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Las fábricas de derechos

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Gisela Bustos forma parte del movimiento que ha logrado que las empresas recuperadas presenten nuevamente en 2022 un proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas. Es parte de una estrategia para cambiar una inercia nacional: la del desconocimiento, ninguneo e indiferencia hacia un movimiento que logró, con trabajadoras y trabajadores concretos, organizados en cooperativas, de modo autogestivo, poner en marcha más de 400 fábricas y empresas en las que la gestión patronal había resultado un fracaso.

Todo eso ocurrió durante uno de los fracasos históricos del país, el que cruzó la frontera entre el siglo 20 y el 21, del menemismo al delarruismo con el neoliberalismo como bandera, en medio de la mayor desocupación y recesión de la que se tenga memoria. 

Gisela Bustos es hija de esa historia, que en el tiempo presente la instaló en lugares entonces inesperados: es la Directora de Fomento y Evaluación de Proyectos del INAES (sigla del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que reúne al mundo cooperativo y mutual del país).

Las fábricas de derechos
Lina Etchesuri para lavaca

“Cuando yo trabajaba en la metalúrgica 19 de Diciembre, incluso como abogada, el INAES era para mí el lugar al cual venir a reclamar la matrícula de las cooperativas del MNER (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas). Ni siquiera sabíamos que había un despacho como este, una Dirección con herramientas para el fomento de las cooperativas. Hoy al menos puedo decir que tenemos el 100% del presupuesto que nos corresponde ejecutado”.

Bustos ha sido una de las voces del MNER durante la presentación del proyecto de Ley en Diputados, junto a Eduardo Vasco Murúa, titular de la Dirección de Programas de Inclusión Económica del Ministerio de Desarrollo Social, (más nombrada como Dirección de Empresas Recuperadas). En ambos casos, el rol de funcionarios se da paralelamente a la participación en un movimiento social.

¿Cómo describir la relación entre esa militancia y la función estatal? Gisela ríe: “De amor-odio. Digamos: es una relación de tensión, nunca de comodidad. Algunos sectores querrían que sea de subordinación, pero nunca lo va a ser. Las recuperadas tienen un aporte muy importante que hacer a la economía social y popular. Tenemos que seguir trabajando en cada fábrica y también en los espacios institucionales para correr los límites que muchas veces nos quieren imponer. Ese es nuestro trabajo, para lograr cosas concretas”.

La historia de Gisela corre entrelazada a las empresas recuperadas desde su trabajo cotidiano de los últimos 20 años hasta su doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Morón, aprobado con la tesis Ocupar, Resistir y Producir Derechos, publicada luego por la editorial Ciccus.

“Un tema que busqué resaltar es la relación entre los derechos del trabajo con los derechos humanos. Tenemos la mirada puesta en la dignidad, la solidaridad, el bien común. Pero no es una teoría romántica, algo abstracto o poético. Hablo de algo que se percibe apenas se conoce cada una de estas experiencias”.

De la asamblea a la metalúrgica

Vivió siempre en Adolfo Sordeaux, Malvinas Argentinas, Los Polvorines. Gran Buenos Aires en estado puro. Padre ya jubilado que fue administrativo en una fábrica, madre profesora de yoga y gimnasia, hermano que estudió para contador, y Gisella entró a abogacía.

Todo tranquilo, parecía, hasta que llegó el 2001: “Me llegó la movilización tremenda de esos días. En mi casa nadie hablaba de política, había un temor, el no te metas. Algo que les venía desde los 70. Pero el 2001 se llevó todo puesto. De repente, el pueblo estaba en la calle”. Apareció la asamblea vecinal, Gisela corrió hacia allí. “Había mucho impulso de compañeras de un partido trosko, el MST, que después tuvo varias rupturas. Yo empecé a militar con ellas. Había que salir o salir, organizarnos. Éramos los dueños de la calle, de las plazas, existía la idea de estar en la discusión y en la toma de decisiones. Eso ya no era cosa de otros: era cosa nuestra”.   

Se sumó a las calles, a las plazas y al partido. “La idea de las compañeras era participar, empujar, y también captar, y yo me sumé, obviamente. En esa militancia, fue que acompañamos el conflicto de la autopartista 19 de Diciembre. Esa fecha de 2002 se había tomado la fábrica. Hubo un festival solidario, pero cuando conocí esa empresa quedé enamorada, porque esos compañeros hacían todo lo que realmente había que hacer. Recuperaban los medios de producción. Yo sabía lo poco que me habían dado para leer, algo de Marx, algunas discusiones… pero en la 19 de Diciembre estaba todo sintetizado. Se apropiaron del lugar para no quedar en la calle, y autogestionaban la empresa en medio de ese contexto de movilización popular”. Gisela se recibió de abogada en 2003 y en 2006 entró a la fábrica a la parte contable. Al poco tiempo la asamblea decidió que fuese abogada de la cooperativa. Y finalmente en 2010 ingresó como socia. “Me fui del partido, porque en las sucesivas rupturas que iba teniendo no daba respuesta para la experiencia de las fábricas recuperadas. Yo veía una cosa dogmática aferrada a planteos de 150 años atrás. No sé si era el partido en sí, o quienes lo manejaban. Yo decía: ‘amigo, aggiornate, no sigas cargando la cosa en los muertos, animémonos a debatir los que estamos vivos, a discernir, a polemizar”.

¿Quiénes son desclasados?

Recuerda debates raros. “En el partido me decían ‘ustedes son unos desclasados, los trabajadores de una empresa recuperada ya no tienen patrón. Entonces, si no tienen patrón, ya no son trabajadores sino pequeño burgueses’”.

El planteo –dirigido a los obreros metalúrgicos de la 19 de Diciembre por parte de militantes partidistas– merecería formar parte de alguna antología futura de Capusotto y Saborido.

“En un momento dije basta. Las discusiones en el partido eran para participar y empujar, yo lo comprendo, así como para captar gente. Pero al estar ya en contacto con fábricas concretas, como en el partido yo veía que no entendían, decidí irme a trabajar directamente al MNER”. Una sorpresa en el relato”: El primer apoyo  concreto para la 19 de Diciembre llegó de La Bella Flor” cuenta Gisela en referencia a la cooperativa de reciclado de basura de José León Suárez. “Es toda una red de organizaciones que hay en San Martín. Tenemos incluso una Mesa de Recuperadas”. Eso hizo que ella se hiciera cargo como abogada de un número cada vez mayor de fábricas y empresas que buscaban una especie de utopía práctica: que las reconocieran formalmente para poder trabajar.

Empapelados de subsidios

Gisela empezó a observar cómo desde ámbitos externos a las empresas y fábricas recuperadas se hablaba y teorizaba sobre ellas. “Pero nuestras humildes empresas tenían mucho para aportar a lo que hasta la OIT (Organización Internacional del Trabajo) incluyó en sus informes sobre el futuro del trabajo. Pero a la vez me hacía pensar: ¿nosotros no tenemos nada para decir? En 2019 todavía estaba el gobierno de Macri, con el que estábamos obtuadísimos, pero se hizo un congreso en España de la OIT, presentamos una ponencia, nos convocaron a exponerla allí mismo para contar cómo fue que recuperamos las fábricas y las venimos sosteniendo durante más de 20 años. En Europa eso solo había ocurrido en momentos efímeros, la experiencia aquí ha sido totalmente diferente en el tiempo y en los resultados”.  

Como abogada se hizo cargo o colaboró con otras empresas, seguía siendo docente pero finalmente todo se volcó al MNER. “Y en la 19 de Diciembre además creamos un Centro cultural, la biblioteca Popular, cosas abiertas a la comunidad y que los mismos compañeros se plantearon como una forma de devolverle al barrio la ayuda que habían tenido durante la recuperación de la fábrica”.

Sobre el anterior gobierno kirchnerista define: “Fuimos muy críticos de todo lo que faltó. Y no hablo de algo coyuntural, o de dinero. Lo que faltó fue el reconocimiento histórico. Y eso es que había muchos intereses de fondo. Como que la política era: te empapelo de subsidios pero no te reconozco. Ahí había alta tensión. Como que la pregunta era: ¿pueden los trabajadores arrebatarle al patrón una fábrica, y además autogestionarla? Eso es lo que mucha gente no aceptaba, y es la prueba que las empresas recuperadas de Argentina pasaron sobradamente. Y eso es mucho más que lo que aguanta mucho progresismo que se queda en lo cosmético”.

En esos tiempos pre 2015 las empresas podían acceder a algunas líneas de subsidios. “Pero nosotros queríamos que nos compren producción para poder trabajar, y lograr el histórico planteo de leyes de expropiación. Hoy seguimos sin una normativa que nos reconozca de fondo. Seguimos con parches”.

Cooperativas y propiedad privada

En 2020 en plena pandemia, ya con Murúa en la dirección de empresas recuperadas, el MNER presentó un primer proyecto de Ley Nacional de Recuperación de Unidades Productivas. “Tampoco es que inventamos la pólvora, sino que el proyecto toma ideas anteriores y las actualiza. Pensamos que en pandemia era muy importante dotar de la mayor protección posible a los trabajadores de las cooperativas, pero el proyecto no tuvo tratamiento”.

La idea que plantea bustos: “No queremos que se expropie para que la empresa pase a ser de la cooperativa. Queremos que el Estado expropie, tome ese dominio, esa propiedad, y le ceda el uso a la cooperativa en tanto la cooperativa siga adelante con su proyecto productivo autogestionado, e incluso con la función social que desarrolla en la comunidad a través de los bachilleratos populares, centros culturales, escuelas, jardines, radios comunitarias y tantas cosas más. Pero así quitamos el concepto de propiedad privada, ver quién se queda con la empresa”.

Dice Gisela que eso no está en debate en este proyecto: “Lo que ponemos en debate es el derecho al trabajo. “Y en las propias cooperativas han estado de acuerdo con que ese era el camino. Los trabajadores no quieren quedarse con la propiedad, sino con la posibilidad de trabajar. Y eso me consta y lo puedo decir porque es lo que hemos discutido con mis compañeros”.

Ese derecho al trabajo es lo que se conoce como un derecho puente: “El que te permite el acceso a otros derechos. Al poder trabajar tenés acceso a otra calidad de vida, el esparcimiento, el disfrute”.

Lo esencial es invisible

En el INAES Gisela comenzó su gestión con el ya fallecido Mario Cafiero como presidente, sucedido por Alexandr Roig. “La pelea que tanto en la dirección del Vasco como acá podemos dar es intensa: tratar de traccionar para que el Estado escuche más los planteos de los protagonistas de todo esto que son los trabajadores. Y que entonces lleve adelante políticas públicas que se necesitan. De nuevo: no hay que inventar la pólvora. Se trata de escuchar y tratar de dar respuestas”. Su rol involucra desde el INAES no solo a las recuperadas sino a todo lo que incluye la economía solidaria y popular, cooperativismo, mutualismo”.

Este año se está impulsando además el ReNacER, Registro Nacional de Empresas Recuperadas. “Es algo que no existía, y no es por nada que no existía en el Estado un registro de las empresas: era una forma más de invisibilizarnos, de ignorarnos. Íbamos a reclamar y nos decían: ¿cómo sabemos quiénes son las empresas recuperadas? En 20 años, nadie había hecho un registro oficial. Esto lo estamos haciendo de forma colaborativa, es una herramienta disponible”. El ReNacER permite que las empresas se anoten y entren en diálogo con la Dirección que encabeza Murúa.

Calcula Gisela que por ahora puede considerarse que existen unas 400 unidades productivas recuperadas en el país, que ocupan a 18.000 personas. El registro permite detectar que el rubro metalúrgico (muy fuerte en las primeras recuperaciones alrededor del 2000) se ha ido diversificando, del mismo modo que la participación femenina en las cooperativas de trabajo.

¿Vale fabricar balas?

Otro dato: “Las empresas recuperadas tienen una baja tasa de mortalidad, lo cual significa que las brutales criis que atraviesa nuestro país no se tradujeron de forma lineal en arrasar empresas recuperadas, como sí pasó con las privadas. Y eso ocurre porque nosotros tenemos otra elasticidad frente a la crisis, una forma de encararlas que surge de valores que no son el lucro. Acá se bancan las situaciones, se reparten de forma solidaria las horas de trabajo y los ingresos. Y obliga a crear, a hacer un poco de magia”.

¿Por ejemplo? “En la crisis global 2008-2009 cayó la industria automovilística. La 19 de Diciembre es autopartista. ¿Qué íbamos a hacer? Nos inventamos unas pinzas magnéticas para sacar las piezas de los balancines (las máquinas que cortan las chapas) reciclando un montón de cosas que había en la fábrica. Fue un éxito, hoy todavía seguimos vendiendo esas pinzas”. Otras magias: “Como el Estado no podía comprarnos autopartes, ls fabricamos canastos de basura, cartelería y hasta piezas para la construcción de viviendas”.

En ese momento les propusieron además fabricar casquillos de balas para las fuerzas de seguridad. Sorpresa: “La asamblea lo rechazó. No es que sobrara plata, pero la asamblea planteó que no estaba de acuerdo con esa provisión para el Ministerio de Seguridad, sabiendo las veces que todo eso fue usado contra los propios trabajadores”.

Las fábricas recuperadas tienen sus consejos de administración, pero las decisiones fundamentales se toman en asamblea. Eso permite críticas por una supuesta ineficiencia. “Es falso. Lo ineficiente es si la fábrica está en asamblea permanente. Nuestro lema es Ocupar Resistir y Producir. Y producir con calidad, con autodisciplina.  Y producimos no solo lo que hace la fábrica, sino que también tenemos que producir reflexiones, derechos, debates. Es mucho que producir, y eso lleva a una organización. No es la caricatura de decir que hay que hacer asamblea para cambiar el foquito del baño. Lo que sí hace la asamblea es abrir la discusión al conjunto y así hemos sorteado las crisis más difíciles debatiendo, conversando y viendo colectivamente cómo encarar las cosas”.

El sexo del Estado

Cree Gisela que el futuro del trabajo no es necesariamente la precarización y el empobrecimiento, “sino uno que tenga como centro a la mujer, al hombre, a la comunidad, para pelear por la defensa de los derechos. Se viene todo un avance tecnológico frente al cual tenemos que preguntarnos cómo ponerlo al servicio de los derechos de los trabajadores. Tal vez sea reducir la jornada laboral. Es algo a debatir. Pero yo creo que se puede lograr trabajar en mejores condiciones, e incluso menos, porque no hay una crisis de la riqueza. Todo lo contrario: hay mucha riqueza, pero mal distribuida. Entonces hay que ponerle una mirada social, solidaria y popular al tema de la riqueza. Qué pena que muchas veces los sindicatos no propicien estos debates. Pero nosotros tenemos la mirada puesta en los derechos, la dignidad, la solidaridad, pero no como algo teórico o abstracto ni romántico. Es una solidaridad concreta para generar trabajo incluso a quienes fueron expulsados del sistema educativo”.

La invisibilización, considera, viene a varias bandas: “Los empresarios no nos pueden ver con simpatía”. Previsible: las cooperativas hacen funcionar experiencias productivas en las que los propios empresarios fracasaron.  

“Y el Estado tampoco nos ve con buenos ojos, necesariamente. No es un Estado asexuado, no ha dejado de ser durante décadas el que maneja los hilos que responden a ciertos intereses del sistema capitalista. Por eso ahora es importante consolidar los avances que se están teniendo, para que se transformen en nuevas políticas de Estado”.

Sobre la confianza en que eso ocurra. “Nosotros no confiamos en nadie más que en nuestros compañeros, compañeras, y en nuestra movilización. Tenemos que seguir trabajando hacia adelante en las fábricas y empresas, en los espacios institucionales, correr los límites que tenemos y que nos imponen”.

Tenedores para la sopa

Gisela pone un ejemplo de las tradicionales políticas estatales: “Llueve sopa y me regalás un tenedor. Te digo que no me sirve, me lo sacás y me pegás con el tenedor. Si fuera que me arreglaste la vida, todo bien. Pero no es así, entonces hay que bajar un poco, y aprender a escuchar y a dialogar”. Tiene en la oficina imágenes de Santa Rita, Perón, Marx, el Che, un Gauchito Gil y otra imagen de Diego Duarte, adolescente desaparecido en 2004 en los basurales de José León Suárez.

Tiene una frase del Papa Francisco: “¡Las cooperativas lo desafían todo, incluso desafían la matemática pues, enuna cooperativa, uno más uno da tres! Y enuna coooperativa un fracaso es medio fracaso. Eso es lo bonito de las cooperativas”.

Gisela propone: “Somos muy cabeza duras, pueden invisibilizarnos, ignorarnos, pero nunca van a poder dejar de reconocer que somos cabeza duras, consecuentes. No lo digo, como te decía antes, por una mirada romántica. Lo digo por una mirada situada. ¿Estamos hablando de héroes anónimos? Sí, no te podés perder esa parte de la película, o de la realidad, por estar en un laboratorio. Si eso lo entendieran los que tienen cargos, funciones y posibilidad de tomar decisiones, estaríamos mucho mejor. Para eso se necesita humildad y diálogo… tampoco son cosas tan difíciles”.

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Hasta siempre, Mirta

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Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.

Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.

Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.

Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.

Gracias, Mirta.

Presente, ¡ahora y siempre!

Hasta siempre, Mirta

Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca

24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca

Hasta siempre, Mirta

Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca

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S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

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Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.

Por Francisco Pandolfi

Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan. 

Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.

La salud de quienes cuidan la salud

Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020: 

–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.

–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.

–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá. 

Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil). 

Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.

La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.

El sueldo más bajo de la historia 

Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos. 

Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”. 

Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.

Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”. 

Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.

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Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.

El éxodo de trabajadores

Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”. 

Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.

Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”. 

Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”. 

Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”. 

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Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.

El ministro que nunca pisó el hospital

El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.

Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.

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A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.

La resistencia

Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.

Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego. 

Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.

Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.

Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.

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Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial

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La comunidad originaria kolla de Guerrero, al sur de la provincia, fue desalojada este martes en medio de una violenta y desproporcionada represión policial: “Casi 200 policías para un puñado de mujeres, niños y ancianos”. Hubo detenciones y vejaciones: “Les hicieron sacar toda la ropa; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas”. La complicidad entre la Justicia y el poder político. La figura del empresario de medios y ex vicegobernador peronista Guillermo Jenefes, cuya familia reclama esas tierras. La voz de la comunidad desterrada, que hace siglos vive en ese territorio: “Pasaron las topadoras por nuestras casas, por nuestra chacra. Arrasaron con todo, no quedó nada”.

Por Francisco Pandolfi

En Jujuy, a la gente originaria la destierran de su tierra, por ejecución de la policía, por orden de la Justicia y por decisión de la política. 

Los desalojos de las comunidades indígenas no son una excepción, sino una regla a piaccere de quienes manejan la provincia del norte del país. Fueron moneda corriente en la última parte de la gestión de Gerardo Morales. Y lo son desde que el pasado 10 de diciembre lo reemplazó Carlos Sadir, quien fuera su Ministro de Hacienda y Finanzas. Este martes, cinco familias campesinas fueron arrancadas de su tierra ancestral en la localidad de Guerrero, al sur de la provincia de Jujuy, a 20 kilómetros de la capital, San Salvador. Una comunidad que contaba con personería jurídica desde 2008, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con el plano catastral que marcaba los límites de su territorio, publicado incluso en el Boletín Oficial de la Nación (resolución 62/2018). Ni ese marco legal impidió un operativo violento y descomunal conformado por más de 150 policías, luego que la jueza Lis Valdecantos Bernal, a cargo del Juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ordenara el desalojo.

No se trata de un terreno más. Detrás de este desalojo se encuentra la todopoderosa familia Jenefes, que reclama las tierras como propias. Guillermo Jenefes fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015, en la administración peronista de Eduardo Fellner. En ese lapso, nombraron a la Valdecantos Bernal como jueza. Guillermo Jenefes también fue uno de los constituyentes que votó a favor de la Reforma (in)Constitucional que el radical Gerardo Morales impuso el año pasado a espaldas del pueblo. Guillermo Jenefes además es un robusto empresario de medios de comunicación de Jujuy. Juan, su hijo, denunciante de la comunidad indígena, es diputado provincial por el PJ.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Arrasa-miento

Lorena Durand integra la comunidad kolla de Guerrero recientemente despojada. Cuando la contactamos desde lavaca, pidió si la podíamos llamar “en quince minutos” porque estaba entrando al colegio de sus hijos a justificar por qué no fueron a clase esta semana. Se la nota agitada. Con un dejo de agotamiento en el habla y en la respiración, que persiste en el aire cuando termina cada oración. Minutos después, lo primero que dirá son dos palabras, con múltiples significados: “Acá estamos”.

El acá estamos literal es en el portón de ingreso de su comunidad. “Nos acercamos a pedir por nuestros animales. Y a darles agua y comida, pero no nos dejaron. Además de animales grandes, como vacas, caballos y ovejas, quedaron gallinas, gatos y un corderito al que estábamos dándole mamadera. Una abogada proteccionista nos está ayudando y logró que nos los entreguen, aunque por tandas. Ayer nos devolvieron algunas perras, en un estado deplorable, golpeadas, asustadas. De 30 gallinas nos dieron 11, todas muy lastimadas. La Policía demolió nuestras casas, pasaron las topadoras cuando la orden judicial decía solamente desalojar. No deberían haber tocado las viviendas y creemos que en esa demolición aplastaron a muchos animales”.

El acá estamos, Lorena también lo dice suspirando injusticia y una lucha que seguirá, ahora sin un techo donde vivir, y en una abismal desigualdad de condiciones. Habla de corrido, como quien necesita diseminar lo que está pasando lo más rápido y contundente posible. “Los animales grandes no los vamos a sacar, porque sacarlos sería perder nuestra posesión y no lo vamos a hacer”. Y repite, porque cree que hay oraciones que necesitan subrayarse: “Y no lo vamos a hacer. Nosotros acá estábamos en uso y posesión de nuestra tierra, vivíamos, teníamos árboles frutales, nuestra chacra y los animales, que son nuestra principal fuente de ingreso. Todo fue arrasado. Todo. No quedó nada”.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Jenefes, el patrón

De fondo, se escuchan los bocinazos de gente autoconvocada que se acercó a apoyar a las familias. Hay mucho ruido en este desalojo: “Somos una comunidad aborigen con reconocimiento nacional, pero en Jujuy Guillermo Jenefes maneja absolutamente todo: el poder político, la policía, todo, todo, todo. Él quiere sacarnos del terreno para fraccionarlo y venderlo; al resistir estamos yendo contra el gran patrón de la provincia”.

Lorena argumenta: “Nosotros no somos una comunidad improvisada como él nos quiere hacer ver, no estamos fuera de regla. Hasta tenemos personería jurídica otorgada a nivel nacional. Figuramos en el ReNaCI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y en el ReTeCI (Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), además de tener nuestra carpeta técnica aprobada por el Estado Nacional. Desde Buenos Aires mandaron un equipo técnico y corroboraron nuestra existencia y preexistencia en este lugar, donde estuvieron nuestros antepasados mucho antes que cualquiera. Pero hoy, con el poder y el dinero que tiene, Jenefes hace lo que se le antoja”.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Una peli de terror

El martes a la mañana arremetió un operativo encabezado por efectivos del CEOP (policía provincial), con más de diez patrulleros, caballos y armas de fuego. Detuvieron a seis integrantes de la comunidad “por resistencia a la autoridad” y los liberaron algunas horas después. Cuenta Lorena: “Nos pasaron por encima. Vinieron casi 200 agentes para desalojar a un puñado de mujeres, niños y ancianos. A mi nene de 10 años le doblaron los brazos hacia atrás. Fuimos violentados y vulnerados, la situación fue totalmente caótica y traumática. Se llevaron a dos personas mayores de 70 años, sin comida, ni bebida, incomunicados. A mi esposo y a mi primo los golpearon, los vejaron, les hicieron sacar toda la  ropa “para buscarles los celulares”; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas. De terror la violencia que generaron, no hay palabras para describir lo que pasamos”.

Hay más. Clemencia Farfán tiene 99 años y vivió allí toda su vida. Es la abuela de Lorena: “La sacaron de la cama donde estaba, la empujaron a su silla de ruedas y la llevaron afuera, le cerraron las puertas de su propia casa y la pusieron de espaldas a su tierra. Fue terrible lo que hicieron y con muchísima brutalidad”. Su abuelo Carlos falleció hace tres años y está enterrado en su territorio. “El mayor miedo que tenemos es que saquen el cadáver de nuestro abuelo. Nos dieron 72 horas para que lo saquemos. ¿Cómo vamos a sacarlo de su tierra? Ellos están tratando de borrar todas nuestras huellas, causando el mayor daño posible antes de que regresemos a nuestro hogar, porque saben bien que hicieron las cosas mal, que la orden de la jueza está totalmente fuera del orden constitucional”.

Un puñado de kollas

La vocera de la comunidad asegura que la jueza Lis Valdecantos Bernal firmó el desalojo porque Jenefes, cuando era vicegobernador, la nombró en ese cargo. “Le pagó el favor y puso una firma donde no había argumento, pero Guillermo Jenefes mueve los hilos de todas las marionetas: el Poder Judicial, la Policía y el resto de los políticos. Él hace ostentación de su poder, a diestra y siniestra, sin importarle nada”.

La disputa la tierra lleva 17 años sin ninguna resolución: Explican desde la comunidad: “Si Jenefes tuviese algún papel que demostrase que es suya o de su familia, ¿alguien podría creer que el conflicto jurídico seguiría? No, nos hubieran sacado desde un principio. No hay ni un papel que corrobore que el terreno es de él, pero la jueza debió pagar el favor. Este hombre es dueño del canal 7 –la única señal que llega a todo Jujuy– y tiene mucha injerencia en el canal 4, por eso en la provincia no se nos abren los micrófonos”. 

Además de un posible negocio inmobiliario, en zona de majestuosas yungas, pura vegetación verde y cerros, Lorena apunta a otro foco de la persecución: “Jenefes es una persona cuyo orgullo no le permite mirarnos como iguales. Odia que un puñado de kollas ose pararse delante de él, mirarlo a los ojos y decirle: ‘Vos no sos mi patrón’. El país tiene que saber que los desalojos a las comunidades originarias están siendo cada vez más frecuentes. Los terratenientes están tomando un impulso que debemos frenar. Lo que nos hicieron debe ser la gota que rebalsó el vaso”. Concluye, desde la puerta de su comunidad, aunque del lado de afuera del portón: “Somos la comunidad aborigen de Guerrero, pertenecientes al pueblo kolla, de piel oscura y estamos orgullosos de serlo. Acá estamos, y acá estaremos”.

Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial

Fotos: comatoconvocada.jujuy

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