Nota
#NiñasNoMadres: audiencia en la CIDH por el caso de Lucía en Tucumán y la necesidad de aplicación de la ILE
Organizaciones y centros de estudios llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la joven tucumana de 11 años violada por el novio de su abuela y obligada a parir. Su caso permitió ilustrar los obstáculos que enfrentan niñas y adolescentes embarazadas producto de haber sido víctimas de violencia sexual: en el año 2017 hubo 2.493 nacimientos producto de embarazos de niñas menores de 15 años y 91.586 de adolescentes de entre 15 y 19 años. Los comisionados de la Corte compararon a la Argentina con el Medioevo y se mostraron sorprendidos por el racconto de atrocidades que permite el Estado ante la falta de aplicación de los protocolos ya existentes: “No me explico porque le tenemos que dedicar tanto tiempo al debate de esta cuestión”, mencionó una de ellas. Técnicamente, llamaron a defender los derechos de las niñas y a los legisladores a actuar con valentía y no dejarse amedrentar por la Iglesia y los grupos antiderechos. La crónica de la jornada y la voz de las denunciantes.
Lo que en Tucumán vivió Lucía, una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela a la que le negaron su derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, no fue un hecho aislado. En el año 2017 hubo 2493 nacimientos producto de embarazos de niñas menores de 15 años y 91.586 de adolescentes de entre 15 y 19 años. Un quinto de estas adolescentes tenían uno o más hijos.
La trama que impide, con participación estatal, el acceso a un derecho es lo que organizaciones de derechos humanos y del derecho de la niñez y la infancia denunciaron en la audiencia temática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Lucía permitió así denunciar los obstáculos que enfrentan niñas y adolescentes embarazadas producto de haber sido víctimas de violencia sexual para acceder a un derecho que existe desde 1921 en Argentina.
“Esta audiencia representa un alerta que el Estado argentino no puede desoír. Los programas de Educación Sexual Integral, los programas de derechos sexuales y reproductivos, han sido desfinanciados en estos últimos años”, explica a lavaca Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) desde Washington. “Es importante poder poner sobre la mesa el tema: volver a generar opinión pública y que el Estado empiece a pensar políticas que lleguen a lo largo y ancho del país, que se apliquen, que sean efectivas y que lleguen con presupuesto e inversión. Que la audiencia sea con un organismo internacional significa que las respuestas del Estado están siendo insuficientes, incompletas y se están agotado”. Junto a Marchese viajaron también Celia Debono, coordinadora nacional del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Argentina), y Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.
La presentación
La audiencia comenzó pasadas las 10 de la mañana en hora argentina, y pudo seguirse desde todo el mundo de manera online. “Venimos a denunciar y a visibilizar las graves vulneraciones a los derechos de las niñas en las que incurre el estado Argentino al obstaculizar las interrupciones legales del embarazo y forzar a parir a niñas víctimas de violencia sexual”, comenzó diciendo Nora Pulido. Frente a ella estaban sentados los representantes del Estado Argentino (uno de ellos, representante del Instituto Nacional de las Mujeres).
Las cifras que representan una radiografía de la violencia “se mantienen desde 1980 sin fluctuaciones significativas y la diferencia de cifras entre las provincias evidencia las profundas desigualdades y brechas entre las provincias”, sostuvo Pulido. En diálogo con lavaca, Marchese puntualizó que uno de los puntos neurálgicos del tema “es el federalismo en Argentina y la diferencia en las provincias: es una responsabilidad del Estado Nacional garantizar un mínimo de igualdad entre las provincias. No puede ser un justificativo la realidad, leyes o voluntades de la provincia”.
En la actualidad solo doce provincias cuentan con protocolos de atención de Interrupción Legal del Embarazo adecuados a lo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las provincias restantes no cuentan con dicho protocolo, lo cual obstaculiza o restringe el acceso a este derecho clave.
“El embarazo infantil forzado ha sido un problema históricamente invisibilizado. Estos casos aparecen como producto de violencia sexual ejercida – en la mayoría de los casos – por integrantes de la familia , conocidos o vecinos, adultos referentes en las vidas de las niñas”, sostuvieron en la presentación y detallaron el caso de Lucía en Tucumán como caso testigo.
Caso testigo
Una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela, un hombre de 65 años, en un pueblo en la zona rural de Tucumán. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, pidió Lucía, pero nunca se le informó a ella ni a su familia su derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo; tampoco intervino un equipo interdisciplinario para acompañarla y contenerla.
«Las y los profesionales de la salud intervinientes la manipulaban para que Lucía cambie de opinión: le decían a su mamá que si ella quería interrumpir el embarazo la niña podría morir», detallaron las denunciantes esta mañana ante la CIDH. «Transcurrido un mes desde que el sistema de salud tuvo conocimiento del embarazo, el gobierno de Tucumán habilitó la ILE en la madrugada del 27 de febrero, debiendo contratar médicos del sistema privado, ya que todo el personal del hospital se declaró objetor de conciencia».
La red antiderechos que se desplegó el último verano en Tucumán dilató la gestación bajo la falsa premisa “salvemos las dos vidas”. El resultado: la tortura a una niña y la muerte de la beba de 660 gramos.
Tucumán arde: una niña torturada, una beba muerta y la falsedad del “Salvemos las dos vidas”
El Encuentro de Profesionales contra la Tortura -organización compuesta por profesionales de la salud, del derecho y la psicología social, entre otras disciplinas- denunció en el abril pasado al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en calidad de médico, y a su ministra de Salud, Roxana Chahla, entre otras autoridades políticas y sanitarias de la provincia, ante la Asociación Médica Mundial por “impedir el acceso al aborto legal a niñas y someterlas a tratos crueles o degradantes y tortura”.
En esa misma provincia, declarada “próvida” durante el debate por la interrupción legal del embarazo, durante 2018 hubo 137 niñas madres menores de 14 años según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud.
El caso de Lucía permitió identificar los obstáculos en el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y presentar así ante la CIDH una radiografía de la situación en todo el país. Explica Fernanda de ANDHES a lavaca: “Los protocolos con vacíos: el protocolo ILE no tiene elaborada una perspectiva de niñes, no establecen que forzar a esa niña es tortura como lo dicen las convenciones, o no establecen cómo hacer efectiva la escucha a la niña, el derecho a ser oída, como ha pasado con Lucía. Y en los protocolos de abuso sexual infantil no aparece la ILE como un derecho: está invisibiizado. Otros obstáculos: la ESI todavía no llega a todas las provincias ni a todas las aulas por la presencia de grupos eclesiásticos, grupos antiderechos, que presionan y que están dentro de las estructuras mismas del Estado y la Justicia. En el caso de Lucía la justicia cumplió un rol clave, se vio la convivencia de los poderes: no solo ejecutivo que uno identifica con mayor claridad, sino un legislativo y un judicial que se complotan para hacer un obstáculo estructural al acceso de derechos”.
En la presentación ante la CIDH graficaron: «Esta omisión del Estado de una política pública activa, implica en realidad una suerte de política pública de hacer incubadoras a la niñas pobres».
En el informe presentado hay también un petitorio. Marchese explica a lavaca que a la Comisión se le pidió “que atento al contexto electoral del país siga con la temática y una visita al país en la que pueda visitar otras provincias”. También hay un petitorio al Estado en el que se pide “una actualización del protocolos, que se exhorte a las provincias a la aplicación y que aplique medidas para que las provincias adhieran”.
Las palabras de la Comisión
El comisionado Luis Ernesto Vargas Silva fue el primero en tomar la palabra luego de que hablen los representantes del Estado.
Vargas Silva comenzó diciendo: “A los legisladores les da miedo legislar este tema por presiones desde los púlpitos. La Iglesia se resiste. Esta semana un obispo dijo que era preferible admitir a quien viole a una mujer y no a quien aborte. Se sigue viendo a las mujeres como aparatos de reproducción”. Y caracterizó al caso de Lucía como “dramático” y que “grafica de manera elocuente lo que está ocurriendo”.
Vargas Silva habló también de “cruzadas” como en el Medioevo: “Buscan perseguir a las mujeres que aplican el ILE o a médicos que lo practican”. Y terminó diciendo que “esto debe resolverse desde un enfoque de derechos, es un problema de salud pública”.
Luego habló la comisionada Margarette May Macaulay, quien expresó rotundamente: “Las niñas son niñas y se le debería permitir ser niñas durante su infancia. No forzarles artificialmente a asumir las cargas de un adulto. Nadie tiene derecho a quitarles ese derecho. No me explico porque le tenemos que dedicar tanto tiempo al debate de esta cuestión”.
“La responsabilidad del Estado no se quita por causa de la separación de poderes ni por la estructura federal”, sostuvo luego la comisionada Flavia Piovesan, que pidió al Estado “concretar medidas efectivas para que haya protocolos en todas las provincias” y “medidas para garantizar la tranquilidad de los profesionales de salud”.
La presidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitino, fue la última en hablar e hizo hincapié en la responsabilidad del Estado de “educar e informar para potencias las capacidad de los niños, niñas y adolescentes sobre lo que representa la sexualidad humana” y puntualizó con respecto a niñas que “toda relación con ese grupo de edad es un hecho de violación”. Y finalizó: “Esto sucede porque a niños, niñas adolescentes, la sociedad adulta no les reconoce, aun cumpliendo 30 años de la Convención de los derechos de los niños, como sujetos de derecho. Son personas titulares de derecho, tienen una autonomía progresiva para el ejercicio de derechos. Hemos invisibilizado a este grupo”.
Nota
Otra ronda más: 43° Marcha de la Resistencia, 47 años de lucha

Un día como hoy de 1976, Ernesto Casariego, bancario, delegado gremial de la Caja de Ahorro y Seguros, fue detenido por un Grupo de Tareas de la ESMA. Continúa desaparecido. Un día como hoy, de 1976, Patricia Dillon y Luis Alberto Ciancio, militantes del Partido Comunista, estudiantes universitarios y padres de un bebé de ocho meses, fueron detenidos y desaparecidos. Ese bebé se llama Federico Ciancio y estuvo presente junto a cientos de personas hoy en la 43° Marcha de la Resistencia de Madres y Abuelas alrededor de la Pirámide de Mayo, la última antes del próximo 10 de diciembre en el que ocurrirán dos cosas: asumirá el presidente electo, el negacionista Javier Milei; el mismo día en el que en 1977 desapareció Azucena Villaflor, fundadora de Madres. Efemérides que hablan de la memoria en presente, en otra crónica de la ronda de los jueves.
Por Francisco Pandolfi
“Nuestra lucha no tiene fecha de vencimiento”, reza una bandera llena de pañuelos chiquitos, medianos y grandes. Dentro de uno, una consigna eterna: Memoria, Verdad y Justicia. La bandera está colgada en las rejas que enmarcan a la Pirámide de Mayo, esa que las Madres contornearon marchando, una y otra vez, desde el 30 de abril de 1977.
La de hoy, no es una ronda más, en el último día hábil previo a la asunción de Javier Milei como presidente, el próximo domingo 10 de diciembre.
El 10 de diciembre tampoco es un día más. A la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, se le suma la desaparición en 1977 de Azucena Villaflor, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. En esa jornada asumirá Milei.
Un 10 de diciembre de 1981, las Madres decidieron, en medio de una dictadura cívico militar que seguía haciendo estragos de todo tipo, organizar la Primera Marcha de la Resistencia, que duró 24 horas… 24 horas caminando alrededor de la Pirámide de Mayo exigiendo por la aparición con vida de sus hijas y sus hijos.
Esa fusión entre corporalidad en la calle y creatividad, puede marcar un camino para lo que se viene.
A 46 años de la primera ronda de las Madres, esta, la número 2382, no es una ronda más.
A 42 años de aquella primera Marcha de la Resistencia, esta, la número 43, no es una marcha más. No es una resistencia más.
Se siente en el aire, en el andar; se siente en las miradas, en la necesidad de estar hoy (y siempre); se siente en lo que se ve y en lo que se dice.
Jorge Gudiño tiene un bigote de esos que en los setenta no eran la excepción, sino la regla. Mantiene una mirada pícara, como de complicidad. La está sosteniendo a upa a su pareja, Gloria Domínguez, que se ríe a carcajadas. Tiene una risa que se está por salir de la foto. Esa foto que ahora lleva colgada Marcela, hermana de Jorge y cuñada de Gloria, desaparecidos desde el 15 de septiembre de 1976. “Hay que seguir luchando. Hay que seguir hasta que nos digan dónde está cada compañero”. ¿Cómo llegarles a quienes votaron a Milei? “Milei les va a llegar antes que nosostros, porque los va a hacer bosta. Todos lo vamos a sentir”.
El domingo por la mañana asumirá su mandato en el Congreso de la Nación un presidente elegido habiendo negado al terrorismo de Estado y a los 30 mil desaparecidos. Que habló de una guerra y de simples “excesos” de parte de las “Fuerzas del Estado”. La vicepresidenta que asumirá a su lado, Victoria Villarruel, es hija, nieta y sobrina de militares; mantiene una relación estrecha con genocidas presos por delitos de lesa humanidad; tildó de “personaje siniestro” a la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y ya avisó que se imagina a la ESMA, el mayor centro clandestino de detención y hoy espacio de memoria, como un lugar para ser “disfrutado” por el pueblo argentino. En este contexto, la Unión del Personal Militar Asociación Civil ya le pidió a Milei que cierre la secretaría de Derechos Humanos.
Fernanda tiene 36 años, y lleva en brazos a su bebé de 9 meses. A su lado caminan su hija de 4, su compañero y su cuñada. Es de San Martín de los Andes. “No podíamos no estar acá. Peligra que cambie… peligra que desaparezca el recuerdo”, dice, con los ojos que rompen en llanto. ¿Cómo se sale? “Con unión, el individualismo no lleva a ningún lado. Y con respeto. El camino de la violencia es una cagada”.
Mientras camina la marcha, se leen los nombres y apellidos de detenidos-desaparecidos.
Medrano, Hugo José.
(Presente)
Medos, Hugo.
(Presente)
Meilán, Julio Reynaldo.
(Presente)
Meléndez, Graciela.
(Presente)
Hay gente preocupada, hay gente que llora. Y ahí está Norita Cortiñas, marchando en silla de ruedas junto a Mirta Baravalle y Elia Espen, con una sonrisa de lado a lado. “Venceremos”, dice. “Venceremos”, refuerza. “Venceremos”, asegura. Detrás, algunas banderas de organizaciones de izquierda, como el MST, el Partido Obrero, la Izquierda socialista. Ninguna cercana al oficialismo saliente.
MEJOR HABLAR DE CIERTAS COSAS
María tiene 26 años. Un mate en la mano y un termo que sostiene entre su torso y el codo. Una de las calcomanías pegadas reflejan por qué está acá: “Nunca Más”. “Vine por la memoria, para no olvidar que la lucha debe seguir siendo colectiva”. Hace una autocrítica: “Estamos mirando para adentro y hay que volver a las calles. Empecé a venir el jueves pasado porque los derechos ganados se tambalean. Vienen por todo, o eso es lo que dicen desde el discurso. Milei no ganó porque la mayoría está en contra de los derechos humanos, de las Madres y las Abuelas. Quienes no votamos a Milei debemos acercarnos a quienes sí. No sirve de nada ese discurso de que no se me acerque nadie que lo votó. Al contrario, más que nunca hay que dialogar con esas personas. Con ímpetu, que no prepondere el silencio, hay que hablar de ciertas cosas asumidas por algunos, porque para otros no están tan saldadas. Debatirlas para reafirmarlas, pero hablarlas al fin”.
Las banderas y los carteles que rodean a la Pirámide de Mayo son una especie de proclama colectiva, de freno, de blindaje a lo que se puede venir: “Ni un solo genocida suelto en las calles”. “Cárcel común perpetua y efectiva”. “Apertura de todos los archivos 1974-1983”, “Que digan dónde están”, “Nunca destruirán la memoria”.
Florencia lleva colgada una foto de su tía, Raquel Rubino, desaparecida el 23 de junio de 1976. Camina junto a su hija Morena, que está por celebrar los 14. “La historia me marcó, a mí y a mi familia. Mis papás no pudieron hablar por todo lo que sufrieron y yo pude recién a los 25. Mi hija es la que me hace hablar, la que me anima; ella es mi motor, de quien aprendo. Estamos acá porque hay un peligro real de perder lo logrado. Habrá que poner mucho el cuerpo, habrá que pensar ideas junto a las nuevas generaciones. La juventud está muy del lado de Milei”.
More la escucha y dice: “Quise venir porque hay que aprender de lo que pasó; me da curiosidad. En la escuela hablamos sobre estos temas, pero muchos de mis compañeros no se animan”. Agrega: “Hay que empezar a hablar más, porque lo que pasó, no puede volver nunca más”.
Melia, Daniel.
(Presente)
Melili, Horacio.
(Presente)
Memo, Claudio César.
(Presente)
Méndez, Orlando.
(Presente)
Santiago Morales tiene 33 años. Es sociólogo y especialista en infancias. Mientras marcha, hace pensar: “Empieza un nuevo momento de la historia de nuestro país. Fundamentalmente para una generación como la mía y las que vienen detrás. Un porcentaje grande de la sociedad con ideas pseudo progresistas creímos que éramos mayoría, y que la mayoría de la sociedad estaba a favor de la ESI, de la lucha por las mujeres, de la distribución de la riqueza y si vos mirás con una lectura diacrónica de la historia, en el siglo XX siempre las ideas de cambio fueron absoluta minoría. Te encontrás que por lo general lo que hubo fueron dictaduras, y por lo tanto sociedades que acompañaban desde el consenso, por temor, por represión, y también porque se creía en eso. Pienso que lo que pasa ahora es la confirmación de un nuevo comienzo de resistencia, y donde hay que construir un proyecto distinto de lo que se viene haciendo en los últimos 20 años, proyecto que estuvo basado más en la retórica y menos en la materialidad de la vida cotidiana; nos encontramos defendiendo derechos que no tenemos. Y esto le sucede a las amplias mayorías”. Completa: “La foto del presente es contundente, porque decimos que debemos defender los derechos y tenemos un 45% de personas en pobreza, un 65% de niñas y niños en pobreza. Entonces, esto no se puede sostener”.
¿Qué no puede faltar en este proyecto de vida? “Las ideas nuevas definitivamente deberán ser pensadas con las nuevas generaciones dentro, construirlas con ellas, que son las grandes ausentes en este proyecto político actual. Estoy diciendo una obviedad, ¿no? Que en buena medida la juventud haya apoyado a Milei, para nada quiere decir que se volvió de derecha, sí quiere decir que han estado afuera de la construcción de un proyecto colectivo en el presente. Votaron a Milei porque se sintieron en buena medida estafados. Un mundo adulto que te dice ‘tenés derechos, defendelos, seguí votándome a mí, que hace un montón de tiempo estoy en el ejercicio del poder garantizando los derechos que supuestamente vos tenés’. Pero en su vida cotidiana no pueden acceder a esos derechos: no les alcanza la guita, la policía los caga a palos, la escuela no es buena, no pueden alquilar, si tienen laburo es precarizado. Con esas limitaciones se encuentran los jóvenes. No hay una derechización de la juventud, lo que hay es una necesidad de cambio. Ante dos alternativas, continuidad y cambio, eligieron cambio”.
Carlos Loza es sobreviviente de la ESMA. En el acto de cierre de la marcha, dice ante una multitud: “No hay vuelta atrás en cuanto a los juicios, nuestras declaraciones son incontrastables. Seguiremos parados en el ejemplo de nuestras Madres, baluartes en esta lucha. Lo que viene no es nuevo y es siniestro; la historia nos lo enseñó. La represión de los setenta fue para acallar a quienes peleamos contra el ajuste, y el momento de hoy es similar a lo que ocurría en 1975, cuando Celestino Rodrigo asumió como Ministro de Economía. Lo primero que hizo fue devaluación, tarifazos, ajustes y recortes de salarios. O sea, esto ya sucedió, aunque estábamos mejor organizados. El 5 de junio de 1975 asumió Rodrigo y el 27 de junio estábamos en esta plaza, puteándolo tanto que tuvo que renunciar. Entonces, las empresas leyeron que su plan solo se podía aplicar con genocidio y ahí fue que empezaron a frecuentar Campo de Mayo”.
El resto, es historia, y es presente.
Un día como hoy, el 7 de diciembre de 1976, Ernesto Casariego, bancario, delegado gremial de la Caja de Ahorro y Seguros, fue detenido por un Grupo de Tareas de la ESMA. Continúa desaparecido.
Un día como hoy, el 7 de diciembre de 1976, Patricia Dillon y Luis Alberto Ciancio, militantes del Partido Comunista, estudiantes universitarios y padres de un bebé de ocho meses, fueron detenidos y desaparecidos. Sus restos fueron encontrados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Ese bebé se llama Federico Ciancio y le dice a MU, como puede, con lo que le sale, un día como hoy: “Mis reflexiones de este momento pueden imaginarlas, es igual a como estamos muchos. Peléandole a la angustia y juntando fuerzas para la lucha que se viene”.
El jueves próximo, a las 15:30, habrá ronda otra vez, como hace 46 años.
Nota
Cecilia Basaldúa: gracias a la lucha familiar designan un nuevo fiscal en la causa

La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte llevó a Córdoba una carpeta con miles de firmas que reclamaban la designación de un nuevo fiscal. Lo lograron: después de la feria judicial tomará la causa Nelson Lingua. ¿Qué debe investigar? El rol de Mainardi y su círculo en el femicidio, la casa con manchas de sangre a pocos metros del lugar de hallazgo del cuerpo, la complicidad policial y el intento de la fiscal Paula Kelm de inculpar a un perejil. Todo lo que debe hacer una familia para conseguir justicia, cuando el Estado encubre.
Por Bernardina Rosini
desde Córdoba
Susana y Daniel Basaldúa entraron a la oficina del Fiscal General de Córdoba con una carpeta con miles de firmas de apoyo al pedido de designación de un fiscal para la investigación del femicidio de Cecilia de manera urgente. Lo lograron: fueron recibidos con la novedad de que después de un año y medio se hará cargo de la causa Nelson Lingua. Los padres de la joven asesinada en Capilla del Monte en 2020 estuvieron acompañados por decenas de personas, entre las que se encontraban sus abogadas, Daniela Pavón y Gisela Videla y el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos Gerardo Battistón.
La lucha por un fiscal
Desde que el entonces fiscal a cargo, Reymundo Barrera, de Cruz del Eje, se jubiló, la instrucción quedó en punto muerto. Esta inacción motivó en junio pasado una primera reunión con el fiscal general Juan Manuel Salgado, sin resultados. Esta nueva reunión fue distinta, según Daniel Basaldúa expresó luego del encuentro: “Nosotros veníamos a exigir un fiscal que tome la investigación: por ese lado, saldo positivo. Venimos hace meses con una investigación que no tenía una persona a cargo y se la pasaban de mano cada 10 días. Vinimos con 3.000 firmas pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”.
El padre de Cecilia se muestra satisfecho con esta designación y con el compromiso que acompañó el Fiscal General de ocuparse personalmente que la investigación se mantenga activa y de informarse mensualmente de lo que vaya aconteciendo en la instrucción.


Lo que no se investiga
Desde el momento del hallazgo del cuerpo en abril de 2020 la familia de Cecilia sostiene que las líneas de investigación del crimen han sido deliberadamente manipuladas y material probatorio de contundencia, ignorado. Tal es es así que el juicio realizado en el año 2022 se sostenía únicamente en la confesión lograda a base de puños y amenazas por parte de personal policial a Lucas Bustos, un joven poblador rural sobre el cual no pesaba ninguna prueba siquiera que haya conocido a Cecilia.
Por el otro lado, las sospechas familiares recaen sobre Mario Mainardi, última persona que con certeza se sabe vió con vida a Cecilia y a quien nunca se investigó a pesar de que el luminol, sustancia que revela la presencia de rastros de sangre, diera positivo en 11 puntos de su casa; entre otros aspectos que lo implican y que fueron descartados exhibiendo cuanto menos, intencionalidad de encubrimiento, jamás investigados.
Estas cuestiones fueron nuevamente expresadas por el matrimonio Basaldúa y sus representantes ayer en el Palacio de Tribunales, en la oficina del Fiscal General. “Existe un claro interés de no investigar lo que propone la familia” afirma Daniela Pavón. La abogada comparte su preocupación por el tiempo perdido: “Semanas atrás hubo un incendio en una casa de Capilla del Monte que había sido señalada como un posible escenario del crimen”.


La casa
En medio de la pandemia los dueños de esa casa de veraneo se acercaron a chequearla y se encontraron que en una de las habitaciones estaba manchada de sangre. Los propietarios realizaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras. La ubicación de la casa es a tan sólo 600 metros de donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia el 25 de abril del 2020.
La fiscalía tenía el cuerpo de la joven por un lado y, a unos pocos metros, un cuarto de una casa abandonada manchado con sangre. Pero sin embargo no dió curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas de la casa nunca se realizaron. “Tememos que se haya perdido mucho material probatorio por falta de trabajo, de desidia de la fiscalía. Solicitamos hace mucho tiempo que se realicen las pericias y se tomen las muestras en ese lugar. Esperamos con ansias que haya un cambio de ritmo y de eficacia en la investigación con la incorporación y el liderazgo del doctor Lingua”, dice Pavón.

La corrupción
La construcción para intentar inculpar a un perejil realizada por la fiscal Paula Kelm y posteriormente el fiscal de Cámara Sergio Cuello en el juicio contra Lucas Bustos se deshizo por carecer de pruebas. Y si lo que se presenta claro y manifiesto es desestimado, la complicidad policial y judicial parece ya evidente.
¿Tomará el nuevo fiscal Lingua las líneas de investigación que señala la familia?
Mientras eso está por verse, Daniel y Susana participan hoy en la 17° Marcha de la Gorra en Córdoba capital y luego estarán en Capilla del Monte para seguir reclamando justicia en las calles.

Nota
Luna hace escuela: presentan una placa recordatoria de la joven asesinada, en reclamo de justicia

La joven de 19 años iba a la primaria n° 18 de Tigre, donde ayer se descubrió una placa para recordar su femicidio y reclamar justicia. El femicida Isaías Villarreal vive cerca de esa institución y de la casa de la familia Luna. El acompañamiento de las y los alumnos, de organizaciones sociales, del Ministerio de Mujeres bonaerense, y las palabras de sus padres.
«Es un momento importante: el Estado está reconociendo que es un femicidio. Falta que la justicia lo pueda ver”.
Marisa, mamá de Luna Ortiz, dice estas palabras frente a la escuela primaria n°18 de Tigre adónde iba su hija. Ahí, sobre la vereda y a metros de la puerta, se presentó ayer martes 6 de diciembre una señalización con la cara de Luna y una inscripción con una frase de la banda Callejeros que la recuerda: «Hoy desde el cielo me guian tus ojos a donde voy».


Del otro lado de la reja, alumnos y alumnas de 6to grado armaron guirnaldas de carteles que en letra imprenta piden que frene la violencia: «Si me querés no me grites», «mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio», «no más maltrato», «nos queremos vivas y libres».
«Es una reparación», dice Facundo, su papá, acompañado por otros familiares de víctimas de femicidios que viajaron desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, por vecinas, amigas de Luna, y por autoridades del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad bonaerense.
Luna Ortiz tenía 19 años cuando fue contactada por Isaías Villarreal el 2 de junio de 2017 mediante Facebook. Se encontraron y él la llevó a su casa, donde la esperaban otros dos hombres: ahí la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. Un día después, el 3 de junio de 2017, encontraron el cuerpo de Luna sin vida en la casa del propio Villarreal.
Dos años después, el fiscal Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género San Isidro, caratuló su muerte como “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito”. Ese año el TOC 7 de San Isidro condenó a Villarreal a 14 años de prisión. Pero en marzo de 2021, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de La Plata, Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky, dieron lugar a un pedido de la defensa y cambiaron la carátula a “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente” por lo que finalmente el femicida recibió una pena de 4 años y 11 meses.




Con el cambio de carátula, Villareal consiguió en 2022 la excarcelación. Desde entonces vive a pocas cuadras de la casa de donde vivía Luna, en el mismo barrio en donde ahora se la recuerda en la escuela.
Por eso Ailén, amiga de Luna, dice: «Para mí es plasmar que acá no está todo bien, que si él está en la calle no está todo bien, que él no es inocente de lo que hizo, que tiene que pasar y verle la cara hermosa que tenía y saber que no está todo bien, que nunca va a estar todo bien, y ojalá la justicia algún día revea el error que cometió».




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