Nota
Nueva moneda cooperativa para intercambiar producción sin psicosis inflacionaria

El lema en los billetes es: “La cooperación supera a la competencia”. Este sábado 1° de octubre será presentada la Moneda de Intercambio Argentina (MIA) un mecanismo de pago creado por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas para el sector autogestivo y quienes quieran sumarse. El evento ocurrirá de 12 a 19 en la Cooperativa El Mercadito (Cnel. Ramón Falcón 2714, Flores, Buenos Aires) con la presencia de las propias cooperativas y sus productos, feria gastronómica y números musicales.
El MNER plantea el lanzamiento de la moneda como una propuesta que «apunta a fortalecer a empresas, trabajadores y trabajadoras, y productores de la economía popular, a partir del intercambio de productos y servicios».
En esta nota de la revista MU Eduardo Murúa (Director de Políticas de Inclusión Económica) explica cómo funcionará la MIA, el vigente antecedente suizo de una moneda cooperativa y otros proyectos que vislumbra frente a la crisis: sustitución de importaciones y una ley para consolidar a las cooperativas sin patrón. Datos de un proyecto que busca, entre otras cosas, que la vida sea más productiva y más llevadera. Por Sergio Ciancaglini.
El actual Peso argentino cumplió 30 años. Nació el 1º de enero de 1992 como equivalente a 10.000 australes y a un dólar, cuando gobernaban personas que hicieron y deshicieron demasiadas cosas.
Hoy el Peso argentino sirve para comprar dos banditas elásticas mientras se estira la inflación. O un tercio de sobrecito de azúcar que se puede diluir en 1,33 gramos de café, o en la realidad. Alcanza, cash, para dos (2) fósforos, seres de la familia de lo efímero, 0,7 gramos de asado, 0,2 gramos de dentífrico, 0,8 gramos de tarta vegana, 3,4 centímetros de papel higiénico, 6,25 mililitros de leche (120 gotas) si es que eso que venden en los súper es leche; la misma cantidad de agua embotellada, 1,5 gramos de yerba, 3 gramos de pan, 1,2 milímetros de cigarrillo, el 1,30 por ciento de una medialuna. Es un mercado molecular, una moneda subatómica destinada al nanoconsumo, y no se sabe si las cosas serían mejores o peores de otro modo, aunque siempre conviene estar en alerta. Al salir esta MU a la calle es posible que las proporciones aquí detalladas se hayan convertido en micropartículas aún más imperceptibles.
“La moneda no vale nada. Entonces dijimos: cuando nos sacaron las fábricas, las recuperamos. ¿Nos sacaron la moneda? Vamos a recuperarla. Hagamos nuestra propia moneda”.
Así lo relata el Vasco Murúa (su nombre de pila, casi fuera de circulación entre quienes lo conocen, es Eduardo). Es fundador del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y todo lo que logró esa organización en base a desesperación por salir del desempleo, inteligencia y tozudez, hizo que el actual gobierno designara a Murúa en el Ministerio de Desarrollo Social como Director de Políticas de Inclusión Económica dedicado en la práctica al sector de empresas sin patrón (por su mecanismo horizontal de funcionamiento). Son más de 400 y el lanzamiento del Renacer (Registro Nacional de Empresas Recuperadas) permitirá confirmar que involucran a unas 18.000 personas demostrando que es posible trabajar con una lógica diferente de producción y de relaciones.
Más allá de su rol como funcionario, describe al Estado como colonial, o como “estúpido, bobo y maligno” al hacer cosas como haber subsidiado a las corporaciones vía ATP durante la pandemia con la mitad de los salarios, incluso los altos, “mientras a nuestro sector le entregaban planes Potenciar Trabajo que eran la mitad de un salario mínimo”. Ese apoyo fue importante (todo lo es para las cooperativas de trabajo), pero a la vez fue percibido como casi una limosna por lo que Murúa cuestionó: “No nos ven ni nos escuchan, siento que hay una subestimación con respecto a nuestros compañeros”.
Desde fines del siglo pasado el MNER es uno de los grupos que reunió a experiencias obreras conformadas como cooperativas de trabajo que se hicieron cargo de las empresas en las que trabajaban frente a la quiebra, vaciamiento y/o fraudes perpetrados por las respectivas patronales. La marca de agua del movimiento, su hilo de seguridad, es una trilogía de acciones: Ocupar, Resistir y Producir.
Y esta novedad con forma de billetes implica otras tres palabras: Moneda de Intercambio Argentina, MIA.

Mujeres trabajando
«Veníamos estudiando el tema desde hace años, como necesidad de tener una moneda para intercambio dentro de la economía popular” explica Murúa.
La idea tiene alcances simbólicos y también políticos: “El Fondo Monetario Internacional (FMI) controla la economía, incluso no te deja emitir y en esa discusión sobre la emisión está uno de los impedimentos para crecer. Si el Estado capitalista no facilita desde la emisión la producción y el consumo del pueblo, entonces que emita el pueblo. Lo proponemos desde un sector humilde que son las empresas recuperadas pero es una idea que dejamos abierta, no queremos hegemonizarla. Es una forma de plantear que hay otras formas de construir otros mercados”.

Los billetes son de dos denominaciones. El de 500 MIA (equivalente a 500 pesos, al menos por ahora) es azulado, con la imagen de una persona haciendo un trabajo metalúrgico de soldadura. En el reverso se ve el mapa argentino rodeado de manos entrelazadas bajo una frase: “La cooperación supera a la competencia”. Al logo del MNER, y la denominación “Moneda MIA” se agregan dos palabras: “Bien común”.
El billete de 1.000 MIA tiene rasgos similares pero se diferencia por su color verde y en el frente muestra a tres mujeres trabajando con barbijos. Son de la sección empaque de la Cooperativa Mielcitas Argentinas de La Matanza –recuperada bajo la oscuridad macrista– en la que 66 de las 88 personas que se hicieron cargo de la producción son mujeres sin patrón: el billete es un reconocimiento impreso y expreso a quienes lograron imponerse a la destrucción del trabajo.
¿Cómo funciona?
La experiencia ya está en marcha con un plan piloto entre algunas cooperativas como Farmacoop (antes Roux Ocefa, primer laboratorio recuperado del mundo), y Recoop, distribuidora mayorista de producciones de empresas recuperadas, principalmente comestibles (yerba, aceite, quesos, dulces, pastelería, embutidos, entre muchas otras ofertas) y también sanitarios (alcohol, barbijo, cremas), o de línea blanca, acumulando más de 350 productos.
Explica Bruno Di Mauro, de Farmacoop: “Distribuimos para empezar 1.000 MIA a cada uno de los 45 integrantes de la cooperativa, que pueden comprar en Recoop y en una red de unos 50 mercaditos barriales que se está expandiendo cada vez más. La ventaja es que en Recoop pueden comprar a precio mayorista. Con las MIA que recibe, Recoop hace compras a Farmacoop. Entonces el mecanismo se va haciendo más fluido y se incentiva la compra al propio mercado cooperativo. Y cuando ves que un queso o cualquier otro producto hecho por las cooperativas encima es mejor que lo que te venden afuera, empieza a cambiar todo”. Otra idea: “Fidelizar a los proveedores que compran productos en empresas recuperadas para que se vayan sumando a la dinámica. No queremos que quede solo en el intercambio entre cooperativas, sino que pase fuera de las recuperadas para que comercios o empresas compren en Recoop con MIA”.
Bruno describe una posible ventaja de esta idea: “En momentos de escasez de circulante no nos veríamos tan afectados, podríamos financiarnos con este sistema. Estamos hablando de la moneda, que es un símbolo máximo del capitalismo como forma de intercambio. Pero la MIA puede reforzar un concepto de economía circular dentro de la economía popular, empezar a apropiarnos más de mecanismos que nos permitan autonomía e independencia. Si te agarra una etapa como el macrismo, no tenés un peso, te pagan a 90 días y no podés bancar ese desfasaje. Tener una moneda propia te permite financiarte, seguir consumiendo y hacer girar la rueda”.
Murúa: “La oferta de productos va a ser cada vez mayor, incluso de empresas privadas, con dos objetivos: potenciar la demanda de las empresas, y bajar el costo de vida de nuestras compañeras y compañeros”. El sistema va a funcionar en el arranque como un aumento en los retiros (los ingresos de los cooperativistas). “Yo no lo planteaba como aumento. Decía: a quien cobre 50, hay que darle 45 y 5 en MIA, ya eso es un beneficio porque con la MIA tiene más poder de compra. En cualquier caso, habrá que ir despacio para no tener inconvenientes porque esto no es común, nunca lo hicimos. Pero tenemos mucha confianza”.
Dice Murúa que el caso que más lo impulsó a pensar la nueva moneda nació en Suiza, con la experiencia del Wir, moneda que funciona desde 1934 a partir de Wirtschaftsring-Genossenschaft (Cooperativa del Círculo Económico) que se maneja con pequeñas y medianas empresas y creó además el Wir Bank. Wir significa “nosotros” en alemán. Tiene 50.000 miembros, realiza el 17% de los negocios de Suiza, tiene ingresos anuales de 1.500 millones de euros y el intercambio en esa moneda abarca entre el 1 y el 2% del PBI de ese país. “No estoy inventando nada” ríe Murúa, “pero el Wir te muestra hasta dónde puede llegar una propuesta bien fundada”.
Duda. Mucha gente puede pensar que el mundo del trabajo no tiene que meterse con las autopercibidas “ciencias económicas” y menos aún crear una moneda, pero siempre ocurrió lo mismo con las empresas recuperadas. Parecía absurdo que obreras y obreros sin conocimiento de gestión, marketing, administración, liderazgo, pudieran hacerse cargo de las empresas muertas, revivirlas como con un desfibrilador de ideas y acciones, ponerlas en marcha, y que pese a los hundimientos de los últimos años estén aquí, de pie y generando trabajo. Donde fracasaron los empresarios y gobiernos de todos los signos, triunfaron estas experiencias.
Al mismo tiempo el universo está plagado de economistas de supuestas “escuelas”, ortodoxos o heterodoxos, oficialistas, opositores y reversibles, haciendo sus negocios a través del panelismo televisivo, el asesoramiento y/o ocupar ministerios y situaciones de poder. Como pontífices de la actualidad y/o “celebrities” solo se vieron levemente amenazados durante la cuarentena por los infectólogos. Pero la realidad económica continúa ensimismada por la incertidumbre y la descomposición que cualquiera percibe en un mundo cada vez más desigual, concentrado y en posible vía de autodestrucción (ambiental, climática, social) casi como única idea de “desarrollo”.
Tal vez la MIA esté simbolizando otros caminos (la cooperación supera a la competencia) para una propuesta modesta y a la vez transformadora: que la vida cotidiana sea más llevadera.
Lo que viene
Murúa considera que todo este proyecto es legítimo “pero lo estamos estudiando a fondo porque sabemos que nos van a atacar, como siempre. Estamos acostumbrados a transformar la legitimidad en legalidad. Queremos que el pueblo tenga capacidad de trabajar, producir y consumir, lo que además va a generar más trabajo y más organización”.
Mirada sobre el presente: “Estamos en una fragmentación y una desmovilización frente al poder internacional y al local. Cuando ven a la gente muy enojada, te dan unos pesitos, un bono, un plan, para aguantar un poco más. Si no salimos de esa lógica, no salimos. No tenemos soberanía industrial, ni monetaria, ni alimentaria.Desde la dictadura para acá, este es un Estado que no pudimos cambiar, que acepta lo que quiere el poder mundial, sean norteamericanos o chinos: que vivamos de la sojita y de las vaquitas, con una renta extraordinaria que generan nuestro pueblo y nuestra tierra y que se va por un tubo con las exportaciones y la fuga de capitales”.
¿Y qué se siente ser parte de ese mismo Estado? “Estamos acá como producto de la debilidad de mi organización y de toda la fragmentación del pueblo. Si hubiera lucha en la calle, no estaríamos participando dentro del Estado. Lamentablemente, lo poco que alcanzamos a hacer para las recuperadas ya es más que lo que hicieron los anteriores gobiernos en 22 años”.
Sobre los movimientos sociales: “Lo que plantean en varios casos es que salir a reclamar, a confrontar, no nos llevaría a una mejora en la vida de la gente, sino a más caos con respecto a las grandes estructuras internacionales. Como diciendo: ‘che, no la pudramos, que después no estamos a la altura de conducir lo que pase’. Yo estoy convencido de que hay que seguir en la calle y discutiendo mano a mano las políticas con el Estado. Hasta en pandemia había que hacerlo. Si lo hubiéramos hecho, me incluyo, el gobierno podría haber negociado mejores condiciones con el FMI”. Diagnóstico: “Sabíamos que íbamos nuevamente a un divorcio total entre el pueblo y la clase política. Cuando intentamos juntar dirigentes sindicales, sociales, políticos, nos fue mal. Por las buenas, uno podría decir que ‘no hay coincidencias’. Por las malas sería: ‘Estoy cómodo, no me comprometo, negocio, y me hago el distraído’. Como pasó con tantas dirigencias y diputados que se quedaron piolas entre 2015 y 2019, y después con la pandemia. Entonces la derecha aprendió y se está llevando un pedazo del descontento social que acumulábamos las organizaciones populares. La derecha habla boludeces, pero concentra esa bronca hacia la clase política y el Estado”.
¿Y frente a eso? “Tratamos de discutir las nuevas formas de trabajo y decimos que así como recuperamos las fábricas podemos demostrar que con la autogestión, planificación del Estado, y el conocimiento de las universidades, podemos hacer un proceso de sustitución de importaciones y convertirnos en lo que alguna vez fuimos, un país con soberanía, con recuperación en serio de puestos de trabajo. Y podríamos ahorrarnos en dos años el 50% de los dólares que se van con importaciones chinas o de otros lugares. El Estado sabe qué se importa. Si investigamos cómo se hace ese producto, podemos armar empresas de autogestión gracias a que la tecnología está cada vez más barata. Ya hicimos estudios: en 14 meses se paga esa inversión en maquinaria. Y podemos competir en los precios porque no somos empresarios que quieren renta o plusvalía, sino que lo que buscamos es generar trabajo. Eso cambiaría totalmente al país”.
Murúa tiene una angustia: “Desde la dictadura hasta hoy no hemos podido tener una dirigencia que no se equivoque tanto. Pero si el año que viene el pueblo se equivoca como en 2015, yo creo que es una catástrofe”.
Mientras percibe que nada se moviliza demasiado, salvo la bronca y la fragmentación, el MNER avanza no solo con la nueva moneda y el debate sobre sustitución de importaciones, sino una Ley de Recuperación de Unidades Productivas que termine con la inseguridad jurídica de las actuales y futuras empresas recuperadas. El acto principal se hizo en Aceitera La Matanza a comienzos de mayo con la presencia del presidente Fernández. El proyecto establece la expropiación de las empresas quebradas o vaciadas y su cesión a las cooperativas.
Murúa: “Es una Ley que no perjudica a nadie, porque vamos a compensar los créditos que tiene el Estado en la quiebra, y los créditos que tienen trabajadoras y trabajadores. Y nos vamos a quedar con la empresa para producir mientras exista la cooperativa. Todos los espacios que no usemos para la producción, como siempre, serán para generar escuelas técnicas, bachilleratos populares y cultura”. Las empresas recuperadas siguen siendo fábricas de productos, de servicios, de nuevos modos de organización y de producción, de ideas y hasta de monedas. Al Ocupar, Resistir y Producir le agregan otro concepto altamente filosófico: la creatividad. “Ya aprendimos que si no creamos, ahí sí que estamos en el horno”.
(Esta nota fue publicada originalmente en la revista MU de mayo 2022)

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Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?
El podcast completo:
Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.
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Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.
Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos Juan Valeiro
El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.
Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.
Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.
Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.
La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:
- “Que no te vendan gato por león”.
- “¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.
Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:
Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.
Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.
Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.
Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.
Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.
La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.
Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

Nota
La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.


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