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Más humo para los humedales: dictamen político que atenta contra los bienes comunes

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Juntos por el Cambio logró imponer un proyecto que no avalan las organizaciones sociales y científicas ni las comunidades que reclaman hace más de 10 años una ley que defienda esos espacios cruciales para la vida y el clima en todo el país. Desde las organizaciones se advierte que ni el dictamen mayoritario ni (en menor medida) el del Frente de Todos reflejan una Ley adecuada para cuidar genuinamente los humedales en riesgo. El despacho de mayoría no aplica, por ejemplo, el principio de no regresión en materia ambiental y, en caso de controversias, los principios «in dubio pro aqua» e «in dubio pro natura», en favor de la protección de los humedales que ya forma parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Las respuestas de la diputada Camaño, y el silencio del oficialista Germán Martínez. En qué puntos el dictamen mayoritario retrocede con respecto a lo que se venía consensuando con las organizaciones de la sociedad civil. Por Anabella Arrascaeta.

Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado: Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano presidida por Leonardo Grosso (Frente de Todos); Agricultura y Ganadería presidida por Ricardo Buryaile (UCR); y Presupuesto y Hacienda presidida por Carlos Heller (Frente de Todos).

Pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría fue el del Frente de Todos que, en consenso con las organizaciones, consiguió 47 firmas. Pero varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron: Daniel Brue y Nilda Moyano, de Santiago del Estero; Pamela Calletti, de Salta; Silvina Ginocchio y Anahí Costa, de Catamarca; Fabiola Aubone, de San Juan; María Parola y Nelly Daldovo, de Formosa; Liliana Paponet, de Mendoza; y el ex gobernador de La Rioja, Sergio Casas.

Esos 10 votos hubieran dado una victoria al dictamen minoritario, un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales y ambientales y las comunidades afectadas por este tipo de políticas de destrucción de la naturaleza.

Dictamen regresivo

Ivo Peruggino, integrante de la Multisectorial Humedales, se refiere así a los dos dictámenes que se firmaron ayer, el de mayoría empujado por la oposición y el de minoría, empujado por el oficialismo. “Lo riesgoso es que ninguno de esos dos dictámenes es el proyecto consensuado entre la comunidad científica, la academia, entre quienes habitan los territorios y las organizaciones socioambientales”.

Agrega que el dictamen de mayoría “es totalmente regresivo en cuanto a la protección ambiental” y el proyecto de minoría era el acordado “pero se le hicieron modificaciones de último momento que no fueron consensuadas con las organizaciones de la sociedad civil”. 

Las alertas

Sobre la diferencia entre los dos dictámenes la diputada Graciela Camaño sostuvo en diálogo con lavaca que el proyecto impulsado por parte del oficialismo, con el apoyo de otros bloques minoritarios, “tenía más conceptualización, claramente la autoridad de aplicación es el Ministerio de Ambiente. Cambiemos lo pone Agricultura y eso es un condicionante muy grande”. 

El fallo de la mayoría rompe los consensos a los que se había llegado durante el 2020 en las extensas jornadas de debate de la ley, y parece poner los intereses económicos por encima de una defensa real del medio ambiente. Ignora incluso los principios de protección de la naturaleza y el agua que forman parte de la jurisprudencia ambiental de la Corte Suprema.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad realizó un análisis de ambos dictámenes y señaló diferencias. «Ambos despachos tienen la misma definición de humedal pero el de minoría aplica el principio de no regresión en materia ambiental y, en caso de controversias, los principios in dubio pro aqua e in dubio pro natura, en favor de la protección de los humedales» plantea el observatorio.

En el dictamen de mayoría, el Inventario Nacional de Humedales otorga un rol más protagónico a la información generada por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, dándoles así mayor incidencia. Este punto es considerado un retroceso ya que las provincias han demostrado que privilegian muchas veces posibles negocios y supuestas inversiones, aunque sean nocivos para los bienes comunes, el medio ambiente o no cuenten con licencia social.

Además no dispone la aplicación de los siguientes principios: Participación, Co-construcción del conocimiento, Equidad territorial y social, Perspectiva del paisaje, Progresividad, Variabilidad espacio-temporal de los humedales, Principio in dubio pro natura, Principio in dubio pro aqua, Principio de no regresión, Resguardo jurídico ambiental. 

Otra alerta: no contempla regulación sobre Monitoreo, actualización y participación ciudadana en el Ordenamiento Territorial de Humedales. Tampoco establece la Responsabilidad solidaria de las personas humanas o jurídicas que hayan suscripto los Planes con datos falsos u omitir datos relevantes.

En el dictamen de mayoría la Autoridad Nacional de Aplicación es conjunta entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el Ministerio de Economía de la Nación, que hoy está integrado por los ministerios de Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Cómo se sigue

Con los dictámenes firmados, el proyecto está listo para ser tratado y votado en el recinto. La oportunidad de que sea este año todavía está latente: ayer el presidente Alberto Fernández extendió mediante DNU las sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre. 

“Me entusiasma que tengamos dictamen, porque eso significa que podemos ir al recinto. Y en el recinto discutiremos el final de lo que vaya a ser la ley, buscaremos el consenso y ver cómo se ganan las mayorías”, expresó Graciela Camaño a esta agencia. 

Consultado por lavaca, el diputado Germán Martinez, presidente del bloque del Frente de Todos, dijo que no iba a responder ni hacer comentarios sobre si el oficialismo va a impulsar que el proyecto sea votado antes de fin de año.

El presidente de la Comisión de Agricultura, el radical Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura durante la gestión de Mauricio Macri, dijo durante el cierre del plenario de comisiones: “Esto no se terminó acá porque el proyecto tiene tres patas y si falta una no funciona. Creo en el equilibrio del triple impacto de un proyecto: social, económico y ambiental, sin esas tres patas no funciona. Hoy faltan las provincias. Debemos escuchar las voces de las provincias”. Así dejó expuesta que su voluntad no es la pronta votación. 

Fue la diputada Romina Del Plá, del FIT-Unidad, quien denunció: “hay lobby de empresas y grandes intereses que condicionan la ley en ambos bloques políticos”.

Mientras tanto, desde los territorios, se sigue reclamando que la clase política salde por fin una deuda que lleva demorada en el Congreso más de diez años, y millones de hectáreas menos. 

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.

Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:

  • “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
  • “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.

Por Francisco Pandolfi

Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia. Fotos: Nacho Yuchark.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.

El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento, parte de los efectos en la salud de las fumigaciones masivas para cultivos transgénicos. Fotos: Nacho Yuchark.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano en las zonas en las que se prohíben los agroquímicos. Fotos Nacho Yuchark

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.


https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

Salud humana y de la naturaleza: lo que está en juego en Pergamino, como caso testigo de tantos lugares del país.
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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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