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Sentencia por el 19 y 20: ¿justicia o impunidad?

A casi 15 años de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 el Tribunal Federal condenó al ex secretario de seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov, y a los ex jefes de la Policía Federal, Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, pero absolvió a los autores materiales de los crímenes.

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hace 9 años

24/05/2016

A casi 15 años de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, y a más de 2 del comienzo del juicio que investiga 5 de las muertes ocurridas, el Tribunal Federal Oral N° 6 condenó al ex secretario de seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov, y a los ex jefes de la Policía Federal, Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, pero absolvió a los autores materiales de los crímenes de Diego Lamagna (27), Gastón Riva (31), Carlos Almirón (23), Gustavo Benedetto (23) y Alberto Márquez (58).

Sentencia por el 19 y 20: ¿justicia o impunidad?

Foto: Nacho Yuchark/lavaca

La condena puede leerse como contradictoria: fue festejada por los organismos de derechos humanos pero dejó sin consuelo a los familiares de las víctimas. El gran ausente, ya sobreseído en 2012 por el juez Claudio Bonadío, fue el entonces presidente del país, Fernando de la Rúa

Condena y reacción

Cuando los jueces del Tribunal Oral Federal Nº6 de Comodoro Py entraron a las 16:04 a la Sala Amia, ubicada en el subsuelo del enorme edificio de la Ciudad de Buenos Aires, el ex secretario de Seguridad de la Alianza Enrique Mathov, sentado en el banquillo de los acusados como el único funcionario político que tuvo que responder por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, dejó sus dos manos quietas. Hasta ese momento, miraba un punto fijo, hablando poco con las personas que tenía a su alrededor, pero golpeando la mesa con sus diez dedos.
El presidente del Tribunal, José Martínez Sobrino, se sentó e inició la lectura de la sentencia. Pero se interrumpió. “Perdón, primero vamos a hacer entrar a los fotógrafos”, dijo. Entraron. Durante tres minutos, una docena de cámaras dispararon cientos de flashes contra los acusados.
Mathov seguía quieto.
Luego llegó el desenlace. Tras 140 audiencias de testimonios, análisis de videos y fotos, escuchas telefónicas y de modulaciones policiales, y más de 300 testigos, pero sobre todo después de casi 15 años, Mathov escuchó al Tribunal que lo condenó a 4 años y 9 meses como autor penalmente responsable de los homicidios culposos de tres de los cinco asesinatos juzgados, y por las lesiones culposas de un centenar de heridos durante la represión. También, quedó inhabilitado para ejercer como funcionario público por casi diez años.
No fue el único. El Tribunal también condenó a al ex jefe de la Policía Federal durante la represión, Rubén Santos, a 4 años y una inhabilitación por 8. Las penas también alcanzaron al ex jefe de la Superintendencia Metropolitana Raúl Andreozzi (3 años y seis meses) y el director general de Operaciones de la Federal Norberto Gaudiero (3 años).
Las otras condenas:

El subcomisario Carlos José López a 6 años de prisión;
El sargento primero Roberto Juárez a 4 años y seis meses de prisión;
Los agentes Gonzalo Firpo Castro y Víctor Belloni a 3 años de prisión en suspenso.
El subcomisario Omar Bellante recibió también la pena de 3 años en suspenso, al ser hallado culpable del delito de encubrimiento de una de las muertes.

Sin embargo, a pesar de esta serie histórica de condenas, para muchos presentes en la sala se trató de un fallo de impunidad, ya que el Tribunal absolvió a ocho efectivos que participaron de la represión: Eugenio Figueroa, Mario Seia, Norberto Sabbino, Sebastián Saporiti y Horacio Berardi, el comisario inspector Orlando Oliverio, Jorge Daniel Toma y Carlos Alberto Loforte.
Cuando el Tribunal terminó la lectura, los familiares estallaron. Empezaron a golpear los vidrios. Gritaban y lloraban. «¡Asesinos!», exclamaban. «¡Como a los nazis les va pasar!», decían. En el subsuelo de Comodoro Py, los familiares se abrazaban. «Tanto tiempo para esto», decía Karina Lamagna, entre lágrimas. Edda, la mamá de Gastón Riva, buscaba sostenerse de las columnas. «¡Quince años esperamos! ¡Quince! ¿Para qué? ¿Para que los dejen libres?».
La mujer se descompensó en las escalinatas.
«Estamos bien», buscaban reanimarla. «Lo logramos con Mathov. Tenemos que seguir».
La mujer de Alberto Márquez le decía a uno de los abogados, que destacaba la condena a Mathov: «Yo entiendo lo que decís, pero el que asesinó a mi marido quedó libre».

4 años y 9 meses de prisión para Enrique Mathov. Foto: Nacho Yuchark/lavaca

Los culpables

En estos dos años de juicio, las defensas de las víctimas, en particular las de Diego Lamagna (27) y Gastón Riva (31), representadas por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), se dedicaron a mostrar con un alto nivel de detalle cómo lo que pasaba en el centro de la Ciudad era dirigido desde la Casa Rosada.
El juicio investigaba los cinco homicidios y las heridas y lesiones provocadas a 117 personas, todo ocurrido en Capital Federal durante la madrugada del 19 y el día 20 de diciembre de 2001. La causa principal involucra a responsables del Ejecutivo y altos mandos policiales, algo inédito en la justicia argentina; otras causas conexas buscan determinar la responsabilidad de 11 efectivos policiales como autores materiales.
El gran ausente de la lista de juzgados, señalado unánimemente por los familiares en la sala, es el ex presidente Fernando de la Rúa, sobreseído por el juez federal Claudio Bonadio en marzo de 2012.
Los argumentos que conectan las muertes con los responsables del operativo demostraron abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y la ruptura del principio de confianza: no se podía confiar el día 20 en una policía que ya el 19 había matado al menos a una persona (Jorge Cárdenas) con bala de plomo. Para ello, durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio se citaron una serie de declaraciones –muchas de efectivos de la propia fuerza- que identificaron, en líneas generales, las siguientes responsabilidades:

Enrique Mathov: según los testimonios mantuvo una reunión el día 19 de diciembre de 2001 con el ministro del Interior, Ramón Mestre (el otro funcionario del Ejecutivo en la causa, fallecido en 2003), el jefe de la Policía Santos, el subjefe Andreozzi, Raúl Andreotti y los jefes de Prefectura y Gendarmería. Los testigos señalaron su “persistencia” en la orden de desalojar la Plaza de Mayo “a cualquier precio” y caracterizaron su “dureza”.
El entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, también formó parte de esa reunión y habría sido uno de los más activos impulsores del plan de concretar el operativo en esos términos. Si Mathov estaba encargado de la coordinación y supervisión, Santos era el brazo ejecutor. Según las pruebas reunidas fue quien dio la orden de desalojar la Plaza de Mayo el 20 de diciembre. Se consideró su conducta “imprudente”, ya que sólo “incrementó riesgos”.
Raúl Andreotti, en aquel momento Superintendente de Seguridad Metropolitana, al igual que el director general de operaciones Norberto Gaudiero son señalados por haber coordinado la represión desde la Sala de Operaciones, ordenando “envíos de personal” a determinados puntos de la ciudad, de un modo que provocó más violencia, heridos y muertes.

La indagatoria a Enrique Mathov, ex secretario de seguridad puede leerse en la web de lavaca.

Foto: Nacho Yuchark/lavaca

La defensa

La estrategia de la defensa de Mathov trató siempre de separar el “qué” y el “cómo”: planteó que el alcance de una orden no puede tener consecuencias penales. Según relató el abogado Rodrigo Borda, del CELS, las defensas se dirigieron al “cómo”: dicen que las muertes fueron hechos no esclarecidos (quién fue, en qué momento) y que no hay pruebas suficientes para determinar quién dio las órdenes.
El caso del homicidio de Cárdenas, si bien no estaba siendo juzgado, fue uno de los pilares argumentativos para la causa que investiga a los mandos jerárquicos: Jorge murió en las escalinatas del Congreso la madrugada del 19 de diciembre, un día antes de la represión sistemática que provocó la mayoría de las muertes. Las querellas y los fiscales argumentaron que este hecho es suficiente para determinar el cese del “principio de confianza” en los efectivos policiales. Es decir: la policía había actuado con armas de fuego un día antes de impartir las órdenes para un violento operativo.
Lo que definía el juicio, en la práctica, no sólo era el juzgamiento de la represión institucional más grande desde la vuelta de la democracia, sino una discusión atada a ello: la autonomía o no de las fuerzas de seguridad. O sea: si actuaron más allá de las órdenes recibidas.
Durante las audiencias el abogado Borda planteó: “Lo que caracteriza a nuestra democracia en particular es que las fuerzas de seguridad se cuadran a las personas que son votadas por los ciudadanos. Desde el punto de vista institucional es muy significativa la declaración de Mathov; que un secretario de Seguridad se desligue tiene efectos terribles. Es tanto como blanquear la autonomía de las fuerzas de seguridad”.
Así, la causa abre un paralelo con discusiones que no son solamente jurídicas y que exigen avances en materia penal para jerarquías antes intocables. Lo demuestran los juicios que investigan el asesinato en Neuquén del docente Carlos Fuentealba, que trepa hasta el entonces gobernador Jorge Sobisch o la causa que recientemente negó el sobreseimiento a Mauricio Macri y otros funcionarios porteños por la represión en el Hospital Borda; y la del Parque Indoamericano, entre otras, que también investiga responsabilidades ejecutivas.

Foto: Nacho Yuchark/lavaca

El mensaje del fallo

El clima fuera de Comodoro Py, era de un triste silencio. Había muy pocas personas en la calle. Una bandera por Gastón Riva, otra que recordaba a Carlos “Petete” Almirón, una más que cruzaba la valla con los nombres de algunas de las personas asesinadas durante la represión, y una carpa del Espacio Memoria donde se reprodujo el documental 19/20. Nada más.
Ni banderas, ni bombos, ni partidos políticos. No hubo movilización.
Ese vacío se profundizaba en contraste con la magnitud de lo que se estaba por sentenciar, ni más ni menos que el hecho social que marcó a fuego un país, una década y una generación, con la posibilidad de un fallo que condenara por primera vez en democracia a un funcionario político como responsable de una represión, en una coyuntura donde la conflictividad social no cesa.
Por los pasillos de Comodoro Py, antes del veredicto, Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, dijo a lavaca: “La sentencia tiene mucha importancia porque, de alguna manera, un fallo condenatorio pone un límite. Por lo menos advierte la responsabilidad penal de funcionarios que ordenan represión policial en conflictos sociales en Argentina. En los últimos años ha habido represiones que ya no se veían, pero en los últimos meses del actual gobierno se han visto represiones brutales como Cresta Roja, y se empiezan a ver prácticas de funcionarios policiales cargando armas de fuego. En ese sentido, esta sentencia, que llega 15 años tarde, llega también en un momento oportuno para dar un mensaje político desde la justicia: en un sistema democrático no se debe reprimir la protesta social”.

¿Todo es política?

Los llantos y los abrazos entre los familiares de los asesinados después de la sentencia continuaron fuera del Tribunal. “La sensación es de dolor”, resume Hebe Márquez, hija de Alberto Márquez, a lavaca.
“Dolor de vernos alrededor a todos nosotros, que estamos hace 14 años y medio haciendo todo lo que se tuvo que hacer para que esto salga a la luz, con todas las pruebas, testigos, fotos, videos, con todo el trabajo que se hizo, para que realmente se culpe a los responsables y vayan presos. Pero fueron absueltos. A algunos les dieron poquitos años. Estamos hablando de 3 o 4 por muchísimas muertes. Y al responsable mayor, al que le disparó a mi papá, lo absolvieron (Orlando Oliverio). Fue una ingrata sorpresa. Nadie se lo esperaba. De pocos años a nada es muy impactante. Estamos demasiado dolidos, con mucha bronca. Bronca de querer que nos escuchen, de querer que la cosa se revierta. Es demasiado”.
¿Y la condena a Mathov? “Es lo único que tal vez no esperábamos que sucediera y sucedió”, dijo. “Eso fue lo único positivo para nosotros. Como un reconocimiento. Fue la cabeza. Pero esto continúa. Y que se haya hecho juicio también es algo. Pero vemos cómo se mueve adentro: todo es política. Con tantas pruebas, se supone que está más que claro cómo fueron las cosas”.

Una condena pequeña

Por su parte, los abogados se mostraron conformes con la condena a Mathov. “La condena a un responsable político es fuerte como señal de que no se puede reprimir la protesta social”, afirmó Rodrigo Borda, del CELS, en rueda de prensa. “Y si se reprime, el gobierno es responsable. Por lo menos los funcionarios. A mí me resulta muy difícil hacer una lectura negativa de eso. Es la primera vez que ocurre este tipo de fallo. Después, hacia abajo, habría que ver la calificación de los hechos que se dieron en la Avenida 9 de Julio: me llaman la atención algunas absoluciones. A veces, el Tribunal, por buenas o malas razones, adopta la versión de la contraparte”.
Similar lectura tuvo el abogado Rodolfo Yanzón, otra de las querellas. “Fueron condenados los máximos responsables de lo que fue el operativo represivo”, dijo a lavaca.
“Esto es un dato bastante positivo. Porque están hablando de personas que no ejercieron violencia en la calle, sino desde sus oficinas. Lo negativo fue cómo se interpretaron los hechos de la 9 de Julio, donde teníamos filmaciones de los policías disparando a gente que estaba guareciéndose solo en los árboles, y ahí sí estamos sorprendidos con algunas absoluciones y por el modo en que calificaron los hechos. Habíamos pedido penas por homicidios agravados y tentativa de homicidio y aplicaron una figura bastante menor, que es lo que redujo la pena: homicidio de agresión. Esto lo vamos a analizar cuando presenten los fundamentos. Lo que pasó hoy es sólo un paso más en el andamiaje judicial. Vamos a tener algunos años más de trabajo. Hay que aclarar que habíamos llegado a un juicio bastante acotado, porque las víctimas son muchas más. Y la sentencia también acota la cantidad de víctimas. Tuvimos un juicio pequeño y llegamos a una condena pequeña”.

Los sonidos del silencio

Los familiares, de a poco, se abrazaban y se despedían. Ya no quedaba mucho por hacer. Edda, la mamá de Gastón Riva, buscaba reponerse, sentada sobre un cantero. Marta Pinedo, viuda de Alberto Márquez, contestaba a los abogados que hablaban de lo inédito del fallo contra Mathov, y entonces pronunció la frase: “Yo entiendo lo que decís, y es importante, pero el que asesinó a mi marido quedó libre”.
Entre las familias, nuevamente, surgían de algún lugar palabras de ánimo: “La lucha sigue”.
María Arena, compañera de Gastón Riva: “Estaba muy nerviosa. La verdad es que en el caso de Mathov y de Santos pensé que la pena iba a ser menor. Que iba a ser excarcelable. No me parece poco. Pero, lamentablemente, pienso en mis tres hijos que no entienden, y que quieren ver preso al asesino de su papá”.
La respuesta de María dejó la calle en silencio.

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Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Publicada

hace 5 horas

08/10/2025

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

“Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
“El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

Publicada

hace 2 meses

22/08/2025

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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CABA

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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hace 2 meses

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.