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Un mes de la intervención de Canillitas: qué está en juego

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El 3 de julio el sindicato amaneció rodeado de 120 gendarmes y siete carros de asalto por una orden judicial que desplazó a la Comisión Directiva y procesó a su secretario general. Es la séptima intervención en la historia del gremio –la mayoría en dictaduras-, que en la última década conquistó derechos y combatió la desregulación del sector. Hoy Canillitas nuclea a 5000 vendedores de diarios y revistas del conurbano y Capital Federal. Qué significa la intervención en el actual escenario de despidos y de hostigamiento a la organización sindical. El rol del Grupo Clarín y el avance en la concentración. 
Claudia Herrera llega al kiosco del barrio porteño de San Cristóbal todos los días a las 5:30 de la mañana. Su parada está en Garay y Pichincha, a dos cuadras del Hospital Garraham. De lunes a lunes desanuda los paquetes, ordena los periódicos y las revistas y las acomoda con prolijidad en la parada que administra desde 1994. “Soy canilla hace veintitrés años”, dice. “Desde aquí hablo con Don Pedro, con Doña Rosa, con el jefe de una dirección nacional de alguna dependencia, con algún cirujano, con contadores públicos, con abogados. Cuando hablamos de multiplicidad de voces hablamos de esto: multiplicidad de opiniones y formas de vivir. Estás para el que busca un diario y para el que te pide cambio para el colectivo”.
Claudia sintetiza un oficio que es historia.
Claudia también es protesorera del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (Sivendia, conocido Canillitas), intervenido hace un mes por una orden que dictó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, del Juzgado Criminal y Correccional N°8. El juez desplazó y procesó al secretario general del gremio, el diputado Omar Plaini, por “adulteración de documento público”, en base a una causa de 2013 cuando una lista opositora denunció supuestas irregularidades en los comicios del gremio. Si bien la Sala X de la Cámara Electoral ratificó el resultado electoral y luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la denuncia, más de cien efectivos de Gendarmería llegaron a las 9 de la mañana del 3 de julio en siete carros de asalto para rodear al sindicato. Los canillitas advierten que el proceso es una “aberración” ya que un juez federal no debería intervenir en competencia del fuero laboral, pero Martínez de Giorgi entiende que son cuestiones distintas y que lo que él debe analizar es la falsificación de datos en las planillas.
La intervención de Canillitas se produjo en un contexto de hostigamiento a los sindicatos y de demonización desde el Gobierno a los reclamos laborales y los fallos favorables a trabajadoras y trabajadores, en medio de rumores de una reforma laboral después de las elecciones. Canillitas se sumó a la lista de gremios intervenidos que incluye al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), la Unión de Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) y la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA). En el caso de los azucareros, el Ministerio de Trabajo también buscó la suspensión de las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma. Las intervenciones de FEIA y UPSRA fueron revocadas por la Justicia laboral. En cuanto al SOMU, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral desplazó, procesó, encarceló y embargó por 10 millones de pesos a su secretario general, Omar “Caballo” Suárez, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita.
Más allá de las particularidades de cada una de las intervenciones, el caso de Canillitas suma hipótesis que van desde un ataque al gremio por su manifiesto apoyo al frente Unidad Ciudadana -que encabeza la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner- hasta la sombra del Grupo Clarín por las reivindicaciones que el gremio conquistó en estos años. “Es muy difícil pensar que no esté Clarín luego de más de una década de lucha”, dice a lavaca Omar Plaini. “El gremio nació en 1944 y tiene 16 paros a lo largo de 73 años de historia: nosotros hicimos 14 sólo en esta década y siempre contra los mismos. Hicimos marchas, petitorios, paros para defender nuestros derechos contra el poder hegemónico de la comunicación”.
Por esa razón, Plaini repetirá un mismo concepto a lo largo de esta nota:
-No fue gratis.

Un fallo «adulterado»

“Nada fue hecho al azar”, dice Plaini. El 5 de julio, la Comisión Directiva iba a comunicar la apertura del proceso electoral que elegiría las autoridades para el período 2017-2021. Cuarenta y ocho horas antes llegó la orden de intervención con el combo de allanamiento, procesamiento del secretario general y desplazamiento de toda la CD.
-¿Qué ocurrió?
-En 2013 se realiza la elección del gremio. La lista opositora usó dos estrategias: por un lado competir y por otro, judicializar. Dijeron que el lugar de aquella asamblea no era el adecuado. Una falsedad: fue en el gremio de la UATRE (peones rurales), para más de 1000 personas. Adujeron que las planillas de ingresos (apellido, lugar de parada y número de afiliado) habían sido adulteradas y que figuraban personas muertas. Hay que aclarar que en todo padrón electoral vos hacés un corte, y entre ese corte y la fecha de la asamblea puede ser que haya fallecidos. Es más: a veces nos enteramos que hay un nuevo titular de kioscos recién cuando sus hijos vienen al gremio a notificarse. Las elecciones se hicieron y sacamos el 89 por ciento de los votos. La oposición sacó el 8,9. Fue contundente. La causa inicial fue por adulteración de documento de uso privado. La sala 10 fue tajante: no hay irregularidad. La Corte ratificó por unanimidad el fallo. Cosa juzgada: yo hice convenios y acuerdos en nombre de la organización con el certificado que otorga el Ministerio de Trabajo.
-¿Cómo llegan a esta instancia?
-La lista opositora nos dijo que no siguieron la causa. ¿Cuándo es que entonces empieza a moverse? Cuando pedimos la prescripción, hace ocho meses, de cara al nuevo proceso electoral. El juez cambia la carátula para no darle la prescripción: de “adulteración en uso privado” pasa a “público”, y eso aumenta la pena de 2 a 6 años. Además, dicta la falta de mérito a los cinco miembros de la Junta Electoral y al secretario de actas, y me procesa a mí y a la escribana. Otra aberración: solicita la intervención citando el artículo 56 de la ley de Asociaciones Sindicales cuando no es competencia de un juez penal correccional, sino del fuero laboral. Por último, descabeza a toda la CD además de la intervención. El juez podía continuar el proceso conmigo, hasta inclusive no permitirme ejercer la conducción, ¿pero por qué también al resto de la CD si ni siquiera está imputada de nada?
El secretario de Organización, Carlos Vila, dice que no hay razones que motiven la intervención: “No hay dudas de que hay condimentos políticos. Es un gremio que viene cumplimentando con la ley: todas las asambleas, nuestras memorias y balances fueron supervisadas por el Ministerio de Trabajo. ¿De dónde viene esto?”.

Intervención en Canillitas: asamblea exigió paro y movilización

Historia de una flexibilización

El sindicato de Canillitas tiene 5000 afilados y afiliadas entre 30 municipios del primer, segundo y tercer cordón del conurbano junto a la Ciudad de Buenos Aires. Son 5000 puntos de venta distribuidos en 70 kilómetros, desde Florencio Varela hasta Luján. “Este gremio no era reconocido hasta que llegamos”, dice Plaini. “Nunca había integrado la CGT. Es un gremio chico en números pero grande en sus convicciones. También es complejo, porque no estamos 500 compañeros trabajando juntos dentro de un predio o una fábrica: acá te parás en Congreso y tenés que hacer 60 km al sur, 60 km al norte y 60 km al oeste para reunir a los compañeros. Sólo La Matanza (el municipio más grande del país con 2 millones de habitantes) tiene 302 kilómetros cuadrados: allí tenemos más de 400 vendedores de diarios. El nivel de conciencia y el activo militante que ha logrado este sindicato llevó muchos años de trabajo”.
La historia corta del gremio tiene un punto de ruptura a fines de la década del ´90, en la transición neoliberal entre el gobierno de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa.
Vila: “Un sábado de 1999 nos desayunamos, mientras armábamos los diarios, que La Nación anunciaba en tapa con títulos catástrofe que el Gobierno había desregulado la venta de diarios y revistas. Fue la resolución 416: nos puso en alarma. Nos juntamos para exigirle a la CD de aquel momento acciones contra eso. En el 2000 se cambia la resolución por el decreto 1025, que creaba un sistema mixto entre la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Trabajo. Le permitía a los medios recurrir a cualquier instancia para vender sus publicaciones”.
La distribución y venta de diarios y revistas estuvo regida –desde 1946 hasta ese entonces- por la ley 12.921, con el Ministerio de Trabajo como órgano de aplicación. El decreto 1025 estableció un nuevo paradigma al establecer “un régimen general de libertad de competencia y desregulación de la actividad económica”, aún vigente. La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) denunció junto a Canillitas las consecuencias que ese decreto produjo hacia la concentración del mercado gráfico. Plaini: “El decreto desregulaba totalmente la actividad y nos pasaba al área de Comercio. Nos sacaba del ámbito laboral. Eso fue auspiciado por Clarín y La Nación. El 1 de julio de 2000 hicimos un paro general”.
El proceso desregulatorio siguió con la quita de 8 puntos del porcentaje de precio de tapa de las publicaciones, que conforman el salario canillita. Por las presiones de las corporaciones mediáticas el Estado redujo el 40 por ciento del precio de tapa al 32 por ciento. “Eso significó que perdimos entre un 22 y un 25 por ciento de nuestro salario”, dice Claudia Herrera. “De repente nos quedamos con el 75 por ciento de nuestro sueldo, trabajando de lunes a lunes, sin ningún feriado: sólo teníamos el 1 de mayo, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Hubo años donde muchísimos compañeros no podían irse de vacaciones”.
La lista encabezada por Omar Plaini ganó las elecciones del 2006. “Por cuatro votos”, dice. Y también dice que, a partir de ese momento, empezaron a luchar por sus derechos.

El respeto es un derecho

Hicieron paros, movilizaciones, juntada de firmas, convocatorias. “Hicimos 184 reuniones zonales en 9 meses. Inauguramos las asambleas y los plenarios abiertos para discutir con todos los compañeros los problemas del sector. En ese momento dijimos que desde 1998 nos habían arrebatado el 7 de noviembre (Día del Canillita) por decisión de los grandes diarios, que editaban igual y el gremio nunca se opuso. Tuvimos ovación: la propuesta fue unánime. Y ese 7 de noviembre paramos: los diarios se editaron todos, sacaron personal propio a distribuirlos, pero hicimos combate. Les mojábamos los periódicos. En 2009 el feriado fue ley nacional”.
En 2010 consiguieron el viernes santo.
Vila: “Sumamos plus por días de descanso, recuperamos el porcentaje en algunos diarios (no todos: Clarín, La Nación, Página/12 son algunos de los que aún pagan 32 por ciento), ganamos porcentajes mayores en revistas de suscripción. Con esto arrancamos muchas acciones de reivindicación y de posicionamiento político. Este era un sindicato gris, amarillo, y nosotros logramos posicionarlo: que el canillita sea una marca y nos traten con respeto”.
En ese marco irrumpe lo que Plaini describe como la discusión central: la desregulación. “Con los decretos lo que pasaba era que nunca reconocían nuestra laboralidad: esa fue la gran batalla. En 2009 pedimos volver a la vieja ley 12.921, que nos otorgaba la exclusividad, el porcentaje, la devolución de los diarios no vendidos y nos daba la calidad de sujeto de derecho laboral. En 2009, logramos que el decreto 1693 modificara los artículos 3 y 4 del sancionado por De la Rua: ahí dice que estamos en un régimen de libre comercio siempre y cuando no afecte la tutela de los derechos laborales. Luego, logramos que nuestra actividad no sólo sea considerada comunicacional sino cultural y al servicio de la comunidad”.
Esas reivindicaciones –dicen los canillitas- les trajeron enemigos muy poderosos.

La catástrofe

La intervención que dictó Martínez de Giorgi es la séptima en la historia del gremio. Las otras: 1955 (dictadura de Aramburu), 1962 (golpe a Frondizi), 1969 (dictadura de Onganía), 1976 (dictadura de Videla), 1986 y 1989. Esta última, durante el gobierno de Menem, tiene un apellido en común con la última intervención: el ministro de Trabajo era Jorge Triaca, padre del actual ministro de Trabajo (de igual nombre) del Gobierno de Mauricio Macri.
El 18 de julio a las 11 de la mañana se presentaron tres interventores del Ministerio de Trabajo para conformar la comisión administradora y normalizadora. Vila: “No saben nada de la actividad, porque es muy compleja en su esencia. Acá no hay no hay una patronal definida y hay situaciones de conflictividad todo el tiempo: con las municipalidades, con los corrimientos de las paradas, con los distribuidores, con los propios vendedores. Eso nos preocupa: ¿una intervención a quién va a defender? ¿A los vendedores o las editoras?”.
Plaini: “Nuestro gremio es estratégico por la comunicación. También el más plural: están todas las voces. No es casualidad que la mayoría de las intervenciones fueron en dictaduras”.
Vila enmarca la actual intervención en contexto.
“Me llama la atención los últimos sucesos que ocurrieron en el último mes: todos los días un procesado, una denuncia, alguien perseguido, alguien que se quiere desaforar. Si no es De Vido, es Boudou, el contador de los Kirchner o la intervención de Canillitas. Así todos los días: es como una política de marketing. Mantienen denuncias por un lado pero, por otro, dan un mensaje al mundo sindical: ´Si se portan mal, el peso es éste´. La agenda que sale a las 3 de la mañana de la cinta de un diario se replica durante 24 horas por múltiples plataformas: tener un gremio como Canillitas disciplinado es lo que más anhelan los grandes grupos. La caída de la venta de los diarios es tan profunda que uno se pregunta por qué meterse con un gremio que va mal. Nosotros visualizamos que el gremio va a seguir siendo importante: por su anclaje en el territorio y su entretejido social el vendedor de diarios está en todos los lugares. Y esto es así: o se reconvierte en beneficio de los trabajadores o en servicio de los grandes grupos. El panorama en el sector durante estos años fue de mayor concentración de los recorridos de la distribución. Antes había 100, hoy hay una ventena y aproximadamente el 50 por ciento está en manos de Clarín. ¿Qué quiere decir? Que primero dominan la distribución y, lo que le sigue, es el punto de venta. Si ya tienen parte de la distribución tomada y luego intervienen el sindicato de vendedores, el negocio es terriblemente catastrófico”.

“Nos falta el coraje de ver la realidad”

Plaini también es el secretario administrativo de la CGT y una de las voces más vehementes que exigieron paro y movilización en los diversos plenarios que realizó la mayor entidad gremial del país. Luego del plenario de secretarios generales realizado en el Microestadio de Ferro, el triunvirato conformado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid difundió un documento crítico y convocó a una movilización –sin paro- para el 22 de agosto.
-¿Cómo ve a la CGT en este escenario? En la asamblea que realizaron en la puerta del sindicato luego de la intervención, el pedido fue concreto: “Paro”.
-Exactamente el mismo planteo hice en la CGT. Creo que la unidad ha sido un paso importante, pero no fue su totalidad. Sigue habiendo divisiones en el movimiento sindical y algunos sectores siguen estando afuera, por más que estén adhiriendo (el MASA, que encabeza el taxista Omar Viviani y el ferroviario Sergio Sassia, no participó en el plenario en Ferro). Yo lo dije y lo resalto: hay que cambiar la actitud en la CGT. Este Gobierno no dejó cosa por hacer en perjuicio de los sectores más vulnerables y de los trabajadores. Despidos, suspensiones, inflación, intervenciones, allanamientos, endeudamiento externo brutal. ¿Qué más? La CGT tiene que cambiar la actitud, porque lo que hoy te exige la base es un plan de lucha. Yo soy parte y estas cosas las discuto dentro del parlamento obrero. He aceptado hasta ahora la decisión de la mayoría de los componentes de ese secretariado, pero mi posición es clara: hay que hacer un paro y una movilización. De lo contrario, la imagen de la base con respecto a la CGT se deteriora.
-Más allá de si provino de sectores específicos o no, la movilización del 7 de marzo dejó una frase que luego se instaló como concepto ante esa indefinición: “Poné la fecha”.
-Cometimos errores. Ese 7 de marzo nació como una convocatira al sector industrial, después nos sobrepasó y acompañaron todos los sectores: movimientos sindical, movimientos sociales y ciudadanos autoconvocados. Y me parece que ahí habría que haber tomado una decision. Pero claro: en un triunvirato es muy difícil, si no hay un solo liderazgo. Tampoco eso se construye de la noche a la mañana. Más allá de que ese día pudo haber provocadores o vaya uno a saber qué, yo estaba entre los que esperaban que se tomara otra actitud.
-¿Está a tiempo de modificarla?
-Es muy difícil saberlo. Creo que tenemos que ir camino, más tarde o más temprano, a un solo liderazgo. Y estoy convencido de que la base difícilmente se equivoque. Siempre pongo un oído abajo, y cuando vos no escuchás lo que te dicen o no respondés, eso finalmente tiene una consecuencia. Hoy creo que a nosotros nos faltó y nos falta el coraje de ver la realidad. De lo contrario, te convierte en una actitud de connivencia con el gobierno. Eso es lo que piensan los trabajadores abajo. Y son la mayoría.

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La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

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Pese a que el Congreso Nacional votó la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, y rechazó con más de dos tercios de ambas cámaras la intentona de veto presidencial, y a que fallos judiciales ordenan su cumplimiento inmediato, el Gobierno de los Milei & los Caputo no la aplica. Para los organizadores de la movilización calculada en más de 1.500.000 personas en todo el país, esto no solo rompe lo relativo al presupuesto universitario “sino el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en la calle, donde la democracia queda expresada en la gente moviéndose en esta 4° marcha durante el período libertario, y de sectores que se plegaron y convocan a seguir resistiendo este tipo de políticas de daño social. Voces desde la calle que explican sin casettes por dónde moverse.

Por Franco Ciancaglini. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Hay muchos jóvenes.

Muchos docentes, directivos, no docentes.

Egresados, profesionales.

Muchas personas en todo el país.

En Mar del Plata, Córdoba, en Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca y así.

Hay una Plaza de Mayo repleta.

Hay gente que llega y gente que se va.

Gente que estuvo todo el tiempo.

Hay jubilados y jubiladas que marchan todos los miércoles.

Está el movimiento disca, también siempre presente.

Hay sindicatos, como la UOM o los Aceiteros, y parte de la CGT que brindó su apoyo y movilizó algunas columnas dispersas.

Hay carteles conmovedores.

Hay muchos jóvenes, de todos lados, sobre todo llegados de fuera de la Capital Federal.

Muchas personas que viajaron desde lejos para sumar su cuerpo, su cartel, su grito, su aplauso.

Que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.

Y no callarse.

“Milei cumplí la ley”

Es la cuarta.

Las tres primeras Marchas Federales Universitarias fueron las más masivas contra el gobierno de Milei. Esta no fue la excepción.

Desde el escenario calcularon alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.

Lo incontable es todo lo que sucede alrededor de esta bandera argentina que significa la universidad pública.

Una bandera que cobija a miles de generaciones que se reunieron hoy en la Plaza de una manera conmovedora: relatando, en esta crónica, cómo el acceso a la educación libre, gratuita y de calidad “cambia vidas, motoriza el ascenso social y brinda soberanía a un país”. Así lo sintetizaron en un documento leído por la FUA (Federación Universitaria Argentina” que se tituló: “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”.

El planteo central: “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.

Algunos datos de contexto:

  • Los salarios de quienes trabajan en las universidades argentinas bajaron el 34,5% en el mejor de los casos, o más del 40% según otros cálculos. Es como si en los últimos dos años no hubieran cobrado entre 8 y 10 salarios. Los números simbolizan lo presupuestario, pero tal vez no logren mostrar el daño institucional, social, familiar y personal que provoca la política del gobierno.
  • El actual es uno de los menores porcentajes históricos que el Presupuesto Nacional asigna a las universidades, en las que el 57,6% de los graduados son primera generación de sus familias en llegar a los estudios superiores. Esa posibilidad es una de las cosas que se está quebrando, como lo señalaban los cartones manuscritos en los que se leía: “Sin educación no hay futuro”.
  • La importancia que el gobierno de Milei le da a la educación se expresa en la aplicación de un nuevo recorte del Presupuesto Nacional de 3 billones de pesos en temas de energía, obras públicas, urbanización y hasta tratamientos contra el cáncer (63.021 millones de pesos que explican que la palabra crueldad tal vez ya no alcance para definir lo que está ocurriendo). Para el tema educativo, el recorte es de 78.768 millones de pesos.
  • Ese incalificable decreto de ajuste fue firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El lado B de la situación aparece en casos como el $LIBRA o el ANDIS, donde se detectaron sobreprecios en sillas de ruedas, andadores, medicamentos y tecnologías para diversos tipos de tratamiento del orden del 200% en los casos más leves, hasta productos sobrefacturados en un 4.239%. A lo que habría que agregar 3%, Spagnuolo, Esper, Nucleoeléctrica, Adorni, posibles sobresueldos oficiales, entre otras cosas. 
  • Volviendo a lo estrictamente universitario, esta licuación económica va generando, además, un éxodo permanente de docentes que está vaciando una educación de calidad históricamente reconocida a nivel continental y global.
La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Docentes Uber

Los testimonios desde la calle permiten entender de manera simple la complejidad de lo que está en juego.

Primero, pequeñas escenas concretas. Lucía Darandal, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, resume “lo más visible”: el salario de los docentes. “Cada vez les está costando más llegar a fin de mes. Muchos están teniendo más de un trabajo para poder sostenerse, muchos tienen familias que mantener. Ahí está el primer deterioro que se va acentuando. Lo mismo pasa con los trabajadores no docentes”. 

Las becas: “La beca Progresar quedó congelada en 35.000 pesos y eso prácticamente no alcanza. Hay estudiantes a los que cada vez se les complica más pagar el alquiler, porque recordemos que también hay estudiantes que viajan desde otros lugares de la Argentina”. Y los horarios: “Faltan horarios en el turno noche. Entonces hay menos posibilidades para que el estudiante trabajador pueda cursar”.

Desde Rosario, el médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, Damián Verzeñassi, lo traduce en una imagen todavía más brutal: “Más de la mitad de los trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza” y agrega que hay docentes “que con lo que cobran no pueden pagar siquiera el costo del transporte para llegar a dar clases”. 

Rosario Kairuz, estudiante de Sociales UBA, cuenta cómo eso impacta directamente en las cursadas: “Las materias de la orientación en investigación prácticamente no cuentan con ningún tipo de horario. Se ofertan un cuatrimestre sí y otro cuatrimestre no”. Y agrega otro ejemplo síntoma del deterioro: “Quienes siguen la orientación de producción no cuentan con materiales ni con equipos para realizar los distintos talleres audiovisuales”. 

Nicolás Núñez, docente de Sociales e integrante de AGD, completa la escena desde el otro lado del aula: “El incumplimiento de la ley y los dos años de profunda pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria nos empujaron a todos a buscar otras formas de sobrevivir: desde las clases particulares hasta manejar Uber o hacer trabajo freelance”. Le pone una cifra al éxodo: “Hay 10.000 docentes que ya decidieron abandonar las clases”.

Plata para la deuda

Más acá de los números, lo que aparece en la calle es que el conflicto universitario dejó de leerse hace rato solamente en términos presupuestarios. Ya no se trata únicamente de números, partidas o balances, sino de una marcha que Gonza Giles, escritor, periodista y divulgador sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y neurodivergencias, planteó,como “una defensa colectiva contra el descarte humano”. 

Gonzalo habló en nombre del movimiento de personas discapacitadas: “Nos quieren convencer de que ajustar es gobernar, que destruir derechos es modernizar, que dejar gente afuera es eficiencia. Necesitan que la sociedad mire al otro con sospecha, porque cuando logran que el pobre sospeche del que tiene una discapacidad, que el trabajador sospeche del estudiante y que todos sospechen de todos, el ajuste entra más fácil”. Por eso insiste en que “no es un problema económico, es ideológico. Porque plata hay. Lo que no hay es humanidad. Hay plata para deuda, hay plata para represión, hay plata para departamentos que no pueden utilizar, pero no hay plata para que una persona con discapacidad viva dignamente, no hay plata para universidades, no hay plata para ciencia, no hay plata para salud”. 

La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario
Foto: Juan Valeiro

En la marcha volvió a quedar en evidencia que no solo la universidad es una consigna de unidad, sino que las luchas comienzan a entrelazarse unas y otras: los hospitales, la discapacidad, los jubilados, el trabajo. Por eso tuvo tanto peso simbólico la presencia de sindicatos como la UOM. “No es frecuente que los estudiantes y los laburantes estén juntados”, reconoce Darío Dani Román, metalúrgico, “pero en estos tiempos hace falta estar juntos”. Y agrega: “Estamos presentes en todas las luchas populares en las que haga falta estar para dar vuelta esta situación”. Desde la medicina, Damián Verzeñassi amplía: “Esto que está pasando con la universidad —que es lo mismo que pasa con los hospitales, con las personas con discapacidad y con los jubilados— debería ser un elemento más que suficiente para que todo el arco político no fascista se decida a organizarse, a unirse y a encontrarse”. 

En Sociales UBA, Rosario Kairuz cuenta que ya empezaron a discutir cómo sostener esa articulación: “Hay que unir esa lucha con docentes y no docentes. Los reclamos estudiantiles no pueden darse solos”. Nicolás Núñez, de AGD Sociales, insiste en que “esta marcha no puede ser un punto de llegada sino un punto de partida” y plantea recuperar algo de lo que ocurrió en 2024 con las asambleas interclaustros y las tomas de facultades. Para él, que habla desde la academia, “nuestra suerte está atada también a los reclamos de discapacidad y a los reclamos de tantos sectores postergados por este gobierno, con los que tenemos que unirnos, como los jubilados”.

El contagio

Pero… ¿cómo? La respuesta más repetida en la calle vuelve a ser la movilización. “Hay que seguir viniendo a las marchas, hay que seguir visibilizando y exigiendo”, plantea Gonza, y agrega que tanto el Poder Judicial como el Legislativo “tienen que ponerle un límite a este gobierno”. Darío Dani Román de la UOM, coincide: “La única arma que tenemos nosotros es salir a la calle, manifestarnos y sostener la pelea hasta el final”. Milagros y Facundo, estudiantes, lo resumen todavía más simple: “Seguir marchando, seguir protestando, para que se den cuenta de lo que quiere la gente”. Damián Verzeñassi suma otra dimensión: “La marcha de hoy tiene que decirles claramente que no les vamos a dejar pasar ninguna más”. Pero además propone “avanzar en una estrategia jurídica muy fuerte por incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos, desde el presidente para abajo, contra todos los responsables de no cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación”.

La última imagen que brota en la calle no es solo la de la crueldad, sino la de una brutalidad planificada. Gonza Giles lo explica claramente: “Necesitan universidades vacías porque el pensamiento crítico molesta. Necesitan personas aisladas porque los derechos organizan. Necesitan trabajadores cansados y estudiantes endeudados porque así envían un mensaje”.

Lo mismo dicen Vladimir y Adriana, de 19 años, pero ya orgullosos técnicos químicos. Mientras hablan levantan dos carteles que llaman la atención de todos: 

  • “Cuando la educación sea privada, seremos privados de todo” y 
  • “No se puede adoctrinar un cerebro lleno de conocimiento”. 

Las letras están prolijamente dibujadas, en colores, y recortadas con paciencia y dedicación. “Estuvimos haciéndolos desde ayer, buscando frases, viendo todo lo que dice la gente, juntando opiniones. Y quedaron estas”, cuentan ellos, que hablan sosteniéndose la mano uno al otro.

La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Ella es de Moreno, él de José C. Paz. Egresaron de una secundaria técnica pública. Ella ahora estudia Ingeniería Aeronáutica en la UTN de Haedo. Él piensa anotarse en Agronomía. A ellos, además de todo, la universidad pública les dio el amor. Y desde ahí hablan:

“Vamos a ayudar a un comedor cerca de Cuartel V, en un barrio muy pobre. Hay familias a las que se les complica hasta estudiar. Regalamos hojas, útiles, lo que se pueda. Yo era de un barrio también muy humilde y mi primo no pudo estudiar, tuvo que dejar para ir a trabajar. Hacemos lo que podemos. Muchas veces no alcanza. Pero aunque sea una persona más que pueda estudiar, ya es una victoria”.

Él da vuelta el cartel y muestra la frase del otro lado: “Estamos acá también por vos, que pensás distinto”. Adriana dice: “Mucho se habla de que el odio se contagia, que vivimos una época de odio, que las redes muestran eso. Pero también el amor y la solidaridad contagian”.

Y sonríe.

Con esa sonrisa que contagia, y ese cartel colorido, revela que ella fue la responsable de que viniese su novio: “Esta es la primera vez que viene a una marcha. Yo ya había venido a la marcha antifascista. Así que bueno, ya traje a alguien más”.

Y la próxima, uno más.
Sí, sí. Ya hay dos amigos que querían venir y no pudieron por otros temas, pero tenían ganas.

Vladimir: ¿y qué te pareció tu primera marcha?
Nervioso al principio, la verdad. Pero estuvo muy bueno.

¿Por qué nervioso?
No sé, siempre las veía desde afuera y parecía otra cosa. Pero estuvo re bien la experiencia.

Ahora sonríen ambos.
Y saludan antes de desconcentrar por Diagonal Norte rumbo a tomarse dos micros y un tren para volver a su casa.

Sobre esa avenida céntrica, donde se recorta el Obelisco, pasarán 

  • junto a un joven con una remera de 2 Minutos y un cartel que dice: “Estéticamente superiores”, con la cara deforme del Presidente. Una ironía sellada con la firma de la Escuela Superior de Bellas Artes Antonio Berni.
  • Cerca de Luna, de siete años, de la mano de Gloria, su mamá, chocha porque está caminando por la calle y no por la vereda.
  • De una joven que tiene un cartel que da ganas de llorar: “Mi sabiduría viene de esta tierra”.
  • De un ruidoso grupo de la Escuela Secundaria de la Universidad de San Martín que trajo varios hits. El mejor:

“Con las lágrimas de Adorni
vamos a hacer una cascada
para que se metan todos
los pibes de la barriada”.

La gente desconcentra y va cantando “eaea” y también:

“Si el presupuesto no está
qué quilombo que se va a armar”.

La sensación es, como decía Gonza, que este es un punto de largada y no de llegada.

Que la cosa sigue.

En la calle, pero también en los barrios, en los comedores, y en las aulas.

Sigue cada miércoles en el Congreso.

Y todas las veces que hagan falta.

Porque hay muchos jóvenes.

Docentes, directivos, no docentes.

Egresados, profesionales.

Muchas personas en todo el país.

En Mar del Plata, en Córdoba, Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca.

Hubo otra Plaza de Mayo repleta.

Hay gente que, aun cuando todo terminó, sigue llegando.

Hay más carteles conmovedores.

Hay muchos jóvenes que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.

Y no callarse.

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Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.

Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol

–El sueldo no alcanza ni para comer.

Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.

También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.

Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.

Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Salir a la calle

El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.

La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.

La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.

Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:

  • Docentes con sueldos indecentes.
  • Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
  • Basta de mentiras, amenazas y presión.
  • Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
  • Salud mental es llegar a fin de mes.
  • Ratas.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Migajas

Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.

–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.

Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.

–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.

Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–. 

Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas

-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.

Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”. 

 ¿Cómo sigue el curso de esta historia?

Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

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