Nota
Mover el futuro: la ex Petinari otra vez en manos de sus trabajadores
Los obreros reingresaron a la planta en Merlo de la cual habían sido desalojados. La solidaridad de vecinos y de otras cooperativas amigas. «Hicimos justicia», dicen.
Los obreros reingresaron a la planta en Merlo de la cual habían sido desalojados. La solidaridad de vecinos y de otras cooperativas amigas. «Hicimos justicia», dicen.

Trabajadores de la ex Petinari. Fotos: Néstor Saracho
La ruta 200 divide dos realidades opuestas. Son aproximadamente las 14 en el municipio bonaerense de Merlo cuando, de un lado, pasan 15 personas trotando, ropa deportiva, pecheras, pantalones cortos, como preparándose para una maratón. Del otro, una fábrica vacía, 30 trabajadores afuera -entre 29 y 62 años, la mayoría con ropa de trabajo, manos curtidas, dolores metalúrgicos- y un perro vestido con una pechera azul. Hace una semana, la fábrica estaba llena, con los 30 trabajadores y el perro adentro, pero fueron desalojados luego de haber ingresado a la empresa metalúrgica de semirremolques y volquetes que desde enero no le pagó sueldos, aguinaldos, los dejó sin obra social y los empujó a un paro que los llevó a estar siete meses en la ruta, subsistiendo con la colaboración de los vecinos y los automovilistas.
El desalojo los dejó nuevamente en la calle. Habían retomado la producción: ya tenían listas dos cajas para ser entregadas a los clientes. No sucedió: 50 efectivos entre infantería y Bonaerense llegaron acompañados de la fiscal Adriana Suárez de Corripio, de la UFI N°8 de Morón. Los trabajadores decidieron salir pacíficamente y evitar represalias. La cooperativa estaba en marcha: ya tienen la matrícula provincial, están tramitando la nacional y un proyecto de expropiación presentado por Miguel Funes (FpV) espera ser tratado la próxima semana en el Congreso bonaerense. Pero cuando cerca de la 14 de este jueves los 30 obreros vieron a los trotadores pasar, ninguno se imaginaba el futuro: esa misma noche la pasarían dentro de la fábrica sin dormir para poder concluir esa producción.
“¿Sabrán lo que se está gestando acá?”, pregunta un trabajador, mientras miraba a los corredores.
Lo que se está gestando lo dice Jorge Gutiérrez, futuro presidente de la cooperativa Acoplados del Oeste, que reunió a sus compañeros en ronda: “Vamos a estar tranquilos. Vamos a entrar y vamos a ser claros: a partir de ahora el control lo tenemos nosotros”. Los obreros se miran, toman confianza y se ponen en marcha.
El grupo se divide. Una parte avanza firme por el terreno lindero. La otra avanza hacia el portón de la fábrica. Les dicen a los de seguridad privada de la garita que van a entrar. Tres comienzan a tirar. Se suma un cuarto. Lo abren. Duró segundos. De repente, la fábrica. Es un paso. Entran “Ya está”, dice Miguel Ángel Colazo, 6 años en la fábrica, entre asombrado y confundido. “Ya está”, confirma Félix León, 7 años trabajando, casi en igual sensación.
La ruta quedó atrás, los trotadores ya no existían, los obreros empiezan a aplaudir. “Ya entraron”, dice Gutiérrez al escuchar el ruido mientras ingresaban por el terreno lindero. Se acoplan al griterío. La fábrica ya no estaba vacía, los 30 trabajadores ya no estaban en la calle, y lo primero que hace el perro con la pechera azul al entrar es acomodarse, levantar la pata bien alta y lanzar un potente chorro sobre la esquina de una columna.
No había dudas: el territorio volvía a recuperarse.
Acopladas las manos from Lunar Ocular on Vimeo.
Rebobinando
En la previa, los nervios se cortaron con partidos de fútbol-tenis en el estacionamiento de la ahora ex Petinari, la fábrica de semirremolques y volquetes que dejó a 200 familias en la calle sin aguinaldos, sin sueldos desde enero, y los empujó a reclamar durante siete meses en la ruta, a tomar la empresa, a comenzar la producción sin patrón, a ser desalojados por infantería, la policía Bonaerense y un fiscal, a volver a la ruta y a ingresar nuevamente bajo un sueño: mantener las fuentes de trabajo.
Carlitos, un vecino que los apoyó desde el primer día y se ofrece a volantear e ir de casa en casa para contar la historia de los trabajadores (“Así hicieron en Zanón, y fue clave”, recuerda este hombre de varias batallas), ofició de umpire, aunque de pie. En un tanto confuso, uno de los equipos se trata de apropiar el punto. “10 a 4”, gritaron. Del otro lado retrucaron: “Sumá uno para nosotros: ya parecés el contador de Grégori (ex gerente de la empresa, uno de los señalados por los obreros de dejarlos sin trabajo). Las risas explotaron.
“¿Lo viste a Negro”, preguntó un trabajador.
Negro es el perro que, desde el aguante en la ruta, acompañó a los trabajadores como un guardián. Siempre firme, el amor incondicional se lo ganó el día del desalojo: le mordió la mano a uno de los policías.
“¿Viste cómo está vestido’”.
El perro, recostado sobre la vereda al sol, luce una pechera azul.
Dice: “Acoplados del Oeste”.
“Acordamos que todos teníamos que venir con ropa de trabajo. Y él no podía ser menos”.

Trabajadores de la ex Petinari. Fotos: Néstor Saracho
La justicia y el policía
Adentro, mientras los trabajadores entran y salen de los galpones para sacar mesas, bancos y los soportes de la carpa que comenzaron a rearmar sobre el pasto, habla Armando Etcheverría, 60 años, 9 en la fábrica, sector tornería: “Esto es una gran alegría. Vamos a ver qué pasa ahora. Estábamos trabajando y a punto de cobrar: teníamos dos cajas listas para sacar cuando fue el desalojo. Pero hay que seguir. Es difícil, sí. Mi señora trabaja, pero se bajonea. Acá hay que tener la mente fría. Porque te planteás muchas cosas, hasta qué significa la justicia”.
Dice que pasó la semana post desalojo tranquilo. “Sabíamos que íbamos a entrar. Todo fue para no perder las fuentes de trabajo. Muchos se quedaron sin obra social. Podés no trabajar una semana, dos, un mes, pero no ocho meses. Para una persona que trabajó toda su vida, eso te mata. Puede decirse que hicimos justicia”.
También redefine la noción de justicia Roque Gómez, 62 años, 9 años en la fábrica, soldador. Tiene cáncer de próstata y su despido empujó un dominó burocrático que lo dejó sin obra social. Rebotó de un hospital a otro cuando necesitaba un tratamiento específico. Hoy toma dos pastillas por las mañanas y otras durante las tardes. “Me despidieron a principiode año porque dije que al meterse el sindicato en el medio del conflicto, lo que se buscaba era la quiebra de la empresa. Acá éramos 400 empleados y cada vez fuimos quedando menos”. Gómez tiene la esperanza de volver a trabajar. “Por eso cada vez que viene gente me emociono: me siento apoyado”, dice, en medio de un predio que comenzaba a poblarse por la asamblea pública convocada por los trabajadores para las 15.
Minutos antes, cerca de las 14:20, una camioneta de la Bonaerense estacionó a metros del portón. Las miradas fijaron una única dirección. Un grupo de trabajadores se acercó al móvil. Eran un policía joven y una oficial. Los trabajadores les explicaron el conflicto. “A nosotros nos dejaron en la calle y ahora vamos a hacer una cooperativa”, comentaron. La respuesta policial: “Entren, trabajen, hagan un asado”.
Lo heavy
La asamblea pública comenzó pasadas las 16. Llegaron trabajadores de otras fábricas y empresas recuperadas, profesores, partidos políticos, organizaciones sindicales. Pasaron militantes del PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista, de la CTA, Quebracho y el Movimiento Evita, entre otros. Los que primero hablaron fueron los trabajadores.
Jorge Gutiérrez parado sobre la mesa bromea: cuenta que las veces que estuvo arriba de un “escenario” para dirigirse al público fue cuando cantaba en una banda thrash.
Ahora va a ser el presidente de una cooperativa de trabajadores en Merlo.
(Anotación personal en el cuaderno: “Eso es heavy metal”).
Gutiérrez agradece a cada una de las personas que se acercaron y hace una reseña del conflicto: los aguinaldos y sueldos impagos, el paro, la ruta, los despidos. “El sindicato (SMATA), si es que se puede llamar así, nos dejó tirados. La idea de la cooperativa la habíamos planteado en 2012, pero nos pusieron trabas a la hora de los papeles. Hoy somos 130 personas que apostamos. Hay gente que vendrá y se sumará después. Las puertas están abiertas para otros trabajadores. Estamos para que esos compañeros se jubilen dentro de la empresa. La única bandera que levantamos es por los compañeros de Petinari”.
A su lado, también parado sobre la mesa, ahora el que habla es Hernán Noir: “Ni nosotros nos imaginábamos llegar hasta acá. Lo único que queremos hacer es demostrar que somos capaces. Los patrones creen que porque tienen más plata que nosotros son los reyes del mundo. No es así, y más claro quedó cuando comenzamos la producción. Es lindo trabajar sin patrón y con los compañeros. Y lo más lindo fue que, cuando nos desalojaron, estábamos todos riendo: sabíamos que íbamos a entrar. Y también es lindo que llevemos el sueldo a nuestras familias, porque son ellas las que están atrás de nosotros. Esto es lo que nos tocó y es lo que elegimos. Somos una familia. Algunos nos llevamos bien, otros mal, pero la queremos mantener. Y nos parece un buen ejemplo para llevarle a nuestros hijos: ninguno se tiene que dejar pisotear. Esto te lleva a ser, o a intentar ser, mejores personas, porque para los males están ellos”.

Trabajadores de la ex Petinari. Fotos: Néstor Saracho
Otro modelo, otra economía
Luego fue el turno otras experiencias de fábricas y empresas recuperadas. La asamblea pública se convirtió así en una clase magistral sobre política y economía difícil de encontrar en la universidad. El que primero habla es el representante de Cooperativa Frigocarne, de Cañuelas:
“Hace 11 años que somos una familia sin patrón. Somos libres, llenos de contradicciones, pero libres. Demostramos que los negros, los analfabetos, pueden manejar una fábrica. Es posible un país distinto, una fábrica distinta. No es fácil: hay miedo, desconfianza. Pero no necesitamos de los patrones para producir. En 8 años hemos puesto 8 millones de pesos en la planta. Estamos arriba del sueldo de convenio. Pero carajo: miren si no demostramos que podemos”.
Pablo Ledesma, de la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores, de Villa Domínico, Avellaneda, pasa al frente:
“Llevamos 11 años de autogestión, y gracias al vecino, pudimos recuperar el trabajo. Hoy tenemos una huerta agroecológica, una escuela, una cancha de hockey. Hay un modelo mucho mejor al capitalismo, y es el que construimos entre todos en comunidad”.
Franciso Manteca Martínez, de Textiles Pigüe (ex Gatic) aporta una observación clave de cara a lo que sigue: “Es bueno resaltar el inicio. Hay que ser muy valientes para ocupar, muy heroicos para resistir, pero también muy inteligentes para producir. Hay que juntarse con proveedores, clientes. Seamos inteligentes en el camino. Y no es fácil. Todavía necesitamos reivindicaciones, que nos igualen en derechos con los trabajadores de otros sectores, que no necesitamos monotributos. Todos podemos decir cantatas revolucionarias, pero hay que ser inteligentes”.
José Vasco Abelli, referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, cierra: “Cuando empezamos a recuperar empresas en la década infame, en los 90, nos trataban de locos. Y copiamos el lema del Movimiento Sin Tierra: ´Ocupar, resistir y producir´. Este es el orgullo que todos tenemos que sentir como clase, como trabajadores que recuperaron la dignidad. Todos los días hay una nueva fábrica recuperada. Esa es la gran conquista: recuperamos la confianza. Hay más de 50 mil trabajadores autogestionados en todo el país. Fuimos inteligentes para apropiarnos de los medios de producción, y eso es lo que le duele al neoliberalismo y al capitalismo. Hay otra economía, y la hicimos nosotros”.

Trabajadores de la ex Petinari. Fotos: Néstor Saracho
El mundo según Merlo
Hay en el predio risas, chistes, mate, fútbol. El clima volvió a ser otro. “Hay que meterle a la pintura de esa caja, esta semana tiene que salir”, le dice Jorge Gutiérrez a otro compañero. La carpa aún no estaba armada pero el pensamiento ya estaba un paso por delante: hay que producir.
“La sensación que tenemos es levantar la mirada nuevamente y ver que, gracias a lucha, volvimos a tener ilusión y nos pudimos unificar”, concluye Gustavo Machuca, 29 años. “Cada vez estamos más cerca del sueño de ser una cooperativa. Cuando supimos que quizá entrábamos otra vez, el tiempo y la ansiedad te comían. Me despertaba a la madrugada, no me podía dormir. Y ahora ver las máquinas y a los compañeros nuevamente adentro es algo que te motiva mucho. Estar acá y tener este apoyo es importante para que nadie pueda estafarnos la moral”.
Se suma Eber Moreno, 21 años en la fábrica, encargado de viga: “Era sabido que iba a pasar el desalojo. Espero que, en este caso, la segunda sea la vencida. Volver al trabajo es lo que más nos importa hoy por hoy. Porque el tema de la plata ya fue. Negociar nuestro sueldo no nos sirve: para qué vamos a financiarles eso, si sólo sirve para que los patrones se llenen los bolsillos. Lo que nos importa es esto, que es nuestro. Falta un poquito, pero no nos va a sacar nadie”.
Sigue Machuca: “Pasamos la primera vez acá adentro, después vino el desalojo. Esta segunda vuelta nos ayuda a estar más aferrados y compenetrados: nos hicimos más fuerte nosotros. Nuestro sueño ya se está haciendo realidad. Nos estamos fortaleciendo cada vez más. Esto ya es parte de nosotros. Yo sé que es mío, para mi familia, para mis compañeros y para mi futuro”.
El futuro es este rincón de Merlo puro presente, puro cambio, pura transformación.
Este jueves el mundo se movió un milímetro.
Lo movieron estas personas.
El tiempo dirá qué es lo ese milímetro empujó.
Nota
Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?
El podcast completo:
Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.
Nota
Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.
Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos Juan Valeiro
El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.
Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.
Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.
Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.
La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:
- “Que no te vendan gato por león”.
- “¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.
Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:
Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.
Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.
Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.
Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.
Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.
La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.
Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

Nota
La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.


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