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Un día de cordura

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Crónica de una jornada agitada en la que simultáneamente se manifestaban diversos conflictos. El lugar común fue decir que este 10 de noviembre fue un día de locos, pero tal vez haya que pensar las cosas que ocurrieron de otro modo. Por Francisco Pandolfi

Las piernas caminan, se multiplican. Los carteles relucen, se reproducen. Los reclamos aumentan. Una masa conjunta para, pero no se paraliza. Avanza. Está en movimiento. Son muchas masas. Son muchas protestas, diversas, pero no antagónicas. La calle arde, en la puerta de la Legislatura porteña; en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; en la Dirección General de Enseñanza Artística porteña; en el Congreso Nacional. Todo sucede a la vez, en simultáneo. No es un día de locos. Es un día de cordura, de argumentos.

La Legislatura porteña, donde ahora mismo se vota el presupuesto 2023, tiene vallas por todos lados. No es ninguna novedad. Es un paisaje tristemente naturalizado. Las rejas separan a las y los legisladores de dos concentraciones, separadas por el monumento a Julio Roca, genocida de pueblos originarios.

Allí es el punto de encuentro de la comunidad educativa: los sindicatos UTE y Ademys mostraron unidad y llevaron a cabo un nuevo paro “por el ajuste en el presupuesto”, que según informaron en el acto central tuvo un acatamiento del 80%. Las consignas que proclaman arriba del escenario y abajo, en las centenares de banderas y cartulinas que sostienen docentes y estudiantes, son varias: “Por más escuelas, vacantes, cargos docentes y alimentación digna”, “Por la titularización de todxs los interinxs y contratadxs”, “Por la jornada laboral docente de lunes a viernes”, “Contra el vaciamiento de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires”. Hay un dato incontrastable al respecto: el presupuesto en Educación pasó de 26,19% en 2007, antes de la asunción de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, al 20,04% que se estima para 2023.

Un día de cordura

En un vaciamiento estructural de la educación pública que lleva ya 15 años, el gobierno porteño, bien calladito, sigilosamente, acaba de dar otro zarpazo: esta vez, las víctimas directas son los Institutos de Formación Técnica Superior. De manera inconsulta, la Dirección de Gestión del Aprendizaje a lo largo de la vida, dependiente del Ministerio de Educación porteño, acaba de inhabilitar la inscripción a cinco carreras: Gestión Cultural y Pedagogía y Educación Social, en el instituto N° 28; Ceremonial y Protocolo en el N°12; y Administración y Relaciones del Trabajo y Administración Comercial en el N°8. Además, en otros terciarios, la cartera comandada por Soledad Acuña irrumpió, por un lado cambiando los planes de estudio, y por el otro, obligando a la institución a mudarse del edificio.

Gustavo Raide es docente en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº28. Denuncia: “Hace unos días nos llegó una comunicación oficial que a partir del 2023 no se va a abrir la inscripción para dos de nuestras carreras. En Pedagogía Social con orientación en Derechos Humanos, ellos ponen “Recursos Humanos”; se ve que les molestan esas dos palabras. Ellos justifican que nuestras carreras no se engloban en el encuadre económico productivo que tiene la ciudad de Buenos Aires”. En un documento que envía la Dirección de Gestión del Aprendizaje a lo largo de la vida, a los institutos, deja claro sus motivos: “Se ha contemplado el contexto coyuntural imperante a fin de definir la oferta estratégica para la Ciudad de Buenos Aires, priorizando aquella con mayor requerimiento del sector socio-productivo”. A confesión de parte, relevo de prueba… Agrega Gustavo: “Se les solicitó una reunión oficial, pero hasta el día de hoy no nos han respondido. Esto implica que muchos docentes quedemos desafectados, porque los que somos de primer año, ya en 2023 no vamos a tener alumnos, o sea también genera precarización y expulsión de trabajadores”.

Un día de cordura

Gisela Panduro y Álvaro Rodríguez Batz son estudiantes de Pedagogía y Educación social con orientación en Derechos Humanos del instituto Nº28. Están rodeados de otras alumnas y alumnos de distintos terciarios que acompañan la resistencia. Dice Gisela: “Les estudiantes queremos seguir estudiando y elegir qué carreras estudiar. Decidimos formarnos en carreras socio-educativas y culturales, con orientación en Derechos Humanos porque creemos que otro mundo es posible”. Dice Álvaro: “Nos sentimos excluidos y excluidas; es una decisión totalmente inconsulta, de un momento para el otro. Sentimos una ofensa muy grande que esté direccionado a una carrera orientada en Derechos Humanos. Ante estos embates, vamos a responder con organización. Es importante dejar en claro que esto no sólo ataca a la comunidad educativa, sino a la población con la que trabajamos que en su mayoría vive en situación de vulnerabilidad”. Desde arriba del escenario se aplaude a los terciarios y el grito al unísono no tarda en nacer: “Queremos estudiar, queremos estudiar”.

El Instituto de Formación N° 20, por ahora, está emplazado en Gurruchaga 739, en el barrio porteño de Villa Crespo. Tiene contadas las horas ahí. Hugo Figueroa es docente de portugués. “Cuando llegué la semana pasada me encontré que había rumores de cambio de lugar. Estaba el rector Alejandro Mazzuco, hoy de licencia porque a su vez es supervisor. Él trabaja en la dirección de Formación Técnica Superior, al lado de la directora, así que es imposible que desconociera una situación que se viene cocinando hace mucho tiempo. Me dijo que no me preocupara, que no había ninguna resolución. Sin embargo, en la carrera de Turismo Sustentable y hospitalidad ya eliminaron varias materias, entre ellas las mías: portugués, 1, 2, 3 y 4. También hay materias que se van a fusionar, acortando el plan de estudio. Es toda una precarización de los contenidos”. ¿Cómo fue el diálogo? “A los docentes nunca se nos consultó ni comunicó nada. Y el lunes ingresé a la página web del gobierno y ya la carrera figura con un plan de estudio nuevo, con varias materias menos”. Hay más: “Otra cosa que nos enteramos hace dos días es que nos cambian de locación, a Tucumán al 700. Es una situación de ocultamiento total. Los estudiantes se anotaron con un plan de estudio y en un lugar físico que por algo lo eligieron. Muchos ya piensan en dejar la carrera, aunque están indignados pensando formas de luchar. Están precarizando todo. Y de todo quieren hacer un negocio; de la educación pública también. Querrán meter institutos privados, eso es lo que imagino y obviamente sacar su tajada”.

Un día de cordura

El hostigamiento a los Institutos de Formación Técnica Superior no es uniforme. Hay una variedad en la persecución, en las estrategias accionadas, aunque parece haber sólo un destino: el vaciamiento. Pablo Quatrini es docente y Consejero Docente del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Reflexiona sobre la cirugía fina que aplica el gobierno porteño a través del Ministerio de Educación: “Para la inscripción a mediados de año, implementó un curso introductorio con evaluaciones de Lengua y de Matemáticas, que no son excluyentes, pero sí es una mediación más y establece un orden de vacante, cuando nuestro instituto nunca tuvo problemas con los cupos. El curso previo al ingreso, además de que no es claro, lo maneja el Ministerio, entonces perdimos el contacto directo con quienes se inscriben. Antes no era así, se anotaban a través de un correo electrónico, se contactaba con cada uno y cada una, hacíamos charlas para que preguntaran dudas. Ya no. Y esto se notó en julio pasado: se habían anotado casi 50 estudiantes para primer año, y de repente vinieron 14 nada más. Como no tenemos contacto directo, los perdimos”. ¿Cuál es el trasfondo? “Que lleguen pocos alumnos y alumnas a las primeras materias. Es la excusa que después le sirve al Gobierno de la Ciudad para decir ‘hay pocos inscritos, se tiene que cerrar la inscripción’. Se trata de una estrategia muy bien planificada, que no es un hecho aislado sino que tiene relación a todo lo que está pasando en el ámbito educativo, tanto inicial, primario, secundario y terciario”. Suma Denise Altieri, del Consejo Directivo del mismo instituto: “La inscripción digital no fue accesible, porque no tuvo ningún tipo de accesibilidad para personas sordas ni ciegas. Ya lo denunciamos en inscripciones anteriores y en esta última volvió a salir así. Además, la parte del soporte técnica del Gobierno de la Ciudad no daba respuesta; y las y los estudiantes no se podían dar el alta para inscribirse”.

Desde lavaca quisimos hablar con Juan Pablo Becerra, Director General de la Dirección de Gestión del Aprendizaje a lo largo de la vida, pero en todo el día la respuesta al número de su oficina fue la misma: “Todos nuestros operadores se encuentran ocupados, su llamada será atendida a la brevedad; por favor aguarde en linea”. Y así en loop. Otro loop. Y otro loop.

El paro docente entrelaza otras protestas. Se suman a la movilización distintas peleas que se dan en paralelo. A dos cuadras, en Perú al 300, varios institutos de formación artística protestan frente a la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente de la Secretaría de Cultura porteña. “Se caen los techos”, se lee en un afiche rojo, con letras negras. “La precarización no para”, se lee en uno amarillo, con letras rojas. Una ronda canta sin parar bajo los potentes rayos del sol: “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode”. Fernando Gutiérrez es docente del Instituto Vocacional del Arte. Alza la voz, como representante de sus compañeras y compañeros: “Estamos en contra del presupuesto a la baja en educación y lo mismo pasa con Cultura. Nuestros edificios se caen a pedazos, es un peligro trabajar dentro de un edificio donde se caen las mamposterías; el tendido eléctrico es re peligroso y no mandan material para laburar. Y lo que mandan es berreta. No hay computadoras. Se llevaron unas para arreglar desde principio de año y no las devolvieron. Es deplorable lo que pasa, no se puede mantener este tipo de situación”. ¿Más? “Sí, las titularizaciones a término. Es una precarización total, porque los docentes no tenemos ni la posibilidad de sacar un préstamo para comprarnos una bicicleta que nos permita trasladarnos de escuela a escuela”.

Un día de cordura

Arriba del escenario docente, Daniel Solis no tiene guardapolvo blanco, sino ambo celeste. No es maestro, sino pediatra del Hospital Garrahan. Su área depende del gobierno porteño. El cansancio por el tiempo que llevan en la calle no se nota cuando agarra el micrófono: “Venimos de ocho semanas de lucha, de defender la salud pública pero también la educación pública, porque venimos de la universidad pública en defensa de la voz de nuestros pacientes. En un país donde el 50% de las personas son pobres, la única forma de salir adelante es la educación y la salud, en contra del recorte del presupuesto del FMI y no solamente la ciudad, sino en todo el país, tenemos que unirnos”.

Tras los aplausos, Daniel se baja del escenario y camina hacia Avenida de Mayo y Perú, rodeando todo un vallado exagerado. Tras una movilización matutina, miles de auxiliares, enfermeras y médicos están sentados sobre la calle, en asamblea permanente. Discuten vivamente si vuelven a los hospitales, si siguen de paro, si el jueves 17 se unen a una gran jornada nacional en defensa de la salud pública. El motor fue la propia pelea que iniciaron el ya lejano 21 de septiembre. Es conmovedor verlos y escucharlas. Es sanador. Y votan que sí, que el 17 hay paro y movilización. Porque la lucha sigue.

Melina Michniuk es psicóloga del Hospital Elizalde y Yanina Scarmato ex residente enfermera del Santojanni. Contemplan la marea blanca. A metros hay un bombo que tiene una pegada y algunas letras que forman una oración: “Y si ahora gritamos y cantamos en modo de protesta es porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta”. Melina: “Este proceso lo venimos haciendo organizándonos desde abajo, en asambleas dentro de los hospitales, donde circula la voz de todos los compañeros. Tenemos ganas de volver al laburo, nos cuesta no estar con los pacientes pero sabemos que esto es para mejor porque atender como lo hacemos, re contra quemados no es la mejor atención que le podemos dar, no y que recién atendemos quemar”. ¿Qué es estar quemadas? “Que estés pasada de rosca, que no te den las manos, que los pacientes a veces deben esperar meses a que les salga una derivación, que renuncian profesionales y entonces una se tiene que hacer más cargo de cosas, que en el caso de los clínicos estén 36 horas seguidas sin dormir y se te caen los párpados”. Yanina: “La salud es un sector muy feminizado, trabajamos en el hospital y en nuestras casas, un doble rol y eso genera mucha quemazón. En las enfermeras hay muchos problemas de salud mental por la necesidad de las horas extras y el doble empleo”. Melina: “Se te va rompiendo el cuerpo”. Un cartel pegado en una mochila sintetiza: “2020 esenciales; 2022 descartables”.

Un día de cordura

Detrás del escenario docente, del otro lado de Roca, de su caballo y todo un monumento inexplicable, pegados a las vallas hay una radio abierta, en donde las organizaciones sociales que se autodenominan las cayetanas, más cercanas al Gobierno Nacional (CCC-Barrios de Pie-Movimiento Evita), critican al presupuesto que está votando la Legislatura porteña, con mayoría de Juntos por el Cambio. Carolina Franco milita en la Corriente Clasista Combativa y está justo delante de un muñeco enorme que simula ser el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Está parada, sosteniendo una cartulina blanca que reza: “Más presupuesto para salud, para educación, para vivienda y trabajo”. Vive en la Villa 21-24 de Barracas y lleva una gorra verde, que es lo único que parece ampararla: “Somos cooperativistas, trabajo en dos colegios hace 15 años. Cobro 28 mil pesos y trabajo 5 horas por día, de lunes a viernes”.

A un par de cuadras, la 9 de julio está colapsada de gente. Desde Avenida de Mayo hasta Constitución. 12 cuadras rebalsadas de pueblo. Organizaciones sociales, no alineadas al Gobierno Nacional, llevan adelante lo que denominan “Piquetazo nacional”. Desde las 10.30 se concentran en Moreno y 9 de Julio, en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social. Llegan de distintos lugares de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Llegan porque ayer, miércoles, no hubo acuerdo, y porque la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, prometió que sólo habría una entrega de comida hasta fin de año.

Marianela tiene 42 años, vino desde Luján y está sentada en ronda, con sus pares de Libres del Sur. Quiere hablar: “Yo estoy a cargo de un comedor y es una vergüenza la comida que recibimos, no podemos comer todos los días polenta y arveja. Hace cuatro meses que no recibimos harina en los comedores y merenderos. Solo nos dan algunos alimentos secos; la verdura, la carne, el pollo, lo compramos nosotros. No pedimos que nos regalen nada, solo que nos ayuden porque trabajamos de lunes a lunes, cobramos un básico de 27 mil pesos o como máximo 54 quien tiene dos planes Potenciar Trabajo. Y de hace dos meses a esta parte, le damos de comer al doble de personas, alrededor de 60 familias”.

A pocos metros del retrato gigante de Evita, Belén está sentada en un banquito de plástico. Tiene 23 años y es del barrio Nicole de González Catán. “Uno de los más necesitados de la zona”, afirma la integrante del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. “Vinimos de nuevo porque necesitamos una respuesta concreta, que pueda cambiarnos en algo la situación. Hace 4 meses al comedor venían 45 familias, hoy vienen 100”. Horas después, el Ministerio de Desarrollo Social acuerda a lo que ayer no se había comprometido: entregas de alimentos de noviembre, diciembre y lo que adeudaba de octubre. Se desconcentra la movilización masiva. Lo mismo ocurre en la Legislatura porteña y en el Congreso Nacional donde se reclama por una Ley Nacional de Danza y también se exige, por enésima vez, la necesaria promulgación de la Ley de Humedales.

Las piernas vuelven a caminar. Los carteles siguen diciendo. Las masas, por ahora, se dispersan, pero no se paralizan. Están atentas. Latentes. La calle arde. Y mañana será otro día.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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LA NUEVA MU. No podrán

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