¿La dictadura fue sólo militar? ¿O cívico-militar? ¿Qué rol cumplieron los civiles para que el genocidio pudiese ser llevado a cabo? ¿Y los medios? Algo de eso estará en debate este 18 de marzo cuando declare ante la Cámara Federal de Bahía Blanca Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia.
Massot concurrirá como testigo – y no como imputado- a un juicio en el que los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani buscan acusarlo por el rol que cumplió el diario en el esquema represivo ilegal aplicado por los militares, y en particular por el asesinato de dos obreros gráficos del diario: Enrique Heinrich y Miguel Loyola. La historia de sus muertes y el papel del diario en la dictadura fueron contadas en la MU N° 66: https://www.lavaca.org/mu/mu-66-10-claves-para-intentar-levantar-el-nivel-del-debate-politico/

Un “valioso auxiliar”
La investigación de la fiscalía se desprende de la condena a represores bahienses en 2012: el Tribunal Oral ordenó en su sentencia que se investigue el rol de los directivos de La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado. Entre los fundamentos de esta orden se planteó que el diario colaboró “en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”. Las maniobras que elaboraron la operación, define el Tribunal, fueron la “desinformación” y la llamada “propaganda negra”, es decir, la mentira como estrategia de la propaganda.
Un ejemplo que vale para graficar las conexiones de LNP con el terrorismo de estado es la declaración del general Adel Vilas en 1987 frente a la Cámara Federal de La Plata – quien encabezara la represión durante el primer año de la dictadura en Bahía- en la que define al diario como “un valioso auxiliar de la conducción”.
Los responsables de la publicación eran por entonces Diana Julio de Massot, sus hijos Federico y Vicente, y el jefe de redacción Mario Gabrielli. Sólo ha sobrevivido Vicente Masot de ese grupo. El diario tenía además fotógrafos (como Gustavo Lobos) y periodistas (Jorge Soldini) que integraban la nómina del Personal Civil de Inteligencia.
Las imputaciones
Massot está imputado por formar parte de lo que el fiscal José Nebbia llama el “núcleo decisional” de LNP en aquellos años oscuros. Según la presentación que realizó junto a Miguel Palazzani, los grados de responsabilidad, explica a lavaca, son tres:

• “Primero, haber sido parte de un plan criminal y haber cumplido un rol que está reglamentado en los estatutos del Ejército y la Armada, que tiene que ver con la función de los medios y la propaganda”.
• “Y cómo se manifiesta eso en el segundo plano: por ejemplo los encubrimientos de los operativos de la dictadura, que los hacían aparecer como enfrentamientos, cuando en los juicios ya celebrados quedó demostrado que las víctimas fueron torturadas y muertas”.
• “Por último los secuestros y asesinatos de Heinrich y Loyola”.

La imputación define a Massot como coautor del homicidio de los dos obreros gráficos (“instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”) y por haber realizado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
Qué hizo la justicia
Sin embargo, el juez federal subrogante Santiago Martínez descartó de plano el pedido de indagatoria ante estas imputaciones, considerando que las pruebas no eran suficientes. Por eso es que la Cámara lo cita en carácter de testigo (haciendo uso de la opción de “presentación espontánea” como colaborador de la justicia) y quien deberá tomarle declaración será otro magistrado, Álvaro Sebastián Coleffi, aunque se aclara que esa alternativa “no es óbice para que el juez, si considera necesario interrogar al imputado, le asigna forma de indagatoria”. Es decir que el desenlace de la jornada es incierto: Massot puede abstenerse de declarar, desarrollar un monólogo de su versión, o el joven juez subrogante Álvaro Sebastián Coleffi (“del cual no tenemos muchas referencias”, dice el periodista Mauro Llaneza) habilitar la interpelación de los fiscales y hasta llevarlo detenido. “Es muy difícil pensar hoy ver a Massot tras las rejas”, interpreta Llaneza, quien cubrió los juicios a los genocidas bahienses a través de FM De la Calle, radio comunitaria que este año cumple 25. “La Nueva Provincia sigue siendo un engranaje más de toda esta red de complicidades”. Por esto, sin dejar de resaltar lo histórico de ver a un civil respondiendo por crímenes de estado, define su escepticismo de la siguiente manera: “Ver para creer”.

El comienzo del fin
La lupa sobre Massot busca ser el primer paso hacia la búsqueda y determinación de otros responsables civiles. “Arrancamos con el dueño, pero también hay periodistas, fotógrafos y otra gente que colaboró”, dice Nebbia. Mauro Llaneza amplía el panorama: “Es importante también para sentar antecedentes como en el caso de Blaquier, Papel Prensa y otros juicios que se investigan responsabilidades civiles”.
Desde el martes, FM De la calle transmitirá en vivo desde la puerta del juzgado. “Es una jornada de valor histórico sobre todo para legitimar y acompañar el reclamo de los sobrevivientes”, dice Llaneza.
Se podrá seguir la transmisión en el blog juiciobahiablanca.wordpress.com/ o la página www.enesoestamos.com.ar.
A continuación reproducimos la nota completa de MU:
El dictadiario
Dos fiscales pidieron el procesamiento de los directivos de La Nueva Provincia, acusado de promover el asesinato de dos obreros gráficos. Se lo considera parte del plan criminal que azotó a esa ciudad durante la dictadura, y herramienta de acción psicológica para sembrar el terror. Las delaciones, la “propaganda negra”, las persecuciones, las mentiras, y cómo actuaron en la práctica los que tantas veces dicen defender la “libertad de expresión”.
“Cagones” era la palabra que Federico Massot usaba para definir a parte de la cúpula militar en plena dictadura. Tras la muerte de Jorge Videla, se sospecha en Bahía Blanca que el diagnóstico fue visionario. Federico y su hermano Vicente eran asistentes de su madre, Diana Julio de Massot, en la dirección de La Nueva Provincia, el primer multimedio del país (el diario, LU2 y Canal 9) que ejerció durante décadas un virtual monopolio informativo en Bahía Blanca. La empresa no sólo alentó el golpismo y el exterminio motorizados por los militares, sino que exigió el abandono castrense de la “mentalidad legalista”, marcó los blancos que requerían ser atacados en el ámbito gremial, educativo, religioso y social, falsificó noticias sobre enfrentamientos, asesinatos y desapariciones, glorificó a los represores más eficientes, y promovió la delación masiva.
Hoy Bahía Blanca, 300.000 habitantes,intentaemerger del agujero negrode su propia historia con movilización social, juicios asombrosos, y acciones judiciales que buscan determinar en qué medida un medio como La Nueva Provinciano sólo acompañó, sino que fue parte del plan criminal que provocó al menos 240 muertes y desapariciones mientras el diario titulaba algo que no se refería a desechos sino a personas: “Limpiar la Ciudad: Consigna Para la Ciudadanía Responsable”.
La sorpresa
“Nadie se la esperaba” reconoce Mauro Llaneza, de la radio comunitaria FM De la Calle. El año pasado se produjo en Bahía la primerasentencia de los juicios a militares del Ejército, con 17 condenas, 14 de ellas a prisión perpetua: la mayor cantidad en una sola causa, hasta ahora.
Lo que nadie esperaba era que el Tribunal Oral formado por Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava, ordenase además continuar investigando la posible responsabilidad de sectores civiles. Por ejemplo:

• El capellán de Ejército Aldo Vara, visto en el centro de detención y torturas La Escuelita y en el Batallón 181 del V Cuerpo de Ejército quien confesó en 1999 en los Juicios por la Verdad que visitaba el lugar y que incluso vio las marcas de torturas que le mostraron algunos de los secuestrados.
• Integrantes del poder judicial como el juez Guillermo Madueño (ya fallecido) y sus secretarios Hugo Sierra y Gloria Girotti, a quienes se denunció porque visitaban los centros clandestinos y tomaban declaraciones a personas secuestradas por los militares.
• Y La Nueva Provincia.

El juicio en el que declararon 400 testigos duró casi un año y medio, y el tribunal fue integrado por jueces de otras ciudades ya que en Bahía Blanca todos debieron ser recusados por sus relaciones con el clan militar. A eso se refirió el fiscal Abel Córdoba durante su alegato al plantear que en Bahía existe “un entramado social corporativo”.
Mauro Llaneza y Gabriel Cena forman parte de otro entramado: son los dos periodistas que más cercana y cotidianamente cubrieron el juicio a través de FM De la Calle, radio comunitaria nacida en 1989 con la consigna “hartos ya de tanto monopolio”. Hoy explican: “La propia lógica de la sentencia fue llevando a los jueces a plantear que había cuestiones que quedaban abiertas más allá de las condenas a militares, y que había que seguir investigando”.

Propaganda negra
Para fundamentar la orden de que los jueces de primera instancia investiguen a La Nueva Provincia el Tribunal Oral planteó que el diario colaboró “en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
¿Cómo se logró eso? Degradando seriamente a la verdad, dicen los jueces, a través de dos mecanismos: la desinformación y la llamada “propaganda negra”. La propaganda negra, según el Reglamento reservado de Acción Sicológica RC-5-1 del Ejército,presentado como prueba en el juicio, es “la que pretende aparecer como originada en una fuente que no es verdadera”.
O sea: la mentira como estrategia de la propaganda, que es definida por el RC-5-1 del siguiente modo: “Principal procedimiento de Acción Sicológica. Consiste en el empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas, principalmente a través de la sugestión compulsiva, con miras a alterar y controlar opiniones, ideas y valores”.
Esto se hace a través de “comunicadores llave” y medios de comunicación que tienen un público. Al público, los militares lo definían como el “blanco de la acción psicológica”. El RC-5-1 es un manual reservado de 200 páginas impreso en 1968 en el Instituto Geográfico Militar. Se conoció en 2005, presentado en diversos juicios por abogados de militares para liberar a sus defendidos de culpa, planteando que obedecían órdenes. No lo lograron: los manuales secretos militares no justifican crímenes ni están por encima de la Constitución.
Franchising
La Nueva Provincia fue “un valioso auxiliar de la conducción” había reconocido Acdel Vilas, el general que encabezó la represión durante el primer año de la dictadura en Bahía Blanca. Había llegado a Bahía con el franchising de sus carnicerías previas en el Operativo Independencia de Tucumán, donde había instalado entre otras cosas el primer centro clandestino de detención y torturas del país, en Famaillá, bautizado también La Escuelita.
La declaración de Vilas sobre Bahía Blanca–incorporada al juicio- había sido efectuada en 1987, antes de la Ley de Obediencia Debida, frente a la Cámara Federal bahiense y el fiscal Hugo Cañón. Habló durante 13 jornadas seguidas, pidió ser relevado del secreto militar, presentó documentos como el Plan del Ejército, otro manual de represión y acción sicológica que planteaba como blancos específicos a organizaciones gremiales, políticas, estudiantiles universitarias y secundarias, y al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, responsables del caos, según el texto.
En aquella declaración Vilas reconoció que se falsificaban enfrentamientos a través del diario, planteando que se hacía para “confundir al enemigo”. Se llegó a teatralizar situaciones haciendo pasar por muertos a soldados y sacándolos tapados en camillas para las fotos o plantando cadáveres en lugares como La Cueva de los Leones, que La Nueva Provincia reproducía luego como “combates”.
El diario tenía además fotógrafos (Gustavo Lobos) y periodistas (Jorge Soldini) que integraban la nómina del Personal Civil de Inteligencia. La relación de la empresa con los militares fue floridamente comentada por el marino Adolfo Scilingo (quien confesó su participación en los vuelos de la muerte) en su libro Por siempre nunca más. Allí se narra la opinión del señor Massot sobre ciertos militares, y que señora de Massot tenia reuniones nocturnas con el vicealmierante Luis María Mendía para coordinar ideas y acciones.
Delátelo usted mismo
¿Cuál puede ser el efecto de vivir bajo un monopolio informativo? La Nueva Provincia despertaba cada día a Bahía Blanca con un mensaje de apocalipsis: disolución, guerra, mártires militares, asesinos subversivos, dios, patria, tradición, sangre, amenazas, propaganda de las dictaduras: “El Centinela De Occidente no ha Muerto” (sobre la muerte de Francisco Franco”; “Caudillo y Estadista” (sobre Augusto Pinochet).
Pero la esencia de las cosas se percibe mejor en los detalles que en la sobredosis de editoriales. Un aviso permanente en las páginas del diario advertía:
“COLABORE-ESTE ALERTA
Ante cualquier actitud, hecho o persona sospechosa, actividad anormal o injustificada
LLAME AL TEL. 31627. Contribuya a la lucha contra la subversión.
Comando V Cuerpo de Ejército”
La misma incitación a la delación se escuchaba por la radio, y se emitía como un menaje perpetuo en la pantalla del canal de La Nueva Provincia.
Otro mensaje: “Todos los ciudadanos tienen la obligación de armarse en defensa de las Patria. Sus armas son los ojos, los oídos y la intuición. La lucha no es sólo militar; es de todos los que desean una Patria próspera y con futuro”.
Y otro: “¡Ciudadano! Asuma sus obligaciones de soldado reservista; ¡ciudadana! Defienda desde su hogar la Paz que usted y su familia merece, colaborando con las fuerzas que combaten a la delincuencia apátrida y venal”.
Siempre se acompañaban los teléfonos a los cuales llamar.
El efecto fue un aluvión de denuncias falsas, paranoicas o malintencionadas: patrones que querían sacarse empleados de encima, cornudos rencorosos, patriotas con delirium tremens, venganzas personales, etc. El propio general Vilas confesó que tuvo que crear un comité de evaluación para no seguirle el ritmo a ese sistema de delación infinita, que no se sabe cuántas víctimas habrá provocado.
Lo hizo para evitar perder eficiencia represiva, y no por moderación: testigos como Rubén Bustos revelaron en el juicio de 2012 que vieron a Vilas en La Escuelita bahiense, gritando nervioso cuando percibía cierta inoperancia de sus subalternos: “¡Quiero cadáveres!”.
Entre los casos más notorios durante su gestión en el V Cuerpo se encuentra el secuestro del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen y del diputado Abel Amaya, ambos defensores de presos políticos (los asesinados en Trelew, por ejemplo) y sindicalistas. Solari vivió para denunciarlo. Amaya murió en 1976 como consecuencia de las torturas.
Tercer sexo

Vilas fue desplazado de Bahía Blanca a fines de 1976. Visitó el diario, como siempre. “Una Despedida que no Quiso Ser un Adiós” tituló La Nueva Provincia con su tradicional desparramo de mayúsculas. Cuestionaba sutilmente la salida de Vilas, que era parte de las internas y roscas militares de la época, y terminaba con un “hasta pronto soldado…”.

Vilas zafó de ser condenado por sus crímenes en los 80 por la aplicación de la Ley de Obediencia Debida. En los 90 fue indultado por Carlos Menem. El secretario de Asuntos Militares de Menem era un viejo conocido de Vilas, uno de los que motivó su visita al diario al irse de Bahía Blanca, y probable autor del artículo: Vicente Massot.
Massot era uno de los directivos del diario, pero además ejercía como secretario de redacción de Cabildo, revista ultraderechista, aunque tal vez el adjetivo le quede corto. En el blog Bahía Gris, se rescata uno de los editoriales escritos por Massot en Cabildo, sobre el diario francés Le Monde: “Blanduzco y baboso, identificado con las izquierdas rosadas (…). Prefiere el tercer sexo al sexo masculino, el color rosa al celeste y, lógicamente, las chancletas a las botas”.
Lo que sigue en debate es hasta dónde llegó la preferencia de Massot por las botas. Durante el menemismo, justificó el uso de la tortura y planteó el ascenso de los integrantes de los Grupos de Tareas de la ESMA Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías (Menem terminó desplazando a Massot; solía desconfiar de los que eran más menemistas que él mismo).
Massot declaró en 2012 al diario zonal La Nación, acerca de la violencia: “Todos la reivindicábamos”. Otra definición: “El ser humano es peligroso”.
Pedido de detención
La sentencia del Tribunal Oral planteando investigar las responsabilidades civiles fue asumida en mayo de este año por dos fiscales, Miguel Ángel Palazzini y José Nebbia. Tras la lectura acaso estoica de más de 500 editoriales y notas del diario, solicitaron al juez Santiago Ulpiano Martìnez la detención e indagatoria del actual director, Vicente Massot y del ex secretario de redacción Mario Gabrielli.
Rodeados de expedientes, los fiscales contaron a Mu el saldo de su trabajo entre arqueológico y detectivesco. Tres definiciones:

• “El diario fue la usina ideológica del terrorismo de Estado en la ciudad. Cumplió un rol fundamental de acción psicológica en términos de los reglamentos militares. Los editoriales y artículos reflejan exactamente toda la estrategia militar de exterminio, y hasta marcan hacia dónde apuntar los operativos de represión. Acusamos a Massot y Gabrielli de haber participado en la organización, dirección y control de la asociación ilícita y de haber participado de forma directa y personal en la ejecución de los operativos de acción psicológica”.
• “No es una discusión sobre libertad de expresión sino sobre una actividad concreta en la comisión de los peores delitos, los de lesa humanidad. La libertad de expresión fue brutalmente vulnerada por el diario”.
• “La dictadura no fue solo militar. El plan fue diseñado por civiles y ejecutado por militares. La idea era imponer una reorganización de las relaciones sociales y un modelo que tenía como base un plan económico que necesitaba instalar el terror para lograr el control y el silencio de la sociedad. La acción psicológica se usó para formatear la subjetividad a medida del plan criminal”.

Los fiscales agregan algo más: “Consideramos que los máximos exponentes del diario tuvieron una participación en la instigación, la concreción material y el encubrimiento de los homicidios de los obreros gráficos Heinrich y Loyola”.
Dos obreros
El caso de los trabajadores de La Nueva Provincia Enrique Heinrich y Miguel Àngel Loyola está incluido en la llamada “Causa Armada”, otro juicio que debe investigar a 9 integrantes de esa fuerza a los que se responsabiliza además por 50 víctimas que pasaron por los centros clandestinos de Puerto Belgrano.
Heinrich y Loyola eran directivos del Sindicato de Artes Gráficas y delegados del diario junto a Jorge Molina. Jorge me cuenta: “Hubo conflicto durante 1975 porque descubrimos que estábamos a años luz de los sueldos de otros diarios de tirada similar como Los Andes de Mendoza o La Capital de Rosario. Pero no estábamos en una militancia política, lo nuestro era el reclamo salarial”. Ya en septiembre de 1975, recuerdan los fiscales, la directora del diario denunció la “acción disociadora” de Heinrich y Loyola, “cuyos fueros pareciera hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida”. En cartas al Ministerio de Trabajo la empresa denunciaba “fines inconfesos”, “perturbación tendenciosa” y varios etcéteras, dedicados especialmente a Heinrich y Loyola.
Molina: “En 1976 fue el golpe y Diana Julio con Vicente Massot recorrieron el diario con una bandera argentina diciendo: ‘a ver si hacen paro ahora’ y ‘vayan a reclamarle al sindicato’. En realidad el conflicto ya se había diluido a fines del 75. A Federico Massot yo le preguntaba: ‘¿Decidieron algo de los aumentos?’ Y me contestaba: ‘Lo tengo que consultar con mamá’”.
Pero paralelamente la Prefectura realizó un trabajo de inteligencia (Memorándum 8687, del 22 de marzo de 1976) considerando a la empresa el “único medio real de difusión” de Bahía Blanca”. Se denuncia allí la infiltración marxista, peronista y tercermundista, explica que el diario notificó a los comandos militares quiénes eran los responsables del “sabotaje” y establece cuál es el “personal A SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL”. Los principales nombres de la lista eran Heinrich y Loyola. Molina era el tercero.
El 30 de junio ocurrió el secuestro. Molina me cuenta que Heinrich tenía cinco hijos: “Él, la mujer y los chicos dormían en la misma habitación. Era un gremialista que no sacaba nada de su cargo, gente muy humilde”. Cuando aparecieron los militares, lo único que pidió Heinrich fue que no le pegaran delante de los hijos. Se lo llevaron.
La mujer de Loyola estaba embarazada. “Era mucama de un hotel” informa Molina. Los militares esperaron a Miguel Ángel en su pequeña casa. Cuando llegó, inyectaron somníferos a los siete familiares que estaban allí, y lo secuestraron.
Los cuerpos de Heinrich y Loyola fueron tirados en el paraje La cueva de los Leones, atados, golpeados, torturados y perforados por 54 balazos en total. El caso mereció 25 líneas el 6 de julio: “Son Investigados Dos Homicidios”. Y un dato: “Ambos se desempeñaban en la sección talleres de este diario”.
Ese mismo día el título del editorial fue: “La Moderación con el Enemigo No es un Síntoma de Cordura”. Texto: “Es hora de abandonar esta absurda y forzada mentalidad ‘legalista’”, para intervenir en “la más sucia de las guerras, artera, asesina y no convencional” que “sólo se cortará de raíz cuando se resuelva combatirla en sus causas de manera frontal, tajante y sin concesiones, en todos los niveles, andariveles, estamentos y reductos”.
Trilogía: aquel mismo 6 de julio, se publicó el aviso fúnebre participando del “fallecimiento” de Heinrich. Molina recuerda algo que acaso defina a La Nueva Provincia tanto como sus editoriales: “El avisito en el diario lo fue a poner el hermano de Heinrich. Se lo tomaron, y se lo cobraron”.
Otro aporte: el blog Bahía Gris, Diego Martínez reveló lo relatado por dos periodistas locales que oyeron al general Acdel Vilas decir sobre el caso: “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos”. Dato sobre Vilas: no pudo ser acusado de modo personal porque al derogarse las leyes de impunidad sufrió una hemorragia cerebral que lo dejó incapaz y demente, en términos médicos. Murió en 2010. Cuatro camaradas fueron a su entierro.
Muerte en la universidad
También está pendiente la investigación por los homicidios cometidos por la Triple A, cuando aún gobernaba Isabel Perón. David “Watu” Cilleruelo (cursaba ingeniería) es el único caso argentino de un asesinato cometido en la propia universidad. El rector en la Universidad Nacional del Sur era un rumano fascista, Remus Tetu. Alberto Rodríguez, compañero de Cilleruelo: “Él iba a asumir como presidente de la Federación Universitaria. Estábamos volanteando, entró una patota, quisieron agarrarlo, él corrió hacia nosotros pero le dispararon por la espalda, en la cabeza. Se fueron en un auto del Rectorado”. Días antes La Nueva Provincia había elogiado la designación de Tetu con una propuesta higiénico-ideológica. Título: “Claustros Limpios por Dentro Y por Fuera”. Texto: “Si hay factores nocivos en la UNS que la adulteran o perturban, deben ser eliminados sin miramientos ni flaquezas”.
Curiosidades
Los fiscales presentaron el pedido de detención e indagatoria de Massot y Gabrielli, pero el juez Santiago Ulpiano Martínez rechazó el pedido “por el momento”, considerando que faltan elementos para poder concretarlo. Los fiscales ya apelaron. Martínez no es juez, sino secretario a cargo del juzgado, o sea “subrogante”. Lo mismo pasa con los fiscales.
Tres curiosidades:
1) El intendente oficialista que dejó su cargo para convertirse en ministro de Daniel Scioli, Cristian Breitenstein, reconoció su relación con Massot y dijo que lo ocurrido durante la dictadura fue en el marco de una “guerra (falacia militar con la que se justifican los crímenes).
2) La concejal radical Aloma Santor insinuó que el pedido de detención a Massot es “caza de brujas” y reveló que no recuerda lo que pasó en Bahía Blanca porque “era chica”. Esta señora tenía la misma edad de las víctimas que no recuerda (y hoy tiene 56). Alguien de su partido debería contarle lo que pasó con el diputado Abel Amaya, el que murió por las torturas.
3) En sentido diferente al de estos políticos se pronunció un militar. El secretario de la Armada, contralmirante Luis González Day, ratificó el apoyo a todo requerimiento judicial y destacó la “decisiva participación institucional en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
Blanca Bahía
Esta historia parece un agujero negro. Vidas reventadas por un poder del cual Vilas puede ser símbolo: hemorragias cerebrales más que ideas, incapacidad para lo social, demencia de la racionalidad, soledad. Videla y su imagen póstuma en el baño, aportan lo suyo. Al entierro de la señora de Massot fueron todos los popes de las empresas prensa argentinas. Pero tampoco La Nueva Provincia es lo que era. Cambiaron los actores. El canal de aire se lo quedó Telefé, y el Grupo Clarín el de cable. Ningún joven lee el diario, y todo esto huele mucho a pasado, y poco a futuro.
Pero Bahía Blanca cambió la propaganda negra. Ejemplos: los reclamos de justicia de víctimas y familiares garantizaron la realización del juicio; los hartos y hartas de tanto monopolio a través de FM De la Calle organizaron la cobertura de las audiencias y crearon un blog imprescindible: juiciobahiablanca.wordpress.com.
Pero además late en Bahía un universo de experiencias de los que esa radio es voz, oreja, aliada, causa, efecto y amiga: los corredores productivos y autogestivos; los trabajos de vivienda de Cáritas y la granja biodinámica con la que brindan trabajo a chicos y chicas de barrios marginales para que la vida sea otra cosa; los grupos que trabajan con software libre; Bahía Originaria, que en lugar de olvidar recuerda la matanza de 200 mapuches cuyos cuerpos fueron incinerados en 1859 en lo que hoy es el centro de la ciudad, y empuja por los derechos actuales de los pueblos originarios; muralistas que intervienen Bahía para que no dejemos de ver; la Comisión de Apoyo a los Juicios (y al cierre de esta edición se confirma que el 26 de junio empieza un segundo tramo del juicio al Ejército, con 10 imputados); músicos que se sindicalizan; sindicatos que no se resignan; la pelea de los vecinos de General Cerri por recuperar el abandonado frigorífico de la CAP e inventar salidas a la desocupación; la gente de Ingeniero White que reclama no seguir siendo carne de uno de los polos más contaminantes del país; Aukan, la Asamblea Ambiental del Sur, que reúne a vecinos, trabajadores, profesionales y organizaciones que están logrando frenar el dragado de la ría bahiense que rompería el ecosistema, y que en un afiche escribieron algo que, después del agujero negro, resulta aire puro: “Para fomentar el protagonismo popular y el pensamiento crítico frente a los graves problemas del actual modelo productivo”.
La Nueva Provincia advirtió siempre que la batalla era cultural, como si del otro lado hubiera un grupo político o ideológico, en lucha por domar cabezas. Error: Bahía Blanca muestra cabezas y corazones que no parecen querer ser domesticados, ni que les escriban su destino. Esa es la batalla que perdió la vieja provincia. Lo que se está gestando, tal vez como una tendencia, no es tanto histórico, jurídico o ideológico, sino algo más importante: cómo ser, cómo vivir, y en qué consiste la libertad.