El 27 de marzo el multimedio Clarín  no llegó a los quioscos, pero la noticia debió ser otra: el reclamo que derivó en el bloqueo del domingo cumplirá este agosto su octavo año. La historia cuenta que la empresa Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), del Grupo Clarín, despidió en 2004 a 119 empleados que habían realizado un paro en protesta por un ajuste laboral ilegal. 48 de ellos lograron ser reincorporados, pero ninguno del cuerpo de delegados ni de la Comisión Interna de AGR, a pesar de que la Justicia dictara la orden de “garantizar la libertad sindical dentro del taller”. Durante estos 8 años, el Grupo despidió a otros 83 empleados por diferentes motivos. El 9 de marzo los trabajadores lograron reinsertar a un puñado de delegados, y comenzaron las persecuciones: guardias y cámaras de seguridad que seguían movimientos y charlas. “Había que mandar un mensaje”, dice Luis Siri, delegado de AGR, en diálogo con lavaca, “y que fuera claro, directo y efectivo”.

Sin duda fue efectivo, pero la claridad en este caso  estuvo opacada por las especulaciones políticas. Antes que nada, Siri aclara: “Nosotros nada tenemos que ver con el Gobierno más allá de una postura ideológica afín al modelo. Tampoco tenemos que ver con el conflicto de camioneros y su aparato gremial. El bloqueo es pura y exclusiva responsabilidad de la comisión interna de Artes Gráficas Rioplanteses y los familiares que participaron. No tiene nada que ver el sindicato de camioneros ni la juventud sindical ni Hugo Moyano. Hugo Moyano apoya las medidas que nosotros tomemos desde el lugar que le corresponde: el de Secretario general de la CGT. Más de ahí, no pasó absolutamente nada”.

Qué piden desde hace 8 años

El lunes, día después del conflicto, Siri y Tomada se sentaron frente a frente en un programa televisivo. El responsable del Ministerio de Trabajo prometió reinsertar al resto de los delegados apartados, a lo que Siri responde: “La reinstalación de los delegados ayuda a solucionar parte de la consecuencia del conflicto, pero no el conflicto. El conflicto sigue teniendo los mismos puntos de discusión desde el 2004, porque ninguno se solucionó”. Ahora bien, ¿cuál es el conflicto? Desde 2004, estos trabajadores reclaman:

• Reinstalación de los delegados despedidos
• Cese de la actitud anti-sindical
• Pago de los salarios caídos desde 2004 a la fecha
• Pago de todos los aumentos paritarios homologados por la Federación Gráfica Bonaerense y absorbido en forma ilegal por la empresa y sus respectivos retroactivos
• Unificación de las categorías laborales a su máximo valor como establece la norma vigente y el pago de los retroactivos correspondiente
• Asignación del sistema de seguridad implementado en la zona de producción con los fines de persecución del personal y de la Comisión Interna
• Pago de un vale de comida diario por valor de 60 pesos, remunerativo, y el pago de un vale en concepto de viático por el mismo monto también remunerativo
• La creación de un plan integral de higiene y seguridad consensuado con el Ministerio de Trabajo y la Federación Gráfica Bonaerense.

La gota

Uno de los puntos habla sobre “persecuciones” sufridas en la propia planta de la gráfica. Esto ocurre, según denuncia Siri, desde el 9 de marzo en que parte de los delegados fueron reincorporados. Relata: “Nos vigilan 27 cámaras de seguridad y guardias que ofician de patovicas: toman lista de con quién hablamos, con quién no, cuánto tiempo vamos al baño, si fumamos, si estamos en condiciones de parar alguna máquina… Cuando nos vamos, a las 6 de la mañana y después de soportar todo eso, la gente que habló con nosotros es llamada en horario no-laboral a rendirle cuentas al Gerente general de la empresa de por qué habló con nosotros. Y si el Gerente no encuentra una respuesta que lo satisfaga, lo sanciona, lo suspende, le quita las horas extras, le borra las fichadas”. Esa fue la gota que colmó el vaso y que decidió en asamblea que Clarín no salga a las calles el pasado domingo 27. El hecho fue registrado por este y otros medios como un “ataque a la libertad de expresión” e interpretado como una jugada vinculada, de una u otra manera, al gobierno nacional. “Lo que hacen es correr el eje, contextualizar el conflicto nuestro en función de los intereses que tiene Clarín en la pelea con el gobierno y con el compañero Moyano. Es una locura pensar que el gobierno propició este bloqueo cuando el escenario lo termina perjudicando. Sabíamos que esto iba a ser manipulado y lamentamos que le genere un dolor de cabeza a la presidenta. Pero es la política la que tiene que estar al servicio de la sociedad y no al revés. No podemos esperar que el contexto político nos ayude a revindicar nuestros derechos. Tenemos que hacerlo en el momento en que están sucediendo y lamento que el contexto no ayude al Gobierno ni a nosotro”, analiza Siri.

A Siri le pesan dos causas contravencionales por el bloqueo a los camiones de la planta y por ocupar el espacio público; también se le adjudica la violación del artículo 161 del Código Penal que garantiza “la libre circulación de la información” y otra causa penal lo acusa de “extorsión”. El resto de los delegados sólo debe rendir cuentas por las faltas contravencionales.

Desde el Ministerio de Trabajo también acercaron la propuesta de filtrar un veedor entre los trabajadores que constate las denuncias que se vienen llevando a cabo. Siri dice: “Esto es una ingenuidad porque no va a pasar nada de lo que nosotros estamos denunciando cuando hay un veedor del Ministerio presente. Hay que trabajar sobre lo que ya tiene, que es mucho”. El miércoles los trabajadores de AGR volverán a encontrarse con Tomada en el Ministerio de Trabajo. ¿Y si no hay medidas? “Seguramente tomaremos más medidas. No sabemos cuáles… ¿qué más tenemos que hacer?”.

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