Nota
Denunciar al que denuncia
El abogado de un policía procesado por torturar y asesinar a un joven matancero denunció a la APDH de La Matanza y a la Comisión Provincial por la Memoria por manipular testigos para que declaren contra los efectivos. Una conferencia de prensa para desarticular la maniobra. A fines de mayo habrá una movilización frente a la municipalidad.
Pablo Pimentel está tranquilo.
Desde septiembre de 2013 soporta una denuncia, junto a otros integrantes de la comisión directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, por manipular testigos para que declaren en contra de policías. Está sentado frente a una mesa de madera en el patio de la APDH, que antes fue un basural, y que los militantes de la organización lo pusieron en funcionamiento para convertirlo en un espacio cultural y de lucha territorial.
A su lado está Aldo Etchegoyen, co-presidente de la ADPH nacional y vicepresidente de la Comisión Provincial por la Memoria.
A su lado, chiquita pero gigante, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.
Pimentel está tranquilo e incluso bromea. Dice que quisieron hacer esta conferencia de prensa en algún bar del centro de San Justo, localidad del partido, pero que la respuesta no los convenció del todo: debían abonar una garantía de consumo de cafés por adelantado. Desestimaron la oferta y decidieron hacerla en el espacio en el que festejarán sus 30 años de vida en La Matanza.
-Gracias por venir –dice Pimentel, y comienza.
Lo insólito
Pablo Pimentel fue denunciado por uno de los abogados defensores de tres policías procesados y detenidos por torturar y asesinar al joven Gabriel Blanco en 2007, en una comisaría de Isidro Casanova, una localidad del distrito.
En ese marco, la apelación de la prisión preventiva del subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Gómez y del oficial Pablo Balbuena, procesados por “tortura seguida de muerte”, había sido desestimada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza. Sin embargo, el abogado defensor de uno de los oficiales, Rubén Fernández, jugó una insólita carta: acusó a la APDH y a la Comisión Provincial por la Memoria por supuestas manipulaciones a testigos encarcelados para “obtener declaraciones falsas y agravar la situación procesal” de los oficiales.
En el petitorio de desestimación de la denuncia presentado por Alejandro Bois, abogado de la APDH y de la familia Blanco, al que pudo acceder lavaca, puede leerse un fragmento de la acusación: “El accionar delictivo de sujetos no identificados del Comité Provincial por la Memoria (sic) y la Asociación de Protección de Derechos Humanos de Pablo Pimentel (sic), es clara en que se entrevistó a testigos con la finalidad de obtener declaraciones falsas y agravar la situación procesal de los aquí imputados”.
Además, Fernández sostiene que el “accionar delictivo” de las organizaciones que nombró –de forma incorrecta- “viola de una forma flagrante el principio de objetividad, habida cuenta que tiene testimonios contaminados con propuestas a personas que se encontraban detenidas, y con necesidad imperiosa de obtener beneficios para mejorar su situación procesal”.
La APDH matancera convocó a una movilización y a un acto «contra la impunidad judicial, policial y política» para el 28 de mayo. Será a partir de las 16.30. Concentrarán en intersección de Indart y Arieta, en pleno San Justo, y marcharán hasta la Plaza frente a la municipalidad.
La estrategia
La prisión preventiva de los tres policías se determinó hace poco más de un año. Es decir, seis años después de la muerte de Blanco. “Fue producto de una investigación muy minuciosa”, sostuvo Bois en la conferencia de prensa. “Hasta que el juez no estuvo absolutamente seguro de que estas personas eran responsables de tortura seguida de muerte, y con la gravedad que eso conlleva, no se libraron las órdenes de detención. Ahora que están con prisión preventiva y confirmada por la Cámara de Apelaciones es muy difícil, desde la defensa de estos sujetos, arbitrar una estrategia para conjurar la situación”.
Ahí esta la cuestión. Bois: “Ante tamaña contundencia y esta confirmación, se da como estrategia denunciar a la Comisión Provincial por la Memoria y a la APDH. Se señala que esos organismos ofrecían beneficios a testigos a cambio de declarar en contra de la policía”. El abogado, en la desestimación, apuntó que esa acusación implica el desconocimiento del accionar de esas entidades. “Si vos tenés algo importante para declarar nosotros vamos a hacer lo pertinente para cuidarte. Es obligación de los organismos de derechos humanos arbitrar y pretender que esa persona que va a decir algo que pueda poner en peligro su vida esté cuidado”, explicó en la conferencia.
De todas formas, Bois subrayó que la denuncia tendría que haber sido desestimada inicialmente. “No sólo por lo que decimos nosotros, sino también porque la resolución del juez de garantías que niega la prisión domiciliaria a los policías dice que nada tuvo que ver la decisión que él tomó con cualquier accionar o pretendida influencia de organismos de derechos humanos sobre las pruebas”, aclaró.
El caso
Gabriel Blanco tenía 21 años cuando el 1 de marzo de 2007 fue detenido luego de comprarle un regalo a su hermana, que había dado a luz. Vivía con sus padres, su esposa y su hijo de dos años. Tenía antecedentes por robo, pero estaba logrando salir y trabajaba en un criadero de pollos. A su padre le había contado algo inquietante: la policía lo había detenido para que “trabajara” para ellos. Si no lo hacía, habían amenazado con desaparecerlo. Su padre le respondió que no se preocupara.
Ese día le pidió algo de plata para el regalo. “Me dijo que quería hacerle una sorpresa a la hermana, y yo tenía 30 pesos. Quería hacerle un cartel”, recordó Teófilo Blanco, su padre, en la conferencia, junto a Carmen, la madre del joven. “Estaba con la señora. Cuando iba a entrar al portón lo paró la policía, lo puso contra la camioneta, a ella le pegaron, y se lo llevaron”.
Lo que siguió fue un calvario. Corridas hasta la comisaría, que todavía no llegó, pero cómo puede ser si hace dos horas que lo detuvieron, pero tranquilícese, señora, vayan para casa que nosotros nos encargamos de él. Esa noche Gabriel Blanco apareció colgado en su celda en la comisaría del barrio San Carlos, en Isidro Casanova. La explicación policial: el joven se suicidó porque estaba “deprimido”. Las pericias y la voluntad infinita de la familia en el pedido de justicia demostraron lo contrario.
El perfeccionamiento
“Gabriel tuvo el mismo trato que Luciano Arruga”, sentenció Pablo Pimentel durante la conferencia. “Es acá donde denunciamos categóricamente el accionar hipócrita y de doble función que tiene estos policías a los que nosotros les pagamos los salarios y que han puesto en vilo al país para aumentar sus sueldos. En el tiempo en que están revistiendo el uniforme y haciendo una actividad que se supone de prevención, están incentivando el delito liberando zonas”.
El militante y referente destacó el perfeccionamiento del accionar policial a lo largo de los años. “Cómo desde el caso de Sergio Díaz, el joven que fue muerto a palos en una comisaría de González Catán en 2001 y que significó la primera condena de un policía en Matanza por tortura seguida de muerte, diabólicamente mejoraron el mecanismo con Gabriel Blanco simulando un suicidio. El final fue con el caso de Luciano. Nosotros también denunciamos a los fiscales que avalan esta práctica”, apuntó.
La causa por el asesinato de Blanco fue elevada a juicio. Además de los tres policías, hay otros efectivos procesados por encubrimiento.
Estar acá
“Tuvimos el tupe de pararnos ante el sistema e iniciar tres jury de enjuiciamiento”, definió Pimentel en relación a los recursos presentados por la causa de la desaparición de Luciano Arruga. “Y nosotros creemos que ahí esta el sostenimiento de esta denuncia que tiene la APDH”, señaló en la conferencia, donde también asistieron familiares y amigos del joven, miembros de la CTA y Suteba local, entre otros organismos y organizaciones distritales.
“Hay mucha intencionalidad de desprestigiar a los organismos de derechos humanos. En este caso es a la APDH, que tiene una trayectoria ejemplar”, señaló Nora Cortiñas en la conferencia, y recordó a Luciano Arruga e Iván Torres, un joven desaparecido en Chubut en 2003. “Es la infamia a la que nos sigue acostumbrando la policía. Hay que terminar con esto. Lo más grave es que han asesinado a un pibe por la saña que tiene la policía contra los jóvenes, que pretenden que trabajen para vender droga, cometer delitos e involucrarlos porque después los que van presos son jóvenes y pobres”.
Por su parte, Aldo Ethegoyen expresó que “el torturador comete su delito escondido y se cuida muy bien de no dejar rastros”. En tanto, Elsa Gómez, de Asociación Madres del Dolor y madre de Daniel Sosa, asesinado por la policía en Aldo Bonzi, localidad de La Matanza, resumió: “Yo muero todas las noches mirando la foto de mi negro en la mesa de luz, y resucito todas las mañanas mirándolo sonreír. Y le pregunto, ¿hijo, qué puedo hacer hoy por vos? Bueno, hoy estoy acá”.
Fotos: gentileza APDH La Matanza
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MU 215: Sin chamuyo



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La Cordobaza: 3J y el Ni Una Menos en la provincia de Agostina
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Mundo Chueco: Jorge Chueco Romero, sacerdote de Ciudad Oculta
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El trava power: Las Simbióticas
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Ser de luz: Nina Suárez
Acaba de sacar el disco El lado oscuro, donde enfrenta algunos fantasmas y ausencias familiares y amorosas, acaso dos versiones de lo mismo. Lo hizo con un power trío que se suena todo. Ella compone, canta y toca la guitarra de una manera conmovedora y que remite inevitablemente a su madre, Rosario Bléfari. Breve semblanza de una artista capaz de brillar con la oscuridad.
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Crónicas del más acá: GPS
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La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.
Por Bernardina Rosini
El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.

El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.
Lo que no se puede creer
Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.
Varones
Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.

Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org
«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.

La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.
Dónde está Delicia
Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.
Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.
Justicia sin apellido
Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»
Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.
La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.

Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
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