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Pergamino: avanza la causa por una escuela rural fumigada, en un estado de alerta comunitaria por aguas contaminadas

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En una medida inédita para este tipo de causas pero acorde a la ley vigente, la justicia federal detuvo a un ingeniero agrónomo y al piloto que sobrevoló una escuela rural en el partido de Pergamino mientras aplicaba agrotóxicos. También secuestró el avión aplicador. La causa se da en el marco de la histórica puja por la cantidad de metros que alejan los plaguicidas de las poblaciones y escuelas, situación que en Pergamino tiene un antecedente reciente basado en la grave situación ambiental: en abril de 2019 la justicia federal acreditó que el agua potable que se consume en el lugar tiene 18 sustancias químicas altamente peligrosas (entre otras, 2-4D, atrazina y clorpirifos); y ordenó, tras comprobarse daño genético en niños y adultos expuestos a la contaminación, la prohibición de aplicaciones a menos de 3.000 metros para aviones y 1.095 para equipos terrestres de la ciudad bonaerense. Las escuelas rurales, a la deriva tanto de los venenos cómo de la insuficiente ley provincial: el episodio en Gornatti no es una excepción, como señalan los pueblos fumigados que se rebelan a enfermarse y reclaman al gobernador Kiciloff que se prohíba la fumigación área y se restringa claramente la terrestre en toda la provincia.

Por Anabel Pomar

Corría el tercer día de clases, 3 de marzo, cuando un avión aéreo aplicador sobrevoló la Escuela 37 ubicada en el Paraje Gornatti, partido de Pergamino, mientras aplicaba agrotóxicos en los campos linderos.

Las imágenes del sobrevuelo se hicieron públicas en redes; muestran tristemente lo que es usual en Argentina: lugares donde acuden niñas y niños rociados con plaguicidas altamente peligrosos.

Por ese hecho, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, Titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás, procedió al procesamiento y la detención de Ángel García,  el piloto que sobrevoló la escuela en Gornatti, por “vuelo temerario” y supuesta infracción de la Ley de Residuos Peligrosos que prevé penas de entre 10 y 25 años para quien utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.  

El juez también dispuso la detención de Santiago Jacobi, el ingeniero agrónomo que habría autorizado la pulverización aérea. Y tras ordenar muestras en el lugar de los hechos, indicó secuestrar el avión aéreo aplicador utilizado.

En el partido de Pergamino, todos los pueblos de campañas están en la misma situación que esa escuela rural. No están alcanzados por la protección que sí brindó una cautelar judicial a la población de la ciudad, habilitando la posibilidad de este tipo de vuelos de la muerte en poblaciones y escuelas rurales.

La ley de la Provincia de Buenos Aires para “fitosanitarios” establece una distancia de cero metros para las pulverizaciones terrestres y 2.000 para las aéreas. Salvo, claro, en aquellas ciudades o lugares donde tengan alguna protección superadora por ordenanza, cautelares o medidas judiciales. Por ese motivo, pidiendo el cese de la vulneración de los derechos a la salud y el ambiente, desde comunidades y pueblos fumigados de esa provincia hicieron público un petitorio abierto a firmas exigiendo al Gobernador Axel Kicillof, entre otras demandas, que derogue inmediatamente la «Resolución del Veneno» (Resolución 246/2018 del Ministerio de Desarrollo Agrario) -cuyo espíritu permite pulverizar prácticamente sin ninguna limitación-, e implemente la prohibición total aérea y una restricción absoluta de la aplicación terrestre de agrotóxicos a 2000 metros de las poblaciones en todo el territorio provincial.

Mismos delitos, distinta justicia

Las detenciones y el secuestro en este caso de Gornatti permiten inferir que la investigación avanza acorde al delito investigado. Lo que, cabe decir, es casi es una excepción para este tipo de casos.

Por dar un solo ejemplo, ante un hecho de iguales características, sucedido en Exaltación de la Cruz, el 11 de marzo de 2019, el fiscal Juan Manuel Esperante, a cargo de la investigación de una pulverización aérea sobre una escuela de Parada Robles, no ordenó en dos años ninguna medida similar a la de Pergamino. Pese a que autoridades de agricultura provincial procedieron a secuestrar la avioneta y clausurar el hangar, el mismo día del hecho, el fiscal durmió la causa.

Desde el  grupo Exaltación Salud, que denunció esa inacción ante la justicia, señalaron que no solo no se avanza para investigar sino que se permitió el productor del campo efectuara la donación de bancos y dos televisores al establecimiento pulverizado.  Fabián Maggi, abogado de ese grupo vecinal, señala: “Basado en mi experiencia tengo la presunción que esa diferencia en las actuaciones (entre Pergamino y otros casos) obedecen a que el ministerio público fiscal nacional tiene instrucciones de atender adecuadamente las denuncias ambientales y por el contrario, el ministerio público fiscal de la provincia tiene instrucciones de no avanzar”.

La “perla del norte”, fumigada

En Pergamino, también en el juzgado de Villafuerte Ruzo, tramita la causa conocida como “Cortese” por contaminación con agrotóxicos. Dentro de la misma, el juez dictó el procesamiento sin prisión preventiva a tres productores rurales Fernando E. Cortese, Mario R. Roces y Víctor H. Tiribo, por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)” y les fijó un embargo a cada uno de ellos por tres millones de pesos.

Asimismo fueron procesados dos funcionarios municipales, Mario Tocalini y Guillermo Naranjo, ex titular y ex auditor respectivamente de la Dirección de Ambiente Rural del municipio, a quienes además les trabaron embargos sobre sus bienes por la suma de tres millones de pesos a cada uno.

En abril de 2019 la justicia federal también acreditó en el agua potable que consumen los pobladores de la ciudad de Pergamino no resultaba apta para consumo humano y se detectó la presencia de 18 sustancias químicas altamente peligrosas para la salud y utilizadas por la agroindustria, entre otras, 2-4D, atrazina y clorpirifos.

La contaminación fue acreditada por estudios ordenados por el juzgado y con la participación de prestigiosos especialistas como la Dra. Virginia Aparicio (INTA Balcarce), el Dr. Damián Marino (UNLP) y el Dr. Medardo Ávila Vázquez.

El 30 de agosto de 2019 la medida cautelar, que inicialmente comprendía tres barrios, extendió la prohibición del uso de pulverizaciones y fumigaciones a todo Pergamino, estableciéndose una distancia de 3.000 metros para aviones y 1.095 para equipos terrestres. En la causa se acreditó el daño genético en niños y adultos expuestos a la contaminación.

Pero esos metros solo rigen respecto de la ciudad cabecera y no alcanza al resto de las comunidades del mismo municipio. En el resto del país la situación es igualmente grave, o peor.

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Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

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Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.

Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol

–El sueldo no alcanza ni para comer.

Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.

También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.

Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.

Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Salir a la calle

El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.

La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.

La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.

Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:

  • Docentes con sueldos indecentes.
  • Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
  • Basta de mentiras, amenazas y presión.
  • Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
  • Salud mental es llegar a fin de mes.
  • Ratas.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Migajas

Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.

–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.

Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.

–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.

Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–. 

Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas

-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.

Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”. 

 ¿Cómo sigue el curso de esta historia?

Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

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