Nota
Hambre, obesidad, agrotóxicos, enfermedad: lo que la ONU advierte en la Argentina
La relatora especial sobre derecho a la alimentación de la ONU, Hilal Elver, presentó sus conclusiones tras un viaje de 10 días a la Argentina entre el 12 y el 21 de septiembre. El trabajo cuestiona el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar y revela el modo en que la industria alimentaria está generando porcentajes récords de sobrepeso, obesidad y enfermedades. Y elogia los enfoques agroecológicos de la producción. El documento completo que plantea los problemas de alimentación como posibles violaciones a los derechos humanos.
Declaración de Final de Misión
Observaciones Preliminares de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Sra. Hilal Elver, como resultado de su visita a la República Argentina
12 al 21 de septiembre de 2018
21 de Septiembre de 2018
Estimados,estimadas periodistas, señoras y señores
Me dirijo a ustedes hoy al finalizar mi visita oficial a la República Argentina por invitación del gobierno, la cual se extendió del 12 al 21 de septiembre de 2018.
El objetivo de mi visita era evaluar la realización del derecho a la alimentación en el país. A continuación, describo mis hallazgos preliminares que se basan en la información recabada durante mi visita. El informe final será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en marzo de 2019.
En primer lugar, quisiera agradecer al gobierno argentino por su invitación a visitar el país y por la excelente cooperación recibida durante mi visita. Agradezco el espíritu de apertura que me permitió dialogar con las autoridades tanto a nivel nacional como provincial, y con muchos otros actores de la sociedad.
Durante mi estadía mantuve reuniones con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Justicia, incluida la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, del Ministerio de Hacienda, y del Ministerio del Interior. También me reuní con funcionarios de las Secretarías de Trabajo, Agroindustria y Salud.
Me reuní además con el funcionario interinamente a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación y su equipo, y también con legisladores nacionales.
Visité dos provincias, la Provincia de Buenos Aires y la Provincia del Chaco, donde fui recibida por las autoridades locales. En la Provincia de Buenos Aires mantuve reuniones con pequeños productores en el Gran La Plata –que demostraron sus increíbles prácticas agroecológicas- y visité la Isla Maciel, en la Municipalidad de Avellaneda, donde hablé con los miembros de la comunidad, madres, jóvenes y niños que se ven obligados a recurrir a comedores comunitarios de voluntarios para su alimentación diaria.
En la Provincia de Chaco, al Nordeste de la Argentina, visité los hogares y conversé con miembros de la comunidad indígena Qom en zonas urbanas y también en zonas rurales. Visité además dos escuelas primarias y un hospital local.
Durante el transcurso de la visita me reuní con representantes de organizaciones internacionales, del sector académico, del sistema de las Naciones Unidas, y representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Agradezco mucho a la asesora en derechos humanos del ACNUDH en la Argentina, a la FAO, al PNUD y a los colegas de las Naciones Unidas por su invalorable apoyo, tanto en la preparación de la visita como durante su desarrollo. También quisiera expresar mi profunda gratitud a todos quienes dedicaron tiempo para reunirse conmigo, particularmente a aquellos que compartieron sus experiencias personales; sus aportes han sido fundamentales para el éxito de mi visita.
Señoras y señores,
Como todos sabemos, la Argentina enfrenta una situación de crisis económica y financiera. La situación de emergencia actual puede tener un impacto directo en los niveles de pobreza y el medio de subsistencia de las personas lo cual, en esta ocasión, me lleva a evaluar algunos de los impactos más directos en el derecho a la alimentación de la población argentina. También analizaré cuestiones más estructurales y de largo plazo relacionadas con la realización del derecho a la alimentación en el país.
La Argentina es un país de ingresos medios altos y tiene una de las economías más grandes de América Latina, aunque un importante sector de su sociedad está empobrecido. Argentina tiene abundantes recursos naturales para la generación de energía y para la agricultura. Tiene tierras extraordinariamente fértiles y un gran potencial para las energías renovables. Es líder en la producción de commodities, con una industria agrícola y ganadera a gran escala.
Las turbulencias y vulnerabilidades económicas que afectaron a la Argentina a mediados de 2018 ejercieron una enorme presión sobre el peso argentino. Uno de esos shocks fue la severa sequía que afectó la producción de soja –la principal exportación de Argentina y una fuente de ingresos clave para el Estado lo que redujo en aproximadamente un tercio la producción agrícola argentina. Con posterioridad a ello, la Argentina logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se establece un acuerdo fiscal diseñado para resolver la crisis financiera.
Todos los funcionarios de gobierno con los que me reuní me aseguraron que las consecuencias de este acuerdo no tendrían impacto alguno en los esquemas de protección social, ya que el acuerdo incluye una cláusula de garantía en este sentido. Sin embargo, creo que los efectos indirectos de la crisis económica no pueden ser subestimados y deben tomarse todas las medidas necesarias para asegurar que los derechos de la población y su medio de subsistencia no sean adversamente afectados por el menor poder adquisitivo y el aumento en el precio de los alimentos. Mi preocupación no son solo los grupos más vulnerables sino también el impacto en la gran población de clase media de Argentina. Soy consciente que durante y después de la crisis financiera de 2001, una enorme cantidad de argentinos cayeron por debajo de la línea de pobreza. A toda costa debería evitarse que se repita esta experiencia.
Quisiera recordar que todos los derechos humanos están interrelacionados, y el derecho a la alimentación no puede ser alcanzado sin el derecho a una vivienda adecuada, educación, salud para todos y todas incluidos los/las migrantes, pueblos indígenas, campesinos, niños y adultos mayores.
Como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR por sus siglas en inglés), la Argentina debe utilizar “el máximo de sus recursos disponibles” para asegurar la plena realización de los derechos que en el mismo se consagran, incluidos los derechos a la alimentación, salud, educación, seguridad social y trabajo. Esto implica que el Estado tiene la obligación de asegurar que estos derechos sean adecuadamente atendidos antes de utilizar los recursos públicos para lograr otros objetivos del Estado que no están relacionados con los derechos humanos, tales como el servicio de la deuda. Como mínimo, el Estado debe asegurar el logro de los niveles esenciales mínimos de cada derecho económico, social y cultural.
Por otro lado, la Argentina no cuenta con datos oficiales actualizados y otros materiales estadísticos que puedan brindar datos confiables sobre el hambre y la pobreza en los últimos casi 10 años, lo cual hace más problemático un correcto análisis de la situación relacionada con la realización del derecho a la alimentación. Más específicamente, y con relación a esta visita, la última encuesta sobre alimentación y hábitos de nutrición se realizó en 2004-2005, y la última encuesta del sector agrícola en 2002. Esto no es aceptable desde el punto de vista de entender las necesidades y limitaciones de las políticas relacionadas con la seguridad alimentaria.
Aliento firmemente al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en sus esfuerzos por reconstruir el Sistema Nacional de Información. También se está trabajando en el censo nacional agropecuario. Estas iniciativas serían de utilidad para quienes buscan ayudar a la Argentina a recuperarse de forma equitativa de la crisis económica actual, con un efecto disruptivo mínimo en el derecho a la alimentación.
- Marco legal
La Argentina ha ratificado todos los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos. La reforma constitucional de 1994 explícitamente otorga rango constitucional a varios tratados internacionales sobre derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también establece que dichos tratados deben considerarse complementarios a los derechos garantizados por la Constitución.
Como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Argentina tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación, y se comprometió a adoptar medidas apropiadas, hasta el máximo de los recursos de los que disponga, para asegurar la realización del derecho a un nivel de vida adecuado, incluida una alimentación adecuada, conforme a lo establecido en el Artículo 2/1 y el Artículo 11 del Pacto.
La Argentina también es parte de otros tratados internacionales fundamentales sobre los derechos humanos, incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, y todos ellos incluyen disposiciones explícitamente relacionadas con el derecho a una alimentación adecuada.
La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la alimentación, implica que las víctimas potenciales de violaciones a estos derechos pueden presentar una demanda ante un órgano independiente e imparcial para solicitar recursos adecuados, así como su aplicación. Felicito a la Argentina por ser a nivel internacional uno de los pocos países que ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2012) para brindar acceso a la justicia a los ciudadanos en caso de violaciones a los derechos humanos.
A pesar de la amplia estructura legal y estrategias bien formuladas e intencionadas para asegurar la realización del derecho a la alimentación, la Argentina no tiene una protección constitucional explícita del derecho a la alimentación a nivel nacional y, por lo tanto, no tiene la posibilidad de atender las cuestiones relacionadas con el derecho a la alimentación de manera integral y multidimensional. Por lo tanto, insisto en la necesidad de una ley marco integral relativa al derecho a una alimentación adecuada, con pautas para promover e implementar este derecho que incluye la soberanía alimentaria para todos y todas. Ello también podría promover una coordinación institucional más eficaz.
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
La ley 25.724 de 2003 estableció el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
Las líneas de acción del Plan incluyen: a) el uso de un programa de transferencias de caja para la compra de alimentos; b) la transferencia de fondos a los gobiernos provinciales para apoyar a los comedores escolares y las actividades de las organizaciones locales que ofrecen comedores comunitarios. Las transferencias de fondos se acompañan con actividades educativas relacionadas con la alimentación y la nutrición para promover el desarrollo de las familias y de los niños y niñas.
El Plan también incluye varios programas complementarios tales como: el Programa de Familias y Nutrición que contribuye al desarrollo y fortalecimiento de las familias en temas de nutrición, alimentación y salud desde un enfoque holístico; el Programa de Abordaje Comunitario que promueve el desarrollo de organizaciones comunitarias que brindan servicios alimentarios; el Programa Pro-Huerta que promueve el acceso a una dieta saludable mediante la autoproducción de alimentos frescos para el consumo personal, familiar y comunitario; el Programa Educación Alimentaria y Nutricional que se centra en generar capacitaciones con el objetivo de convertir los conocimientos en hábitos de alimentación saludable.
. En relación con el programa de comedores escolares, la crisis económica actual parece tener un impacto negativo en la calidad de los alimentos por el incremento de los precios. Los comedores escolares son fundamentales para los niños/as y, especialmente en tiempos de crisis, deberían ser fortalecidos aún más para asegurar que los niños/as tengan acceso a una alimentación y nutrición adecuadas. Durante la visita observé un aumento en la cantidad de personas que van a los comedores comunitarios o que se saltean una comida, y niños/as que se ven obligados a depender de los comedores escolares para tener su comida diaria.
Asignación Universal por Hijo
En 2009 se implementó la Asignación Universal por Hijo hasta la edad de 18 años, con el fin de reducir la pobreza y mejorar el bienestar de los niños. La asignación actualmente es de 1.684 pesos y el programa benefició a más de 4.000.000 en 2018. Un programa similar para mujeres embarazadas incluye a otras 79.000 mujeres. En total, los programas benefician al 59 por ciento de la población rural y, en muchos casos, es el único ingreso fijo que permite a las familias planificar su consumo de alimentos.
Parece haber un esfuerzo constante por mejorar la eficiencia del programa y adaptarlo a la realidad actual. Sin embargo, me preocupa que algunos de los beneficios sociales excluyan a ciertos grupos marginados y desfavorecidos, como los migrantes y sus hijos ya que deben tener residencia en el país durante un cierto tiempo antes de tener el derecho de acceder a este beneficio. También me preocupa que estos programas no sean suficientes por el contexto económico cambiante. Me informaron que estos programas se ajustan por el índice de inflación y según las realidades económicas cambiantes, y espero que dichos esfuerzos se fortalezcan aún más.
- Marco normativo para el derecho a una alimentación adecuada
- Disponibilidad de Alimentos Adecuados
El sector agrícola y sus políticas
El sector agrícola representa un poco menos de 10 por ciento del producto bruto interno. La Argentina es líder en la producción de soja, cereales, hortalizas, miel, limones, carne bovina y aceite de girasol, y produce suficientes alimentos para alimentar a sus 42 millones de habitantes. En las últimas décadas, el perfil productivo del país se ha vuelto menos diversificado y ciertos commodities, en particular la soja y sus derivados, han reemplazado a otros. La mayor producción agrícola se encuentra en la Pampa Húmeda que es una de las seis áreas de mayor productividad agrícola del mundo. La superficie sembrada con soja aumentó y actualmente alcanza 19 millones de hectáreas, o el 56 por ciento del área cultivada en la Argentina.
La reducción sin precedentes en la producción esperada para este año debido a la sequía llevó a que la Argentina aumente sus importaciones de soja. En marzo de 2018, las importaciones alcanzaron un récord histórico de casi un millón de toneladas. Esto resalta las vulnerabilidades del sector agrícola. La crisis actual puede ser una oportunidad para diversificar y reformar aún más el sector.
Agricultura familiar
A pesar de la concentración de tierras por la expansión de la agroindustria, persiste la agricultura familiar en la Argentina. El 72 por ciento de los predios productivos del país tienen agricultura familiar, que incluye actividades como la agricultura, ganadería, pesca, producción forestal, producción agroindustrial artesanal, cosecha tradicional, artesanías y turismo rural, y representan cerca del 20 por ciento del PBI agropecuario. Según datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, la agricultura familiar se realiza en aproximadamente 250.000 predios, emplea a 2.000.000 de personas (aproximadamente el 5 por ciento de la población total del país) y produce alrededor del 40 por ciento de las hortalizas para el mercado interno. Muchos pequeños productores no pudieron aprovechar la expansión de la economía agrícola ya que la agricultura industrial está controlada por pocas empresas de gran escala. La falta de acceso a créditos por las altas tasas de interés no permite que la mayoría de los pequeños productores puedan invertir en el sector agrícola.
En 2014, la Argentina sancionó la Ley 27.118 cuyo objetivo era promover la agricultura familiar. Aunque esta ley establece un marco adecuado para el reconocimiento y la protección de la agricultura familiar, fue sancionada el 17 de diciembre de 2014 pero sin un financiamiento adecuado y, hasta la fecha, no ha sido reglamentada por el Ejecutivo A pesar es esta protección legal, la sociedad civil destaca la falta de reglamentación y aplicación de la Ley de Agricultura Familiar a nivel provincial, como así también la falta de tratamiento legislativo del proyecto de ley “Régimen de Compra a la Agricultura Familiar”.
Durante las entrevistas con funcionarios/as de la Secretaria de Agroindustria observé una tendencia a apoyar el modelo agroindustrial y a realizar serios recortes en el apoyo, el personal y el presupuesto del sector de la Agricultura Familiar, incluido el despido de casi 500 trabajadores/as y expertos/as. Insto fuertemente a que se fortalezcan los programas para apoyar y proteger este sector de crucial importancia.
Los regímenes fiscales en el sector agrícola deberían proteger a los pequeños productores y su derecho a una alimentación adecuada, y no solo favorecer al sector industrial exportador.
Ganadería
Aunque la ganadería sigue siendo una parte importante de la economía agrícola argentina y un alimento culturalmente aceptable, el aumento de las inversiones en la soja para exportación ha cambiado las tendencias productivas, siendo la producción de carne y leche principalmente para el consumo interno. El pastoreo de ganado en las Pampas fue reemplazado por cultivos de soja. Aproximadamente el 90 por ciento de la producción bovina es para abastecer al mercado interno, y el consumo promedio anual por habitante es de 132 libras/59,87 kilos.
Pesquería
Aunque la pesquería comercial no ha sido una fuente directa de alimentos para la población en la Argentina, en parte por la preferencia de una dieta a base de carne, la pesca ofrece una importante fuente de empleo en todo el país. La mayor flota pesquera del país se encuentra en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, donde una parte importante de la fuerza laboral trabaja de manera informal. La pesquería de merluza en la Patagonia Argentina es uno de los ecosistemas más productivos del mundo, y en las últimas décadas ha sido número uno en captura total, tanto por volumen como por valor. Más del 50 por ciento de los buques pesqueros en la Argentina se utilizan para la pesca de la merluza, que crea 12.000 empleos directos y representa el 40-50 por ciento de las exportaciones pesqueras en los últimos años.
Como parte de las iniciativas económicas más recientes del gobierno para atraer inversiones a largo plazo, el gobierno argentino piensa lanzar una licitación pública a fines de 2018 para otorgar una concesión para la cría de salmón. En tres o cuatro años, es decir para el año 2020, se espera que la producción de salmón en la Provincia de Tierra del Fuego sea de 40.000 toneladas métricas. Es importante tomar en cuenta los impactos ambientales de un proyecto de tanta envergadura.
Agroecología
Durante mi misión tuve la oportunidad de visitar predios en el Gran Buenos Aires que aplican prácticas agroecológicas que han demostrado ser exitosas en varias partes del mundo, logrando no solo rendimientos impresionantes sino también la promoción de los productores locales y de las prácticas que respetan el medio ambiente. La agroecología es una alternativa importante para la agricultura industrial monocultivo que debería ser seriamente considerada por el gobierno para logar la diversificación y sostenibilidad, además de importantes insumos para el programa de comedores escolares, la protección de los recursos naturales, el manejo del cambio climático y la protección de los pequeños productores.
- Accesibilidad a Alimentos Adecuados
Reducción de la pobreza y seguridad alimentaria
La pobreza se encuentra estrechamente vinculada con la inseguridad alimentaria. Según el Banco Mundial, la Argentina fue el país de la región con mejor desempeño en la reducción de la pobreza entre 2004 y 2008. Los ingresos del 40% de la parte inferior de la escala crecieron a una tasa anualizada del 11,8%, en comparación con un aumento promedio en los ingresos del 7,6%. Esta tendencia continuó, pero se desaceleró con posterioridad al 2008.
Las últimas estadísticas oficiales disponibles indicaron un índice de pobreza del 25,7% y de extrema pobreza del 4,8% en la segunda mitad de 2017. La inequidad sigue siendo elevada, con un coeficiente de Gini de alrededor de 0,42. Importantes segmentos de la sociedad siguen excluidos del desarrollo económico del país, y más de 1,5 millones de personas viven aún en situación de pobreza, y casi 700.000 habitantes se encuentran en la extrema pobreza (un poco menos del 10% de la población). El noreste es la región más pobre del país, siendo la Provincia del Chaco, que tuve la posibilidad de visitar, la más pobre, y donde la pobreza llegó a casi el 40%. La mayor cantidad de pobres vive en el Gran Buenos Aires, la región más poblada del país.
Desde fines del año pasado, y en paralelo con la crisis económica, los índices de pobreza comenzaron a aumentar a un nivel alarmante, lo que afecta principalmente a los/as niños/as. Se prevé un incremento de la pobreza en 2018 en comparación con 2017, debido principalmente a la crisis económica y a la caída del peso.
Protección Social
La Argentina tiene importantes programas de protección social y una parte significativa del presupuesto nacional está orientado hacia dicho sector. El gasto público en transferencias sociales creció en forma constante durante las últimas décadas. El componente principal fue la expansión del fondo de jubilaciones, pero también se ha incrementado el gasto en políticas contra la pobreza. Aunque estos programas se examinaron en detalle recientemente, considero que los programas de protección social ayudan al segmento más vulnerable de la sociedad a sobrevivir en tiempos de emergencia.
Pueblos Indígenas
A través de los años, y como consecuencia de la expansión de las actividades agrícolas, incluida la soja, y como resultado de otras políticas discriminatorias, las familias de los pueblos indígenas se vieron forzadas a dejar las zonas en las que vivían y, en algunos casos, tuvieron que migrar hacia las ciudades cercanas en busca de trabajo, sufriendo en muchas ocasiones una discriminación sistemática. Además, el desmonte como parte de la expansión de la frontera agrícola, limitó severamente la disponibilidad y el acceso a las plantas, así como a los animales de caza y la pesca.
Durante mi visita al Chaco, realicé el seguimiento de una decisión del año 2007 como resultado de un reclamo que presentó el Defensor del Pueblo de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia, y que involucra el fallecimiento de integrantes de la comunidad originaria Qom en la región conocida como “El impenetrable”. En dicha causa, se denunciaron niveles extremos de malnutrición y abandono por parte del estado nacional y provincial. La Corte Suprema ordenó a los gobiernos nacional y provincial que tomaran una serie de medidas para asegurar que los habitantes de la región recibieran atención de la salud y alimentos adecuados. Este caso ilustra la importancia del papel que juega el Defensor del Pueblo de la Nación, por lo que es clave que se designe alguien para ocupar el cargo lo antes posible, para que pueda plantear los casos de violación de los derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación y a la justicia, a fin de proteger dichos derechos.
- Calidad de la alimentación
Baja talla y emaciación
Conforme el Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe de 2017, la prevalencia de la desnutrición en la población argentina en el período 2014-2017 era del 3,6% (1.6 millones), con un incremento de 0,1 millones de desnutridos por año. No hay cifras disponibles sobre baja talla o emaciación y, tal como se mencionó más arriba, la última encuesta sobre hábitos alimentarios y nutricionales se efectuó en 2004-2005, y en la actualidad se está realizando una nueva encuesta. Esta falta de estadísticas no permite efectuar un análisis adecuado de los niveles de desnutrición en el país.
Sobrepeso, obesidad y malnutrición
La dieta argentina tiende a mostrar una monotonía de alimentos, con un consumo concentrado en un pequeño número de grupos de alimentos y tres alimentos básicos principales: carne, leche y pan. La Argentina es uno de los principales consumidores mundiales de carne, en tanto el consumo de frutas y hortalizas es bajo, con solo un 6% de la población que consume la cantidad de frutas y verduras recomendada por la Guía Alimentaria de la OMS.
El consumo de productos alimenticios altamente procesados y ricos en grasa, azúcares, sal y aditivos también ha contribuido a una nutrición deficiente, en especial entre niños y adolescentes. La Argentina es el país de la región que consume la mayor cantidad de productos ultraprocesados per cápita por año (194,1 kg), y lidera el consumo de gaseosas, con 131 litros per cápita, por año.
Como resultado de ello, la Argentina es uno de los países de la región con los índices más elevados de obesidad entre niños/as y adultos. En la actualidad, un 40% de los/as niños/as y adolescentes y un 60% de los adultos tienen sobrepeso, y un 7,3% de los/as niños/as menores de cinco años son obesos, el índice más elevado de obesidad infantil en América Latina.
En 2016, el gobierno creo el Programa Nacional de Alimentación Saludable y prevención de la obesidad. En el año 2018 el gobierno nacional a través de la Secretaria de Gobierno de salud comenzó a trabajar en el Plan Interministerial de Prevención del Sobrepeso y la obesidad en niños niñas z adolescentes. Los Ministerios que están participando en la elaboración del plan son Ministerio de salud y desarrollo social, ministerio de producción, secretaria de agroindustria y ministerio de educación y ciencias, tecnología y cultura.
El plan busca lograr una “estrategia de componentes múltiples con los diferentes ministerios, que incluye políticas regulatorias, educación, concientización y marketing social.” Algunas de las políticas específicas incluyen etiquetado frontal, regulación de publicidad, impuestos sobre bebidas azucaradas y otros alimentos con bajo valor nutricional, mejoramiento de la calidad de los programas alimentarios y la capacitación de los provincias a fin de crear programas de alimentación saludables y entornos escolares saludables. Es crucial que las políticas de nutrición sean integrales, aborden todas las formas de malnutrición, incluida la obesidad y la deficiencia de macronutrientes, y cuenten con un apoyo financiero adecuado.
Comercialización y Publicidad
Aunque la Argentina cuenta con reglamentaciones sobre el contenido de la publicidad, no se han aplicado de un modo efectivo como para abordar los problemas de obesidad y nutrición deficiente. No hay normas específicas en relación con las publicidades de alimentos y bebidas dirigidas a los/as niños/as, ni tampoco restricciones en relación con los criterios nutricionales. Los/as niños/as menores de 12 años se encuentran expuestos a más de 60 anuncios de productos con bajo valor nutricional, que se difunden principalmente en los programas o canales dirigidos específicamente a este grupo etario.
Etiquetado frontal
Las reglamentaciones argentinas sobre etiquetado de alimentos e información nutricional y de salud tampoco cumplen con las recomendaciones internacionales. El Código Alimentario argentino establece que los elaboradores de alimentos muestren la información sobre los ingredientes, su origen, y la fecha de vencimiento, así como los valores nutritivos, pero no exige que se declare el contenido de azúcares, por lo que a los consumidores les resulta difícil elegir opciones más saludables. Es importante que se destaque el alto contenido de nutrientes críticos como sal, azucares y grasas, para prevenir enfermedades crónicas no trasmisibles.
Lactancia materna
Según las últimas estadistas disponibles alrededor del 43% de las madres se ciñen exclusivamente a la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida del/la niño/a. Existe una creciente preocupación sobre los impactos en la salud de los sustitutos de la leche materna. La Ley 26.873 de promoción y concientización de la lactancia materna, reglamentada en enero de 2015, establece la prohibición de publicitar los sucedáneos para niños menores de dos años, de conformidad con el Código Internacional de los Sucedáneos de la Lactancia Materna. De todos modos, hay informes que indican que las empresas que producen leche formulada para bebés hacen publicidad engañosa de “fórmulas para el crecimiento”, en contravención con lo establecido en la legislación. Los informes también sostienen que las empresas no cumplen con las guías de la OMS, que extienden la prohibición a la publicidad de alimentos sustitutos hasta la edad de tres años.
Veo con beneplácito la ley que protege la lactancia materna que es clave para asegurar una nutrición adecuada de los bebés, de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, insto a que se realicen mayores esfuerzos para asegurar la aplicación de esta ley, junto con estrategias para promover y favorecer la lactancia materna, en particular durante los primeros seis meses de vida del niño.
- D. Sostenibilidad:
Organismos genéticamente modificados y protección de semillas
La Argentina es uno de los productores principales de semillas transgénicas y genera el 14% de la producción mundial total de cultivos biotecnológicos. El país tiene más de 22 millones de hectáreas en regiones agrícolas dedicadas al cultivo de la soja (alrededor del 95%), algodón y maíz, con tecnología genéticamente modificada.
La Ley de Semillas de 1973 permite a los productores utilizar semillas generadas en cosechas anteriores para su siembra futura. Esta postura no se condice con la de Monsanto (Bayer en la actualidad) –el mayor proveedor mundial de semillas transgénicas de soja- lo que llevó a la empresa a no entregar a la Argentina las variedades nuevas de semilla de soja en 2016. Sin embargo, en 2018, los productores argentinos llegaron a un acuerdo con la empresa, mediante el cual los productores ahora pagarán regalías de por vida cuando vuelven a plantar las semillas transgénicas de Monsanto, a cambio de recibir la biotecnología de vanguardia de la empresa.
La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, así como la Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna reglamentan los organismos genéticamente modificados. Recomiendo al Estado la creación de bancos de plantas a fin de mantener una diversidad genética de semillas, y asegurar una distribución equitativa de los beneficios que surgen de la utilización de dichos recursos genéticos. Además, esto es importante para proteger los intercambios de semillas tradicionales entre productores a fin de promover la soberanía alimentaria.
Plaguicidas:
Con el aumento de la producción de organismos genéticamente modificados y la industria agroquímica en la Argentina, se ha incrementado rápidamente el uso de herbicidas, plaguicidas e insecticidas. En los últimos 25 años la aplicación de plaguicidas aumentó diez veces su volumen, de 38 a 370 millones de kilogramos, con un incremento del área cultivada de un 50%, de 20 millones a 30 millones de hectáreas.
El glifosato que, en 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró como una sustancia probablemente carcinógena, se aplica indiscriminadamente en la Argentina, sin tener en cuenta la existencia de escuelas o pueblos en las cercanías. El uso de plaguicidas está mínimamente regulado y frecuentemente se ignoran las normas internacionales de la FAO. Ni las guías de las empresas ni las leyes provinciales advierten a las comunidades vecinas. Como resultado de ello, se me ha informado acerca de un aumento en la cantidad de personas que han perdido la vida o padecen enfermedades que ponen en riesgo su vida.
Un estudio realizado por la Universidad Nacional de La Plata determinó que la mayoría de la población consume frutas y hortalizas que han sido fumigadas con agrotóxicos. La exposición a plaguicidas puede tener efectos muy peligrosos para la salud de los seres humanos, en especial para niños/as y mujeres embarazadas que son más vulnerables.
El uso generalizado de plaguicidas con tanta frecuencia e intensidad ha generado inquietud respecto de la exposición de mujeres en edad reproductiva y de las embarazadas quienes, a su vez, pueden exponer a los/as niños/as a través de la lactancia. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizó un estudio de madres que dieron a luz en hospitales del área metropolitana de Buenos Aires. El estudio determinó que la leche de estas madres contenía niveles de plaguicidas que eran un 15% más elevados que los niveles considerados seguros por la ley.
Lamentablemente es difícil vincular directamente y sobre bases científicas una serie de problemas de salud graves con un plaguicida en particular. Más aún, muchos países, incluida la Argentina, parecen no contar con sistemas de monitoreo eficaces a fin de reglamentar la industria de plaguicidas y controlar su uso en los agronegocios. Esta falta de control y reparación de daños podría indicar una violación de los derechos humanos si no se aborda correctamente.
La Argentina no ha implementado una ley o un programa para reducir el uso de plaguicidas en la producción agrícola, ni para reparar el daño sufrido por las poblaciones expuestas a la contaminación. Hubo solamente dos casos –Loma Senés y Anexo Ituzaingó—donde los productores fueron juzgados y responsabilizados por la contaminación con plaguicidas.
En 2013, en un esfuerzo por proteger la salud de sus ciudadanos, la provincia de Buenos Aires estableció una restricción respecto del uso de plaguicidas cerca de las ciudades. Esta medida prohíbe la fumigación con avionetas en las áreas que los municipios hayan definido a tal efecto, o en un área de dos kilómetros entre las zonas rurales y urbanas.
Me comentaron sobre una iniciativa de buenas prácticas relacionada con el uso de plaguicidas, pero no parece incluir mecanismos adecuados para rendir cuentas al respecto.
Deforestación
La Argentina dedica una mayor cantidad de sus tierras agrícolas a la producción de soja por lo que el agotamiento del suelo y la degradación de las tierras constituyen una creciente preocupación. En la última década, se destruyeron más de tres millones de hectáreas de bosques para dar lugar a la producción de granos y ganado. La Argentina tiene una tasa de deforestación aproximada de 27 millones de hectáreas por año.
La Ley 26.631 de 2007 sobre Protección de Bosques fue un ejemplo extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y hoy en día es una herramienta importante para que el país cumpla con sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
A pesar de la entrada en vigor de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) clasificó a la Argentina entre los países que habían perdido más bosques entre 2010 y 2015. Advierte que la deforestac
ión continúa en áreas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado una falta de interés considerable en aplicar la ley, lo que se refleja en la falta de fondos necesarios para financiar políticas de conservación.
Conforme las estimaciones del gobierno, solamente un 37% del suelo se ha logrado restaurar después del cultivo de la soja. Con la expansión del cultivo de granos se ha intensificado la producción ganadera, lo que ha producido aún mayores consecuencias para el medio ambiente.
En el marco de la agricultura industrial a gran escala, es esencial que los planes y las políticas de desarrollo tomen en cuenta el verdadero costo de los métodos de producción en relación con el suelo y los recursos hídricos, y el impacto de la degradación ambiental sobre generaciones futuras, en lugar de concentrarse únicamente en la rentabilidad y el crecimiento económico a corto plazo.
Conclusión
Señoras y señores,
Aunque podría comentar mucho más sobre una serie de temas, incluidas mis felicitaciones al gobierno por sus buenos programas y políticas, permítanme finalizar con algunos comentarios y recomendaciones preliminares que se abordarán en mayor detalle en el informe final que presentaré ante el Consejo de Derecho Humanos, en marzo de 2019.
Confío en que el gobierno priorizará el diseño y la implementación de políticas y reformas efectivas, con la participación de todos los segmentos relevantes de la sociedad, a fin de asegurar el derecho a los alimentos adecuados, y que hará todo lo que esté a su alcance para evitar los efectos negativos de la crisis financiera en los grupos más vulnerables de la sociedad. Es importante poder mantener la paz social y reunir a un grupo de expertos -sin importar su ideología- a fin de encontrar una solución adecuada, sostenible y justa para todos. Se deberían propiciar esfuerzos para reformar el sistema tributario actual, reestructurar las instituciones gubernamentales, y reorganizar soluciones efectivas para la protección social.
También observé que, en diciembre de 2017, la Argentina adoptó un Plan Nacional de Derechos Humanos. Recomiendo su implementación en consulta con un amplio espectro de representantes de la sociedad civil.
Reitero la importancia de la agricultura familiar para lograr el objetivo de una alimentación adecuada y saludable para todos los argentinos. Debería ponerse empeño en promover la agricultura familiar como prioridad. Es la única manera de lograr un equilibrio entre la actual agricultura industrial y el desarrollo de sistemas de producción agroecológicos. El logro de dicho equilibrio sería la única manera de lograr una solución sostenible y justa para el pueblo argentino.
Estoy convencida de que la Argentina podría mejorar su situación actual y dar pasos importantes hacia el logro de una seguridad alimentaria y nutricional para todos/as y lo antes posible, a fin de evitar un mayor sufrimiento, en tanto que al mismo tiempo continuar trabajando para cumplir, a su debido tiempo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
Finalmente, quisiera reiterar mi compromiso para continuar el diálogo iniciado durante mi visita. Espero poder trabajar con el Gobierno y los representantes de la sociedad civil en un marco de cooperación para perfeccionar e implementar mis recomendaciones.
Nota
Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos
Este 24 de marzo, a 49 años del golpe, la editorial lavaca publica Escritos sobrevivientes, un libro creado junto a un grupo de personas que estuvieron secuestradas y desaparecidas en distintos centros clandestinos de represión durante la última dictadura militar. Se presenta el próximo viernes 28, pero ya podés pasar a buscarlo por MU (Riobamba 143) desde hoy. En este texto, Claudia Acuña cuenta qué representa esta obra parida en colectivo y en medio de aires negacionistas.
Por Claudia Acuña
Este libro representa muchas cosas y todas y cada una nos parecen decisivas para estos tiempos desesperados.
Ni sé por dónde comenzar a enumerarlas, así que sin orden de importancia ni cronológico enumero algunas, aunque sin duda me faltarán otras que invito a que completen quienes lo lean.
Lo primero, para mí, es reconocer el valor social, político, histórico y ético que merecen las personas detenidas-desaparecidas por la dictadura cívico militar que azotó este país desde el 24 de marzo de 1976. No olvidamos esa fecha gracias a ellas, pero no siempre se las nombra con la relevancia que han tenido para construir verdad, justicia y memoria.
A algunas de ellas he tenido el honor de escucharlas y verlas testimoniar en los juicios de lesa humanidad, pero también en los diferentes procedimientos contra la impunidad que crearon y sostuvieron para que esos juicios sucedan.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Hasta lograrlo.
Solo a una pude agradecerle con palabras y lágrimas el esfuerzo, el coraje y el legado que recibíamos por su esfuerzo, pero fundamentalmente por sus vidas consagradas a hacer posible lo imposible. Fue en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, mientras los altoparlantes transmitían la primera condena a los genocidas responsables del centro de detención clandestino y de tortura que funcionaba en la Esma. Ahora, con este libro queremos extender esas gracias a cada una, a cada uno.
Sé, porque comprendí la lección que nos daban, que no puedo afirmar que lo hicieron solo ellas, ellos. Esa es otra de las cosas que representa este libro: el saberse parte – y reconocerlo siempre- de algo más grande, más importante y más trascendente no solo del yo, sino incluso del núcleo colectivo en el que nos organizamos, reflexionamos y tomamos fuerza para resistir. Nuestras fuerzas individuales y nuestras construcciones políticas suman, activan, empujan, pero alcanzan sus objetivos cuando sincronizan con la necesidad social, con la época y con la Historia. Tienen alas porque tienen raíces y mueven al mundo hacia lugares mejores porque se sabe más grande y más poderosa que lo que nos rodea.
Eso que aquí las y los autores definen como “subjetividad sobreviviente” nos advierte eso: somos nuestros cuerpos y la sombra que proyectan, lo que hacemos y lo que soñamos, nuestras obras y nuestra imaginación, nuestros saberes y nuestra intuición, pero también y además aquellos cuerpos, proyecciones, hechos, batallas ganadas y perdidas, que nos anteceden y desbordan para fortalecernos y sostenernos de pie. Aquello que ilumina la oscuridad es la memoria sensible: de eso se trata este libro, además.
Otra: el valor de las utopías. En los momentos más aterradores hemos gritado “Aparición con vida y castigo a los culpables”. Bueno: la noticia es que hemos tenido éxito y aquí están las personas que cuando pronunciábamos esas palabras mágicas no podíamos abrazar. Algunas de ellas son las que el tercer sábado de cada mes vimos ingresar a nuestra trinchera durante el largo y desalentador año 2024. Para nosotros ese taller de escritura significó una cita con la esperanza, cada vez. Y una comprobación: el futuro se construye con el hacer colectivo, cada vez.
Por último: este no es un libro de testimonios sobre el horror de la dictadura, sino su contracara o quizá, lo que se puede pensar después de cruzar el abismo de la impunidad.
Quizá.
Me falta todavía superar la alegría de haberlo logrado, de sostener con las manos esta pequeña utopía realizada en tiempos de saqueo de recursos simbólicos y materiales, en las cuales sólo proponerlo sonaba casi irresponsable, para poder encontrar las palabras certeras, que expresen lo que representa que personas empobrecidas y violentadas podamos hacer lo que querramos financiadas sólo por el deseo y la convicción, que siempre es política.
Quizá la palabra exacta sea una sola: Argentina.
La presentación
Escritos sobrevivientes y compila una serie de textos producidos en un taller de escritura que tuvo lugar en MU durante 2024. Estos relatos abordan historias marcadas por lo que el grupo denomina «subjetividad sobreviviente». El resultado es un conjunto de textos poéticos, políticos y filosóficos, de una potencia y belleza conmovedoras.
Participan: Rufino Almeida, Margarita Fátima Cruz, Graciela Daleo, Lucía Fariña, Mercedes Joloidovsky, Eduardo Lardies, Susana Leiracha, María Alicia Milia, Claudio Niro, Silvia Irene Saladino, Stella Maris Vallejos e Inés Vázquez.
Así lo resumen sus autoras y autores: «Un grupo de compañeras y compañeros, ex detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, nos reunimos en un taller de escritura para crear textos enfocados en la subjetividad sobreviviente, mientras la voz del poder alimenta el negacionismo y la reiteración del sufrimiento popular por variados medios».
El libro se presentará el próximo viernes 28 de marzo a las 20 horas en Mu Trinchera Boutique, Riobamba 143.
Podés conseguirlo desde hoy, 24 de marzo, también en MU.

Nota
La Justicia esquiva la causa por el disparo a Pablo Grillo: “Hasta ahora no se investigó nada”

La recuperación de Pablo “es muy rápida” pero la investigación sobre su intento de asesinato, muy lenta, o directamente inexistente. Qué dijo el padre hoy frente al Hospital Ramos Mejía donde Pablo sigue pelando por su vida, aún en terapia intensiva pero con avances prometedores, y las abogadas del caso que presentaron ante la Justicia: primero Servini de Cubría y luego el candidateado a la Corte Ariel Lijo rechazaron la causa, y ahora se sortea en la Cámara Federal de Casación a qué juez le tocará investigar a quien le disparó y a sus superiores jerárquicos. Los dichos de Adorni en conferencia de hoy, y quién cortó el diálogo con la familia; las pruebas que se pidieron y las que se aportaron; y el texto de la presentación judicial en la que la familia pide ser querellante, con las pruebas que aportamos desde decenas de medios, fotoperiodistas y organizaciones sociales.
Por Francisco Pandolfi
Pablo Grillo todavía no está fuera de peligro, pero la mejoría día a día, paulatina y constante, le permite a la familia hablar ya no sólo de su estado de salud. Hasta hoy, el único foco era la supervivencia de este fotógrafo de 35 años impactado por una granada de gas lacrimógeno, fuera de toda legalidad, por las fuerzas de inseguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich.
La pérdida de masa encefálica y la fractura de cráneo con la que llegó de urgencia al Hospital Ramos Mejía –el miércoles 12 de marzo, cuando se desató la represión en la marcha por las paupérrimas condiciones en las que viven las y los jubilados–; la primera operación esa misma noche en la que se bajó la presión intracraneal y se le reconstruyó algo del tejido. Las pupilas que empiezan a reaccionar bien. La merma en la sedación. Los primeros movimientos – prematuros e inesperados por los propios médicos–. Otra operación por un derrame que es revertido a tiempo. La baja de los glóbulos blancos como síntoma de la baja en la infección. Y a solo una semana del disparo, Pablo abre los ojos. Y le sacan el respirador para ver cómo reacciona y lo hace agarrándole la mano a la mamá. Y por si fuera poco le susurra las palabras más hermosas a su papá: “Hola, viejo”.
Pablo continúa en terapia intensiva, en estado crítico, pero respondiendo bien neurológica y físicamente. “Es asombroso el nivel de avance que tuvo”, dice Fabián, su viejo, con los ojos emocionados e incrédulos por la mejoría impensada en tan poco tiempo. Esa sucesión de buenas noticias las que posibilitan a la familia convocar este viernes a una conferencia de prensa «para contar novedades en la causa judicial».
Primero, habla Fabián, su papá, sobre la salud de Pablo: “Las novedades son que está estable, por lo tanto es bueno. Está con los ojos abiertos y sigue sin respirador”.
Fabián lleva puesta una remera azul, con letras blancas que dicen: “Justicia por Pablo Grillo”. Se lo nota cansado, pero más distendido. Se ríe cuando cuenta: “Tengo un video con saludos de (Ricardo) Bochini, veremos si los médicos nos permiten que se lo pasemos. Si lo escucha al Bocha, va a volver a hablar seguro Pablo”. Mantiene los pies sobre la tierra: “Todavía la situación es grave: está en terapia y con riesgo de vida. Pero en ese marco todo lo que estuvo ocurriendo es favorable. A todos nos sorprendió su evolución. Incluso los médicos manifiestan que la evolución que está teniendo es asombrosa. Es muy rápida”.
Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el diálogo con la familia quedó roto desde que el padre de Pablo acusó a Bullrich de ser cómplice. Fabián le responde: “Nosotros no cortamos nada porque nunca existió el diálogo. Lo mío fue una respuesta a una declaración mentirosa de Bullrich, por tanto si es que alguien cortó el diálogo fueron ellos. Yo estoy dispuesto a escuchar, si alguien me llama”. Y agregó: “A esta altura no lo espero (ese llamado). Espero poco. Pero demostraría que tienen todavía un grado de humanidad”.
En relación a las mentiras de Bullrich sobre el trayecto del proyectil, expresó: “Me da vergüenza la forma en que fue acomodando la mentira. La va acomodando a medida que la realidad se lo desmiente, es hasta absurdo, burdo, grotesco: no sé que palabra utilizar”. Cuando le preguntaron si le diría algo al gendarme que, según los elementos reconstruidos hasta el momento, sería quien disparó (presuntamente, el cabo Guerrero), afirmó: “Personalmente no le diría nada. Sí lo vamos a decir de forma jurídica. El mejor diálogo que podemos tener con esta gente es en lo judicial”.
La causa, sin avances
Fabián estuvo acompañado por Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y a Paula Litvachky, del CELS, organismos que patrocinarán legalmente a la familia, que este 21 de marzo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida en cuenta como querellante en la investigación judicial.
Lo más importante de la causa hasta ahora: desde el 12 de marzo “no se investigó nada y reclamamos que se empiece a investigar urgente”. Las abogadas cuentan el por qué: “La causa iniciada por la denuncia de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) que dio inicio a la instrucción estaba presentada en el Juzgado 12 de Ariel Lijo, quien se la devolvió a la Jueza Servini de Cubría, que otra vez la rechazó. Ninguno de los dos quiere hacerse cargo de la investigación. Ahora irá a sorteo para definir quién la sigue. La Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver”. Agregan: “Hasta ahora el Ministerio de Seguridad dijo que no hará sumarios internos por el accionar de su Fuerza, lo que refleja el encubrimiento”.
La causa aún no tiene carátula porque no está radicada en ningún juzgado. La denuncia presentada es por tentativa de homicidio agravado, por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.
Dice Paula Litvachky, del CELS: “Es muy importante que la causa salga de este limbo judicial y se inicie el pedido de pruebas antes de que pase más tiempo”.
Dice Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos: “Esperamos que en estos primeros 9 días en los que no se hizo nada, no haya ninguna prueba que se haya destruido, modificado, alterado. Hay cámaras del Gobierno de la Ciudad que tienen un tiempo de duración determinado, o de negocios que también se van borrando y si no las pedís inmediatamente después ya no están. Es vergonzoso que un hecho así no lo esté investigando nadie”.
Las abogadas pidieron una serie de pruebas. Las más relevantes: “Quién dio las órdenes, cómo se manifestaron esas órdenes y cuáles fueron, antes y después del impacto; cuál fue el protocolo que se aplicó, quienes integraban el equipo donde estaba incluido el cabo Guerrero y qué órdenes se le impartió a ese grupo en particular; qué armas utilizaron”. También exigen que se lo llame a indagatoria a Guerrero. “Ya hay suficientes elementos para hacerlo”.
Completa Paula Litvachky: “Hicimos una presentación con los hechos, tenemos un montón de pruebas para que se reconstruya ese tramo del operativo de modo tal que se pueda tener la responsabilidad de quién disparó y de toda la cadena jerárquica”.
Concluyen ambas: “Las pruebas están. Nunca hubo tanto registro fotográfico y audiovisual. Necesitamos el acompañamiento social para empujar a que se haga justicia y que no quieran desviar el foco de la investigación”.
Nota
La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (81 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.
Por Franco Ciancaglini.
La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo.
En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso.
“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.
La que habla es una de sus hijas, Paula.
El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10.
Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 81 años.

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.
El arma y la palabra
Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.
Es jubilada.
Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.
Tiene tres hijas.
Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.
Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.
Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.
La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.
Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.
El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.
Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.
Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.
Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.
“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.
Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.
Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.
Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.
Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.
La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”.
¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.
La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.
¿Necesitan algo? “Sí: paz”.
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