Las inversiones en minas de oro, plata y cobre se reproducen en Sudamérica impulsadas por la voraz economía global. Sólo en Argentina se proyectan una decena de megaemprendimientos para los próximos años: prometen trabajo y desarrollo local. En Catamarca ya funciona, desde hace diez años, la explotación más grande, a cargo de un consorcio de empresas suizas y canadienses. Ésta es la radiografía de Bajo la Alumbrera, el caso testigo de la minería a gran escala, que permite descubrir qué diferencia hay entre los proyectos y los hechos.

Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de Catamarca. Está ubicada en el centro de la provincia, a 240 kilómetros de San Fernando del Valle, seis horas de micro entre caminos derruidos y paisajes de postal. Allí viven 17 mil personas. Tiene calles anchas y pobladores amables, casas bajas y una catedral imponente, clima desértico y montañas que esconden la mina de oro y cobre más grande del país y una de las más importantes del mundo: “Bajo la Alumbrera”, una obra faraónica que remueve, por día, 340 toneladas de roca y utiliza, por minuto, 66 mil litros de agua. Diez años de explotación minera, 680 millones de dólares de facturación anual, 14 millones de pesos de regalías anuales al pueblo, cuatro derrames tóxicos comprobados, tres provincias involucradas, una decena de denuncias por contaminación e innumerables acusaciones por incumplir sus promesas de trabajo y bienestar regional. Son algunas de las cifras de Andalgalá, el caso testigo de la minería metalífera a gran escala.
Monstruo minero
Octubre de 1994: el gobernador Arnoldo Castillo, el entonces secretario de Minería y actual gobernador de La Rioja, Ángel Maza, y el presidente Carlos Menem firmaron el lanzamiento de las obras del yacimiento Mina Bajo la Alumbrera. Tres años después, el 31 de octubre de 1997, se iniciaba la etapa extractiva: una enorme olla de dos kilómetros de diámetro y seis cuadras de profundidad es el espacio donde 36 enormes camiones mineros y monumentales palas mecánicas remueven, ayudados por explosivos, 340 toneladas de roca por día. Lejos están las imágenes de las películas: no hay picos, no hay palas, no hay pepitas de oro y ni siquiera hay mineros.
El yacimiento de oro y cobre pertenece al estado catamarqueño, la Universidad de Tucumán y el Estado nacional, que conforman la sociedad Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (ymad), pero cedieron la explotación a un consorcio de empresas: la suiza Xstrata (50 por ciento del paquete accionario) y las canadienses Goldcorp (37,5 por ciento) y Northern Orion (12,5). Funciona a 40 kilómetros del casco urbano de Andalgalá, a 300 de la capital provincial, entre montañas y alambrados olímpicos.
Por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Datos de la misma empresa se ufanan de que Alumbrera utiliza en un solo mes la misma cantidad de explosivos que se requiere por año en toda Argentina. No es casualidad que llueva polvo en la ciudad. Además, los especialistas advierten que la remoción de las montañas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.
El yacimiento se encuentra entre las diez grandes explotaciones de cobre del mundo y entre los 15 de oro: exporta 190 mil toneladas anuales de cobre y 23 mil toneladas de oro. Cuenta con una lujosa ciudad en las alturas: 500 habitaciones, canchas de tenis y fútbol techadas, salas de juegos, gimnasio, línea de colectivo interna y tres aviones propios que hacen de taxi aéreo para ejecutivos.
El proceso de extracción consiste en dinamitar las paredes de la montaña, transformar las rocas en polvo y diluirlas en sopas ácidas que purifican el mineral. Todos los desechos son destinados a un enorme basurero, de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad, llamado “dique de colas”. El producto bruto es enviado por un extenso mineraloducto –un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucumán. Llega hasta Cruz del Norte, donde el “Tren Alumbrera” transporta concentrados hasta el puerto de Santa Fe. De ahí viaja al exterior, donde es refinado. El megaemprendimiento también cuenta con un electroducto de 220 kilómetros, líneas de alta tensión que atraviesan gran parte de Catamarca y Tucumán.
Las obras de infraestructura requirieron una inversión de 1.200 millones de dólares. “Poco de ese gasto corre por cuenta de la empresa: la Ley 24.196 establece que del tres por ciento que la empresa paga de regalías deben deducirse los costos de transporte, fletes, seguro, molienda, comercialización, administración, fundición y refinación. En resumen: las monumentales obras las paga el Estado, las pagamos todos”, explica Marcos Pastrana, de la Intersectorial de Tafí del Valle, en Tucumán, donde también denuncian la contaminación de Alumbrera.
Promesas y hechos
La campaña publicitaria de la empresa y los políticos de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6.000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó. La compañía asegura, aún hoy, que emplea a 1.800 personas del lugar y que de forma indirecta creó 8.200 puestos laborales. Los vecinos lo desmienten: afirman que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgalá. El resto, todos “profesionales de Córdoba, Buenos Aires o extranjeros”. El intendente José Eduardo Perea, aliado de la empresa, admite cifras aún menores: “No hay más de 40 ó 50 andalgalenses efectivos”. La desocupación en la ciudad es del 24,9 por ciento, el doble de la media nacional.
Lo que sí hace la empresa, y lo publicita en sus boletines, es pagar el combustible de los vehículos municipales y de la ambulancia, comprar insumos para el hospital, pagar velorios de los pobres, repartir bolsones de comida, regalar herramientas a las escuelas técnicas y hasta comprar las medallas de los egresados, a quienes promete un trabajo que rara vez llegará. Todo lo que en otro tiempo correspondía al Estado (incluido el asistencialismo), hoy lo realiza la empresa.
Alumbrera decidió no hablar para este artículo, lo mismo hizo el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Ninguno quiso detallar la facturación de Alumbrera durante 2006. El último balance público corresponde a 2004, cuando facturó 683 millones de dólares: 1.980 millones de pesos. El último pago, publicitado, de regalías al municipio de Andalgalá (correspondiente al último semestre de 2004 y primero de 2005) fue de 14 millones de pesos. Lo que representa el 0,7 por ciento del oro y el cobre que extrajo en un año de las montañas catamarqueñas. Además, datos de los ambientalistas locales, en base a declaraciones juradas de la misma empresa, señalan que la compañía factura anualmente el triple de lo que declara: 1.700 millones de dólares. Todo en una provincia donde, según datos oficiales del año pasado, el 48,4 por ciento de la población vive bajo la línea de la pobreza.
La Secretaría de Minería de Nación informa y celebra que, en 2006, se exportaron minerales por 6.000 millones de pesos, 30 por ciento más que en 2005 (cuando se exportaron 4.600 millones de pesos). Y resalta que dos tercios de lo exportado, 4.000 millones de pesos, corresponden a la minería metalífera. Pero lo que no subraya la publicidad oficial es que, al amparo de las leyes mineras actuales, las empresas no tienen retención a las exportaciones (como sí tienen, por ejemplo, los productos agropecuarios), por lo cual mayores exportaciones no significan mayores ingresos a las arcas del Estado.
Las denuncias
A doce años del comienzo de las obras hay una decena de acusaciones: el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero y la justicia de Tucumán acusan a la empresa de contaminar con metales pesados el río Salí-Dulce (que comparten ambas provincias). La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y la exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por derrames tóxicos del mineraloducto. Y ya existen demandas iniciadas por familias que debieron abandonar sus tierras por la contaminación del agua. Sólo un puñado de las acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera.
Los vecinos descreen de los estudios de tierra y agua realizados por el gobierno provincial, lo señalan como cómplice de la compañía. Sí creen en un estudio técnico realizado por el perito minero Héctor Oscar Nieva. Se trata de su estudio de maestría para la Universidad de Nancy (en Francia), el cual confirmó que el dique colas (la enorme olla que hace de basurero minero) tiene filtraciones que contaminan las napas subterráneas de la zona. La empresa reconoció las pérdidas e instaló un sistema de retrobombeo para que la solución que escapa al corral minero vuelva a él. Nieva asegura que la contaminación sigue regándose por el subsuelo catamarqueño.
En octubre de 2005, un estudio de la Universidad de Córdoba reveló que la planta de filtrado de la empresa en Tucumán arroja al desagüe pluvial líquidos con alto índice de sulfuro, plomo, mercurio y arsénico. “Con La Alumbrera se inicia el más atroz proceso de contaminación ambiental. Con estas pruebas podemos confirmar que se envenena toda la cuenca Salí-Dulce”, aseguraba la Defensoría Provincial, impulsora de la denuncia.
Sin agua y con arsénico
En agosto pasado, el fiscal general de Cámara de Tucumán, Antonio Gómez, denunció una catarata de excesos por parte de la empresa: valores de arsénico hasta veinte mil veces por sobre los permitidos por la ley nacional, hasta cinco mil veces en cadmio, veinte veces en cobre, diez mil en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio. Además, en los últimos dos años hubo cuatro derrames comprobados del mineraloducto: tres en Villa Vil y uno en el paraje de Ampujaco.
Otro tema urticante al hablar de minería es el uso de un bien escaso como el agua. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. Tiene permiso para extraer hasta 69 millones de litros por día. El agua utilizada es irrecuperable. No hay tratamiento posible para que vuelva a ser aprovechable. “Todos los ríos han descendido su caudal. El más claro es el río Santa María, antes era río, hoy es un hilo de agua”, grafica Urbano Cardozo, histórico militante antiminería.
Un informe interno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (inta), sede Andalgalá, fechado el 6 de septiembre de 2006, resalta dos cuestiones: el agua y el papel de la minería. “Se debe solicitar una reunión urgente con el gobernador a los fines de debatir la gravísima situación de los sistemas hídricos existentes, que pone en serios riesgos el desarrollo económico sustentable y demás actividades humanas locales.” Y remarca que “los ejes estratégicos de desarrollo del inta, basados en sustentabilidad, competitividad y equidad social se contradicen con una actividad económica meramente extractiva y contaminante (la minería)”.
Como si fuera poca la suerte del oeste catamarqueño, hace tres meses la empresa minera pública ymad (propietaria del yacimiento de Alumbrera), lanzó la licitación internacional de 240 kilómetros cuadrados con “potencial minero”, ubicados en Belén, departamento vecino a Andalgalá.
Esquel, en Chubut, es el antes de la explotación minera. Andalgalá, en Catamarca, el después de la extracción: cuando el oro ya no está y la montaña es un coloso agujereado. Sólo dos ejemplos del medio centenar de emprendimientos mineros metalíferos de Argentina, que tienen tantos impulsores como detractores. Estado y empresarios por un lado. Organizaciones sociales y pobladores por el otro. Promesas de inversiones, trabajo y desarrollo de un lado. Denuncias de degradación ambiental, pobreza y saqueos por el otro.
Lo que está en juego nos compromete a todos.