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Una semana sin Santiago: qué se sabe y qué no

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Hace una semana que Santiago Maldonado está desaparecido: la última vez que lo vieron fue durante el allanamiento represivo de Gendarmería en el Pu Lof del Departamento de Chusamen, Chubut. La semana pasada un hábeas corpus enmarcó la investigación bajo desaparición forzada y motorizó una serie de pruebas que arrojaron evidencias de que Santiago estuvo ese día en ese lugar, al igual que el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Nocetti. El hallazgo de un gorro y la hipótesis del río. Las pruebas que desmienten a Patricia Bullrich y el pedido de sus familiares y organismos de derechos humanos: «Aparición con vida ya». 
Siete días pasaron desde la última vez que vieron a Santiago Maldonado, en el Pu Lof del Departamento de Cushamen, Chubut, escapando de la represión de Gendarmería Nacional en la comunidad que desde el 13 de marzo de 2015 inició la recuperación de tierras ancestrales en una de las estancias de la corporación Benetton. El Juzgado Federal de Esquel –a cargo del doctor Guido Otranto- está llevando a cabo la investigación en el marco de los habeas corpus presentados por “desaparición forzada”.
Organismos de derechos humanos brindaron hoy una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y convocaron una movilización a Plaza de Mayo el viernes a las 17 horas. “La urgencia de este encuentro es un dolor colectivo: estamos reunidos para exigir la aparición con vida de Santiago”, dijo la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto. “Pedimos garantías para los testigos de este caso, para los defensores de los derechos humanos y para los miembros de la comunidad. Queremos convocar a una concentración este viernes por la aparición con vida y para repudiar la desaparición forzada en democracia. Esperamos que sea multitudinaria. Vamos a pedir no llevar banderas políticas, sino consignas”.
Sergio Maldonado, uno de los dos hermanos de Santiago, pidió a lavaca sólo una síntesis:
-Queremos la aparición con vida de Santiago y que el Estado nos dé una respuesta ya.

Qué se sabe y qué no

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta  (una de las defensoras del lonko Jones Huala, detenido desde el 27 de junio por un mismo proceso de extradición que ya había sido declarado nulo por torturas a un testigo por el Juzgado Federal) había brindado información sobre el operativo de Gendarmería del 1 de agosto en el Pu Lof.

  • “Comenzó alrededor de las 7:30 de la mañana”.
  • “Terminó entre las 17 y las 18 horas”.
  • “Eran entre 80 y 100 efectivos de Gendarmería de, por lo menos, los destacamentos de Esquel y El Maitén”.
  • Llegaron con móviles, ingresaron y quemaron las instalaciones de la comunidad.
  • “El momento en que los testigos vieron que estaban golpeando a una persona, seguramente Santiago, fue en el horario del mediodía”.
  • Muchos integrantes cruzaron el río huyendo de los disparos de Gendarmería: “Hay varios testigos que vieron que Santiago no lo cruzó”.

El Juzgado Federal ordenó una serie de medidas de prueba que se efectivizaron el sábado a través de la intervención de la Prefectura Naval Argentina en el Pu Lof. El juez Otranto sostuvo mediante una nota de prensa que la comunidad había impedido que la Prefectura continuara el rastrillaje más allá de un punto determinado del territorio. La versión comenzó a instalarse y la tomó la ministra Bullrich, que dijo que “los líderes de las comunidades impidieron la entrada para iniciar la búsqueda”. Sin embargo, organismos de derechos humanos, abogados, la comunidad y la Defensa Pública Federal de Esquel lo desmintieron.
El reclamo por la aparición con vida del joven de 28 años traspasó las fronteras nacionales: el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, luego de una presentación del CELS, exigió al Estado argentino una “acción urgente” para buscar y localizar a Santiago e identificar a los responsables. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo que el juez “no tiene ninguna comprobación de que la Gendarmería haya tenido algún tipo de participación”. Las pruebas la desmintieron.
El Defensor Público Federal, Fernando Machado, fue categórico: “Otranto no estuvo en la inspección”. En conferencia de prensa, aportó detalles de la investigación.

  • Se hicieron pericias sobre cinco vehículos de Gendarmería: dos camionetas Ranger en Esquel, dos Amarok y una Iveco en El Bolsón. Están a la espera de resultados.
  • Se hicieron rastreos de olores y se tomaron pruebas de restos de sangre y biológicos.
  • A Machado le preguntaron si las camionetas habían sido lavadas: “Tenían una apariencia de estar muy impecables, demasiado como para poder haber estado con rastros de tierra o de haber estado en el campo. Estaban muy limpias”. Dijo que eso consta en los registros fílmicos de la inspección.
  • Una de las camionetas tenía la faja de inspección rota del lado de la puerta del conductor: “Generalmente, cuando se clausura significa que eso no puede tener ningún tipo de modificación. Es como preservar un lugar. Si hay una faja rota es poco más que una anomalía”.
  • Encontraron un gorro que la comunidad indicó que había sido de Santiago. Machado confirmó: “Fue reconocido como de Santiago”. Sobre ese gorro trabajó el perro del personal de Prefectura Naval Argentina: “Siguió los pasos hacia el margen del río: ahí se estableció como el último punto en el que el perro no pudo seguir el rastro. Esto fue realizado en más de una oportunidad y el perro repitió esa trayectoria”.
  • Le preguntaron si la comunidad se negó a que la Prefectura ingresara al territorio: “Acá hay aspectos que se malinterpretan. Es cierto que había una orden judicial pero también hay aspectos de naturaleza cultural de la comunidad mapuche que a veces es necesario consensuar”. Y dejó en claro: “En ningún momento la comunidad se negó”. Advirtió que la comunidad necesita preestablecer la visita porque “hay lugares físicos que deben respetarse”, pero que una vez consensuados los objetivos de la inspección la Prefectura pudo “recorrer ambos márgenes del río en un espacio determinado”.
  • Sobre las declaraciones del Juzgado Federal: “Otranto no estuvo en la inspección. La Prefectura inspeccionó los dos márgenes: eso a mí me consta”. El relato de Otranto es que la Prefectura quiso avanzar por el río y la comunidad lo impidió: “Tampoco es así. Fue algo muy dialogado. No fue que se parapetó. El agua, además, constituye un elemento neutralizador de los olores, con lo cual tampoco lo considero útil”.
  • Machado dijo que no tuvo acceso al expediente para saber si los oficiales que hicieron el procedimiento el día de la desaparición están identificados.
  • Sobre la hipótesis de que a Santiago lo detuvieron en una camioneta blanca y lo trasladaron a Esquel, le preguntaron sobre la importancia de medidas de prueba en el Escuadrón 36 de Gendarmería: “Hay un sinfín de medidas pedidas. Muchas se han requerido. No voy a exponerlas aquí porque no quiero que se frustre ningún tipo”.


-La ministra Bullrich dijo que no hay indicios de que Maldonado estuvo allí porque la gente estaba con los rostros cubiertos.
-Obviamente que no comparto. No me distraigo del objetivo. Mi objetivo es encontrar a Santiago. Y encontrarlo con vida. No investigo si Santiago estaba ese día con el rostro cubierto. No forma parte de mi interés.
-¿Alguna hipótesis de la Defensa?
-Yo creo que Santiago sí estuvo ahí a diferencia de lo que piensa la ministra. El recorrido del perro es muy claro, muy concreto y muy contundente: no titubeó en ningún sentido. Por otro lado, el personal de Prefectura dijo que es muy difícil que se hubiera podido ahogar ahí. Ese lugar tiene muchos palos, tiene una profundidad de 1 metro 30 en la parte más profunda, la corriente es muy poca. Si hubiese habido un deceso de esa naturaleza lo más probable es que estuviera a pocos metros en la orilla. Se hubiera quedado trabado.
-¿Entiende que fue detenido por Gendarmería?
-Entiendo lo que les estoy diciendo. Descarto la hipótesis de un ahogo. Digo que Santiago estuvo ahí. Hay huellas de vehículos y demás. El episodio ocurrió: la circunstancia de los indicios, en principio, hablarían de una desaparición forzada.

Rastrillaje sí, Gendarmería no

En la conferencia de prensa en Abuelas, luego de una pregunta de lavaca, la abogada Gómez Alcorta también desmintió las declaraciones del Juzgado Federal sobre los supuestos obstáculos de la comunidad en el rastrillaje de Prefectura: “La comunidad hizo todo lo que había que hacer y desde el minuto uno pidió auxilio para que se llevaran adelante todas las acciones y que todos tengamos la información que tenemos hoy”.
Luego que los gendarmes se retiraron del Pu Lof el día de la represión, la comunidad rastrilló el territorio hasta las 4 de la mañana del miércoles. Siguieron a la salida del sol: “Reconstruyeron cuáles fueron los hechos: cada uno había visto una parte. Toda esa información se obtuvo y se dio a la Justicia sin hacer aún ninguna declaración por el temor que tiene la comunidad. El CELS pidió medidas de prueba dentro del habeas corpus, entre ellos el rastrillaje, y fue charlado con la comunidad. Lo único que pidieron es que no ingresara Gendarmería, que al día de hoy sigue apostada a la vera del territorio sobre la ruta 40. Pidieron que se comunicara con una de sus abogadas, Sonia Ivanoff, que fue amenazada la semana pasada. El sábado a las 9 de la mañana la Prefectura llegó y nadie se había comunicado con ella, por lo que lo único que le pedimos fue la veeduría de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Se pudo entrar, se hizo y lo único que no se permitió fue un dron por una razón especial que por cuestiones culturales es muy difícil que lo pueda entender el Poder Judicial”.
Los detalles posteriores son los que confirmó el Defensor Federal Machado.

Fotos del rastrillaje en la comunidad, en el momento en que encuentran un gorro que el defensor identificó como de Santiago.

El Estado es responsable

Luego de una presentación del CELS, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU le exigió al Estado “acción urgente” para buscar y localizar a Santiago Maldonado, e identificar a los responsables. El Comité expresó su preocupación por la integridad física y psicológica del joven y le pidió al Gobierno nacional los siguientes puntos:

  • “Una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización”.
  • “Todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo, tomando en cuenta los datos proporcionados por los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof presentes durante la acción represiva”.
  • “La efectiva conservación, resguardo y análisis de todos los elementos de prueba que ya obran en la investigación o puedan llegar a hacerlo y que podrían permitir determinar la ubicación del señor Santiago Maldonado y la identidad de las personas responsables de su desaparición”.
  • También exigió que “la Gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de la desaparición”.


En la conferencia en la sede de Abuelas, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, reveló que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj envió un escrito al organismo hablando de Santiago Maldonado como una “persona extraviada”. Verbitsky: “Es un detenido desaparecido y el Estado no puede ocultar su responsabilidad. La pretensión de la ministra Bullrich y de Avruj de hablar de una persona extraviada es parte del encubrimiento. Tanto el Defensor Público Federal de Esquel Fernando Machado como la fiscal federal Silvina Ávila hablan de desaparición forzada. La sociedad no puede tolerar que una persona desaparezca en una época de funcionamiento pleno de las instituciones”.
Verbitsky también sostuvo que es “inadmisible” que desde el Gobierno “se laven las manos cuando había un funcionario coordinando” el operativo. Habla del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, que en dos entrevistas radiales se ubicó en tiempo y espacio en Esquel y admitió que coordinó personalmente a fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut para comenzar a “tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en vía pública en flagrancia”. Noceti implicó en esos hechos al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a “gente vinculada al gobierno anterior” y a “extremistas kurdos”. El presidente del CELS recordó que Noceti fue defensor de una decena de represores procesados por desapariciones forzadas y que sostuvo que los juicios eran “la legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político”.
Ante una pregunta de lavaca sobre la implicancia de Noceti en el operativo, Verbitksy puntualizó: “Noceti no solo estaba en el lugar, sino que estaba dirigiendo el operativo. Eso lo ha dicho él mismo en dos entrevistas, una con Radio Nacional de Esquel y otra con Radio Sol. Dice que él ha venido a coordinar los operativos personalmente. Por eso señalamos que Noceti es el responsable directo, inmediato, de la desaparición forzada de Santiago Maldonado”.

Campaña: aparición con vida YA de Santiago Maldonado

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Por qué Laje no puede volver a la TV

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A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado, la colectiva volvió a pronunciarse públicamente con un nuevo comunicado. “Consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla. Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados”, dice el texto. La colectiva, integrada por más de 200 periodistas de todo el país, dijo también que “en este contexto, ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible”.

El Informe América, que recoge más de 20 denuncias de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y que prestaron sus servicios en América TV, fue presentado en la Dirección de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. La oficina, a cargo de Patricia Sáenz, citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y dos personas de Recursos Humanos. Los presentes recibieron copia del informe y se les otorgó un plazo de 10 días para responderlo, al mismo tiempo que se labró un acta en la que se comprometieron a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes.

También fue presentado ante el Inadi que evaluó y dio trámite a la denuncia. El organismo público, a cargo de Victoria Donda emitió un comunicado el 25 de enero: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Además de lo que dijo públicamente convocó a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la Ley de Equidad. El procedimiento iniciado incluyó una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial.

La Defensoría del Público fue otro de los organismos en recibir la denuncia. Algunas de las denunciantes fueron recibidas por Miriam Lewin, a cargo de la Defensoría, quien respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que el canal negó. Además propuso formalmente realizar una reunión entre las partes.

“Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución”, termina el comunicado de Periodistas Argentinas.

El informe

“En palabras de las víctimas, no pedimos mucho: solo queremos hacer periodismo sin llorar”, dice el informe que presentó Periodistas Argentinas. “Varios directores de cámara pidieron no trabajar más en ese horario porque no aguantaron el maltrato que se vivía», apuntan. «Por la disposición del control, se sientan pegados a la productora ejecutiva. Escuchaban los maltratos constantes hacia los panelistas, los productores, los movileros. Además hablaban mal de quienes estaban al aire, por ejemplo, si estaba un movilero hablando, la productora le hacía comentario por la cucaracha a Laje del estilo ‘qué se puso esta gorda ridícula y cosas así’. Laje se reía cómplice. Se generaba un clima de terror. Además cuando algo no le gustaba o no era de su línea editorial o política se ponía a gritar en el piso, se levantaba del aire y abandonaba el estudio. Todo esto pasaba mientras alguien hablaba en vivo en la otra punta del estudio, por ejemplo. Los directores tenían que hacer malabares para que no se note al aire y los columnistas debían seguir a pesar del escándalo que sucedía en el estudio”.

Otro de los testimonios es aun más fuerte: “Durante un año, mientras trabajaba en el horario de Laje, tuve dolores de cabeza todos los días por el stress, el maltrato y la presión. Un día, mientras estaba armando el programa, se me nubló la vista y no podía ver la computadora. Me asusté y me encerré en el baño. Estuve ahí como una hora hasta que se me pasó. Consulté con varios especialistas hasta que me dieron el diagnóstico. Pude cambiar el horario para no estar más en ese equipo y no sufrí más los dolores de cabeza ni los problemas de vista. Cuando pedí el cambio de horario no dije que era por un problema médico: si decías eso lo tomaban como un síntoma de debilidad”.

En el informe también se señala que el 2 de julio de 2021 el Estado argentino completó el trámite de suscripción -que demoró varios años- del Convenio 190 de la OIT que establece: “La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Obliga al Estado a implementar una serie de medidas y controles para garantizar un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su reglamentación.

El 8 de julio de este mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Equidad en Medios que obliga a los medios públicos a implementar un protocolo contra violencias en el ámbito laboral y establece un incentivo a los medios privados para estimular que garanticen un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su implementación. «Exigimos también la prórroga del decreto que suspende el despido de trabajadoras y trabajadores. Exigimos que estas normas esenciales para poner fin a esta trama de maltratos estén vigentes y activas en forma urgente y prioritaria”, dicen desde la colectiva.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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La última Mu: Movete

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