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Santiago Maldonado: la causa que se está convirtiendo en otra desaparecida

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Hoy, 1º de agosto, se cumplen cuatro años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. El aniversario llega en medio de una parálisis de la causa que tiene a la familia esperando hace un año y medio que la Corte Suprema se expida sobre el avance de la investigación. La “solución amistosa” que propuso la CIDH no prosperó, así como la denuncia del Ministerio de Seguridad que recayó en el propio juez Gustavo Lleral, denunciado por la familia por obstaculizar la investigación. Un repaso de los  hechos en una causa que conmovió al país y se suma a tres reclamos de siempre: Memoria, Verdad y Justicia.

“La sensación es que no hay Estado de Derecho: vivimos en un país en el que alguien puede terminar preso por una causa cualquiera o que tu vida transcurra en la impunidad”.

La voz de Sergio Maldonado suena calma, pero también cansada, en medio de una seguidilla de entrevistas que tuvo durante este viernes: hoy domingo se cumplen cuatro años de la desaparición forzada seguida de muerte de su hermano Santiago, y se reavivan recuerdos, preguntas, sensaciones, pero también una cruda certeza que Sergio explica así: “Seguimos como el año pasado: la causa detenida en la Corte Suprema, esperando que se designe un juez que quiera investigar, y que diga que hay que investigarla como desaparición forzada. Pasa el tiempo, pero no pasa absolutamente nada. Estamos igual desde noviembre de 2018”.

La parálisis es un dato en medio de una causa que conmovió al país con movilizaciones multitudinarias para exigir justicia. La referencia a 2018 remite a cuando el juez Gustavo Lleral decidió archivar la causa, tema que la familia peleó en diversas instancias judiciales. “Desde que apareció el cuerpo, todo fue rechazo, destiempo y nada se movió: son 4 años de impunidad”.

En noviembre del 2020, Sergio viajó de Bariloche hacia Buenos Aires para presentar el informe del Grupo de Expertos convocado por la familia para desarrollar una investigación imparcial e independiente del caso. El estudio concluyó no sólo que no es posible descartar la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago sino que no hubo “actuación investigativa” acorde al delito. El informe fue entregado a la CIDH y al Estado argentino, el cual propuso al organismo internacional llegar a una “solución amistosa” con la familia. Sergio resume: “No solamente nada prosperó, sino que tampoco hubo resultados”.

El informe –elaborado por un grupo conformado por más de 10 expertos de Chile, Colombia y México– entre sus principales puntos, remarcó:

  • “La desaparición forzada debía ser la primera posibilidad a considerar y no se procedió así”.
  • “Se advierte la ausencia de legislación adecuada para prevenir, reconocer, registrar, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales posteriores a 1983”.
  • “En el marco de los análisis que se realizan con propósitos de identificación, el segundo informe emitido por el Equipo Argentino de Antropología Forense indica que en las muestras analizadas se identifica el perfil genético de al menos un individuo masculino desconocido además del perfil del Sr. Maldonado. Este hallazgo no es discutido en la pericia y podría tener implicaciones significativas en el análisis de los hechos, por lo cual deben analizarse las hipótesis relacionadas con este hallazgo”.
  • “La información revisada del expediente no permite establecer hipótesis razonables que expliquen por qué a pesar de las labores de rastrillaje realizada en el río Chubut y sus área circundantes, el cuerpo fue hallado río arriba 77 día después de la desaparición”.
  • “La ausencia de información sobre lesiones en el cadáver no puede interpretarse como una inexistencia de hechos de violencia alrededor de la muerte. El hallazgo e identificación del Sr. Maldonado y el establecimiento de su causa de muerte sólo da cuenta parcial de lo acaecido con la víctima”.
  • “El análisis de medios y de redes en torno al caso de Santiago Maldonado, evidencia un interés e injerencia por diluir responsabilidades y explicaciones de los acontecimientos vinculados a la desaparición forzada y posterior hallazgo de su cuerpo sin vida”.

En 2020, el Ministerio de Seguridad denunció penalmente a Pablo Noceti, exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich, junto a dos altos mandos de Gendarmería, por su responsabilidad en las irregularidades en el operativo donde desapareció Santiago, y sus encubrimientos posteriores. El Ministerio informó que las órdenes de Noceti y los procedimientos internos constituyeron una “ingeniería jurídica de la impunidad”.

Sergio dice que esa denuncia también cayó en un vacío: “No pasó nada. El Ministerio denunciaba el accionar de Gendarmería por el operativo, pero no la responsabilidad que tuvo en la desaparición forzada. Esa causa, además, le cayó al propio Lleral, que ya se había querido sacar la causa de encima y dijo que Santiago se ahogó solo, que Gendarmería no tenía nada que ver. Si bien fue una manera de reconocer que la Gendarmería actuó mal, que fue un pésimo operativo, no decía nada en concreto respecto a la desaparición forzada”.

Por eso, subraya Sergio, la sensación respecto al Estado de Derecho: “Nadie está exento de padecer este sistema judicial. Así está diseñado. Pasaron cuatro años y todos los jueces y camaristas que intervinieron siguen en funciones, dando veredictos. ¿Con qué autoridad?”.

Desde marzo del año pasado, la familia Maldonado espera la resolución de la Corte Suprema que habilite la investigación por desaparición forzada. “Tuvimos pinchaduras, un médico que filtró fotos del cuerpo de Santiago, la causa del espionaje, la denuncia del Ministerio de Seguridad: no pueden ser causas separadas, porque todas están relacionadas con lo mismo. Todo es parte de una desaparición forzada, pero lo que hacen es demorar. La fecha límite que tenían para responder era de 10 días. Llevamos casi un año y medio”. –

Los hechos

Estos son los principales puntos del caso.

  1. La violencia del operativo: la importancia del contexto

A Santiago Maldonado lo vieron por última vez con vida huyendo de una violenta represión de Gendarmería en el marco de una irrupción ilegal sin orden judicial a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel, el 1 de agosto de 2017. Había llegado un día antes, el 31 de julio al mediodía, para sumarse al corte de ruta de la comunidad mapuche en reclamo de la libertad del lonko Facundo Jones Huala, que había sido detenido el 27 de junio. Santiago, que había cumplido 28 años cuatro días antes, iba a continuar su viaje a 25 de Mayo, su pueblo natal en la provincia de Buenos Aires, porque extrañaba a su mamá y a su abuela.

Ese 1º de agosto, el juez federal Guido Otranto ordenó despejar la ruta. La Gendarmería llegó a las 3:30 de la madrugada del 1 de agosto, según informó el primer alférez Daniel Gómez en las actas de la fuerza. Horas después, entre 8 y 10 personas regresaron a la ruta para continuar el reclamo y los gendarmes los reprimieron con violencia pese a que, según las propias actas de la fuerza, a las 11:15 la ruta ya estaba liberada. Un informe del CELS subrayó que ningún gendarme fue siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo, que duró hasta las 17 horas:

  • Ingresar al territorio sin orden judicial.
  • Arrojar piedras a los manifestantes.
  • Quemar las pertenencias de la comunidad en una hoguera.
  • Retener durante cuatro horas a dos mujeres y dos niños.
  • Ocultar fotografías y videos del operativo.
  • Portar escopetas, bastones, hachas, piedras.
  • Ingresar a la comunidad con cuatro camionetas y un camión.
  • Bajar hasta la vera del río en persecución de los manifestantes.

2. La respuesta del Estado

La familia de Santiago denunció que en las primeras semanas, claves para toda investigación, el Poder Ejecutivo –Mauricio Macri como presidente y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad– respondió de tres maneras:

  1. Plantear hipótesis infundadas: que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión (la falsa hipótesis del puestero, que insumió recursos y tiempo claves en la pesquisa, fue introducida en el expediente de hábeas corpus por el propio Ministerio de Seguridad).
  2. Ocultar cómo había actuado Gendarmería en el operativo.
  3. No buscar a Maldonado de manera eficiente.

La postura del Gobierno nacional no se modificó aun cuando se constatara que un participante de una protesta social había muerto durante una represión desatada por una fuerza federal. Tampoco hubo cambios respectos a la figura de “flagrancia”: la Gendarmería tenía orden de la justicia federal sólo para despejar la ruta, pero bajo esa figura promovida desde el Ejecutivo y, en particular, por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti –presente en el operativo el 1º de agosto–, la fuerza ingresó a la comunidad persiguiendo a los manifestantes.

Tampoco modificó su enfoque la certeza de que el Ministerio plantó y reprodujo falsedades aun cuando contaba con las actuaciones administrativas de la Gendarmería que, si bien fue cuestionada en duros términos por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por su nulo rigor jurídico, daban cuenta de, al menos, la irregularidad del operativo. El dictamen de la PIA denunció el direccionamiento de las entrevistas y los diálogos actuados.  Describe algunas preguntas como de una “superficialidad análoga a una encuesta casera sobre algún producto alimenticio en un supermercado”. Y también cuestiona que no hace foco sobre el rol de Noceti.

A través de un duro informe, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remarcó su preocupación por las falencias en el accionar del Estado en la búsqueda de Santiago y la investigación judicial por la responsabilidad en su desaparición. El informe, firmado por el jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, cuestionó la postura del Poder Ejecutivo que, en sus declaraciones públicas, rechazó “la hipótesis de involucramiento de las fuerzas federales en los hechos”. Los expertos enumeraron, en particular, algunas de las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich:

Por esa razón, concluyó: “El Comité está altamente preocupado porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas de forma pública antes de que se haya realizado una investigación integral y exhaustiva de los hechos y, en particular, del proceder de Gendarmería. Como resultado de esta situación, el posible involucramiento de la Gendarmería solamente fue integrado como hipótesis de investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas como urgentes dentro de los estándares básicos de personas desaparecidas”.

3. El rol del Poder Judicial

Como se marcó, la intervención de la Gendarmería comenzó con una orden judicial para despejar el corte de ruta pero luego utilizó el supuesto de flagrancia para ingresar con violencia a la comunidad. Ese mismo día, el defensor oficial Fernando Machado registró las irregularidades del operativo y que una persona estaba desaparecida. Fue el único actor judicial que intervino en persona y acorde a la gravedad del hecho el 1º de agosto. Así también lo denunció Julio Saquero, integrante de la Regional Noroeste de Chubut de la APDH, cuya denuncia abre la foja 1 del expediente que tramitaba como desaparición forzada. Sin embargo, ni el juez federal Otranto ni la fiscal federal Silvina Ávila dieron credibilidad a la denuncia sino que actuaron bajo la hipótesis de si Maldonado estuvo o no en el lugar y criminalizando a la comunidad mapuche. Un ejemplo: en la audiencia de habeas corpus del 4 de agosto, ni el juez ni la fiscal exigió explicación alguna a los representantes de la Gendarmería presentes. El juez Otranto fue apartado tras un pedido de recusación. Desde ese entonces, la causa la llevó el titular del Juzgado Federal de Rawson N°2, Gustavo Lleral.

En septiembre del 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió reabrir la causa que el juez Gustavo Lleral había archivado en noviembre de 2018. Sin embargo, en ese fallo los camaristas descartaron una desaparición forzada. Este es el punto central: ese delito sólo lo comete el Estado. “Descartar la desaparición forzada es descartar la responsabilidad de la ex ministra Patricia Bullrich quien fue la primera persona que salió a festejar este fallo”, precisó la familia.

Por esa razón, la familia presentó un recurso de casación ante el fallo de los jueces de Comodoro. Así se llegó a la audiencia en diciembre frente a los jueces Gustavo Hornos, Marcelo Borinsky y Javier Carbajo en la que la familia expuso los argumentos por los que debería investigarse la causa como una desaparición forzada. La abogada de la familia, Verónica Heredia, citó dos fallos que esa misma sala había dictado respecto a otras dos desapariciones forzadas: Iván Torres (en 2003, Chubut) y César Monsalve (en 2013, también en Chubut). Sin embargo, en un fallo confuso, la Sala IV rechazó por mayoría el recurso de la familia Maldonado para que la causa por la desaparición y muerte de Santiago sea investigada como una desaparición forzada de persona. El único voto que hizo lugar al recurso de la familia fue el de Hornos: “La ausencia de signos físicos de violencia no permite concluir sin más la inexistencia de ilícitos tales como la desaparición forzada, el homicidio, o la tortura”, expresó.

El 30 de diciembre, el propio Lleral sostuvo la denuncia de la familia le generaba una “inevitable afectación moral” y aconsejó “el cese” de su participación en el expediente. Sin embargo, hace dos semanas, la familia comunicó que la Sala IV nuevamente rechazó el pedido de recusación e inhibición de Lleral como juez. Cabe recordar que en la audiencia, la familia había destacado que una investigación por desaparición forzada (atendiendo la jurisprudencia por los casos en los que el Estado argentino fue condenado) debe contemplar el contexto en el que se produce. En ese sentido La familia destacó tres ejes fundamentales:

  • La última vez que a Santiago lo vieron con vida fue huyendo aterrorizado de más de cien gendarmes en una brutal represión de Gendarmería enmarcada en una irrupción ilegal sin orden judicial a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel.
  • 78 días después aparece en ese lugar sin vida.
  • Y aparece en un lugar que ya había sido rastrillado tres veces por las fuerzas de seguridad.

La familia fue clara: “Nada se investigó. Por eso, no se puede descartar una desaparición forzada”.

4. Los medios

El rol de las empresas comerciales de comunicación, junto a operadores mediáticos y figuras de Juntos por el Cambio, también formó parte del contexto en el que se buscó tapar el rol del Estado en la desaparición y muerte de Santiago.

“Se describe quiénes fueron los actores involucrados en la comunicación oficial del gobierno, funcionarios de segunda línea, y también de los periodistas más famosos, operadores y el rol central que asumieron los creadores de noticias falsas y las granjas de trolls que diseminaron los contenidos a través de las redes sociales para polarizar la sociedad”. Así comienza el informe que la familia de Santiago Maldonado presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que refleja los ataques que sufrieron por parte de los funcionarios de Cambiemos y del Gobierno (que debían investigar la desaparición de un joven de 28 años en contexto de protesta social) a través de las redes y los medios de comunicación.

El informe completo puede leerse aquí:

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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