Nota
Salta en el banquillo: El caso de la niña wichí violada y embarazada
A.S. tiene 12 años, es wichí, es discapacitada y fue violada por 5 criollos que quedaron libres porque el médico que constató el ataque es boliviano y no tiene el título revalidado.
A.S. tiene 12 años, es wichí, es discapacitada y fue violada por 5 criollos que quedaron libres porque el médico que constató el ataque es boliviano y no tiene el título revalidado.
Es Salta.
A pesar de que le asistía el derecho a un aborto, no pudo hacérselo.
En Salta la reglamentación del protocolo de aborto no punible requiere la autorización de un juez, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que ese trámite no es necesario. Ningún juez salteño protegió los derechos de A.S. y el embarazo continuó.
A.S. no habla castellano, pero no tuvo traductor ni al formular la denuncia ni en el proceso judicial. Sus violadores, sí.
Tampoco tuvo asistencia de la Defensoría General salteña. Su titular, María Inés Diez lo justifica con esta increíble declaración que hizo a la prensa local:
“No tenemos obligación de atender a la menor violada. Es algo que se hace solo a requerimiento y nunca llegó a la Defensoría de Violencia porque esta – cuando el hecho ocurrió – no funcionaba en Tartagal todavía: comenzó a funcionar recién en febrero”. (Ver nota completa en Salta Entre Lineas)
Tampoco recibió ningún tipo de asistencia por parte del Estado durante estos seis meses de embarazo.
Al paraje donde vive sólo llegaron los médicos de la fundación del cantante Jorge Rojas, que al revisarla diagnosticaron que el feto sufría una anencefalia. Logró así capturar la atención de los medios, y finalmente, el traslado al Hospital Materno Infantil de la capital salteña. Allí fue sometida a una junta médica que confirmó la necesidad de practicarle urgente una cesárea. Se la hicieron el pasado viernes 3 de junio, el día que gritamos #NiUnaMenos.
Ahora, el delegado del Inadi, Álvaro Ulloa, denunció a cuatro ministerios salteños por discriminación: Salud, Asuntos Indígenas, Primera Infancia y Derechos Humanos.
Ahora, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados salteña votó investigar las responsabilidades estatales en este este tremendo caso y visitó el viernes 6 el Pareja Alto Sierra, donde vive la comunidad de la niña violada.
Ahora, el fiscal solicitó al juez Fernando Mariscal Astigueta que tome las medidas necesarias para que los violadores no escapen, ya que la única manera de condenarlos es comparar el ADN del feto con el de los denunciados.
El juez todavía no resolvió nada, informa el diario El Tribuno, que siguió el caso de cerca para denunciar la inacción estatal.
El caso de A.S. debería ser un escándalo y una advertencia: así se violan los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres y de las niñas en Salta.
El mejor resumen es la carta que hizo pública hace cuatro días el delegado salteño del Inadi, Álvaro Ulloa. Se titula ¿Dónde estuvo el Estado? Relata esta violación sistémica que encarna el caso de una niña wichí que nunca podrá leer esta carta:
“Ayer pude visitar a A.S. en el Materno. Tiene 12 años, no habla castellano, nunca fue al colegio. Es la quinta hija de nueve que nacieron vivos. Tiene documentos, como toda su familia, vive en Alto de la Sierra, departamento de Rivadavia, allá al norte, donde Salta limita con Bolivia y Paraguay.
A.S. tiene una discapacidad severa, nunca tuvo pensión ni cobró la asignación universal para la niñez, nadie le dijo que tenía derecho.
Su padre, N.S., hace changas. En Alto de la Sierra changuear significa tallar un poste a hacha y cobrar unos pocos pesos que pagan un par de días de la familia.
En noviembre del año pasado seis o siete hombres la atacaron, la violaron y la dejaron tirada a orillas de la represa.
El padre hizo la denuncia, el médico la reviso y comprobó violencia. Ese médico que trabaja en Alto la Sierra es boliviano, estudió en Cuba y no puede firmar como médico en Argentina porque no revalidó su título, pero es el que está. Es el que el Estado salteño contrata en esos parajes. No pudo firmar y a cuenta de él firmó el bioquímico. La defensa de los atacantes se agarró de ese detalle y no perdonó la falta de habilitación para la pericia. Al tiempo salieron libres.
Cuatro días más tarde, cuando el camino permitió llevar a A.S. a Morillo, un médico la examinó y escribió que no podía constatar violencia.
Rivadavia tiene casi 26.000 kilómetros cuadrados, unos 35.000 habitantes mixturados entre criollos y wichis, unas 8.000 viviendas censadas y no tiene cloacas ni agua potable. Es el lugar donde Lanata descubrió el hambre de agua, el departamento donde Brenda, del paraje la Medialuna, murió hace apenas diez días de desnutrición disfrazada en su certificado médico de deficiencia pulmonar.
En Rivadavia, cerca de la Puntana fue asesinada hace un par de años Evelia Murillo, una docente rural que protegía a una chica wichi de la persecución de José Tomás Macu Cortez.
El Estado no estuvo para proteger a Evelia, ni a Brenda, ni a A.S. ni a docenas de chicos wichis que mueren por año por enfermedades que no matan, que a cualquier chico bien comido, con agua potable y un médico competente le dejan apenas unos pocos días en cama.
Andrés Serapio, enfermero de Alto la Sierra, cuenta que no hay más que una ambulancia, que está rota, que en esa geografía de miles de kilómetros cuadrados no hay un vehículo confiable para trasladar un enfermo.
Cuenta de los visitadores médicos mal pagados poniendo de su sueldo para pagar el combustible en las motitos para llegar a uno de esos ranchos alejados para controlar el peso, y cuenta que a veces llegan tarde. Cuenta que a veces no hay médico y que tienen que rebuscarse con lo que saben.
Nadie se acercó a A.S., ni a sus padres a explicarles que tenía derecho a la pastilla del día después. Nadie le explicó que podía acceder a un aborto no punible por ser menor, discapacitada y violada.
Nadie se acercó a contenerla, a garantizarle atención médica, alimentación suficiente y ayuda emocional.
El ministerio de Derechos Humanos le echó la culpa a Salud Pública, que no respondió. En Asuntos Indígenas, convertido en Ministerio hace varios meses, miran para otro lado intentando pasar inadvertidos, cosa que consiguen no sólo en este caso sino en la diaria.
A.S. va a perder a su hijo, se lo dijeron a F.I., su madre. Las ecografías que le realizaron hace un par de días muestran una malformación craneana complicada.
Ella no entenderá mucho, los médicos hablan castellano y nadie dedicará mucho tiempo a explicarle.
Hace unos días no sabía siquiera que estaba embarazada.
Hablé con la madre, la visité en el Materno, separada de sus hijos, cansada de pobreza. Le pregunté si necesitaba algo y me pidió un encendedor. Bajamos a comprar uno, algunos caramelos y chocolates para A.S. Tiene doce, entienden, apenas doce años. Cigarrillos no vendían, le expliqué que no podía fumar en el hospital, que estaba prohibido, que si la veían fumando alguna enfermera la iba a retar, que saliera afuera.
Fue la única vez en la conversación que sonrío, cansada, dolida, harta de dolor.
Después me pidió que la acompañe de vuelta al cuarto porque no sabía volver.
Los dejaron solos toda su vida”.
INFORME ENERO-FEBRERO 2026 DEL OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ DE VIOLENCIA PATRIARCAL
Temporada de femicidios
Por el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal (https://observatorioluciaperez.org/)
Durante el verano de este 2026 sufrimos un femicidio y una tentativa de femicidio cada día y medio. Un promedio alarmante que, además costó la vida de cuatro criaturas; tres de ellas apenas superaban el año.
Las víctimas tienen un rango etáreo que va de los 78 a los 17 años y dejaron a 16 infancias huérfanas.
Los datos: enero y febrero suman 43 femicidios y 43 tentativas de femicidio.
No son cifras. Son vidas, como la de Natalia Cruz (foto principal), en Campo Quijano, Salta: su hermana también fue víctima de femicidio años atrás. Hubo marchas para exigir justicia durante casi todos los días desde el día del crimen en que se fugó su asesino –17 de febrero– hasta ayer, cuando finalmente lo atraparon, consecuencia de haber logrado con estos reclamos que la fiscalía ofrezca una importante suma de recompensa por información sobre su paradero.
Lo que deja este verano también es la condena a perpetua por los femicidios territoriales de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en Rosario, Santa Fe, la ciudad más castigada con este tipo de asesinatos.
Estefanía y Mariela Gorosito, dos femicidios territoriales en Rosario.
Así el Poder Judicial reconoció por primera vez y explícitamente la relación entre la violencia del narcotráfico y la de género. Tal como expuso claramente el fiscal Patricio Saldutti “Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”.
El condenado es Pablo Nicolás Camino, de 31 años, jefe de una cédula de la banda narco Los Monos, quien ya acumula 40 años de prisión por delitos de homicidio, balaceras y asociación ilícita y está procesado, entre otras causas, por el ataque al supermercado que pertenece a la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.
Pablo Nicolás Camino, condenado por el femicidio de las hermanas Gorosito.
Pablo Camino ordenó la ejecución de las hermanas desde el penal donde cumple condena. Es decir: estaba bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias en el momento de organizar el crimen. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Sus cuerpos fueron encontrados en un basural al día siguiente de la ejecución.
Ley de explotación laboral
Conste en actas
lavaca.org
Fotos: Lina Etchesuri y Tadeo Bourbon /lavaca.org
A las 12 del mediodía el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) hizo su ingreso a la Plaza de los Dos Congresos con una columna poderosa con mix de gremios de la CTA y los más combativos de la CGT.
A las 12:50 se fueron.
El Congreso desde la plaza. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
En ese momento las columnas de movimientos sociales –Libres del Sur, Movimiento Evita, UTEP, MTE– se adelantaron para ocupar el lugar, sobre Yrigoyen pasando Solís, frente al vallado.
A las 13:40 las banderas del Evita comenzaron el éxodo.
En ese momento comenzaron a oírse más los megáfonos de los partidos de izquierda que se agolpaban sobre Rivadavia, casi esquina Callao, frente al vallado.
La izquierda llegó y se fue, para esquivar a los clásicos Encapuchados con Mochilas Nuevas. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
A las 14 irrumpió la banda Cuatro Encapuchados con Mochilas Nuevas que no formaban parte de la movilización. Tiraron unas piedras, quemaron unos cartones.
A las 14:07 el camión hidrante empezó a rociar todo lo que tenía delante.
A las 14:11, los partidos y las organizaciones de izquierda comenzaron la retirada.
A las 15 sólo quedaba un pequeño grupo, algunos jubilados y mucha –mucha– policía, que no dejaba transitar ni a vecinas del barrio que iban a comprar remedios.
Foto: Lina Etchesuri /lavaca.orgi
A las 17 la plaza estaba desolada, a excepción de un pequeñísimo grupo cantando Ska-P.
“Somos los obreros, la base de este juego
en el que siempre pierde el mismo.
Un juego bien pensado en el que nos tienen callados
y te joden si no quieres jugar. Baila hermano el vals del obrero.”
Memorias de la Ley Banelco. Esta vez las transferencias se realizaron con éxito. Foto: tadeo Bourbon /lavaca.org
A las 22.35 el proyecto de explotación laboral se convirtió en ley.
Hasta Dios tuvo un mal día: fue este.
PD) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó 122 personas heridas y cuatro detenidas, la gran mayoría reprimida cuando se manifestaba en el Obelisco, a las 10.30 de la mañana, contra los despedidos de la fábrica de neumáticos FATE.
Al irse la gente, nuestra fotógrafa Lina Etchesuri saca fotos de los volantes. Abajo el resultado.
Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE
El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel
Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari
Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo
Lucrecia Martel y Nuestra Tierra, su nueva película: “Tenemos que recuperar la vida comunitaria”
Temporada de femicidios
“Nación se está robando los recursos de Tierra del Fuego”
Conste en actas
La policía investigada
Feliz año viejo: el INTA amenaza con sancionar a un ingeniero por fomentar la agroecología
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