#NiUnaMás
Un año del femicidio de Araceli: esperando que exista la justicia
La familia de Araceli Fulles encabezó una movilización por las calles de José León Suárez a un año del crimen de la joven de 22 años. La investigación del femicidio en un territorio donde el huevo de la serpiente del narcomachismo pudo romperse por la acción de una familia y sus vecinas. Hay ocho imputados, y un reclamo de justicia que sigue pendiente.
Vecinas, vecinos, organizaciones sociales y políticas participaron de la marcha encabezada este lunes 3 de abril por la familia de Araceli Fulles, que tenía 22 años cuando fue asesinada hace exactamente un año.
Mónica Ferreyra, la mamá de Araceli, dijo a lavaca: “Hace un año que perdí a mi hija y no me gustaría que le pase a ninguna chica más. Marchamos, pero no fue sólo la marcha por mi hija, sino para que realmente haya justicia. Es para abrir los ojos a todos, para que las chicas se cuiden. No quiero que ningún papá sufra lo que estoy sufriendo yo. Y en cuanto a la justicia, sólo quiero que haya. Que no hagan oídos sordos al pedido que una hace. Yo pienso que si ellos estuviesen en mi lugar, los querrían mandar al paredón. Nosotros no, estamos tranquilos: queremos creer que la justicia va a existir”.
La marcha, de la que participó el intendente de San Martín Gabriel Katopodis, partió desde Márquez y 9 de Julio, José León Suárez, hasta la plaza en la que se vio por última vez a Araceli, que estuvo 25 días desaparecida. Su cuerpo fue finalmente encontrado en el fondo de una vivienda cerca de su casa, donde había sido enterrado. La fiscal Graciela López Ferreyra solicitó la elevación a juicio del expediente pero el titular del Juzgado de Garantías N°1, Martín Porto, aún no se expidió.
Hay ocho hombres imputados: Darío y Hernán Badaracco, Carlos Cassalz, Marcelo Escobedo, Hugo Cabañas, Emmanuele y Jonathan Avalos (hermanos de un efectivo del Comando de Patrullas de Tres de Febrero), Marcos Ibarra y Daniel Alaniz. Darío Badaracco, el dueño de la vivienda en la que encontraron el cuerpo, fue el primer detenido. Cassalz recuperó la libertad pero lo volvieron a detener porque amenazó de muerte a testigos. Son los únicos que permanecen detenidos a la espera del juicio. Mónica: “Por ahora está todo parado”.
La madre de Araceli contó además a lavaca la experiencia de participar este año en la masiva movilización del 8M: “Fui con la camiseta de mi hija, llevamos el banner que decía ´Justicia por Araceli´. Fue hermoso, mucha gente aplaudiendo el banner, que nos besaba y abrazaba. Es increíble ver personas que no conocés y te dicen: ‘Señora, yo seguí el caso de su hija, permítame que le dé un abrazo y un beso’. Había gente llorando al lado mío. Fue muy emotivo”.
La revista MU realizó una investigación luego del femicidio en su edición 111 (mayo 2017). La impunidad que quedó al descubierto con el hallazgo del cuerpo de expuso qué hay detrás de estos crímenes de mujeres. El barrio exigió “que la policía deje de amparar a los delincuentes”. El narcomachismo, la red de impunidad, el rol de la policía, el poder judicial y los medios. Aquí, la investigación completa sobre el caso.
Vencer al miedo: la trama que nos hizo ver el caso Araceli
La impunidad que quedó al descubierto con el hallazgo del cuerpo de Araceli Fulles expone qué hay detrás de estos femicidios. El barrio exige ahora “que la policía deje de amparar a los delincuentes” en un territorio donde el huevo de la serpiente del narcomachismo pudo romperse por la acción de una familia y sus vecinas. ▶ CLAUDIA ACUÑA Y ANABELLA ARRASCAETA
Llueve.
En estos bordes del conurbano eso significa que a la tristeza de las persianas bajas de los negocios quebrados, las siluetas fantasmales de las fábricas bombardeadas por sucesivas décadas de recesión y los baches que surcan las avenidas transitadas por autos destartalados, se suma una humedad helada, penetrante.
Si todo lo que acá duele fuera una serie, estarías viendo los escenarios de la primera temporada de The Killing.
En estos tiempos tremendos, las series tiene la virtud de ordenar en secuencias la violencia. Por eso lo primero que te muestra The Killing es lo que importa: el miedo que le hacen sentir a una mujer transitando los bordes de la ciudad, sola.
Ese miedo es el protagonista de esta historia.
La heroína principal es Araceli Fulles, esa joven de 22 años que todos conocimos por su final, transmitido por todos los medios en directo. Culminaba así la gran lección que nos dejó Araceli: cómo funciona la máquina de la violencia.
Analizarla hoy es una tarea, un aprendizaje y una deuda.
La que tenemos con ella, con su familia y con todas las mujeres.
La injusticia
Llueve.
La ropa y los pies de todas las mujeres están empapados y las lágrimas se mezclan con las gotas densas de la tormenta. Son rostros desfigurados por el dolor, con ojeras de insomnios y miradas desconfiadas.
Están alertas y cansadas y despeinadas.
Siete mujeres están sentadas al lado de una estatua que reproduce en bronce a San Martín, al que por algún motivo -a simple vista inexplicable- le han cruzado cintas de peligro y colocado delante un cartel que anuncia “Informes”. Es lo primero que se ve cuando se ingresa a los tribunales de San Martín, en cuyo hall las cintas de peligro se multiplican, creando una atmósfera como las de esas escenas del crimen que abundan en las series tipo The Killing.
A unos metros de donde están sentadas las siete mujeres, con el San Martín de bronce que grita peligro a sus espaldas, están paradas otras mujeres que acaban de escuchar la sentencia a perpetua para el femicida de Micaela González. No festejan, pero se las ve aliviadas. La abogada Gabriela Konder resume el caso: le rompió la cabeza con un ladrillo en la puerta de su casa, delante de su hijita de dos años y de su hermano de 11. “Fue un caso relativamente fácil de resolver, por suerte, porque se trató de un femicidio parental en la vía pública, no tuvimos que depender de la investigación policial ni judicial para esclarecerlo”.
Pregunto a la abogada qué fue lo que más le impactó del juicio: “Escuchar a los testigos, que describían a la pareja como ´normal´, pero después detallaban que él la agarraba de los pelos o que la denigraba delante de la familia. Esa naturalización de la violencia me impactó”. Se queda unos segundos en silencio y agrega: “Y también cómo se construye el no ver, no escuchar, no meterse. Aquel día, al comenzar a discutir la pareja, los vecinos se dieron vuelta. Literalmente le dieron la espalda. Pero cuando les preguntás por qué, no dicen que es para no meterse, sino porque no quieren ser parte de lo que viene después. ¿Entendés? No confían en la justicia. Y cuando no hay justicia, no hay testigos. Es una cadena”.
En la puerta y bajo la lluvia hay más mujeres con niños en brazos, mojándose. Son integrantes del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), el movimiento que acompañó la denuncia del femicidio de Micaela González en el barrio y en tribunales. Están ahí, bajo ese cielo inclemente, que consideran un castigo menor al lado del peligro de impunidad que podían consagrar los jueces si no acompañaban hoy a la familia de una mujer asesinada.
Mientras, el grupo de siete mujeres sigue sentado.
La que me habla ahora es otra mujer, quejándose porque le entregaron un botón antipánico como única protección para evitar las palizas de su pareja. Protesta porque ella trabaja limpiando casas en Capital y el botón deja de funcionar apenas cruza la General Paz. Le acaban de explicar que así funciona: es decir, no tiene el alcance que ella necesita.
¿Y?
Me repite: “Y nada. Así funciona”.
Llueve.
Cuando todas estas mujeres llegaron a estos tribunales eran las 7 de la mañana y había frío, pero no lluvia, así que ahora -que ya es mediodía y la tormenta golpea-, no hay paraguas ni impermeables, sino calzas y buzos de algodón empapados.
Si la historia de este miedo fuera el argumento de una serie, quizá arrancaría con lo sucede después: las siete mujeres empapadas se ponen de pie, frente MU, el único medio que respondió a la convocatoria de su conferencia de prensa. Ante ese solo grabador, la prima de Araceli lee un comunicado solemne. Intentan así desmentir la cantidad desconcertante de falsas noticias que estuvieron circulando esa semana.
Es una conferencia de prensa que le habla a una prensa ausente.
Una vez terminada la lectura del comunicado, la joven prima de Araceli anuncia:
-Ahora pueden hacer preguntas.
¿Qué hipótesis evalúan cuando ya se cumplen 27 días de la desaparición de Araceli?
Nosotras no hacemos hipótesis. Eso es algo que solo hace gente que está sentada en un escritorio y tiene tiempo para perder. Nosotras, desde el primer día, hacemos lo mismo: organizarnos para buscarla.
Así comenzó el peor día del Caso Araceli.
La tierra que traga
Araceli desapareció en San Martín en la madrugada del 1° de abril y durante 27 días su destino fue ocultado por todos: la policía, la justicia y la prensa. Es la trilogía de la impunidad, pero también la santísima tríada que consagra qué, dónde y cuándo vemos lo que vemos.
En la casa de la mamá de Araceli hay una enorme pantalla de televisión que ahora mismo muestra la cara de Jorge Rial con un zócalo que informa sobre el último escándalo mediático. “Le levanté la mano después de que ella me pateó la cara”, dice el zócalo.
La tele está sin sonido, las paredes sin revoque y en la cocina, que también es comedor, hay media docena de hombres que esperan las novedades que traen las mujeres de Tribunales. “Nada”, resume la mamá de Araceli.
Luego uno de sus tres hermanos pone la pava para el mate.
Otro de los hombres se me acerca con una carpeta donde está guardada la denuncia que hicieron en la comisaría por la desaparición de Araceli, aquel día que le mandó el mensaje a su mamá (“andá poniendo la pava que ya voy para allá)” y nunca llegó. Estaba a una cuadra y media, me aclara.
Le pregunto quién es y me responde: “De la Brigada. Estoy viviendo con ellos, compartiendo las 24 horas. Mi trabajo es de contención”, detalla.
Sospecho qué contiene.
En esa cocina comedor está el único y verdadero centro de operaciones de la búsqueda de Araceli.
Ahora mismo están alterados por un llamado que recibieron alertando sobre un posible dato. El hermano mayor de Araceli es el encargado de hacer con ese dato lo que la familia hizo desde el primer día: llevar las pistas recibidas al juzgado y al Comando de Patrullas Comunitarias (CPC), que depende de la municipalidad de San Martín.
Ubiquémonos en ese territorio.
San Martín es el municipio del conurbano en el que viven casi 500 mil personas, 100 mil en asentamientos pobres: hay más de 30, todos sometidos en las últimas décadas al maltrato social y económico, hasta convertirlos en escenarios de las más diversas transas delictivas. Desde el primer día que asumió el gobierno de Mauricio Macri se retiraron de todos esos barrios las fuerzas nacionales –básicamente, Gendarmería- dejando la llamada “seguridad” a cargo de las fuerzas municipales y provinciales, en esta proporción:
- La fuerza policial municipal, llamada Protección Ciudadana, que tiene 200 integrantes, 80 patrulleros y 875 cámaras de seguridad, que se monitorean desde el CPC.
- La Bonaerense, que depende del gobierno provincial, tiene 800 integrantes, y 40 patrulleros, de los cuales funcionan 33.
Durante 27 días ninguna de estas fuerzas y herramientas aportó nada sobre el paradero de Araceli.
Tuvieron que correr, sí, detrás de cada pista que llegaba al 911 o el celular que difundió la familia para encontrarla. Y en este peor día volvieron a correr, empujados por esa llamada que había aportado algo diferente: el dato que la familia estaba esperando.
La red de impunidad
“Estamos rodeados de amarillo”, sintetiza un funcionario municipal para describir la situación política del municipio de San Martín. Para explicar lo que esto significa pone un ejemplo: “La única obra del gobierno nacional anunciada para esta zona es el Metrobus y nos saltea. Viene de la Capital, pero se retoma recién en Tres de Febrero, que es de ellos”. Ellos son el gobierno de Cambiemos, que sortea la obra pública según un reparto colorido: deja en blanco a los municipios opositores.
¿El color político afectó el destino de la búsqueda de Araceli?
¿Es esta interna política el motivo por el cual el gobierno nacional no activó la difusión en los medios de la foto de Araceli ni envió los equipos suficientes y necesarios para encontrarla?
La respuesta del funcionario es otro dato: “El intendente (Gabriel Katopodis) se dio cuenta de que los rastrillajes se hacían sin perros y se tuvo que encargar de conseguirlos. Averiguó que los Bomberos Voluntarios de Punta Alta tenían perros entrenados; los contactó y nos prestaron dos”.
Uno fue el que marcó la casa donde encontraron el cuerpo destrozado de Araceli.
El dato que llegó aquel peor día fue concreto: dónde habían visto a Araceli por última vez.
En una plaza.
Y con qué personas: los hombres que ahora están detenidos.
Ahora ya conocemos varios nombres y quedó expuesta la red que mató e hizo desaparecer a Araceli –diez hombres, tres son policías de la seccional en la que la familia presentó la denuncia de desaparición y de la cual dependía la búsqueda- pero aquel día ese dato confirmó lo que la familia sospechaba desde el primer día: en su desaparición estaban involucrados conocidos del barrio que contaban con un sistema de impunidad territorial, protegidos por la Policía Bonaerense.
Habían logrado, al fin, superar el principal obstáculo.
La no fiscal
La oficina de la fiscal Graciela López Pereyra tiene en su puerta pegado un cartel que proclama: “No estás sola: podemos ayudarte”. Promociona así al Sistema Integral Contra la Violencia de Género. La fiscal no atiende a la prensa. Atiende, sí, a esa policía que le fue marcando el ritmo de la investigación judicial. Así, ninguna de las hipótesis que argumentó la fiscal para definir los esfuerzos de la investigación tuvo asidero. La primera fue la droga, que la llevó a no hacer nada durante los primeros diez días. La segunda, llegó con la conmoción por el femicidio de Micaela García: la de la trata. La tercera fue investigar a la familia. Se activó justo después de que los hermanos de Araceli declararan públicamente: “La policía no quiere encontrarla. Ya saben quién la tiene”.
Todas estas hipótesis de investigación fueron plantadas en la causa por la policía y tuvieron su correspondiente difusión en la prensa.
Los medios presentaron a Araceli primero como una consumidora de drogas duras, a pesar de que nadie que haya visto cómo afecta a los cuerpos la adicción al paco pudiera asociarlo a la imagen de Araceli.
Luego, agitaron el fantasma de la trata, que recorre las tinieblas de la explotación sexual en un país en el que el comercio de cuerpos es cada vez más intenso, abusivo y alentado por factores sociales tan diversos como la destrucción de la autoestima, la falta de horizontes vitales y productivos de las mujeres. El mercado de la explotación sexual hoy no necesita secuestrar esas vidas que ya están presas de sus destinos sociales. Necesita, sí, mantenerlas atadas, con violencia y abusos, a esos miserables destinos. Y para lograrlo cuenta con cómplices privilegiados.
Eso que llaman “trata” es la policía, la justicia y los medios que se alimentan de prostituir mujeres. Es la misma máquina abusadora que hizo funcionar la no-búsqueda de Araceli.
Es la misma máquina abusadora que hizo funcionar la no-búsqueda de Araceli.
Lobo suelto
Cada uno de los días sin Araceli, la familia y sus amigas hicieron funcionar otra máquina, la única capaz de conjurar la impunidad de ese poder. Con los pies y las manos, volantearon cada cuadra del barrio, miraron a los ojos a cada vecino y recorrieron cada casa, desde las mejores hasta las más precarias.
Aquel peor día estaban repartiendo esos volantes cuando llegó la noticia de que habían encontrado el dato que buscaban. En el grupo hay mujeres jóvenes que ya son madres de varios hijos. Su preocupación principal es una siniestra: tienen miedo de que se los roben. Es una preocupación que repite cada una, como si fuera una verdad y no una pesadilla. Lo dicen con convicción y cuentan hasta cómo se organizan para evitar lo peor: hacen cadenas para que siempre haya un adulto acompañando a los hijos a la entrada o salida de la escuela y no los dejan jugar nunca en la calle.
¿De dónde sale ese miedo?
Busco y encuentro.
Hace diez años, en San Martín desapareció Milagros, una nena de 5 años. Nunca apareció. El único sospechoso detenido, quedó libre. La fiscal fue Graciela López Pereyra, la misma del caso Araceli.
En los bordes del conurbano los fantasmas que dan miedo son alertas que hay que tomar siempre en serio. Son memoria de impunidad que advierten: peligro, lobo suelto.
Quizás ahora que el femicida de Araceli logró ser atrapado -por una mujer paraguaya y embarazada, de quien se rio Gendarmería cuando los alertó de la presencia del asesino en el barrio- al fin dejen de acecharnos los fantasmas que reproducen cuentos sobre chicas que estuvieron a punto de ser secuestradas.
Quizás.
Pedagogía de la crueldad
Aquel peor día pasó lo que todos ya sabemos. El cuerpo destrozado de Araceli fue encontrado por un perro que siguió el rastro de su perfume desde la plaza hasta la casa donde estaba enterrada. Su madre me había dicho: “A mi hija no se la tragó la tierra”, pero de la manera más perversa habían querido que eso sucediera.
Sin embargo, tenía razón.
A Araceli no se la había tragado la tierra.
A Araceli se la habían tragado la policía cómplice de sus femicidas, las internas políticas y las operaciones de prensa. El hallazgo de su cuerpo destrozado dejó al descubierto todo eso y mucho más.
¿Qué más?
Si esta historia del miedo fuera una serie, la última escena quizá mostraría el zapping por diferentes pantallas de televisión que exhiben en directo el show del terror.
Es la síntesis perfecta de aquello que la antropóloga Rita Segato describe como “la pedagogía de la crueldad”. Un shock de noticias que, una y otra vez, resaltan lo que ya no es noticia, sino prédica: las mujeres estamos en riesgo.
Es cierto: lo estamos.
Es cierto: las hijas tienen miedo de andar solas por las calles, las madres tienen miedo de que sus hijas anden solas por la calle y las que no son madres, también.
¿Es esa la lección que quieren transmitirnos con el Caso Araceli?
Llueve.
La prima de Araceli estudió Ciencias Políticas. La conocí la mañana de aquel peor día en Tribunales y la vi luego organizar la volanteada al día siguiente, hasta que llegó el momento en que tuvo que irse a la escuela de adultos nocturna donde da clases, allá por el final de la ruta 8, me dijo, antes de subirse la capucha de la campera, cruzarse la cartera al pecho y caminar bajo la tormenta esas largas y desoladas cuadras que la llevaban hasta la parada del colectivo. Antes, me pide:
“Poné que Araceli era muy carismática, que te hacía reír, que era muy compañera. Una dulce, muy. Poné que Araceli estaba buscando qué seguir, qué estudiar, qué le gustaba. Poné que era una piba de 22 años común, muy familiera”.
Pongo.
Pongo también la última frase que me dice al despedirse:
“La sociedad sabe lo mal que trabaja la justicia o cómo los medios manipulan la información. Sabe también que los que tienen un rol social no asumen la responsabilidad que tienen. Sabe además que la desventaja siempre la soportamos las de abajo. Estos casos suceden ya todos los días, pero todos los días tenemos soportar que el sistema empiece de cero. Pero nosotras no empezamos de cero. Cada vez estamos más despiertas, cada vez sabemos más qué hacer”.
Cada vez sabemos más qué hacer, pongo y repito.
Pongo, además, esa última imagen que miro alejarse mientras el cielo truena:
Una mujer joven caminando sola por la calle, con miedo.
Llueve.
Hágase la luz
Tres días después de hacer aparecer el cadáver de Araceli, la familia, las amigas, las vecinas, organizan una marcha para exigir justicia. Ya saben a qué se enfrentan. “Esto recién comienza”, dirá el tío para sintetizar lo que ya saben. “Te tiene que pasar algo así para que te des cuenta, pero está todo a la vista. Ahora no pueden taparlo”. Se refiere a la red que protegió hasta ahora a quienes están involucrados en el femicidio de Araceli. Una trama que va desde el narcotráfico territorial, atraviesa a la Bonaerense y llega a la justicia. Señala, indignado, que Darío Badaracco, el femicida de Araceli, tenía una denuncia por abuso y maltrato de los hijitos de su pareja, que fue archivada.
¿Por quién?
Por la fiscal Graciela López Pereyra, la misma que dejó enredar la búsqueda de Araceli.
“Estamos furiosos y le deseamos a esta gente lo peor, pero sabemos que no es el momento para que pensemos claramente cuál es la mejor manera de terminar con esto”.
Las mujeres del barrio, sin embargo, ya aprendieron cómo comenzar a construir el largo camino que tienen por delante. Trazaron el recorrido de esta marcha para que el punto culminante fuera la plaza donde fue vista por última vez Araceli con vida.
Llevaron hasta allí velas y las encendieron. Convirtieron así en santuario ese negro territorio dominado por los transas del barrio.
Es un mensaje.
La luz de las velas enfrentando la oscuridad con que el poder protege a los delincuentes.
Hay más de quinientas personas acompañándolas y muchas vecinas que salen a la puerta de su casa para aplaudirlas a su paso.
Lograron así, con los pies y las velas, que en esta noche estrellada en la que ya no llueve las mujeres tengan menos miedo.
#NiUnaMás
Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En silencio.
La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar.
Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común.
“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.
Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?
De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, nadie habla.
Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.
Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, la ronda termina.
Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las bengalas se encienden.
Las familias se abrazan, se descargan.
Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
#NiUnaMás
La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios
Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro
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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.
por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta
Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.
En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:
- Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
- Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
- Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.
Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.
Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.
¿Qué vimos?
En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.
Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.
Territorios, cuerpos y violencias
Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.
Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.
Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.
¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.
Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.
Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.
El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.
Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.
En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.
En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.
Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.
Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.
Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.
Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.
La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.
Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.
Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.
Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.
Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.
Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.
Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.
En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?
Es urgente: enfrente está la muerte.
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