Nota
Hambre, obesidad, agrotóxicos, enfermedad: lo que la ONU advierte en la Argentina
La relatora especial sobre derecho a la alimentación de la ONU, Hilal Elver, presentó sus conclusiones tras un viaje de 10 días a la Argentina entre el 12 y el 21 de septiembre. El trabajo cuestiona el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar y revela el modo en que la industria alimentaria está generando porcentajes récords de sobrepeso, obesidad y enfermedades. Y elogia los enfoques agroecológicos de la producción. El documento completo que plantea los problemas de alimentación como posibles violaciones a los derechos humanos.
Declaración de Final de Misión
Observaciones Preliminares de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Sra. Hilal Elver, como resultado de su visita a la República Argentina
12 al 21 de septiembre de 2018
21 de Septiembre de 2018
Estimados,estimadas periodistas, señoras y señores
Me dirijo a ustedes hoy al finalizar mi visita oficial a la República Argentina por invitación del gobierno, la cual se extendió del 12 al 21 de septiembre de 2018.
El objetivo de mi visita era evaluar la realización del derecho a la alimentación en el país. A continuación, describo mis hallazgos preliminares que se basan en la información recabada durante mi visita. El informe final será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en marzo de 2019.
En primer lugar, quisiera agradecer al gobierno argentino por su invitación a visitar el país y por la excelente cooperación recibida durante mi visita. Agradezco el espíritu de apertura que me permitió dialogar con las autoridades tanto a nivel nacional como provincial, y con muchos otros actores de la sociedad.
Durante mi estadía mantuve reuniones con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Justicia, incluida la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, del Ministerio de Hacienda, y del Ministerio del Interior. También me reuní con funcionarios de las Secretarías de Trabajo, Agroindustria y Salud.
Me reuní además con el funcionario interinamente a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación y su equipo, y también con legisladores nacionales.
Visité dos provincias, la Provincia de Buenos Aires y la Provincia del Chaco, donde fui recibida por las autoridades locales. En la Provincia de Buenos Aires mantuve reuniones con pequeños productores en el Gran La Plata –que demostraron sus increíbles prácticas agroecológicas- y visité la Isla Maciel, en la Municipalidad de Avellaneda, donde hablé con los miembros de la comunidad, madres, jóvenes y niños que se ven obligados a recurrir a comedores comunitarios de voluntarios para su alimentación diaria.
En la Provincia de Chaco, al Nordeste de la Argentina, visité los hogares y conversé con miembros de la comunidad indígena Qom en zonas urbanas y también en zonas rurales. Visité además dos escuelas primarias y un hospital local.
Durante el transcurso de la visita me reuní con representantes de organizaciones internacionales, del sector académico, del sistema de las Naciones Unidas, y representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Agradezco mucho a la asesora en derechos humanos del ACNUDH en la Argentina, a la FAO, al PNUD y a los colegas de las Naciones Unidas por su invalorable apoyo, tanto en la preparación de la visita como durante su desarrollo. También quisiera expresar mi profunda gratitud a todos quienes dedicaron tiempo para reunirse conmigo, particularmente a aquellos que compartieron sus experiencias personales; sus aportes han sido fundamentales para el éxito de mi visita.
Señoras y señores,
Como todos sabemos, la Argentina enfrenta una situación de crisis económica y financiera. La situación de emergencia actual puede tener un impacto directo en los niveles de pobreza y el medio de subsistencia de las personas lo cual, en esta ocasión, me lleva a evaluar algunos de los impactos más directos en el derecho a la alimentación de la población argentina. También analizaré cuestiones más estructurales y de largo plazo relacionadas con la realización del derecho a la alimentación en el país.
La Argentina es un país de ingresos medios altos y tiene una de las economías más grandes de América Latina, aunque un importante sector de su sociedad está empobrecido. Argentina tiene abundantes recursos naturales para la generación de energía y para la agricultura. Tiene tierras extraordinariamente fértiles y un gran potencial para las energías renovables. Es líder en la producción de commodities, con una industria agrícola y ganadera a gran escala.
Las turbulencias y vulnerabilidades económicas que afectaron a la Argentina a mediados de 2018 ejercieron una enorme presión sobre el peso argentino. Uno de esos shocks fue la severa sequía que afectó la producción de soja –la principal exportación de Argentina y una fuente de ingresos clave para el Estado lo que redujo en aproximadamente un tercio la producción agrícola argentina. Con posterioridad a ello, la Argentina logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se establece un acuerdo fiscal diseñado para resolver la crisis financiera.
Todos los funcionarios de gobierno con los que me reuní me aseguraron que las consecuencias de este acuerdo no tendrían impacto alguno en los esquemas de protección social, ya que el acuerdo incluye una cláusula de garantía en este sentido. Sin embargo, creo que los efectos indirectos de la crisis económica no pueden ser subestimados y deben tomarse todas las medidas necesarias para asegurar que los derechos de la población y su medio de subsistencia no sean adversamente afectados por el menor poder adquisitivo y el aumento en el precio de los alimentos. Mi preocupación no son solo los grupos más vulnerables sino también el impacto en la gran población de clase media de Argentina. Soy consciente que durante y después de la crisis financiera de 2001, una enorme cantidad de argentinos cayeron por debajo de la línea de pobreza. A toda costa debería evitarse que se repita esta experiencia.
Quisiera recordar que todos los derechos humanos están interrelacionados, y el derecho a la alimentación no puede ser alcanzado sin el derecho a una vivienda adecuada, educación, salud para todos y todas incluidos los/las migrantes, pueblos indígenas, campesinos, niños y adultos mayores.
Como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR por sus siglas en inglés), la Argentina debe utilizar “el máximo de sus recursos disponibles” para asegurar la plena realización de los derechos que en el mismo se consagran, incluidos los derechos a la alimentación, salud, educación, seguridad social y trabajo. Esto implica que el Estado tiene la obligación de asegurar que estos derechos sean adecuadamente atendidos antes de utilizar los recursos públicos para lograr otros objetivos del Estado que no están relacionados con los derechos humanos, tales como el servicio de la deuda. Como mínimo, el Estado debe asegurar el logro de los niveles esenciales mínimos de cada derecho económico, social y cultural.
Por otro lado, la Argentina no cuenta con datos oficiales actualizados y otros materiales estadísticos que puedan brindar datos confiables sobre el hambre y la pobreza en los últimos casi 10 años, lo cual hace más problemático un correcto análisis de la situación relacionada con la realización del derecho a la alimentación. Más específicamente, y con relación a esta visita, la última encuesta sobre alimentación y hábitos de nutrición se realizó en 2004-2005, y la última encuesta del sector agrícola en 2002. Esto no es aceptable desde el punto de vista de entender las necesidades y limitaciones de las políticas relacionadas con la seguridad alimentaria.
Aliento firmemente al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en sus esfuerzos por reconstruir el Sistema Nacional de Información. También se está trabajando en el censo nacional agropecuario. Estas iniciativas serían de utilidad para quienes buscan ayudar a la Argentina a recuperarse de forma equitativa de la crisis económica actual, con un efecto disruptivo mínimo en el derecho a la alimentación.
- Marco legal
La Argentina ha ratificado todos los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos. La reforma constitucional de 1994 explícitamente otorga rango constitucional a varios tratados internacionales sobre derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también establece que dichos tratados deben considerarse complementarios a los derechos garantizados por la Constitución.
Como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Argentina tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación, y se comprometió a adoptar medidas apropiadas, hasta el máximo de los recursos de los que disponga, para asegurar la realización del derecho a un nivel de vida adecuado, incluida una alimentación adecuada, conforme a lo establecido en el Artículo 2/1 y el Artículo 11 del Pacto.
La Argentina también es parte de otros tratados internacionales fundamentales sobre los derechos humanos, incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, y todos ellos incluyen disposiciones explícitamente relacionadas con el derecho a una alimentación adecuada.
La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la alimentación, implica que las víctimas potenciales de violaciones a estos derechos pueden presentar una demanda ante un órgano independiente e imparcial para solicitar recursos adecuados, así como su aplicación. Felicito a la Argentina por ser a nivel internacional uno de los pocos países que ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2012) para brindar acceso a la justicia a los ciudadanos en caso de violaciones a los derechos humanos.
A pesar de la amplia estructura legal y estrategias bien formuladas e intencionadas para asegurar la realización del derecho a la alimentación, la Argentina no tiene una protección constitucional explícita del derecho a la alimentación a nivel nacional y, por lo tanto, no tiene la posibilidad de atender las cuestiones relacionadas con el derecho a la alimentación de manera integral y multidimensional. Por lo tanto, insisto en la necesidad de una ley marco integral relativa al derecho a una alimentación adecuada, con pautas para promover e implementar este derecho que incluye la soberanía alimentaria para todos y todas. Ello también podría promover una coordinación institucional más eficaz.
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
La ley 25.724 de 2003 estableció el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
Las líneas de acción del Plan incluyen: a) el uso de un programa de transferencias de caja para la compra de alimentos; b) la transferencia de fondos a los gobiernos provinciales para apoyar a los comedores escolares y las actividades de las organizaciones locales que ofrecen comedores comunitarios. Las transferencias de fondos se acompañan con actividades educativas relacionadas con la alimentación y la nutrición para promover el desarrollo de las familias y de los niños y niñas.
El Plan también incluye varios programas complementarios tales como: el Programa de Familias y Nutrición que contribuye al desarrollo y fortalecimiento de las familias en temas de nutrición, alimentación y salud desde un enfoque holístico; el Programa de Abordaje Comunitario que promueve el desarrollo de organizaciones comunitarias que brindan servicios alimentarios; el Programa Pro-Huerta que promueve el acceso a una dieta saludable mediante la autoproducción de alimentos frescos para el consumo personal, familiar y comunitario; el Programa Educación Alimentaria y Nutricional que se centra en generar capacitaciones con el objetivo de convertir los conocimientos en hábitos de alimentación saludable.
. En relación con el programa de comedores escolares, la crisis económica actual parece tener un impacto negativo en la calidad de los alimentos por el incremento de los precios. Los comedores escolares son fundamentales para los niños/as y, especialmente en tiempos de crisis, deberían ser fortalecidos aún más para asegurar que los niños/as tengan acceso a una alimentación y nutrición adecuadas. Durante la visita observé un aumento en la cantidad de personas que van a los comedores comunitarios o que se saltean una comida, y niños/as que se ven obligados a depender de los comedores escolares para tener su comida diaria.
Asignación Universal por Hijo
En 2009 se implementó la Asignación Universal por Hijo hasta la edad de 18 años, con el fin de reducir la pobreza y mejorar el bienestar de los niños. La asignación actualmente es de 1.684 pesos y el programa benefició a más de 4.000.000 en 2018. Un programa similar para mujeres embarazadas incluye a otras 79.000 mujeres. En total, los programas benefician al 59 por ciento de la población rural y, en muchos casos, es el único ingreso fijo que permite a las familias planificar su consumo de alimentos.
Parece haber un esfuerzo constante por mejorar la eficiencia del programa y adaptarlo a la realidad actual. Sin embargo, me preocupa que algunos de los beneficios sociales excluyan a ciertos grupos marginados y desfavorecidos, como los migrantes y sus hijos ya que deben tener residencia en el país durante un cierto tiempo antes de tener el derecho de acceder a este beneficio. También me preocupa que estos programas no sean suficientes por el contexto económico cambiante. Me informaron que estos programas se ajustan por el índice de inflación y según las realidades económicas cambiantes, y espero que dichos esfuerzos se fortalezcan aún más.
- Marco normativo para el derecho a una alimentación adecuada
- Disponibilidad de Alimentos Adecuados
El sector agrícola y sus políticas
El sector agrícola representa un poco menos de 10 por ciento del producto bruto interno. La Argentina es líder en la producción de soja, cereales, hortalizas, miel, limones, carne bovina y aceite de girasol, y produce suficientes alimentos para alimentar a sus 42 millones de habitantes. En las últimas décadas, el perfil productivo del país se ha vuelto menos diversificado y ciertos commodities, en particular la soja y sus derivados, han reemplazado a otros. La mayor producción agrícola se encuentra en la Pampa Húmeda que es una de las seis áreas de mayor productividad agrícola del mundo. La superficie sembrada con soja aumentó y actualmente alcanza 19 millones de hectáreas, o el 56 por ciento del área cultivada en la Argentina.
La reducción sin precedentes en la producción esperada para este año debido a la sequía llevó a que la Argentina aumente sus importaciones de soja. En marzo de 2018, las importaciones alcanzaron un récord histórico de casi un millón de toneladas. Esto resalta las vulnerabilidades del sector agrícola. La crisis actual puede ser una oportunidad para diversificar y reformar aún más el sector.
Agricultura familiar
A pesar de la concentración de tierras por la expansión de la agroindustria, persiste la agricultura familiar en la Argentina. El 72 por ciento de los predios productivos del país tienen agricultura familiar, que incluye actividades como la agricultura, ganadería, pesca, producción forestal, producción agroindustrial artesanal, cosecha tradicional, artesanías y turismo rural, y representan cerca del 20 por ciento del PBI agropecuario. Según datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, la agricultura familiar se realiza en aproximadamente 250.000 predios, emplea a 2.000.000 de personas (aproximadamente el 5 por ciento de la población total del país) y produce alrededor del 40 por ciento de las hortalizas para el mercado interno. Muchos pequeños productores no pudieron aprovechar la expansión de la economía agrícola ya que la agricultura industrial está controlada por pocas empresas de gran escala. La falta de acceso a créditos por las altas tasas de interés no permite que la mayoría de los pequeños productores puedan invertir en el sector agrícola.
En 2014, la Argentina sancionó la Ley 27.118 cuyo objetivo era promover la agricultura familiar. Aunque esta ley establece un marco adecuado para el reconocimiento y la protección de la agricultura familiar, fue sancionada el 17 de diciembre de 2014 pero sin un financiamiento adecuado y, hasta la fecha, no ha sido reglamentada por el Ejecutivo A pesar es esta protección legal, la sociedad civil destaca la falta de reglamentación y aplicación de la Ley de Agricultura Familiar a nivel provincial, como así también la falta de tratamiento legislativo del proyecto de ley “Régimen de Compra a la Agricultura Familiar”.
Durante las entrevistas con funcionarios/as de la Secretaria de Agroindustria observé una tendencia a apoyar el modelo agroindustrial y a realizar serios recortes en el apoyo, el personal y el presupuesto del sector de la Agricultura Familiar, incluido el despido de casi 500 trabajadores/as y expertos/as. Insto fuertemente a que se fortalezcan los programas para apoyar y proteger este sector de crucial importancia.
Los regímenes fiscales en el sector agrícola deberían proteger a los pequeños productores y su derecho a una alimentación adecuada, y no solo favorecer al sector industrial exportador.
Ganadería
Aunque la ganadería sigue siendo una parte importante de la economía agrícola argentina y un alimento culturalmente aceptable, el aumento de las inversiones en la soja para exportación ha cambiado las tendencias productivas, siendo la producción de carne y leche principalmente para el consumo interno. El pastoreo de ganado en las Pampas fue reemplazado por cultivos de soja. Aproximadamente el 90 por ciento de la producción bovina es para abastecer al mercado interno, y el consumo promedio anual por habitante es de 132 libras/59,87 kilos.
Pesquería
Aunque la pesquería comercial no ha sido una fuente directa de alimentos para la población en la Argentina, en parte por la preferencia de una dieta a base de carne, la pesca ofrece una importante fuente de empleo en todo el país. La mayor flota pesquera del país se encuentra en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, donde una parte importante de la fuerza laboral trabaja de manera informal. La pesquería de merluza en la Patagonia Argentina es uno de los ecosistemas más productivos del mundo, y en las últimas décadas ha sido número uno en captura total, tanto por volumen como por valor. Más del 50 por ciento de los buques pesqueros en la Argentina se utilizan para la pesca de la merluza, que crea 12.000 empleos directos y representa el 40-50 por ciento de las exportaciones pesqueras en los últimos años.
Como parte de las iniciativas económicas más recientes del gobierno para atraer inversiones a largo plazo, el gobierno argentino piensa lanzar una licitación pública a fines de 2018 para otorgar una concesión para la cría de salmón. En tres o cuatro años, es decir para el año 2020, se espera que la producción de salmón en la Provincia de Tierra del Fuego sea de 40.000 toneladas métricas. Es importante tomar en cuenta los impactos ambientales de un proyecto de tanta envergadura.
Agroecología
Durante mi misión tuve la oportunidad de visitar predios en el Gran Buenos Aires que aplican prácticas agroecológicas que han demostrado ser exitosas en varias partes del mundo, logrando no solo rendimientos impresionantes sino también la promoción de los productores locales y de las prácticas que respetan el medio ambiente. La agroecología es una alternativa importante para la agricultura industrial monocultivo que debería ser seriamente considerada por el gobierno para logar la diversificación y sostenibilidad, además de importantes insumos para el programa de comedores escolares, la protección de los recursos naturales, el manejo del cambio climático y la protección de los pequeños productores.
- Accesibilidad a Alimentos Adecuados
Reducción de la pobreza y seguridad alimentaria
La pobreza se encuentra estrechamente vinculada con la inseguridad alimentaria. Según el Banco Mundial, la Argentina fue el país de la región con mejor desempeño en la reducción de la pobreza entre 2004 y 2008. Los ingresos del 40% de la parte inferior de la escala crecieron a una tasa anualizada del 11,8%, en comparación con un aumento promedio en los ingresos del 7,6%. Esta tendencia continuó, pero se desaceleró con posterioridad al 2008.
Las últimas estadísticas oficiales disponibles indicaron un índice de pobreza del 25,7% y de extrema pobreza del 4,8% en la segunda mitad de 2017. La inequidad sigue siendo elevada, con un coeficiente de Gini de alrededor de 0,42. Importantes segmentos de la sociedad siguen excluidos del desarrollo económico del país, y más de 1,5 millones de personas viven aún en situación de pobreza, y casi 700.000 habitantes se encuentran en la extrema pobreza (un poco menos del 10% de la población). El noreste es la región más pobre del país, siendo la Provincia del Chaco, que tuve la posibilidad de visitar, la más pobre, y donde la pobreza llegó a casi el 40%. La mayor cantidad de pobres vive en el Gran Buenos Aires, la región más poblada del país.
Desde fines del año pasado, y en paralelo con la crisis económica, los índices de pobreza comenzaron a aumentar a un nivel alarmante, lo que afecta principalmente a los/as niños/as. Se prevé un incremento de la pobreza en 2018 en comparación con 2017, debido principalmente a la crisis económica y a la caída del peso.
Protección Social
La Argentina tiene importantes programas de protección social y una parte significativa del presupuesto nacional está orientado hacia dicho sector. El gasto público en transferencias sociales creció en forma constante durante las últimas décadas. El componente principal fue la expansión del fondo de jubilaciones, pero también se ha incrementado el gasto en políticas contra la pobreza. Aunque estos programas se examinaron en detalle recientemente, considero que los programas de protección social ayudan al segmento más vulnerable de la sociedad a sobrevivir en tiempos de emergencia.
Pueblos Indígenas
A través de los años, y como consecuencia de la expansión de las actividades agrícolas, incluida la soja, y como resultado de otras políticas discriminatorias, las familias de los pueblos indígenas se vieron forzadas a dejar las zonas en las que vivían y, en algunos casos, tuvieron que migrar hacia las ciudades cercanas en busca de trabajo, sufriendo en muchas ocasiones una discriminación sistemática. Además, el desmonte como parte de la expansión de la frontera agrícola, limitó severamente la disponibilidad y el acceso a las plantas, así como a los animales de caza y la pesca.
Durante mi visita al Chaco, realicé el seguimiento de una decisión del año 2007 como resultado de un reclamo que presentó el Defensor del Pueblo de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia, y que involucra el fallecimiento de integrantes de la comunidad originaria Qom en la región conocida como “El impenetrable”. En dicha causa, se denunciaron niveles extremos de malnutrición y abandono por parte del estado nacional y provincial. La Corte Suprema ordenó a los gobiernos nacional y provincial que tomaran una serie de medidas para asegurar que los habitantes de la región recibieran atención de la salud y alimentos adecuados. Este caso ilustra la importancia del papel que juega el Defensor del Pueblo de la Nación, por lo que es clave que se designe alguien para ocupar el cargo lo antes posible, para que pueda plantear los casos de violación de los derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación y a la justicia, a fin de proteger dichos derechos.
- Calidad de la alimentación
Baja talla y emaciación
Conforme el Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe de 2017, la prevalencia de la desnutrición en la población argentina en el período 2014-2017 era del 3,6% (1.6 millones), con un incremento de 0,1 millones de desnutridos por año. No hay cifras disponibles sobre baja talla o emaciación y, tal como se mencionó más arriba, la última encuesta sobre hábitos alimentarios y nutricionales se efectuó en 2004-2005, y en la actualidad se está realizando una nueva encuesta. Esta falta de estadísticas no permite efectuar un análisis adecuado de los niveles de desnutrición en el país.
Sobrepeso, obesidad y malnutrición
La dieta argentina tiende a mostrar una monotonía de alimentos, con un consumo concentrado en un pequeño número de grupos de alimentos y tres alimentos básicos principales: carne, leche y pan. La Argentina es uno de los principales consumidores mundiales de carne, en tanto el consumo de frutas y hortalizas es bajo, con solo un 6% de la población que consume la cantidad de frutas y verduras recomendada por la Guía Alimentaria de la OMS.
El consumo de productos alimenticios altamente procesados y ricos en grasa, azúcares, sal y aditivos también ha contribuido a una nutrición deficiente, en especial entre niños y adolescentes. La Argentina es el país de la región que consume la mayor cantidad de productos ultraprocesados per cápita por año (194,1 kg), y lidera el consumo de gaseosas, con 131 litros per cápita, por año.
Como resultado de ello, la Argentina es uno de los países de la región con los índices más elevados de obesidad entre niños/as y adultos. En la actualidad, un 40% de los/as niños/as y adolescentes y un 60% de los adultos tienen sobrepeso, y un 7,3% de los/as niños/as menores de cinco años son obesos, el índice más elevado de obesidad infantil en América Latina.
En 2016, el gobierno creo el Programa Nacional de Alimentación Saludable y prevención de la obesidad. En el año 2018 el gobierno nacional a través de la Secretaria de Gobierno de salud comenzó a trabajar en el Plan Interministerial de Prevención del Sobrepeso y la obesidad en niños niñas z adolescentes. Los Ministerios que están participando en la elaboración del plan son Ministerio de salud y desarrollo social, ministerio de producción, secretaria de agroindustria y ministerio de educación y ciencias, tecnología y cultura.
El plan busca lograr una “estrategia de componentes múltiples con los diferentes ministerios, que incluye políticas regulatorias, educación, concientización y marketing social.” Algunas de las políticas específicas incluyen etiquetado frontal, regulación de publicidad, impuestos sobre bebidas azucaradas y otros alimentos con bajo valor nutricional, mejoramiento de la calidad de los programas alimentarios y la capacitación de los provincias a fin de crear programas de alimentación saludables y entornos escolares saludables. Es crucial que las políticas de nutrición sean integrales, aborden todas las formas de malnutrición, incluida la obesidad y la deficiencia de macronutrientes, y cuenten con un apoyo financiero adecuado.
Comercialización y Publicidad
Aunque la Argentina cuenta con reglamentaciones sobre el contenido de la publicidad, no se han aplicado de un modo efectivo como para abordar los problemas de obesidad y nutrición deficiente. No hay normas específicas en relación con las publicidades de alimentos y bebidas dirigidas a los/as niños/as, ni tampoco restricciones en relación con los criterios nutricionales. Los/as niños/as menores de 12 años se encuentran expuestos a más de 60 anuncios de productos con bajo valor nutricional, que se difunden principalmente en los programas o canales dirigidos específicamente a este grupo etario.
Etiquetado frontal
Las reglamentaciones argentinas sobre etiquetado de alimentos e información nutricional y de salud tampoco cumplen con las recomendaciones internacionales. El Código Alimentario argentino establece que los elaboradores de alimentos muestren la información sobre los ingredientes, su origen, y la fecha de vencimiento, así como los valores nutritivos, pero no exige que se declare el contenido de azúcares, por lo que a los consumidores les resulta difícil elegir opciones más saludables. Es importante que se destaque el alto contenido de nutrientes críticos como sal, azucares y grasas, para prevenir enfermedades crónicas no trasmisibles.
Lactancia materna
Según las últimas estadistas disponibles alrededor del 43% de las madres se ciñen exclusivamente a la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida del/la niño/a. Existe una creciente preocupación sobre los impactos en la salud de los sustitutos de la leche materna. La Ley 26.873 de promoción y concientización de la lactancia materna, reglamentada en enero de 2015, establece la prohibición de publicitar los sucedáneos para niños menores de dos años, de conformidad con el Código Internacional de los Sucedáneos de la Lactancia Materna. De todos modos, hay informes que indican que las empresas que producen leche formulada para bebés hacen publicidad engañosa de “fórmulas para el crecimiento”, en contravención con lo establecido en la legislación. Los informes también sostienen que las empresas no cumplen con las guías de la OMS, que extienden la prohibición a la publicidad de alimentos sustitutos hasta la edad de tres años.
Veo con beneplácito la ley que protege la lactancia materna que es clave para asegurar una nutrición adecuada de los bebés, de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, insto a que se realicen mayores esfuerzos para asegurar la aplicación de esta ley, junto con estrategias para promover y favorecer la lactancia materna, en particular durante los primeros seis meses de vida del niño.
- D. Sostenibilidad:
Organismos genéticamente modificados y protección de semillas
La Argentina es uno de los productores principales de semillas transgénicas y genera el 14% de la producción mundial total de cultivos biotecnológicos. El país tiene más de 22 millones de hectáreas en regiones agrícolas dedicadas al cultivo de la soja (alrededor del 95%), algodón y maíz, con tecnología genéticamente modificada.
La Ley de Semillas de 1973 permite a los productores utilizar semillas generadas en cosechas anteriores para su siembra futura. Esta postura no se condice con la de Monsanto (Bayer en la actualidad) –el mayor proveedor mundial de semillas transgénicas de soja- lo que llevó a la empresa a no entregar a la Argentina las variedades nuevas de semilla de soja en 2016. Sin embargo, en 2018, los productores argentinos llegaron a un acuerdo con la empresa, mediante el cual los productores ahora pagarán regalías de por vida cuando vuelven a plantar las semillas transgénicas de Monsanto, a cambio de recibir la biotecnología de vanguardia de la empresa.
La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, así como la Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna reglamentan los organismos genéticamente modificados. Recomiendo al Estado la creación de bancos de plantas a fin de mantener una diversidad genética de semillas, y asegurar una distribución equitativa de los beneficios que surgen de la utilización de dichos recursos genéticos. Además, esto es importante para proteger los intercambios de semillas tradicionales entre productores a fin de promover la soberanía alimentaria.
Plaguicidas:
Con el aumento de la producción de organismos genéticamente modificados y la industria agroquímica en la Argentina, se ha incrementado rápidamente el uso de herbicidas, plaguicidas e insecticidas. En los últimos 25 años la aplicación de plaguicidas aumentó diez veces su volumen, de 38 a 370 millones de kilogramos, con un incremento del área cultivada de un 50%, de 20 millones a 30 millones de hectáreas.
El glifosato que, en 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró como una sustancia probablemente carcinógena, se aplica indiscriminadamente en la Argentina, sin tener en cuenta la existencia de escuelas o pueblos en las cercanías. El uso de plaguicidas está mínimamente regulado y frecuentemente se ignoran las normas internacionales de la FAO. Ni las guías de las empresas ni las leyes provinciales advierten a las comunidades vecinas. Como resultado de ello, se me ha informado acerca de un aumento en la cantidad de personas que han perdido la vida o padecen enfermedades que ponen en riesgo su vida.
Un estudio realizado por la Universidad Nacional de La Plata determinó que la mayoría de la población consume frutas y hortalizas que han sido fumigadas con agrotóxicos. La exposición a plaguicidas puede tener efectos muy peligrosos para la salud de los seres humanos, en especial para niños/as y mujeres embarazadas que son más vulnerables.
El uso generalizado de plaguicidas con tanta frecuencia e intensidad ha generado inquietud respecto de la exposición de mujeres en edad reproductiva y de las embarazadas quienes, a su vez, pueden exponer a los/as niños/as a través de la lactancia. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizó un estudio de madres que dieron a luz en hospitales del área metropolitana de Buenos Aires. El estudio determinó que la leche de estas madres contenía niveles de plaguicidas que eran un 15% más elevados que los niveles considerados seguros por la ley.
Lamentablemente es difícil vincular directamente y sobre bases científicas una serie de problemas de salud graves con un plaguicida en particular. Más aún, muchos países, incluida la Argentina, parecen no contar con sistemas de monitoreo eficaces a fin de reglamentar la industria de plaguicidas y controlar su uso en los agronegocios. Esta falta de control y reparación de daños podría indicar una violación de los derechos humanos si no se aborda correctamente.
La Argentina no ha implementado una ley o un programa para reducir el uso de plaguicidas en la producción agrícola, ni para reparar el daño sufrido por las poblaciones expuestas a la contaminación. Hubo solamente dos casos –Loma Senés y Anexo Ituzaingó—donde los productores fueron juzgados y responsabilizados por la contaminación con plaguicidas.
En 2013, en un esfuerzo por proteger la salud de sus ciudadanos, la provincia de Buenos Aires estableció una restricción respecto del uso de plaguicidas cerca de las ciudades. Esta medida prohíbe la fumigación con avionetas en las áreas que los municipios hayan definido a tal efecto, o en un área de dos kilómetros entre las zonas rurales y urbanas.
Me comentaron sobre una iniciativa de buenas prácticas relacionada con el uso de plaguicidas, pero no parece incluir mecanismos adecuados para rendir cuentas al respecto.
Deforestación
La Argentina dedica una mayor cantidad de sus tierras agrícolas a la producción de soja por lo que el agotamiento del suelo y la degradación de las tierras constituyen una creciente preocupación. En la última década, se destruyeron más de tres millones de hectáreas de bosques para dar lugar a la producción de granos y ganado. La Argentina tiene una tasa de deforestación aproximada de 27 millones de hectáreas por año.
La Ley 26.631 de 2007 sobre Protección de Bosques fue un ejemplo extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y hoy en día es una herramienta importante para que el país cumpla con sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
A pesar de la entrada en vigor de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) clasificó a la Argentina entre los países que habían perdido más bosques entre 2010 y 2015. Advierte que la deforestac
ión continúa en áreas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado una falta de interés considerable en aplicar la ley, lo que se refleja en la falta de fondos necesarios para financiar políticas de conservación.
Conforme las estimaciones del gobierno, solamente un 37% del suelo se ha logrado restaurar después del cultivo de la soja. Con la expansión del cultivo de granos se ha intensificado la producción ganadera, lo que ha producido aún mayores consecuencias para el medio ambiente.
En el marco de la agricultura industrial a gran escala, es esencial que los planes y las políticas de desarrollo tomen en cuenta el verdadero costo de los métodos de producción en relación con el suelo y los recursos hídricos, y el impacto de la degradación ambiental sobre generaciones futuras, en lugar de concentrarse únicamente en la rentabilidad y el crecimiento económico a corto plazo.
Conclusión
Señoras y señores,
Aunque podría comentar mucho más sobre una serie de temas, incluidas mis felicitaciones al gobierno por sus buenos programas y políticas, permítanme finalizar con algunos comentarios y recomendaciones preliminares que se abordarán en mayor detalle en el informe final que presentaré ante el Consejo de Derecho Humanos, en marzo de 2019.
Confío en que el gobierno priorizará el diseño y la implementación de políticas y reformas efectivas, con la participación de todos los segmentos relevantes de la sociedad, a fin de asegurar el derecho a los alimentos adecuados, y que hará todo lo que esté a su alcance para evitar los efectos negativos de la crisis financiera en los grupos más vulnerables de la sociedad. Es importante poder mantener la paz social y reunir a un grupo de expertos -sin importar su ideología- a fin de encontrar una solución adecuada, sostenible y justa para todos. Se deberían propiciar esfuerzos para reformar el sistema tributario actual, reestructurar las instituciones gubernamentales, y reorganizar soluciones efectivas para la protección social.
También observé que, en diciembre de 2017, la Argentina adoptó un Plan Nacional de Derechos Humanos. Recomiendo su implementación en consulta con un amplio espectro de representantes de la sociedad civil.
Reitero la importancia de la agricultura familiar para lograr el objetivo de una alimentación adecuada y saludable para todos los argentinos. Debería ponerse empeño en promover la agricultura familiar como prioridad. Es la única manera de lograr un equilibrio entre la actual agricultura industrial y el desarrollo de sistemas de producción agroecológicos. El logro de dicho equilibrio sería la única manera de lograr una solución sostenible y justa para el pueblo argentino.
Estoy convencida de que la Argentina podría mejorar su situación actual y dar pasos importantes hacia el logro de una seguridad alimentaria y nutricional para todos/as y lo antes posible, a fin de evitar un mayor sufrimiento, en tanto que al mismo tiempo continuar trabajando para cumplir, a su debido tiempo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
Finalmente, quisiera reiterar mi compromiso para continuar el diálogo iniciado durante mi visita. Espero poder trabajar con el Gobierno y los representantes de la sociedad civil en un marco de cooperación para perfeccionar e implementar mis recomendaciones.
Nota
Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.
Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos Juan Valeiro
El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.
Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.
Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.
Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.
La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:
- “Que no te vendan gato por león”.
- “¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.
Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:
Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.
Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.
Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.
Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.
Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.
La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.
Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

Nota
La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

Nota
Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza
Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.

Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.
La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.
Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.
Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.
Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.
Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.
Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.
La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?
Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.
Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?
Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.
¿Les iban informando qué harían con ustedes?
Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.
¿Por qué Italia primero?
Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.
¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?
Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.
¿Cómo es un ataque con drones?
Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.
En altamar también siguieron las intimidaciones
Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.
¿En algún momento temiste por tu vida?
Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.
Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?
Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.
¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?
Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.
¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?
Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.
¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?
En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.
Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?
No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.
El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…
Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.
¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?
Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.
Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?
Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.
¿Qué edad tiene tu hija?
9 años.

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