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Un día de cordura

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Crónica de una jornada agitada en la que simultáneamente se manifestaban diversos conflictos. El lugar común fue decir que este 10 de noviembre fue un día de locos, pero tal vez haya que pensar las cosas que ocurrieron de otro modo. Por Francisco Pandolfi

Las piernas caminan, se multiplican. Los carteles relucen, se reproducen. Los reclamos aumentan. Una masa conjunta para, pero no se paraliza. Avanza. Está en movimiento. Son muchas masas. Son muchas protestas, diversas, pero no antagónicas. La calle arde, en la puerta de la Legislatura porteña; en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; en la Dirección General de Enseñanza Artística porteña; en el Congreso Nacional. Todo sucede a la vez, en simultáneo. No es un día de locos. Es un día de cordura, de argumentos.

La Legislatura porteña, donde ahora mismo se vota el presupuesto 2023, tiene vallas por todos lados. No es ninguna novedad. Es un paisaje tristemente naturalizado. Las rejas separan a las y los legisladores de dos concentraciones, separadas por el monumento a Julio Roca, genocida de pueblos originarios.

Allí es el punto de encuentro de la comunidad educativa: los sindicatos UTE y Ademys mostraron unidad y llevaron a cabo un nuevo paro “por el ajuste en el presupuesto”, que según informaron en el acto central tuvo un acatamiento del 80%. Las consignas que proclaman arriba del escenario y abajo, en las centenares de banderas y cartulinas que sostienen docentes y estudiantes, son varias: “Por más escuelas, vacantes, cargos docentes y alimentación digna”, “Por la titularización de todxs los interinxs y contratadxs”, “Por la jornada laboral docente de lunes a viernes”, “Contra el vaciamiento de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires”. Hay un dato incontrastable al respecto: el presupuesto en Educación pasó de 26,19% en 2007, antes de la asunción de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, al 20,04% que se estima para 2023.

En un vaciamiento estructural de la educación pública que lleva ya 15 años, el gobierno porteño, bien calladito, sigilosamente, acaba de dar otro zarpazo: esta vez, las víctimas directas son los Institutos de Formación Técnica Superior. De manera inconsulta, la Dirección de Gestión del Aprendizaje a lo largo de la vida, dependiente del Ministerio de Educación porteño, acaba de inhabilitar la inscripción a cinco carreras: Gestión Cultural y Pedagogía y Educación Social, en el instituto N° 28; Ceremonial y Protocolo en el N°12; y Administración y Relaciones del Trabajo y Administración Comercial en el N°8. Además, en otros terciarios, la cartera comandada por Soledad Acuña irrumpió, por un lado cambiando los planes de estudio, y por el otro, obligando a la institución a mudarse del edificio.

Gustavo Raide es docente en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº28. Denuncia: “Hace unos días nos llegó una comunicación oficial que a partir del 2023 no se va a abrir la inscripción para dos de nuestras carreras. En Pedagogía Social con orientación en Derechos Humanos, ellos ponen “Recursos Humanos”; se ve que les molestan esas dos palabras. Ellos justifican que nuestras carreras no se engloban en el encuadre económico productivo que tiene la ciudad de Buenos Aires”. En un documento que envía la Dirección de Gestión del Aprendizaje a lo largo de la vida, a los institutos, deja claro sus motivos: “Se ha contemplado el contexto coyuntural imperante a fin de definir la oferta estratégica para la Ciudad de Buenos Aires, priorizando aquella con mayor requerimiento del sector socio-productivo”. A confesión de parte, relevo de prueba… Agrega Gustavo: “Se les solicitó una reunión oficial, pero hasta el día de hoy no nos han respondido. Esto implica que muchos docentes quedemos desafectados, porque los que somos de primer año, ya en 2023 no vamos a tener alumnos, o sea también genera precarización y expulsión de trabajadores”.

Gisela Panduro y Álvaro Rodríguez Batz son estudiantes de Pedagogía y Educación social con orientación en Derechos Humanos del instituto Nº28. Están rodeados de otras alumnas y alumnos de distintos terciarios que acompañan la resistencia. Dice Gisela: “Les estudiantes queremos seguir estudiando y elegir qué carreras estudiar. Decidimos formarnos en carreras socio-educativas y culturales, con orientación en Derechos Humanos porque creemos que otro mundo es posible”. Dice Álvaro: “Nos sentimos excluidos y excluidas; es una decisión totalmente inconsulta, de un momento para el otro. Sentimos una ofensa muy grande que esté direccionado a una carrera orientada en Derechos Humanos. Ante estos embates, vamos a responder con organización. Es importante dejar en claro que esto no sólo ataca a la comunidad educativa, sino a la población con la que trabajamos que en su mayoría vive en situación de vulnerabilidad”. Desde arriba del escenario se aplaude a los terciarios y el grito al unísono no tarda en nacer: “Queremos estudiar, queremos estudiar”.

El Instituto de Formación N° 20, por ahora, está emplazado en Gurruchaga 739, en el barrio porteño de Villa Crespo. Tiene contadas las horas ahí. Hugo Figueroa es docente de portugués. “Cuando llegué la semana pasada me encontré que había rumores de cambio de lugar. Estaba el rector Alejandro Mazzuco, hoy de licencia porque a su vez es supervisor. Él trabaja en la dirección de Formación Técnica Superior, al lado de la directora, así que es imposible que desconociera una situación que se viene cocinando hace mucho tiempo. Me dijo que no me preocupara, que no había ninguna resolución. Sin embargo, en la carrera de Turismo Sustentable y hospitalidad ya eliminaron varias materias, entre ellas las mías: portugués, 1, 2, 3 y 4. También hay materias que se van a fusionar, acortando el plan de estudio. Es toda una precarización de los contenidos”. ¿Cómo fue el diálogo? “A los docentes nunca se nos consultó ni comunicó nada. Y el lunes ingresé a la página web del gobierno y ya la carrera figura con un plan de estudio nuevo, con varias materias menos”. Hay más: “Otra cosa que nos enteramos hace dos días es que nos cambian de locación, a Tucumán al 700. Es una situación de ocultamiento total. Los estudiantes se anotaron con un plan de estudio y en un lugar físico que por algo lo eligieron. Muchos ya piensan en dejar la carrera, aunque están indignados pensando formas de luchar. Están precarizando todo. Y de todo quieren hacer un negocio; de la educación pública también. Querrán meter institutos privados, eso es lo que imagino y obviamente sacar su tajada”.

El hostigamiento a los Institutos de Formación Técnica Superior no es uniforme. Hay una variedad en la persecución, en las estrategias accionadas, aunque parece haber sólo un destino: el vaciamiento. Pablo Quatrini es docente y Consejero Docente del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Reflexiona sobre la cirugía fina que aplica el gobierno porteño a través del Ministerio de Educación: “Para la inscripción a mediados de año, implementó un curso introductorio con evaluaciones de Lengua y de Matemáticas, que no son excluyentes, pero sí es una mediación más y establece un orden de vacante, cuando nuestro instituto nunca tuvo problemas con los cupos. El curso previo al ingreso, además de que no es claro, lo maneja el Ministerio, entonces perdimos el contacto directo con quienes se inscriben. Antes no era así, se anotaban a través de un correo electrónico, se contactaba con cada uno y cada una, hacíamos charlas para que preguntaran dudas. Ya no. Y esto se notó en julio pasado: se habían anotado casi 50 estudiantes para primer año, y de repente vinieron 14 nada más. Como no tenemos contacto directo, los perdimos”. ¿Cuál es el trasfondo? “Que lleguen pocos alumnos y alumnas a las primeras materias. Es la excusa que después le sirve al Gobierno de la Ciudad para decir ‘hay pocos inscritos, se tiene que cerrar la inscripción’. Se trata de una estrategia muy bien planificada, que no es un hecho aislado sino que tiene relación a todo lo que está pasando en el ámbito educativo, tanto inicial, primario, secundario y terciario”. Suma Denise Altieri, del Consejo Directivo del mismo instituto: «La inscripción digital no fue accesible, porque no tuvo ningún tipo de accesibilidad para personas sordas ni ciegas. Ya lo denunciamos en inscripciones anteriores y en esta última volvió a salir así. Además, la parte del soporte técnica del Gobierno de la Ciudad no daba respuesta; y las y los estudiantes no se podían dar el alta para inscribirse».

Desde lavaca quisimos hablar con Juan Pablo Becerra, Director General de la Dirección de Gestión del Aprendizaje a lo largo de la vida, pero en todo el día la respuesta al número de su oficina fue la misma: “Todos nuestros operadores se encuentran ocupados, su llamada será atendida a la brevedad; por favor aguarde en linea”. Y así en loop. Otro loop. Y otro loop.

El paro docente entrelaza otras protestas. Se suman a la movilización distintas peleas que se dan en paralelo. A dos cuadras, en Perú al 300, varios institutos de formación artística protestan frente a la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente de la Secretaría de Cultura porteña. “Se caen los techos”, se lee en un afiche rojo, con letras negras. “La precarización no para”, se lee en uno amarillo, con letras rojas. Una ronda canta sin parar bajo los potentes rayos del sol: “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode”. Fernando Gutiérrez es docente del Instituto Vocacional del Arte. Alza la voz, como representante de sus compañeras y compañeros: “Estamos en contra del presupuesto a la baja en educación y lo mismo pasa con Cultura. Nuestros edificios se caen a pedazos, es un peligro trabajar dentro de un edificio donde se caen las mamposterías; el tendido eléctrico es re peligroso y no mandan material para laburar. Y lo que mandan es berreta. No hay computadoras. Se llevaron unas para arreglar desde principio de año y no las devolvieron. Es deplorable lo que pasa, no se puede mantener este tipo de situación”. ¿Más? “Sí, las titularizaciones a término. Es una precarización total, porque los docentes no tenemos ni la posibilidad de sacar un préstamo para comprarnos una bicicleta que nos permita trasladarnos de escuela a escuela”.

Arriba del escenario docente, Daniel Solis no tiene guardapolvo blanco, sino ambo celeste. No es maestro, sino pediatra del Hospital Garrahan. Su área depende del gobierno porteño. El cansancio por el tiempo que llevan en la calle no se nota cuando agarra el micrófono: “Venimos de ocho semanas de lucha, de defender la salud pública pero también la educación pública, porque venimos de la universidad pública en defensa de la voz de nuestros pacientes. En un país donde el 50% de las personas son pobres, la única forma de salir adelante es la educación y la salud, en contra del recorte del presupuesto del FMI y no solamente la ciudad, sino en todo el país, tenemos que unirnos”.

Tras los aplausos, Daniel se baja del escenario y camina hacia Avenida de Mayo y Perú, rodeando todo un vallado exagerado. Tras una movilización matutina, miles de auxiliares, enfermeras y médicos están sentados sobre la calle, en asamblea permanente. Discuten vivamente si vuelven a los hospitales, si siguen de paro, si el jueves 17 se unen a una gran jornada nacional en defensa de la salud pública. El motor fue la propia pelea que iniciaron el ya lejano 21 de septiembre. Es conmovedor verlos y escucharlas. Es sanador. Y votan que sí, que el 17 hay paro y movilización. Porque la lucha sigue.

Melina Michniuk es psicóloga del Hospital Elizalde y Yanina Scarmato ex residente enfermera del Santojanni. Contemplan la marea blanca. A metros hay un bombo que tiene una pegada y algunas letras que forman una oración: “Y si ahora gritamos y cantamos en modo de protesta es porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta”. Melina: “Este proceso lo venimos haciendo organizándonos desde abajo, en asambleas dentro de los hospitales, donde circula la voz de todos los compañeros. Tenemos ganas de volver al laburo, nos cuesta no estar con los pacientes pero sabemos que esto es para mejor porque atender como lo hacemos, re contra quemados no es la mejor atención que le podemos dar, no y que recién atendemos quemar”. ¿Qué es estar quemadas? “Que estés pasada de rosca, que no te den las manos, que los pacientes a veces deben esperar meses a que les salga una derivación, que renuncian profesionales y entonces una se tiene que hacer más cargo de cosas, que en el caso de los clínicos estén 36 horas seguidas sin dormir y se te caen los párpados”. Yanina: “La salud es un sector muy feminizado, trabajamos en el hospital y en nuestras casas, un doble rol y eso genera mucha quemazón. En las enfermeras hay muchos problemas de salud mental por la necesidad de las horas extras y el doble empleo”. Melina: “Se te va rompiendo el cuerpo”. Un cartel pegado en una mochila sintetiza: “2020 esenciales; 2022 descartables”.

Detrás del escenario docente, del otro lado de Roca, de su caballo y todo un monumento inexplicable, pegados a las vallas hay una radio abierta, en donde las organizaciones sociales que se autodenominan las cayetanas, más cercanas al Gobierno Nacional (CCC-Barrios de Pie-Movimiento Evita), critican al presupuesto que está votando la Legislatura porteña, con mayoría de Juntos por el Cambio. Carolina Franco milita en la Corriente Clasista Combativa y está justo delante de un muñeco enorme que simula ser el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Está parada, sosteniendo una cartulina blanca que reza: “Más presupuesto para salud, para educación, para vivienda y trabajo”. Vive en la Villa 21-24 de Barracas y lleva una gorra verde, que es lo único que parece ampararla: “Somos cooperativistas, trabajo en dos colegios hace 15 años. Cobro 28 mil pesos y trabajo 5 horas por día, de lunes a viernes”.

A un par de cuadras, la 9 de julio está colapsada de gente. Desde Avenida de Mayo hasta Constitución. 12 cuadras rebalsadas de pueblo. Organizaciones sociales, no alineadas al Gobierno Nacional, llevan adelante lo que denominan “Piquetazo nacional”. Desde las 10.30 se concentran en Moreno y 9 de Julio, en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social. Llegan de distintos lugares de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Llegan porque ayer, miércoles, no hubo acuerdo, y porque la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, prometió que sólo habría una entrega de comida hasta fin de año.

Marianela tiene 42 años, vino desde Luján y está sentada en ronda, con sus pares de Libres del Sur. Quiere hablar: “Yo estoy a cargo de un comedor y es una vergüenza la comida que recibimos, no podemos comer todos los días polenta y arveja. Hace cuatro meses que no recibimos harina en los comedores y merenderos. Solo nos dan algunos alimentos secos; la verdura, la carne, el pollo, lo compramos nosotros. No pedimos que nos regalen nada, solo que nos ayuden porque trabajamos de lunes a lunes, cobramos un básico de 27 mil pesos o como máximo 54 quien tiene dos planes Potenciar Trabajo. Y de hace dos meses a esta parte, le damos de comer al doble de personas, alrededor de 60 familias”.

A pocos metros del retrato gigante de Evita, Belén está sentada en un banquito de plástico. Tiene 23 años y es del barrio Nicole de González Catán. “Uno de los más necesitados de la zona”, afirma la integrante del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. “Vinimos de nuevo porque necesitamos una respuesta concreta, que pueda cambiarnos en algo la situación. Hace 4 meses al comedor venían 45 familias, hoy vienen 100”. Horas después, el Ministerio de Desarrollo Social acuerda a lo que ayer no se había comprometido: entregas de alimentos de noviembre, diciembre y lo que adeudaba de octubre. Se desconcentra la movilización masiva. Lo mismo ocurre en la Legislatura porteña y en el Congreso Nacional donde se reclama por una Ley Nacional de Danza y también se exige, por enésima vez, la necesaria promulgación de la Ley de Humedales.

Las piernas vuelven a caminar. Los carteles siguen diciendo. Las masas, por ahora, se dispersan, pero no se paralizan. Están atentas. Latentes. La calle arde. Y mañana será otro día.

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.

Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:

  • “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
  • “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.

Por Francisco Pandolfi

Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia. Fotos: Nacho Yuchark.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.

El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento, parte de los efectos en la salud de las fumigaciones masivas para cultivos transgénicos. Fotos: Nacho Yuchark.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano en las zonas en las que se prohíben los agroquímicos. Fotos Nacho Yuchark

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.


https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

Salud humana y de la naturaleza: lo que está en juego en Pergamino, como caso testigo de tantos lugares del país.
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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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