A casi 15 años de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, y a más de 2 del comienzo del juicio que investiga 5 de las muertes ocurridas, el Tribunal Federal Oral N° 6 condenó al ex secretario de seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov, y a los ex jefes de la Policía Federal, Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, pero absolvió a los autores materiales de los crímenes de Diego Lamagna (27), Gastón Riva (31), Carlos Almirón (23), Gustavo Benedetto (23) y Alberto Márquez (58).

La condena puede leerse como contradictoria: fue festejada por los organismos de derechos humanos pero dejó sin consuelo a los familiares de las víctimas. El gran ausente, ya sobreseído en 2012 por el juez Claudio Bonadío, fue el entonces presidente del país, Fernando de la Rúa

Condena y reacción

Cuando los jueces del Tribunal Oral Federal Nº6 de Comodoro Py entraron a las 16:04 a la Sala Amia, ubicada en el subsuelo del enorme edificio de la Ciudad de Buenos Aires, el ex secretario de Seguridad de la Alianza Enrique Mathov, sentado en el banquillo de los acusados como el único funcionario político que tuvo que responder por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, dejó sus dos manos quietas. Hasta ese momento, miraba un punto fijo, hablando poco con las personas que tenía a su alrededor, pero golpeando la mesa con sus diez dedos.
El presidente del Tribunal, José Martínez Sobrino, se sentó e inició la lectura de la sentencia. Pero se interrumpió. “Perdón, primero vamos a hacer entrar a los fotógrafos”, dijo. Entraron. Durante tres minutos, una docena de cámaras dispararon cientos de flashes contra los acusados.
Mathov seguía quieto.
Luego llegó el desenlace. Tras 140 audiencias de testimonios, análisis de videos y fotos, escuchas telefónicas y de modulaciones policiales, y más de 300 testigos, pero sobre todo después de casi 15 años, Mathov escuchó al Tribunal que lo condenó a 4 años y 9 meses como autor penalmente responsable de los homicidios culposos de tres de los cinco asesinatos juzgados, y por las lesiones culposas de un centenar de heridos durante la represión. También, quedó inhabilitado para ejercer como funcionario público por casi diez años.
No fue el único. El Tribunal también condenó a al ex jefe de la Policía Federal durante la represión, Rubén Santos, a 4 años y una inhabilitación por 8. Las penas también alcanzaron al ex jefe de la Superintendencia Metropolitana Raúl Andreozzi  (3 años y seis meses) y el director general de Operaciones de la Federal Norberto Gaudiero (3 años).
Las otras condenas:

• El subcomisario Carlos José López a 6 años de prisión;
• El sargento primero Roberto Juárez a 4 años y seis meses de prisión;
• Los agentes Gonzalo Firpo Castro y Víctor Belloni a 3 años de prisión en suspenso.
• El subcomisario Omar Bellante recibió también la pena de 3 años en suspenso, al ser hallado culpable del delito de encubrimiento de una de las muertes.

Sin embargo, a pesar de esta serie histórica de condenas, para muchos presentes en la sala se trató de un fallo de impunidad, ya que el Tribunal absolvió a ocho efectivos que participaron de la represión: Eugenio Figueroa, Mario Seia, Norberto Sabbino, Sebastián Saporiti y Horacio Berardi, el comisario inspector Orlando Oliverio, Jorge Daniel Toma y Carlos Alberto Loforte.
Cuando el Tribunal terminó la lectura, los familiares estallaron. Empezaron a golpear los vidrios. Gritaban y lloraban. «¡Asesinos!», exclamaban. «¡Como a los nazis les va pasar!», decían. En el subsuelo de Comodoro Py, los familiares se abrazaban. «Tanto tiempo para esto», decía Karina Lamagna, entre lágrimas. Edda, la mamá de Gastón Riva, buscaba sostenerse de las columnas. «¡Quince años esperamos! ¡Quince! ¿Para qué? ¿Para que los dejen libres?».
La mujer se descompensó en las escalinatas.
«Estamos bien», buscaban reanimarla. «Lo logramos con Mathov. Tenemos que seguir».
La mujer de Alberto Márquez le decía a uno de los abogados, que destacaba la condena a Mathov: «Yo entiendo lo que decís, pero el que asesinó a mi marido quedó libre».

Los culpables

En estos dos años de juicio, las defensas de las víctimas, en particular las de Diego Lamagna (27) y Gastón Riva (31), representadas por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), se dedicaron a mostrar con un alto nivel de detalle cómo lo que pasaba en el centro de la Ciudad era dirigido desde la Casa Rosada.
El juicio investigaba los cinco homicidios y las heridas y lesiones provocadas a 117 personas, todo ocurrido en Capital Federal durante la madrugada del 19 y el día 20 de diciembre de 2001. La causa principal involucra a responsables del Ejecutivo y altos mandos policiales, algo inédito en la justicia argentina; otras causas conexas buscan determinar la responsabilidad de 11 efectivos policiales como autores materiales.
El gran ausente de la lista de juzgados, señalado unánimemente por los familiares en la sala, es el ex presidente Fernando de la Rúa, sobreseído por el juez federal Claudio Bonadio en marzo de 2012.
Los argumentos que conectan las muertes con los responsables del operativo demostraron abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y la ruptura del principio de confianza: no se podía confiar el día 20 en una policía que ya el 19 había matado al menos a una persona (Jorge Cárdenas) con bala de plomo. Para ello, durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio se citaron una serie de declaraciones –muchas de efectivos de la propia fuerza- que identificaron, en líneas generales, las siguientes responsabilidades:

• Enrique Mathov: según los testimonios mantuvo una reunión el día 19 de diciembre de 2001 con el ministro del Interior, Ramón Mestre (el otro funcionario del Ejecutivo en la causa, fallecido en 2003), el jefe de la Policía Santos, el subjefe Andreozzi, Raúl Andreotti y los jefes de Prefectura y Gendarmería. Los testigos señalaron su “persistencia” en la orden de desalojar la Plaza de Mayo “a cualquier precio” y caracterizaron su “dureza”.
• El entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, también formó parte de esa reunión y habría sido uno de los más activos impulsores del plan de concretar el operativo en esos términos. Si Mathov estaba encargado de la coordinación y supervisión, Santos era el brazo ejecutor. Según las pruebas reunidas fue quien dio la orden de desalojar la Plaza de Mayo el 20 de diciembre. Se consideró su conducta “imprudente”, ya que sólo “incrementó riesgos”.
• Raúl Andreotti, en aquel momento Superintendente de Seguridad Metropolitana, al igual que el director general de operaciones Norberto Gaudiero son señalados por haber coordinado la represión desde la Sala de Operaciones, ordenando “envíos de personal” a determinados puntos de la ciudad, de un modo que provocó más violencia, heridos y muertes.

La indagatoria a Enrique Mathov, ex secretario de seguridad puede leerse en la web de lavaca.

La defensa

La estrategia de la defensa de Mathov trató siempre de separar el “qué” y el “cómo”: planteó que el alcance de una orden no puede tener consecuencias penales. Según relató el abogado Rodrigo Borda, del CELS, las defensas se dirigieron al “cómo”: dicen que las muertes fueron hechos no esclarecidos (quién fue, en qué momento) y que no hay pruebas suficientes para determinar quién dio las órdenes.
El caso del homicidio de Cárdenas, si bien no estaba siendo juzgado, fue uno de los pilares argumentativos para la causa que investiga a los mandos jerárquicos: Jorge murió en las escalinatas del Congreso la madrugada del 19 de diciembre, un día antes de la represión sistemática que provocó la mayoría de las muertes. Las querellas y los fiscales argumentaron que este hecho es suficiente para determinar el cese del “principio de confianza” en los efectivos policiales. Es decir: la policía había actuado con armas de fuego un día antes de impartir las órdenes para un violento operativo.
Lo que definía el juicio, en la práctica, no sólo era el juzgamiento de la represión institucional más grande desde la vuelta de la democracia, sino una discusión atada a ello: la autonomía o no de las fuerzas de seguridad. O sea: si actuaron más allá de las órdenes recibidas.
Durante las audiencias el abogado Borda planteó: “Lo que caracteriza a nuestra democracia en particular es que las fuerzas de seguridad se cuadran a las personas que son votadas por los ciudadanos. Desde el punto de vista institucional es muy significativa la declaración de Mathov; que un secretario de Seguridad se desligue tiene efectos terribles. Es tanto como blanquear la autonomía de las fuerzas de seguridad”.
Así, la causa abre un paralelo con discusiones que no son solamente jurídicas y que exigen avances en materia penal para jerarquías antes intocables. Lo demuestran los juicios que investigan el asesinato en Neuquén del docente Carlos Fuentealba, que trepa hasta el entonces gobernador Jorge Sobisch o la causa que recientemente negó el sobreseimiento a Mauricio Macri y otros funcionarios porteños por la represión en el Hospital Borda; y la del Parque Indoamericano, entre otras, que también investiga responsabilidades ejecutivas.

El mensaje del fallo

El clima fuera de Comodoro Py, era de un triste silencio. Había muy pocas personas en la calle. Una bandera por Gastón Riva, otra que recordaba a Carlos “Petete” Almirón, una más que cruzaba la valla con los nombres de algunas de las personas asesinadas durante la represión, y una carpa del Espacio Memoria donde se reprodujo el documental 19/20. Nada más.
Ni banderas, ni bombos, ni partidos políticos. No hubo movilización.
Ese vacío se profundizaba en contraste con la magnitud de lo que se estaba por sentenciar, ni más ni menos que el hecho social que marcó a fuego un país, una década y una generación, con la posibilidad de un fallo que condenara por primera vez en democracia a un funcionario político como responsable de una represión, en una coyuntura donde la conflictividad social no cesa.
Por los pasillos de Comodoro Py, antes del veredicto, Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, dijo a lavaca: “La sentencia tiene mucha importancia porque, de alguna manera, un fallo condenatorio pone un límite. Por lo menos advierte la responsabilidad penal de funcionarios que ordenan represión policial en conflictos sociales en Argentina. En los últimos años ha habido represiones que ya no se veían, pero en los últimos meses del actual gobierno se han visto represiones brutales como Cresta Roja, y se empiezan a ver prácticas de funcionarios policiales cargando armas de fuego. En ese sentido, esta sentencia, que llega 15 años tarde, llega también en un momento oportuno para dar un mensaje político desde la justicia: en un sistema democrático no se debe reprimir la protesta social”.

¿Todo es política?

Los llantos y los abrazos entre los familiares de los asesinados después de la sentencia continuaron fuera del Tribunal. “La sensación es de dolor”, resume Hebe Márquez, hija de Alberto Márquez, a lavaca.
“Dolor de vernos alrededor a todos nosotros, que estamos hace 14 años y medio haciendo todo lo que se tuvo que hacer para que esto salga a la luz, con todas las pruebas, testigos, fotos, videos, con todo el trabajo que se hizo, para que realmente se culpe a los responsables y vayan presos. Pero fueron absueltos. A algunos les dieron poquitos años. Estamos hablando de 3 o 4 por muchísimas muertes. Y al responsable mayor, al que le disparó a mi papá, lo absolvieron (Orlando Oliverio). Fue una ingrata sorpresa. Nadie se lo esperaba. De pocos años a nada es muy impactante. Estamos demasiado dolidos, con mucha bronca. Bronca de querer que nos escuchen, de querer que la cosa se revierta. Es demasiado”.
¿Y la condena a Mathov? “Es lo único que tal vez no esperábamos que sucediera y sucedió”, dijo. “Eso fue lo único positivo para nosotros. Como un reconocimiento. Fue la cabeza. Pero esto continúa. Y que se haya hecho juicio también es algo. Pero vemos cómo se mueve adentro: todo es política. Con tantas pruebas, se supone que está más que claro cómo fueron las cosas”.

Una condena pequeña

Por su parte, los abogados se mostraron conformes con la condena a Mathov. “La condena a un responsable político es fuerte como señal de que no se puede reprimir la protesta social”, afirmó Rodrigo Borda, del CELS, en rueda de prensa. “Y si se reprime, el gobierno es responsable. Por lo menos los funcionarios. A mí me resulta muy difícil hacer una lectura negativa de eso. Es la primera vez que ocurre este tipo de fallo. Después, hacia abajo, habría que ver la calificación de los hechos que se dieron en la Avenida 9 de Julio: me llaman la atención algunas absoluciones. A veces, el Tribunal, por buenas o malas razones, adopta la versión de la contraparte”.
Similar lectura tuvo el abogado Rodolfo Yanzón, otra de las querellas. “Fueron condenados los máximos responsables de lo que fue el operativo represivo”, dijo a lavaca.
“Esto es un dato bastante positivo. Porque están hablando de personas que no ejercieron violencia en la calle, sino desde sus oficinas. Lo negativo fue cómo se interpretaron los hechos de la 9 de Julio, donde teníamos filmaciones de los policías disparando a gente que estaba guareciéndose solo en los árboles, y ahí sí estamos sorprendidos con algunas absoluciones y por el modo en que calificaron los hechos. Habíamos pedido penas por homicidios agravados y tentativa de homicidio y aplicaron una figura bastante menor, que es lo que redujo la pena: homicidio de agresión. Esto lo vamos a analizar cuando presenten los fundamentos. Lo que pasó hoy es sólo un paso más en el andamiaje judicial. Vamos a tener algunos años más de trabajo. Hay que aclarar que habíamos llegado a un juicio bastante acotado, porque las víctimas son muchas más. Y la sentencia también acota la cantidad de víctimas. Tuvimos un juicio pequeño y llegamos a una condena pequeña”.

Los sonidos del silencio

Los familiares, de a poco, se abrazaban y se despedían. Ya no quedaba mucho por hacer. Edda, la mamá de Gastón Riva, buscaba reponerse, sentada sobre un cantero. Marta Pinedo, viuda de Alberto Márquez, contestaba a los abogados que hablaban de lo inédito del fallo contra Mathov, y entonces pronunció la frase: “Yo entiendo lo que decís, y es importante, pero el que asesinó a mi marido quedó libre”.
Entre las familias, nuevamente, surgían de algún lugar palabras de ánimo: “La lucha sigue”.
María Arena, compañera de Gastón Riva: “Estaba muy nerviosa. La verdad es que en el caso de Mathov y de Santos pensé que la pena iba a ser menor. Que iba a ser excarcelable. No me parece poco. Pero, lamentablemente, pienso en mis tres hijos que no entienden, y que quieren ver preso al asesino de su papá”.
La respuesta de María dejó la calle en silencio.