Sigamos en contacto

Nota

Glufosinato, un nuevo veneno

Publicada

el

(Por el doctor Andrés Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, para www.lavaca.dream.press) El avance de los agronegocios en la región latinoamericana hace necesario señalar que a la voracidad de un sector productivo y a los intereses estratégicos de las transnacionales y su propuesta tecnológica, hay que agregar la actitud de gobierno nacional que no sólo espera retenciones crecientes sino que se empeña en apostar a la desnacionalización incrementado la dependencia con un modelo que hace cada vez más frágil a la Argentina frente a las decisiones geopolíticas de los países centrales.

Como forma de confrontar relatos, la contraofensiva descripta por Clarín, se expresó en que mientras se esperaba la sentencia del tribunal cordobés por la demanda de las Madres de Ituzaingó, la Secretaria de Agricultura hacía pública la resolución firmada por su titular Lorenzo Basso (ex Decano de la Facultad de Agronomía de la UBA) aprobando una nueva semilla de soja: Intacta RR2 que contiene transgenes para resistencia al glifosato y para producir toxina insecticida (Bt). Esta semilla patentada por Monsanto, obligará a los productores a pagar regalías de por vida mediante convenios de orden privado con la empresa transnacional. Es transparente Norberto Yahuar, Ministro de Agricultura, cuando anuncia, en la presentación de la semilla RR2 de Monsanto, una nueva ley de semillas que limitará el Uso Propio (guardar parte de la semilla para la próxima cosecha) para “demostrar al mundo que se reconoce ese valor intelectual en tecnología, que desarrollan los privados”. Según Clarín el acuerdo funcionará así: “Cuando el productor compre semilla de soja certificada pagará el derecho fijado. Pero si no lo hiciese, al vender sus granos se realizará un sencillo test que permite detectar la presencia de los genes buscados. Y si el resultado fuera positivo el comprador del grano cobrará a cuenta del desarrollador las regalías pendientes, más caras que al principio”.
Trámite acelerado
Intacta RR2 es el evento número 27 aprobado por Agricultura en un trámite que la misma empresa reconoce, se aceleró después de que la Presidenta escuchó en su visita a Estados Unidos los anuncios de multimillonarias inversiones de Monsanto en Argentina (1500 millones de dólares en una planta productora de maíz, en Malvinas Argentinas, Córdoba que producirá semillas para 3.5 millones de hectáreas, y 170 millones de dólares de dos plantas experimentales en Córdoba y Tucumán. Sin embargo, menos publicitado es el hecho de que desde 2011 hasta la fecha se aprobaron 10 eventos transgénicos de maíz y soja distribuidos entre Bayer, Monsanto y Syngenta. Estas autorizaciones, que involucran informes del INTA, están en registro con la lógica del PAN (Plan Alimentario Nacional) que dispone para la próxima década un incremento de la superficie agrícola del orden del 27%, incorporando al modelo agrícola 10 millones a los actuales 34 millones de hectáreas, de los cuales 71.5% está dedicada a producir el 100% de maíz, de soja y algodón con semillas transgénicas. (Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca)
Control territorial y golpe
Este aumento de la superficie de cultivos transgénicos implica el corrimiento de la frontera norte a expensa de deforestaciones de bosques y selvas, desalojos de pueblos originarios e incremento del volumen de agroquímicos. Todo en función de la voracidad de las transnacionales y de las políticas de los países centrales en busca del control del territorio y por lo tanto mayor control social con la producción extractiva de alimentos. Los conflictos con los pueblos de las provincias del norte, la instalación del Comando Sur en el Chaco con la “misión de ayuda y desarrollo tecnológico” o el impúdico involucramiento de las transnacionales asociadas a los agronegocios en el golpe al Estado en Paraguay, hacen evidente la ofensiva de los negocios globales que pretende cerrar las brechas de territorio norte de nuestro país en un solo bloque con Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Argentina unificando tecnologías y modalidades. Este devenir, en su lógica, no es diferente a la campaña del desierto de Roca en los 80, donde el objetivo del desalojo genocida y control territorial fue la expansión ganadera con los Remington. Hoy se facilita en beneficio del conglomerado productivo sojero y las corporaciones transnacionales, bajo el paraguas habilitante del poder político.
Silencio científico
Los 27 transgénicos aprobados comercialmente desde el 1996, un verdadero ariete tecnológico, imponen prácticas inherentes del modelo, No solo cuestionables por los efectos en los ecosistemas y demás variables físicas de suelos, sino por el incremento de la contaminación química con sus consecuencias en salud ambiental.  Además, un futuro impredecible aparece por la elusiva viabilidad y sustentabilidad de la transgénesis. En particular por la ausencia de discusión acerca de las incertidumbres del procedimiento tecnológico y por el silencio de la mayoría de la comunidad científica acerca de las consecuencias de intervenir el delicado natural equilibrio evolutivo de los genomas. Sabemos demasiado poco para jugar a crear naturalezas alternativas o pensar en acelerar o desviar procesos evolutivos con impunidad. (GMO Myths and Truths June 2012).
Ahora el glufosinato
Pero hay un aspecto interesante a considerar en lo inmediato en la Argentina, es que 5 de esos 10 eventos transgénicos aprobados, 3 de maíz y 2 de soja, combinan la resistencia al glifosato con otra al glufosinato de amonio (un bloqueante de la síntesis del aminoácido glutamina) para reforzar los efectos de aquel. La necesidad de asociar en las nuevas semillas el glifosato con el glufosinato, da cuenta de las inconsistencias de la tecnología de los transgénicos tanto en su construcción y como en su comportamiento en el tiempo. Sin embargo se sigue huyendo hacia delante intentando remediar las debilidades conceptuales de la tecnología transgénica, con soluciones que tienden a ser cada vez más peligrosas.
En Alemania no, afuera sí
Llamativamente Bayer, el segundo mayor productor de pesticidas del mundo, recientemente anunció que retirará del mercado los pesticidas más peligrosos de la clase 1. En ese marco, la organización Coordinación contra los peligros de Bayer, pidió que se retirara de todo el mundo la venta del herbicida a base de glufosinato (Liberty) que ya ha sido clasificado como peligroso por provocar malformaciones e incluido en la lista de 22 pesticidas que van a desaparecer del mercado en base de la nuevas normas de la Unión Europea. Quizás por eso hace poco menos de un año Bayer retiró a Liberty del mercado alemán. Aunque también, hace casi tres años, Bayer inauguró en Huert cerca de Colonia, Alemania, una planta de glufosinato para exportarlo a países fuera de la Unión Europea. Es la muestra de las políticas de las transnacionales hacia los países proveedores de transgénicos como el nuestro, que en un año aprobó 5 semillas resistentes a la combinación glifosato-glufosinato. (nota de prensa de Coordinación contra los peligros de Bayer, “Bayer  retira del mercado pesticidas letales”, 2011 y Documento de la European Food Safety Authority Científica Report, paginas 13 y14, 2005, http://www.efsa.eu.int).
Efectos
Es lógico pensar que las nuevas semillas complicarán el panorama de los impactos en salud animal y humana. El glufosinato en animales se ha revelado con efectos devastadores. En ratones el glufosinato produce convulsiones, estimula la producción de óxido nitroso y muerte celular en el cerebro. Con claros efectos teratogénicos se han descripto hipoplasia (reducción o pérdida) del prosencéfalo, arcos branquiales y extremidades con o sin tubo neural abierto. Todos indicios de un serio compromiso del desarrollo normal del neuroepitelio y probablemente de las crestas neurales. (Watanbe and Iwase, Teratogenesis, Carcinogenesis and Mutagenesis 16: 287-299, 1996).
Privatización del conocimiento
La adopción por parte del cientificismo productivista de encontrar en la tecnología una virtud inmanente, responde a un modelo de ciencia que en verdad está dirigido desplazar reflexión y critica sobre la modernidad y fragmentar la propiedad social del conocimiento para privatizarlo. La financiación de ciencia y tecnología con inversiones estatales como las otorgadas al grupo Sigman para la fabricación de vacunas o anticuerpos monoclonales son producto de un “capitalismo del conocimiento” presentado como resguardo de la autonomía nacional. Pero que en verdad está dirigida a naturalizar y afianzar mecanismos de apropiación por la corporaciones y sobre todo lograr para ellas el control del desarrollo del conocimiento.
Andrés E. Carrasco

Nota

Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

Publicada

el

A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

Seguir leyendo

Nota

Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

Publicada

el

A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

Seguir leyendo

Nota

Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

Publicada

el

“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

Seguir leyendo

La última Mu: Movete

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.

0:00
0:00