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Monsanto culpable de “ecocidio”: la sentencia de un Tribunal Internacional avala las denuncias e investigaciones argentinas

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Expertos de distintos países conformaron un tribunal civil que se encargó de evaluar las denuncias mundiales contra la multinacional transgénica con datos concretos y legislación internacional. El resultado es una sentencia que encuentra a Monsanto – ahora en manos de Bayer- responsable de violar derechos en salud, ambiente y propiedad, y de entorpecer la libre investigación científica de estos temas. “El Tribunal nos da la razón después de años de lucha”, dice Vanesa Sartori, una de las vecinas de Malvinas Argentinas que logró echar a Monsanto. “No cualquiera tiene el privilegio de tener enemigos en todo el mundo”, remata sobre este aval mundial. La sentencia completa y las voces de los protagonistas.
“Las acciones de Monsanto se pueden considerar ecocidio: están causando daño considerable al daño ambiente del que mucha gente vive”. Las palabras finales de Steven Shrybman, uno de los jueces del Tribunal Internacional de La Haya por el caso Monsanto, cerraron las dos horas de lectura de una sentencia que encontró a Monsanto culpable deviolaciones de derechos en salud, ambiente y propiedad, y de entorpecer la libre investigación científica en estos temas.
La sentencia llega tras el juicio que transcurrió en octubre de 2016, cuando el Tribunal Internacional de La Haya Monsanto escuchó las denuncias de 30 testigos de todo el mundo y se comprometió a “evaluar los hechos que se recriminan a la empresa Monsanto y juzgar los daños causados por la multinacional en virtud del derecho internacional vigente”. El Tribunal Monsanto es una  iniciativa civil desarrollada por Marie-Monique Robin y Vandana Shiva, entre otras referencias mundiales para evaluar la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio.

Juzgar a Monsanto: los testimonios del desastre


La investigación del Tribunal concluyó hoy en que Monsanto incurre en distintas prácticas y maniobras que afectan la salud y el medioambiente, y para probarlo se basó en legislación internacional: “Este Tribunal se apoya en el estatuto de Roma, donde dice que la intención y el conocimiento se han de tomar en cuenta intencionalmente. Este tribunal observa que no hay un obstáculo para que una corporación sea considerada responsable”. Presidido por Francoise Tulkens, de Bélgica, exvicepresidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el tribunal Internacional planteó la necesidad de “introducir la figura de ecocidio” a la jurisprudencia internacional y que las personas legales “puedan ser responsables en este tipo de delitos y hacer responsables a los gerentes de las empresas”.
En ese sentido, la sentencia que se dio a conocer hoy contesta las preguntas formuladas al Tribunal en forma de “opinión legal respecto tanto a la ley ambiental existente como a una ley prospectiva para mejorar la legislación internacional de derechos humanos y ambiental”, según palabras de la propia sentencia. En la misma, el tribunal concluye que:

  1. “Monsanto se ha involucrado en prácticas que han impactado de forma negativa el derecho a un medioambiente sano”.
  2. “Monsanto se ha involucrado en prácticas que tienen un impacto negativo en el derecho a la alimentación”
  3. “La soberanía alimentaria también es afectada y resalta los casos en los cuales la contaminación genética de los campos forzó a agricultores a pagar regalías a Monsanto o hasta abandonar sus cultivos no-OGM debido a esta contaminación”
  4. “La conducta de Monsanto afecta de forma negativa el derecho a la libertad indispensable para la investigación científica”.
  5. “Que la legislación internacional debería determinar ahora de forma precisa y clara la protección del medioambiente y el crimen de ecocidio” y que “hay un riesgo importante de una brecha creciente entre legislación internacional de derechos humanos y ambientales y legislación internacional de comercio e inversión”.

La sentencia completa

Durante la jornada de ayer los jueces no sólo leyeron el documento sino que ensayaron discursos contundentes que ampliaron las implicancias de cada conclusión. Entre el juzgado internacional se encontraba también la mendocina Eleonora Lamm, licenciada en Derecho por la Universidad de Cuyo y doctorada en Derecho por la Universidad de Barcelona. Lamm dijo en su alegato que “mucha gente está viviendo con la toxicidad del glifosato” y citó las investigaciones argentinas que lo asocian con cánceres como el linfocitos no Hodkin.
Otro de los jueces, Steven Shrybman, se refirió al punto de la obstaculización de la libre investigación científica: “Necesitamos tener la oportunidad de conseguir y de buscar los datos necesarios para hacer una investigación propicia. No puede ser que las compañías sean las que nos ofrecen la información”, dijo. “Muchos científicos que han tenido problemas por haber publicado pruebas contra Monsanto. Los científicos han tenido que tomar medidas de seguridad”. De este lado del streamming, alguien en el Congreso recordó el nombre de Andrés Carrasco.
 
Sobre la figura de ecocidio, el Tribunal planteó que “se debe considerar un crimen atentar contra el medioambiente”, que se pueden considerar crímenes contra la humanidad el estar afectando el medioambiente”  que “se pueden considerar las corporaciones como responsables perpetradoras de estos crímenes”.
La belga Tulkens, jueza del Tribunal, concluyó: “Monsanto está dañando a comunidades agrícolas y también urbanas. Hay que dar prioridad a los derechos de la gente sobre los derechos corporativos”.

“Nos da la razón”

El Salón Illia del Senado argentino transmitió en vivo y en directo vía pantalla gigante la lectura de la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya por el caso Monsanto. Entre los concurrentes al Congreso se encontraban el doctor Damián Verzeñassi (director del Instituto de Salud Socioambiental y responsable de la Práctica Final de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario) y Myriam Gorban (motor de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y una de las máximas expertas en Nutrición). Verzeñassi fue uno de los 30 testigos que declararon en noviembre de 2016 frente al Tribunal: fue el único médico latinoamericano convocado. Por su parte, Gorban fue una de las especialistas que realizó en paralelo a las audiencias la Asamblea de los Pueblos, un espacio donde referentes del todo el mundo discutirán diferentes estrategias para contrarrestar los problemas causados por el modelo transgénicos.
Gorban dice a lavaca: “Llegar a estas instancias de un tribunal internacional se logra a través de la lucha de los pueblos, de sus organizaciones sociales y del aporte de los científicos que han ido aclarando y mostrando la realidad de la situación”. Y lo vincula con las últimas noticias ambientales: “Solamente al ver las catástrofes climáticas como las inundaciones nos damos cuenta que no es obra de la naturaleza, sino producto de un modelo productivo salvaje que hay detrás”.
Myriam señala los cuatro ejes más importantes que plantea el fallo: la violación del derecho a la alimentación, a salud, medioambiente y a la propiedad, y el derecho a la investigación libre. “Yo creo que nos da la razón después de 20 años de lucha. Avala el seguir profundizando en este camino e ir buscando un camino de transición para encontrar un modelo productivo, de agroecología, que nos beneficie”.
¿Cómo se hace para pasar de esta instancia civil a una que tenga implicancia legal concreta? Gorban: “Los tiempos de la justicia son muy largos, mientras esto se produce habría que aplicar el principio precautorio. Mientras duren los juicios que ya existen sobre los agrotóxicos, hasta que lleguen las sentencias finales, habría que tener medidas a favor del pueblo. Este juicio lo demuestra”.

Sentencia a la vida

Por su parte, el doctor Damián Verzeñassi destaca, en primer lugar, la importancia del Tribunal. “Nació convocado y organizado desde los movimientos sociales, que sigue la misma lógica de organización de los que juzgaron a Estados Unidos por sus crímenes en Vietnam y del Tribunal Permanente de los Pueblos que sigue las violaciones a los derechos humanos a nivel internacional. Además, hay que destacar que siguió todas las normas y procedimientos propios de la Corte Penal de La Haya: permitió construir un corpus jurídico que sienta un precedente importante”.
-¿Por ejemplo?
-Que un Tribunal integrado por jueces expertos digan que se ha producido un proceso sistemático de vulneración científica y que hayan logrado demostrar cómo operaron, es algo nunca visto: es muy fuerte que los jueces digan en voz alta que tanto gobiernos como corporaciones son cómplices del delito de ecocidio. Fueron contundentes no sólo en exigir que esa tipificación sea incorporada al Estatuto de Roma sino en plantear que debería habilitarse el sistema jurídico para juzgar a las corporaciones. El proceso fue ejemplar: los jueces reconocieron la veracidad de las pruebas y de los testimonios aportados en el juicio. Para nosotros, que una semana después de haber testificado en el Tribunal un ministro nos dijo que nuestro trabajo era “endeble” y un decano dijo que no éramos investigadores, es un reconocimiento a nuestro trabajo. Y no sólo al nuestro: que un Tribunal internacional reconozca la veracidad de las denuncias al cierre del dictamen también es un reconocimiento del trabajo de todos los que a nivel internacional estamos generando saberes y construyendo niveles de conocimiento para defender la vida. Estos fallos fortalecen la lucha y, al mismo tiempo, nos demuestran que es necesario que las personas de carne y hueso que están en los Gobiernos empiecen a hacerse cargo de sus responsabilidades.

Sí se puede

Malvinas Argentinas, Córdoba, se convirtió en una suerte de epicentro mundial de la lucha contra la multinacional Monsanto: en agosto del 2016 confirmaron el triunfo de una lucha que soportó represiones, acampes y operaciones al anunciar que la corporación abandonaba la instalación de una planta procesadora de semillas transgénicas. “La sentencia es importante”, dice a lavaca Vanesa Sartori, concejala e integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. “No cualquiera tiene el privilegio de tener enemigos en todo el mundo. Eso habla del daño que ha provocado a lo largo y ancho del planeta. Es una cadena de destrucción y muerte con diferentes eslabones en distintos países. Más allá de que no tenga peso jurídico legal, es importante la cuestión simbólica de empezar a hablar de estas cuestiones para dejar en claro que no somos locos como nos quieren hacer creer, sino que somos muchos los que sufrimos las consecuencias de Monsanto”.
Verzeñassi agrega en el mismo sentido: “Lo simbólico es importante. Lo simbólico va construyendo realidad”.
Sartori subraya algo no definido por el Tribunal, referido a que la peor parte de esas consecuencias se las han llevado niños y niñas. “Incluso los que todavía no han nacido. No nos olvidamos que este tipo de agroquímicos se llevan en la sangre, a través de la leche materna. Sabemos que hay futuras generaciones de niños que van a sufrir consecuencias en el futuro: la doctora Delia Aiassa de la Universidad de Río Cuarto habla de la genotoxicidad de los agroquímicos, es decir, que afecta el ADN”, dice avalándose en otra de las investigaciones argentinas.
¿Qué es lo queda? “Ahora hay que pasar al ámbito penal, civil y comercial, y seguir investigando. Esto es escandaloso: todos los pueblos vienen denunciando este modelo para que los científicos se animen de una vez por todas a investigar. Contextualizando con lo que pasó en Malvinas, vamos sumando elementos que avalan que sí se puede, que sí vale la pena y que nunca está dicha la última palabra. Yo creo que si Carrasco estuviera vivo estaría festejando”.

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

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El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche

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Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.

Por Francisco Pandolfi

Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.

“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.

Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.

Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad. 

La causa (armada)

Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.

En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.

Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fallo

En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.

Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
El juicio se desarrolló dentro de un escuadrón de la Gendarmería Nacional. Foto Alejandra Bartoliche

La farsa actual

Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.

Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”. 

En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.

Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico  –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.

Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Las mujeres detenidas, fuera del escuadrón, prenden el fuego.

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Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”  

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El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa. 

Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche

Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”  

Foto: Alejandra Bartoliche

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. 

Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.

1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.

2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.

La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.

El por qué de la decisión se impone como pregunta. 

La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.

No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.

Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.

Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.

Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional. 

Foto: Alejandra Bartoliche

El contexto

Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).

La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”. 

Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una  reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe. 

El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Foto: Alejandra Bartoliche

El comienzo del juicio oral

En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo. 

La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”. 

Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”. 

¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia. 

Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.

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