los avances de todos los países que lo conforman aduciendo una necesidad de consenso para homologar rótulos.

La discusión dentro del Mercosur parece de locos. Porque las normativas no dicen nada como que hay que acordarlo todo. Pero la presencia de la industria en cada una de las reuniones es imbatible. Uruguay fue el primer país del bloque en animarse a sancionar la ley de rotulado frontal y debió enfrentar el bullying del resto, que pretendían avanzar sobre su autonomía. Pero la alegría duró poco. Cambio de gobierno mediante, las marcas encontraron en Mercosur el espacio para postergar la aplicación a 2021 y dejar a Uruguay en un limbo: si el espacio de comercio internacional acuerda un camino común (el que sea) ese país también deberá adoptarlo.  Curiosamente, Brasil también logró generar un etiquetado de advertencias pero diferentes: “lupas” que aparecen ahí donde hay ingredientes problemáticos que destacar, con un diseño gráfico tan particular que se vuelve mucho más débil que el de los octágonos negros. Además que su perfil de nutrientes es más laxo, exponiendo solo a aquellos productos que tienen excesos evidentes y permitiendo que se oculten los productos ofrecidos como saludables a pesar de tener excesos de nutrientes críticos. “El peor sistema de rotulados que se ha aplicado hasta ahora” según un estudio canadiense. Tan complicado resulta el modelo brasileño que los legisladores argentinos opositores a la ley toman las lupas como ejemplo. “Si Brasil es más amable con sus rótulos, nos mudamos para allá”, dicen.

Daniel Funes de Rioja, titular de COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, la cámara que engloba a todas las marcas de Argentina), catalogó de “demonizadora” y poco razonable a la medida de octógonos negros. La Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (Amcham) ya habría enviado tres notas a las comisiones que tratarán el tema, expresando su opinión negativa. A todos los anteriormente nombrados se les suma Juan Luis Manzur, médico y político que gobierna actualmente la Provincia de Tucumán, quien fue Ministro de Salud Nacional entre 2009 y 2015, en férrea alianza con las azucareras. Juntos, Manzur y  Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Salud del Senado, han atacado la ley de rotulado y defendido públicamente al ingrediente:  “Así como está el proyecto victimiza o pone al azúcar en un lugar que no se merece (…) El azúcar es natural, más sano que los edulcorantes. Necesitamos un proyecto de ley para acercarnos a Mercosur, y este definitivamente no lo es”.

Otro sector que se opone a que los consumidores tengan acceso a la información es el de nutricionistas y médicos que trabajan frecuentemente para las marcas alimenticias. Personas como Sergio Britos, director de CEPEA (Centro de Estudios Sobre Políticas y Economía de la Alimentación) y profesor asociado de nutrición en la Universidad de Buenos Aires, quien trabaja frecuentemente para Danone (que tiene un catálogo de yogures y postres infantiles con exceso de azúcar), comenzó la campaña #PorUnBuenEtiquetado. Publicó un artículo en su cuenta en LinkedIn, en el cual cataloga al proyecto de excluyente, afirmando que solo apunta a limitarse a nutrientes cítricos (como azúcar y sal) sin contribuir a mostrar los nutrientes “buenos” que los productos pueden tener (como vitaminas sintéticas agregadas). Britos también compartió por Instagram reuniones sobre la iniciativa YINI, financiada desde el Instituto Danone: una serie de estrategias para la promoción de cualidades y características de los yogures, en las que se evaden las altas cantidades de azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa y/o edulcorantes que muchos poseen. Es tan poderoso el alcance de los financiadores de estas ideas, que la semana anterior terminaron siendo propagadas por el periodista de espectáculos Jorge Rial a través de su cuenta de Twitter. Rial es Management de Minta Group, empresa encargada de posicionar marcas en medios masivos. Y uno de sus principales clientes es Danone. Además está en pareja con Romina Peirano, también nutricionista, y embajadora de Activia, uno de los yogures azucarados de Danone.
Entre los comentarios destacados al post de Britos aparece la directora del Centro Katz y directora de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), Mónica Katz, quien aprovechó para sumar su apoyo: “Argentina se debe una discusión transversal”. Después, por medio del diario Infobae, Katz se dijo alarmada ante la posibilidad de que su nieta encontrara rótulos negros sobre los productos que ella le indica comer.

Las opiniones de Mónica Katz no son ingenuas porque también colabora con la industria alimentaria. La SAN recibe financiamiento de empresas como PepsicO, Danone y Arcor, pero además ella personalmente, entre sus últimos trabajos, estuvo encargada de desarrollar el rotulado “La porción justa”, una campaña de la transnacional de alimentos y golosinas Arcor. Así la empresa encontró en Argentina la forma de implantar un sello verde -propio y único- con cual indica la porción de chatarra que recomiendan diariamente, como si tal cosa existiera. Así, en las góndolas argentinas hay productos marcados como “la porción justa” cuando en Chile, Perú y Uruguay tienen entre dos y tres sellos negros de exceso.

“Argentina va a tener una ley de rotulado frontal”, dijo unos meses atrás Ginés Gonzalez García, el actual Ministro de Salud. Y a priori todos estamos de acuerdo. Pero ahí hay una trampa: una mala ley puede ser peor que ninguna, y hacia eso apunta el lobby actual: “más amable como la de Brasil”, “que agregue nutrientes buenos”, “que tenga un perfil de nutrientes distinto”. Nuestro ministro de salud, González García, es el fundador de la universidad privada Isalud, que tiene una carrera de nutrición dirigida por el médico mediático Alberto Cormillot. Cormillot fue funcionario en el gobierno anterior inaugurando la dirección de Alimentación Saludable desde donde tomó una única medida: firmar una acuerdo con la cámara de empresas de la industria alimentaria COPAL, que les garantiza una silla en todas las reuniones donde se debaten políticas públicas relacionadas a la alimentación. Además Cormillot es una marca: hay una línea de productos con su nombre, muchos altos en azúcar y edulcorantes.

Además de confundir y asustar, el lobby anti-etiquetado tiene por estrategia interferir: Correr los límites que se establecen en el proyecto de ley actual (que son los que sugiere la Organización Panamericana de la Salud) para adoptar unos más laxos (los que sugiere la industria).

“Buscan debilitar el sistema de perfil de nutrientes que fue desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud”, dice Ignacio Porras, licenciado en Nutrición y director de SANAR, una sociedad de nutrición libre de conflictos de interés que tiene representación en todo el país. Porras explica que para ser útil, la ley debe mantener tanto su sistema de rotulado octagonal como el perfil de nutrientes de la OPS.

La oposición a la ley es férrea pero su apoyo también. No solo SANAR lo comanda desde la sociedad civil sino también la Fundación Interamericana de Nutrición, UNICEF, OPS y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) que publicó una carta pidiendo el tratamiento urgente de una ley que protege principalmente a niños y niñas.

Actualmente los activistas se esfuerzan por sostener el perfil de nutrientes y resumir el trabajo de Comisiones, para que el proyecto sea tratado a modo de plenario. Quien tiene el poder de decisión en ese aspecto es la diputada Cecilia Moreau, y ha dicho que el viernes 13 convocará a una primera reunión informativa.

En el congreso argentino se debate más que una ley: existe una guerra de conflictos de interés acechada por una de las industrias más poderosas del mundo. Un poderoso sector que entre ingenios y grandes marcas alimenticias ha logrado nada menos que mantener ocultas las cantidades de endulzantes que se agregan a los productos, convirtiendo a los consumidores de procesados y ultraprocesados en protagonistas de un experimento: comer azúcar, escondida bajo 56 nombres.

* Bocado- investigaciones comestibles: Bocado.lat es una red latinoamericana de periodistas con perpsectiva científica y de derechos humanos, dedicada a temáticas vinculadas a la alimentación, los sistemas alimentarios y los territorios.

Nota

Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

Publicada

el

A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

Seguir leyendo

Nota

Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

Publicada

el

A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

Seguir leyendo

Nota

Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

Publicada

el

“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

Seguir leyendo

La última Mu: Movete

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.

0:00
0:00