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#NiñasNoMadres: audiencia en la CIDH por el caso de Lucía en Tucumán y la necesidad de aplicación de la ILE

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Organizaciones y centros de estudios llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la joven tucumana de 11 años violada por el novio de su abuela y obligada a parir. Su caso permitió ilustrar los obstáculos que enfrentan niñas y adolescentes embarazadas producto de haber sido víctimas de violencia sexual: en el año 2017 hubo 2.493 nacimientos producto de embarazos de niñas menores de 15 años y 91.586 de adolescentes de entre 15 y 19 años. Los comisionados de la Corte compararon a la Argentina con el Medioevo y se mostraron sorprendidos por el racconto de atrocidades que permite el Estado ante la falta de aplicación de los protocolos ya existentes: “No me explico porque le tenemos que dedicar tanto tiempo al debate de esta cuestión”, mencionó una de ellas. Técnicamente, llamaron a defender los derechos de las niñas y a los legisladores a actuar con valentía y no dejarse amedrentar por la Iglesia y los grupos antiderechos. La crónica de la jornada y la voz de las denunciantes.
Lo que en Tucumán vivió Lucía, una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela a la que le negaron su derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, no fue un hecho aislado. En el año 2017 hubo 2493 nacimientos producto de embarazos de niñas menores de 15 años y 91.586 de adolescentes de entre 15 y 19 años. Un quinto de estas adolescentes tenían uno o más hijos.
La trama que impide, con participación estatal, el acceso a un derecho es lo que organizaciones de derechos humanos y del derecho de la niñez y la infancia denunciaron en la audiencia temática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Lucía permitió así denunciar los obstáculos que enfrentan niñas y adolescentes embarazadas producto de haber sido víctimas de violencia sexual para acceder a un derecho que existe desde 1921 en Argentina.
“Esta audiencia representa un alerta que el Estado argentino no puede desoír. Los programas de Educación Sexual Integral, los programas de derechos sexuales y reproductivos, han sido desfinanciados en estos últimos años”, explica a lavaca Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) desde Washington. “Es importante poder poner sobre la mesa el tema: volver a generar opinión pública y que el Estado empiece a pensar políticas que lleguen a lo largo y ancho del país, que se apliquen, que sean efectivas y que lleguen con presupuesto e inversión. Que la audiencia sea con un organismo internacional significa que las respuestas del Estado están siendo insuficientes, incompletas y se están agotado”. Junto a Marchese viajaron también Celia Debono, coordinadora nacional del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Argentina), y Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.

Donde no es cuento: La pesadilla tucumana

La presentación

La audiencia comenzó pasadas las 10 de la mañana en hora argentina, y pudo seguirse desde todo el mundo de manera online. “Venimos a denunciar y a visibilizar las graves vulneraciones a los derechos de las niñas en las que incurre el estado Argentino al obstaculizar las interrupciones legales del embarazo y forzar a parir a niñas víctimas de violencia sexual”, comenzó diciendo Nora Pulido. Frente a ella estaban sentados los representantes del Estado Argentino (uno de ellos, representante del Instituto Nacional de las Mujeres).
Las cifras que representan una radiografía de la violencia “se mantienen desde 1980 sin fluctuaciones significativas y la diferencia de cifras entre las provincias evidencia las profundas desigualdades y brechas entre las provincias”, sostuvo Pulido. En diálogo con lavaca, Marchese puntualizó que uno de los puntos neurálgicos del tema “es el federalismo en Argentina y la diferencia en las provincias: es una responsabilidad del Estado Nacional garantizar un mínimo de igualdad entre las provincias. No puede ser un justificativo la realidad, leyes o voluntades de la provincia”.
En la actualidad solo doce provincias cuentan con protocolos de atención de Interrupción Legal del Embarazo adecuados a lo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las provincias restantes no cuentan con dicho protocolo, lo cual obstaculiza o restringe el acceso a este derecho clave.
“El embarazo infantil forzado ha sido un problema históricamente invisibilizado. Estos casos aparecen como producto de violencia sexual ejercida – en la mayoría de los casos – por integrantes de la familia , conocidos o vecinos, adultos referentes en las vidas de las niñas”, sostuvieron en la presentación y detallaron el caso de Lucía en Tucumán como caso testigo.

Caso testigo

Una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela, un hombre de 65 años, en un pueblo en la zona rural de Tucumán. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, pidió Lucía, pero nunca se le informó a ella ni a su familia su derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo; tampoco intervino un equipo interdisciplinario para acompañarla y contenerla.
«Las y los profesionales de la salud intervinientes la manipulaban para que Lucía cambie de opinión: le decían a su mamá que si ella quería interrumpir el embarazo la niña podría morir», detallaron las denunciantes esta mañana ante la CIDH. «Transcurrido un mes desde que el sistema de salud tuvo conocimiento del embarazo, el gobierno de Tucumán habilitó la ILE en la madrugada del 27 de febrero, debiendo contratar médicos del sistema privado, ya que todo el personal del hospital se declaró objetor de conciencia».
La red antiderechos que se desplegó el último verano en Tucumán dilató la gestación bajo la falsa premisa “salvemos las dos vidas”. El resultado: la tortura a una niña y la muerte de la beba de 660 gramos.

Tucumán arde: una niña torturada, una beba muerta y la falsedad del “Salvemos las dos vidas”


El Encuentro de Profesionales contra la Tortura -organización compuesta por profesionales de la salud, del derecho y la psicología social, entre otras disciplinas- denunció en el abril pasado al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en calidad de médico, y a su ministra de Salud, Roxana Chahla, entre otras autoridades políticas y sanitarias de la provincia, ante la Asociación Médica Mundial por “impedir el acceso al aborto legal a niñas y someterlas a tratos crueles o degradantes y tortura”.
En esa misma provincia, declarada “próvida” durante el debate por la interrupción legal del embarazo, durante 2018 hubo 137 niñas madres menores de 14 años según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud.
El caso de Lucía permitió identificar los obstáculos en el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y presentar así ante la CIDH una radiografía de la situación en todo el país. Explica Fernanda de ANDHES a lavaca: “Los protocolos con vacíos: el protocolo ILE no tiene elaborada una perspectiva de niñes, no establecen que forzar a esa niña es tortura como lo dicen las convenciones, o no establecen cómo hacer efectiva la escucha a la niña, el derecho a ser oída, como ha pasado con Lucía. Y en los protocolos de abuso sexual infantil no aparece la ILE como un derecho: está invisibiizado. Otros obstáculos: la ESI todavía no llega a todas las provincias ni a todas las aulas por la presencia de grupos eclesiásticos, grupos antiderechos, que presionan y que están dentro de las estructuras mismas del Estado y la Justicia. En el caso de Lucía la justicia cumplió un rol clave, se vio la convivencia de los poderes: no solo ejecutivo que uno identifica con mayor claridad, sino un legislativo y un judicial que se complotan para hacer un obstáculo estructural al acceso de derechos”.
En la presentación ante la CIDH graficaron: «Esta omisión del Estado de una política pública activa, implica en realidad una suerte de política pública de hacer incubadoras a la niñas pobres».
En el informe presentado hay también un petitorio. Marchese explica a lavaca que a la Comisión se le pidió “que atento al contexto electoral del país siga con la temática y una visita al país en la que pueda visitar otras provincias”. También hay un petitorio al Estado en el que se pide “una actualización del protocolos, que se exhorte a las provincias a la aplicación y que aplique medidas para que las provincias adhieran”.

Las palabras de la Comisión

El comisionado Luis Ernesto Vargas Silva fue el primero en tomar la palabra luego de que hablen los representantes del Estado.
Vargas Silva comenzó diciendo: “A los legisladores les da miedo legislar este tema por presiones desde los púlpitos. La Iglesia se resiste. Esta semana un obispo dijo que era preferible admitir a quien viole a una mujer y no a quien aborte. Se sigue viendo a las mujeres como aparatos de reproducción”. Y caracterizó al caso de Lucía como “dramático” y que “grafica de manera elocuente lo que está ocurriendo”.
Vargas Silva habló también de “cruzadas” como en el Medioevo: “Buscan perseguir a las mujeres que aplican el ILE o a médicos que lo practican”. Y terminó diciendo que “esto debe resolverse desde un enfoque de derechos, es un problema de salud pública”.
Luego habló la comisionada Margarette May Macaulay, quien expresó rotundamente: “Las niñas son niñas y se le debería permitir ser niñas durante su infancia. No forzarles artificialmente a asumir las cargas de un adulto. Nadie tiene derecho a quitarles ese derecho. No me explico porque le tenemos que dedicar tanto tiempo al debate de esta cuestión”.
“La responsabilidad del Estado no se quita por causa de la separación de poderes ni por la estructura federal”, sostuvo luego la comisionada Flavia Piovesan, que pidió al Estado “concretar medidas efectivas para que haya protocolos en todas las provincias” y “medidas para garantizar la tranquilidad de los profesionales de salud”.
La presidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitino, fue la última en hablar e hizo hincapié en la responsabilidad del Estado de “educar e informar para potencias las capacidad de los niños, niñas y adolescentes sobre lo que representa la sexualidad humana” y puntualizó con respecto a niñas que “toda relación con ese grupo de edad es un hecho de violación”. Y finalizó: “Esto sucede porque a niños, niñas adolescentes, la sociedad adulta no les reconoce, aun cumpliendo 30 años de la Convención de los derechos de los niños, como sujetos de derecho. Son personas titulares de derecho, tienen una autonomía progresiva para el ejercicio de derechos. Hemos invisibilizado a este grupo”.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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