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La protesta social como libertad de expresión: la mirada de un experto
En el marco del seminario Protesta social y libertad de expresión, organizado por el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), el secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, Víctor Abramovich, habló con lavaca y destacó la importancia de entender a la protesta social como ejercicio de la libertad de expresión: «Siempre se habla de censura, de protección a periodistas, de la regulación de los medios y monopolios, y a las manifestaciones se las ve como problemas de tránsito. No todos tienen tan clara la vinculación entre libertad y protesta social».
Desde hace años lavaca propugna este enfoque frente al que priorizan Estado, justicia y medios comerciales y cuyas graves consecuencias se castigan con largos procesos penales. Hablamos de la «criminalización de la protesta» y sus efectos sociales. Alerta Abramovich:»Cambiar este enfoque implica otorgar una protección fuerte porque el principio de libertad de expresión es uno de los derechos con mayor protección dentro de la órbita del sistema. La consecuencia directa es que sus limitaciones van a implicar siempre restricciones a un derecho fuerte y estarán bajo un examen de razonabilidad estricta».
Según por qué se proteste
En el marco del seminario, Abramovich centró su exposición en los aspectos técnico-legales que moldean a las protestas y definen sus alcances. Luego tomó la palabra Bernard Duhaime, investigador visitante de Harvard y profesor de Derecho en la Universidad de Québec. El canadiense expuso el caso de la represión a quienes se manifestaban en contra de la globalización a puertas de una reunión del G-20, en Toronto, en junio de 2010. Luego habló el periodista venezolano Andrés Canizalez, quien destacó un crecimiento sostenido en las protestas en ese país: la democracia venezolana, mal que bien, se discute en la calle.
Abramovich repasó algunos principios que dan marco al debate nacional sobre las protestas sociales, tanto legislativo como a nivel de la administración pública y judicial:
«Las restricciones no deben estar vinculadas al contenido de la protesta» sintetizó. Al ser consultado por lavaca, Abramovich reconoció que en la práctica no se respeta este principio sugerido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que formó parte: «Muchas veces el Estado baja una serie de políticas fuertes para limitar las protestas sociales, pero otras veces esas restricciones actúan por impulso de sectores del Poder Judicial. En general, son los sectores más conservadores los que avanzan contra este derecho. Los casos de protesta social se tipifican como delitos de ´entorpecimiento de la vía pública´ o ´privación ilegítima de la libertad´ si están bloqueando algún edificio, pero en realidad estas caracterizaciones penales están atadas al contenido de la manifestación».
El Sistema Interamericano no tiene todavía estándares claros sobre cómo actuar en estos casos. Sí ha planteado una serie de recomendaciones que permiten guiar la interpretación de la aplicación de figuras penales. La primera: que cualquier penalización implica una restricción a la libertad de expresión y por eso debe estar ajustada a esos estándares básicos que resguarden ese derecho. Amplía Abramovich: «Hay cuestiones concretas que tienen que ver con que las figuras penales no deben aplicarse sobre delitos de peligro abstracto, sino que tiene que haber elementos de suficiente gravedad como para justificar la acción del Estado».
Según quién protesteEn noviembre del 2003 fue el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien proclamó que la protesta social se iba a limitar «con el Código Penal en la mano». Dice Abramovich: «¿Cuáles son las figuras de esos delitos? Entorpecimiento de la vía pública, rebelión, privación de la libertad, incluso delitos de asociación ilícita. Es decir, figuras penales interpretadas de manera amplia y que permiten mantener a dirigentes bajo procesos judiciales». Y si bien son pocos los casos en que la condena finalmente prospera, es el propio proceso judicial el que representa en sí mismo una penalización y se utiliza para amedrentar o disuadir determinadas luchas sociales. Abramovich se pregunta entonces: «¿Hay grupos o colectivos que están en desventaja en el ejercicio de estos derechos?»
Así inauguró otro de los puntos sobresalientes en su exposición: la relación entre libertad de expresión e igualdad. Su tesis: «En el sistema hay una transformación de esa noción de igualdad formal a otra de igualdad estructural. Ciertos grupos o colectivos, que están en desventaja en el ejercicio de ciertos derechos, demandan al Estado un trato diferenciado que de cuenta de esa desigualdad de poder, que es estructural. No quieren un trato neutral como los otros. El rol del Estado no debe ser tolerar, sino el de jugar un rol que asegure la expresión, la participación, el acceso a esa esfera pública-política. La manera de canalizar estos reclamos por las vías del Estado tiene que ser facilitada, y no imponer sanciones o restringir formas de protesta».
El caso de Iatama contra Nicargua se viste de ejemplo en este sentido: hace algunos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó la necesidad de que el Estado adecuara su sistema electoral para permitir formas de participación política de los pueblos originarios, limitados por su tradición cultural. Remata Abramovich: «Este es un precedente para repensar el hecho de protesta y manifestación».
La verdadera seguridad ciudadana
El marco que Abramovich traza no es de ningún modo utópico: así lo establecen las normas internacionales en documentos, cartas, recomendaciones y sanciones. Incluso los Estados nacionales y sus estándares legales sobre las manifestaciones contradicen lo que en la práctica termina sucediendo: descontrol de la protesta, represión, detenciones, uso de municiones no autorizadas, procesos judiciales. En dos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de 2006 y otro reciente sobre Seguridad Ciudadana, se enumeran una serie de lineamientos para las agencias de control operativas del orden público. Abramovich cita estos seis:
- Prohibición del uso de la fuerza letal en los operativos de control de orden público. Explica Abramovich: «Esto abre una discusión de límites. Si deben también llevar palos o escopetas de balas de goma, gases, o si quedan a merced de la violencia de los manifestantes. Hubo un ministro argentino que decía que la policía reaccionaba-funcionaba según instintos binarios: que actuaba o esperaba, pero no podía graduar su actuar. Estas medidas intentan eso: capacidad de graduar el uso de la fuerza, marca los límites y la protección de derechos».
- Sistema de registro y control de las municiones que se utilizan. «Los casos de violencia en 2010, donde la Policía Federal argumenta que un policía se ´confundió´ munición de plomo con goma se evitarían con este tipo de registros. Es algo que se vio el 20 de diciembre, en el caso de Puente Pueyrredón. Este procedimiento se utiliza en varios países del mundo: quien usa arma debe llevar una constancia de qué tipo de municiones se le entrega».
- Registro de comunicaciones, órdenes operativas y sus responsables ejecutores. «El registro de órdenes radiales fue un tema central en la ejecución de Mariano Ferreyra, por ejemplo: cuando el fiscal va a pedir copia de las comunicaciones telefónicas, un sector de la policía les da todas, menos precisamente las que correspondían al momento del disparo de la UOCRA, que venía persiguiendo a Ferreyra. El registro sirve, entonces, para identificar las órdenes operativas y poder dilucidar a los responsables políticos. Todo el debate sobre autoría, sobre quién dio las órdenes, tiene siempre que ver con la dificultad de identificar las órdenes. Claro, las comunicaciones se pueden borrar, pero si la policía entrega un informe completo y falta justo el del momento del disparo, bueno, eso genera una presunción en contra del actuar policial».
- Identificación de personal policial. «El personal designado debe estar identificado, para evitar personal de civil. También para identificar responsabilidades ulteriores de lo que se hace en el marco del operativo».
- Creación de espacios de comunicación y de diálogo entre los manifestantes y los funcionarios a cargo del control de los operativos, y la designación de enlaces políticos. «Tiene que haber funcionarios con celulares abiertos durante la protesta, y que incluso antes pudieran hablar, negociar, gestionar el conflicto».
- Controles posteriores y sanciones administrativas. «Los procedimientos de sanciones disciplinarias deben ser abiertos, con participación de las víctimas, que deriven en la separación de funcionaros sospechados de otras protestas sociales, tener un sistema de seguimiento de quienes actúan violentamente para evitar la reproducción de la violencia».
Este marco ideal, asegura Abramovich, debe trabajarse ya para comenzar a lograr efectos a largo plazo, adecuando las legislaciones y, en especial, el Código Contravencional a estos lineamientos. Y las prácticas. La gran deuda pendiente, según su opinión, es la graduación entre un sistema y el otro. «Sé que no puede pedírsele a la policía una protección materna de las protestas. A los policías uno los prende o los apaga, pero no los puede graduar». Al decir de este especialista, su capacidad de intervención debe estar regida tanto por la limitación (siempre controlada y adaptada), pero también por la protección de los manifestantes y su protesta. Otra propuesta para garantizar este derecho: que se cuide el acceso a la información, a la actividad de los periodistas, que se difunda el dispositivo de seguridad que va a implementarse, así como sus responsables operativos y políticos. Todos estos son principios recomendados por la ONU, la CIDH y otras organizaciones no gubernamentales para moldear un protocolo de actuación policial, hasta ahora orientado a la criminalización de la protesta.
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Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos
Este 24 de marzo, a 49 años del golpe, la editorial lavaca publica Escritos sobrevivientes, un libro creado junto a un grupo de personas que estuvieron secuestradas y desaparecidas en distintos centros clandestinos de represión durante la última dictadura militar. Se presenta el próximo viernes 28, pero ya podés pasar a buscarlo por MU (Riobamba 143) desde hoy. En este texto, Claudia Acuña cuenta qué representa esta obra parida en colectivo y en medio de aires negacionistas.
Por Claudia Acuña
Este libro representa muchas cosas y todas y cada una nos parecen decisivas para estos tiempos desesperados.
Ni sé por dónde comenzar a enumerarlas, así que sin orden de importancia ni cronológico enumero algunas, aunque sin duda me faltarán otras que invito a que completen quienes lo lean.
Lo primero, para mí, es reconocer el valor social, político, histórico y ético que merecen las personas detenidas-desaparecidas por la dictadura cívico militar que azotó este país desde el 24 de marzo de 1976. No olvidamos esa fecha gracias a ellas, pero no siempre se las nombra con la relevancia que han tenido para construir verdad, justicia y memoria.
A algunas de ellas he tenido el honor de escucharlas y verlas testimoniar en los juicios de lesa humanidad, pero también en los diferentes procedimientos contra la impunidad que crearon y sostuvieron para que esos juicios sucedan.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Hasta lograrlo.
Solo a una pude agradecerle con palabras y lágrimas el esfuerzo, el coraje y el legado que recibíamos por su esfuerzo, pero fundamentalmente por sus vidas consagradas a hacer posible lo imposible. Fue en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, mientras los altoparlantes transmitían la primera condena a los genocidas responsables del centro de detención clandestino y de tortura que funcionaba en la Esma. Ahora, con este libro queremos extender esas gracias a cada una, a cada uno.
Sé, porque comprendí la lección que nos daban, que no puedo afirmar que lo hicieron solo ellas, ellos. Esa es otra de las cosas que representa este libro: el saberse parte – y reconocerlo siempre- de algo más grande, más importante y más trascendente no solo del yo, sino incluso del núcleo colectivo en el que nos organizamos, reflexionamos y tomamos fuerza para resistir. Nuestras fuerzas individuales y nuestras construcciones políticas suman, activan, empujan, pero alcanzan sus objetivos cuando sincronizan con la necesidad social, con la época y con la Historia. Tienen alas porque tienen raíces y mueven al mundo hacia lugares mejores porque se sabe más grande y más poderosa que lo que nos rodea.
Eso que aquí las y los autores definen como “subjetividad sobreviviente” nos advierte eso: somos nuestros cuerpos y la sombra que proyectan, lo que hacemos y lo que soñamos, nuestras obras y nuestra imaginación, nuestros saberes y nuestra intuición, pero también y además aquellos cuerpos, proyecciones, hechos, batallas ganadas y perdidas, que nos anteceden y desbordan para fortalecernos y sostenernos de pie. Aquello que ilumina la oscuridad es la memoria sensible: de eso se trata este libro, además.
Otra: el valor de las utopías. En los momentos más aterradores hemos gritado “Aparición con vida y castigo a los culpables”. Bueno: la noticia es que hemos tenido éxito y aquí están las personas que cuando pronunciábamos esas palabras mágicas no podíamos abrazar. Algunas de ellas son las que el tercer sábado de cada mes vimos ingresar a nuestra trinchera durante el largo y desalentador año 2024. Para nosotros ese taller de escritura significó una cita con la esperanza, cada vez. Y una comprobación: el futuro se construye con el hacer colectivo, cada vez.
Por último: este no es un libro de testimonios sobre el horror de la dictadura, sino su contracara o quizá, lo que se puede pensar después de cruzar el abismo de la impunidad.
Quizá.
Me falta todavía superar la alegría de haberlo logrado, de sostener con las manos esta pequeña utopía realizada en tiempos de saqueo de recursos simbólicos y materiales, en las cuales sólo proponerlo sonaba casi irresponsable, para poder encontrar las palabras certeras, que expresen lo que representa que personas empobrecidas y violentadas podamos hacer lo que querramos financiadas sólo por el deseo y la convicción, que siempre es política.
Quizá la palabra exacta sea una sola: Argentina.
La presentación
Escritos sobrevivientes y compila una serie de textos producidos en un taller de escritura que tuvo lugar en MU durante 2024. Estos relatos abordan historias marcadas por lo que el grupo denomina «subjetividad sobreviviente». El resultado es un conjunto de textos poéticos, políticos y filosóficos, de una potencia y belleza conmovedoras.
Participan: Rufino Almeida, Margarita Fátima Cruz, Graciela Daleo, Lucía Fariña, Mercedes Joloidovsky, Eduardo Lardies, Susana Leiracha, María Alicia Milia, Claudio Niro, Silvia Irene Saladino, Stella Maris Vallejos e Inés Vázquez.
Así lo resumen sus autoras y autores: «Un grupo de compañeras y compañeros, ex detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, nos reunimos en un taller de escritura para crear textos enfocados en la subjetividad sobreviviente, mientras la voz del poder alimenta el negacionismo y la reiteración del sufrimiento popular por variados medios».
El libro se presentará el próximo viernes 28 de marzo a las 20 horas en Mu Trinchera Boutique, Riobamba 143.
Podés conseguirlo desde hoy, 24 de marzo, también en MU.

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La Justicia esquiva la causa por el disparo a Pablo Grillo: “Hasta ahora no se investigó nada”

La recuperación de Pablo “es muy rápida” pero la investigación sobre su intento de asesinato, muy lenta, o directamente inexistente. Qué dijo el padre hoy frente al Hospital Ramos Mejía donde Pablo sigue pelando por su vida, aún en terapia intensiva pero con avances prometedores, y las abogadas del caso que presentaron ante la Justicia: primero Servini de Cubría y luego el candidateado a la Corte Ariel Lijo rechazaron la causa, y ahora se sortea en la Cámara Federal de Casación a qué juez le tocará investigar a quien le disparó y a sus superiores jerárquicos. Los dichos de Adorni en conferencia de hoy, y quién cortó el diálogo con la familia; las pruebas que se pidieron y las que se aportaron; y el texto de la presentación judicial en la que la familia pide ser querellante, con las pruebas que aportamos desde decenas de medios, fotoperiodistas y organizaciones sociales.
Por Francisco Pandolfi
Pablo Grillo todavía no está fuera de peligro, pero la mejoría día a día, paulatina y constante, le permite a la familia hablar ya no sólo de su estado de salud. Hasta hoy, el único foco era la supervivencia de este fotógrafo de 35 años impactado por una granada de gas lacrimógeno, fuera de toda legalidad, por las fuerzas de inseguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich.
La pérdida de masa encefálica y la fractura de cráneo con la que llegó de urgencia al Hospital Ramos Mejía –el miércoles 12 de marzo, cuando se desató la represión en la marcha por las paupérrimas condiciones en las que viven las y los jubilados–; la primera operación esa misma noche en la que se bajó la presión intracraneal y se le reconstruyó algo del tejido. Las pupilas que empiezan a reaccionar bien. La merma en la sedación. Los primeros movimientos – prematuros e inesperados por los propios médicos–. Otra operación por un derrame que es revertido a tiempo. La baja de los glóbulos blancos como síntoma de la baja en la infección. Y a solo una semana del disparo, Pablo abre los ojos. Y le sacan el respirador para ver cómo reacciona y lo hace agarrándole la mano a la mamá. Y por si fuera poco le susurra las palabras más hermosas a su papá: “Hola, viejo”.
Pablo continúa en terapia intensiva, en estado crítico, pero respondiendo bien neurológica y físicamente. “Es asombroso el nivel de avance que tuvo”, dice Fabián, su viejo, con los ojos emocionados e incrédulos por la mejoría impensada en tan poco tiempo. Esa sucesión de buenas noticias las que posibilitan a la familia convocar este viernes a una conferencia de prensa «para contar novedades en la causa judicial».
Primero, habla Fabián, su papá, sobre la salud de Pablo: “Las novedades son que está estable, por lo tanto es bueno. Está con los ojos abiertos y sigue sin respirador”.
Fabián lleva puesta una remera azul, con letras blancas que dicen: “Justicia por Pablo Grillo”. Se lo nota cansado, pero más distendido. Se ríe cuando cuenta: “Tengo un video con saludos de (Ricardo) Bochini, veremos si los médicos nos permiten que se lo pasemos. Si lo escucha al Bocha, va a volver a hablar seguro Pablo”. Mantiene los pies sobre la tierra: “Todavía la situación es grave: está en terapia y con riesgo de vida. Pero en ese marco todo lo que estuvo ocurriendo es favorable. A todos nos sorprendió su evolución. Incluso los médicos manifiestan que la evolución que está teniendo es asombrosa. Es muy rápida”.
Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el diálogo con la familia quedó roto desde que el padre de Pablo acusó a Bullrich de ser cómplice. Fabián le responde: “Nosotros no cortamos nada porque nunca existió el diálogo. Lo mío fue una respuesta a una declaración mentirosa de Bullrich, por tanto si es que alguien cortó el diálogo fueron ellos. Yo estoy dispuesto a escuchar, si alguien me llama”. Y agregó: “A esta altura no lo espero (ese llamado). Espero poco. Pero demostraría que tienen todavía un grado de humanidad”.
En relación a las mentiras de Bullrich sobre el trayecto del proyectil, expresó: “Me da vergüenza la forma en que fue acomodando la mentira. La va acomodando a medida que la realidad se lo desmiente, es hasta absurdo, burdo, grotesco: no sé que palabra utilizar”. Cuando le preguntaron si le diría algo al gendarme que, según los elementos reconstruidos hasta el momento, sería quien disparó (presuntamente, el cabo Guerrero), afirmó: “Personalmente no le diría nada. Sí lo vamos a decir de forma jurídica. El mejor diálogo que podemos tener con esta gente es en lo judicial”.
La causa, sin avances
Fabián estuvo acompañado por Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y a Paula Litvachky, del CELS, organismos que patrocinarán legalmente a la familia, que este 21 de marzo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida en cuenta como querellante en la investigación judicial.
Lo más importante de la causa hasta ahora: desde el 12 de marzo “no se investigó nada y reclamamos que se empiece a investigar urgente”. Las abogadas cuentan el por qué: “La causa iniciada por la denuncia de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) que dio inicio a la instrucción estaba presentada en el Juzgado 12 de Ariel Lijo, quien se la devolvió a la Jueza Servini de Cubría, que otra vez la rechazó. Ninguno de los dos quiere hacerse cargo de la investigación. Ahora irá a sorteo para definir quién la sigue. La Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver”. Agregan: “Hasta ahora el Ministerio de Seguridad dijo que no hará sumarios internos por el accionar de su Fuerza, lo que refleja el encubrimiento”.
La causa aún no tiene carátula porque no está radicada en ningún juzgado. La denuncia presentada es por tentativa de homicidio agravado, por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.
Dice Paula Litvachky, del CELS: “Es muy importante que la causa salga de este limbo judicial y se inicie el pedido de pruebas antes de que pase más tiempo”.
Dice Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos: “Esperamos que en estos primeros 9 días en los que no se hizo nada, no haya ninguna prueba que se haya destruido, modificado, alterado. Hay cámaras del Gobierno de la Ciudad que tienen un tiempo de duración determinado, o de negocios que también se van borrando y si no las pedís inmediatamente después ya no están. Es vergonzoso que un hecho así no lo esté investigando nadie”.
Las abogadas pidieron una serie de pruebas. Las más relevantes: “Quién dio las órdenes, cómo se manifestaron esas órdenes y cuáles fueron, antes y después del impacto; cuál fue el protocolo que se aplicó, quienes integraban el equipo donde estaba incluido el cabo Guerrero y qué órdenes se le impartió a ese grupo en particular; qué armas utilizaron”. También exigen que se lo llame a indagatoria a Guerrero. “Ya hay suficientes elementos para hacerlo”.
Completa Paula Litvachky: “Hicimos una presentación con los hechos, tenemos un montón de pruebas para que se reconstruya ese tramo del operativo de modo tal que se pueda tener la responsabilidad de quién disparó y de toda la cadena jerárquica”.
Concluyen ambas: “Las pruebas están. Nunca hubo tanto registro fotográfico y audiovisual. Necesitamos el acompañamiento social para empujar a que se haga justicia y que no quieran desviar el foco de la investigación”.
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La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (81 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.
Por Franco Ciancaglini.
La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo.
En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso.
“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.
La que habla es una de sus hijas, Paula.
El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10.
Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 81 años.

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.
El arma y la palabra
Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.
Es jubilada.
Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.
Tiene tres hijas.
Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.
Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.
Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.
La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.
Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.
El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.
Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.
Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.
Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.
“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.
Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.
Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.
Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.
Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.
La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”.
¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.
La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.
¿Necesitan algo? “Sí: paz”.