CABA

La mina de Andalgalá, en Catamarca: El agujero negro

Publicada

hace 18 años

29/12/2007

Las inversiones en minas de oro, plata y cobre se reproducen en Sudamérica impulsadas por la voraz economía global. Sólo en Argentina se proyectan una decena de megaemprendimientos para los próximos años: prometen trabajo y desarrollo local. En Catamarca ya funciona, desde hace diez años, la explotación más grande, a cargo de un consorcio de empresas suizas y canadienses. Ésta es la radiografía de Bajo la Alumbrera, el caso testigo de la minería a gran escala, que permite descubrir qué diferencia hay entre los proyectos y los hechos.

Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de Catamarca. Está ubicada en el centro de la provincia, a 240 kilómetros de San Fernando del Valle, seis horas de micro entre caminos derruidos y paisajes de postal. Allí viven 17 mil personas. Tiene calles anchas y pobladores amables, casas bajas y una catedral imponente, clima desértico y montañas que esconden la mina de oro y cobre más grande del país y una de las más importantes del mundo: “Bajo la Alumbrera”, una obra faraónica que remueve, por día, 340 toneladas de roca y utiliza, por minuto, 66 mil litros de agua. Diez años de explotación minera, 680 millones de dólares de facturación anual, 14 millones de pesos de regalías anuales al pueblo, cuatro derrames tóxicos comprobados, tres provincias involucradas, una decena de denuncias por contaminación e innumerables acusaciones por incumplir sus promesas de trabajo y bienestar regional. Son algunas de las cifras de Andalgalá, el caso testigo de la minería metalífera a gran escala.
Monstruo minero
Octubre de 1994: el gobernador Arnoldo Castillo, el entonces secretario de Minería y actual gobernador de La Rioja, Ángel Maza, y el presidente Carlos Menem firmaron el lanzamiento de las obras del yacimiento Mina Bajo la Alumbrera. Tres años después, el 31 de octubre de 1997, se iniciaba la etapa extractiva: una enorme olla de dos kilómetros de diámetro y seis cuadras de profundidad es el espacio donde 36 enormes camiones mineros y monumentales palas mecánicas remueven, ayudados por explosivos, 340 toneladas de roca por día. Lejos están las imágenes de las películas: no hay picos, no hay palas, no hay pepitas de oro y ni siquiera hay mineros.
El yacimiento de oro y cobre pertenece al estado catamarqueño, la Universidad de Tucumán y el Estado nacional, que conforman la sociedad Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (ymad), pero cedieron la explotación a un consorcio de empresas: la suiza Xstrata (50 por ciento del paquete accionario) y las canadienses Goldcorp (37,5 por ciento) y Northern Orion (12,5). Funciona a 40 kilómetros del casco urbano de Andalgalá, a 300 de la capital provincial, entre montañas y alambrados olímpicos.
Por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Datos de la misma empresa se ufanan de que Alumbrera utiliza en un solo mes la misma cantidad de explosivos que se requiere por año en toda Argentina. No es casualidad que llueva polvo en la ciudad. Además, los especialistas advierten que la remoción de las montañas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.
El yacimiento se encuentra entre las diez grandes explotaciones de cobre del mundo y entre los 15 de oro: exporta 190 mil toneladas anuales de cobre y 23 mil toneladas de oro. Cuenta con una lujosa ciudad en las alturas: 500 habitaciones, canchas de tenis y fútbol techadas, salas de juegos, gimnasio, línea de colectivo interna y tres aviones propios que hacen de taxi aéreo para ejecutivos.
El proceso de extracción consiste en dinamitar las paredes de la montaña, transformar las rocas en polvo y diluirlas en sopas ácidas que purifican el mineral. Todos los desechos son destinados a un enorme basurero, de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad, llamado “dique de colas”. El producto bruto es enviado por un extenso mineraloducto –un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucumán. Llega hasta Cruz del Norte, donde el “Tren Alumbrera” transporta concentrados hasta el puerto de Santa Fe. De ahí viaja al exterior, donde es refinado. El megaemprendimiento también cuenta con un electroducto de 220 kilómetros, líneas de alta tensión que atraviesan gran parte de Catamarca y Tucumán.
Las obras de infraestructura requirieron una inversión de 1.200 millones de dólares. “Poco de ese gasto corre por cuenta de la empresa: la Ley 24.196 establece que del tres por ciento que la empresa paga de regalías deben deducirse los costos de transporte, fletes, seguro, molienda, comercialización, administración, fundición y refinación. En resumen: las monumentales obras las paga el Estado, las pagamos todos”, explica Marcos Pastrana, de la Intersectorial de Tafí del Valle, en Tucumán, donde también denuncian la contaminación de Alumbrera.
Promesas y hechos
La campaña publicitaria de la empresa y los políticos de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6.000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó. La compañía asegura, aún hoy, que emplea a 1.800 personas del lugar y que de forma indirecta creó 8.200 puestos laborales. Los vecinos lo desmienten: afirman que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgalá. El resto, todos “profesionales de Córdoba, Buenos Aires o extranjeros”. El intendente José Eduardo Perea, aliado de la empresa, admite cifras aún menores: “No hay más de 40 ó 50 andalgalenses efectivos”. La desocupación en la ciudad es del 24,9 por ciento, el doble de la media nacional.
Lo que sí hace la empresa, y lo publicita en sus boletines, es pagar el combustible de los vehículos municipales y de la ambulancia, comprar insumos para el hospital, pagar velorios de los pobres, repartir bolsones de comida, regalar herramientas a las escuelas técnicas y hasta comprar las medallas de los egresados, a quienes promete un trabajo que rara vez llegará. Todo lo que en otro tiempo correspondía al Estado (incluido el asistencialismo), hoy lo realiza la empresa.
Alumbrera decidió no hablar para este artículo, lo mismo hizo el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Ninguno quiso detallar la facturación de Alumbrera durante 2006. El último balance público corresponde a 2004, cuando facturó 683 millones de dólares: 1.980 millones de pesos. El último pago, publicitado, de regalías al municipio de Andalgalá (correspondiente al último semestre de 2004 y primero de 2005) fue de 14 millones de pesos. Lo que representa el 0,7 por ciento del oro y el cobre que extrajo en un año de las montañas catamarqueñas. Además, datos de los ambientalistas locales, en base a declaraciones juradas de la misma empresa, señalan que la compañía factura anualmente el triple de lo que declara: 1.700 millones de dólares. Todo en una provincia donde, según datos oficiales del año pasado, el 48,4 por ciento de la población vive bajo la línea de la pobreza.
La Secretaría de Minería de Nación informa y celebra que, en 2006, se exportaron minerales por 6.000 millones de pesos, 30 por ciento más que en 2005 (cuando se exportaron 4.600 millones de pesos). Y resalta que dos tercios de lo exportado, 4.000 millones de pesos, corresponden a la minería metalífera. Pero lo que no subraya la publicidad oficial es que, al amparo de las leyes mineras actuales, las empresas no tienen retención a las exportaciones (como sí tienen, por ejemplo, los productos agropecuarios), por lo cual mayores exportaciones no significan mayores ingresos a las arcas del Estado.
Las denuncias
A doce años del comienzo de las obras hay una decena de acusaciones: el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero y la justicia de Tucumán acusan a la empresa de contaminar con metales pesados el río Salí-Dulce (que comparten ambas provincias). La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y la exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por derrames tóxicos del mineraloducto. Y ya existen demandas iniciadas por familias que debieron abandonar sus tierras por la contaminación del agua. Sólo un puñado de las acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera.
Los vecinos descreen de los estudios de tierra y agua realizados por el gobierno provincial, lo señalan como cómplice de la compañía. Sí creen en un estudio técnico realizado por el perito minero Héctor Oscar Nieva. Se trata de su estudio de maestría para la Universidad de Nancy (en Francia), el cual confirmó que el dique colas (la enorme olla que hace de basurero minero) tiene filtraciones que contaminan las napas subterráneas de la zona. La empresa reconoció las pérdidas e instaló un sistema de retrobombeo para que la solución que escapa al corral minero vuelva a él. Nieva asegura que la contaminación sigue regándose por el subsuelo catamarqueño.
En octubre de 2005, un estudio de la Universidad de Córdoba reveló que la planta de filtrado de la empresa en Tucumán arroja al desagüe pluvial líquidos con alto índice de sulfuro, plomo, mercurio y arsénico. “Con La Alumbrera se inicia el más atroz proceso de contaminación ambiental. Con estas pruebas podemos confirmar que se envenena toda la cuenca Salí-Dulce”, aseguraba la Defensoría Provincial, impulsora de la denuncia.
Sin agua y con arsénico
En agosto pasado, el fiscal general de Cámara de Tucumán, Antonio Gómez, denunció una catarata de excesos por parte de la empresa: valores de arsénico hasta veinte mil veces por sobre los permitidos por la ley nacional, hasta cinco mil veces en cadmio, veinte veces en cobre, diez mil en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio. Además, en los últimos dos años hubo cuatro derrames comprobados del mineraloducto: tres en Villa Vil y uno en el paraje de Ampujaco.
Otro tema urticante al hablar de minería es el uso de un bien escaso como el agua. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. Tiene permiso para extraer hasta 69 millones de litros por día. El agua utilizada es irrecuperable. No hay tratamiento posible para que vuelva a ser aprovechable. “Todos los ríos han descendido su caudal. El más claro es el río Santa María, antes era río, hoy es un hilo de agua”, grafica Urbano Cardozo, histórico militante antiminería.
Un informe interno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (inta), sede Andalgalá, fechado el 6 de septiembre de 2006, resalta dos cuestiones: el agua y el papel de la minería. “Se debe solicitar una reunión urgente con el gobernador a los fines de debatir la gravísima situación de los sistemas hídricos existentes, que pone en serios riesgos el desarrollo económico sustentable y demás actividades humanas locales.” Y remarca que “los ejes estratégicos de desarrollo del inta, basados en sustentabilidad, competitividad y equidad social se contradicen con una actividad económica meramente extractiva y contaminante (la minería)”.
Como si fuera poca la suerte del oeste catamarqueño, hace tres meses la empresa minera pública ymad (propietaria del yacimiento de Alumbrera), lanzó la licitación internacional de 240 kilómetros cuadrados con “potencial minero”, ubicados en Belén, departamento vecino a Andalgalá.
Esquel, en Chubut, es el antes de la explotación minera. Andalgalá, en Catamarca, el después de la extracción: cuando el oro ya no está y la montaña es un coloso agujereado. Sólo dos ejemplos del medio centenar de emprendimientos mineros metalíferos de Argentina, que tienen tantos impulsores como detractores. Estado y empresarios por un lado. Organizaciones sociales y pobladores por el otro. Promesas de inversiones, trabajo y desarrollo de un lado. Denuncias de degradación ambiental, pobreza y saqueos por el otro.
Lo que está en juego nos compromete a todos.

A cielo abierto: Famatina frente a las corporaciones mineras

Los secretos del éxito minero

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Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Publicada

hace 2 semanas

08/10/2025

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

“Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
“El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

Publicada

hace 2 meses

22/08/2025

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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CABA

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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hace 3 meses

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.