Clausuras sin código
En el último mes el Gobierno de la Ciudad clausuró más de 10 centros culturales. Este martes 26, en un juicio contravencional por un caso emblemático, quedó expuesto cómo la Agencia Gubernamental de Control persigue a los espacios independientes. El caso testigo del Teatro del Perro y las estadísticas de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad que hablan por sí solas.

La justicia sin juicio
El Teatro del Perro, creado y dirigido por Diego Mauriño, nació en 2008 y soportó ya tres clausuras. La última se originó por una supuesta denuncia por “ruidos molestos” tramitada en el juzgado N° 6 del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas. Al llegar los inspectores al lugar labraron un acta por “exceso de capacidad” y “obstrucción de inspección”, dos figuras del Código de Faltas y clausuraron el teatro por 30 días, con policía en la puerta que no permitía el paso a la sala de más de tres personas. También le aplicaron una multa de 196.000 pesos.
Diego Mauriño – joven actor, docente, investigador y motor del Teatro- subió este video a a las redes sociales que registra que pasó en ese procedimiento y por qué los argumentos de la clausura son falsos:

Como el Teatro del perro ya acumulaba otras faltas anteriores, no pudo apelar administrativamente la decisión y el caso fue a juicio, donde quedó demostrado que Mauriño tenía razón: las sanciones aplicadas no estaba justificadas.
Fuero sin juicios
No es lo habitual: en el Fuero Contravencional la mayor cantidad de causas no alcanzan nunca al juez. Es un Fuero sin juicios: sólo el 4% de las causas iniciadas terminan con una sentencia.
Según los indicadores estadísticos provee el Centro de Información Judicial de este fuero, el 78% de las causas va a archivo y el 5% se resuelve con juicio abreviado (probation). En el caso del Código de Faltas, que compete a la habilitación de los lugares, de un total de 3.500 causas, el 90% de las faltas va a archivo por “prescripción de la acción” y en un 48% de los casos además se considera “persecución injustificada”.
Más datos del Centro de Información del fuero:

• De las cientos de disposiciones del Código de Faltas, las que más sanciones provocan son las relacionadas con la documentación habilitatoria.
• Del total de 4.610 actas realizadas en centros culturales y bares, 385 se hicieron por la falta “Exhibición de documentación obligatoria” -más del 8% de cientos de faltas- y 291 por “Ausencia de habilitación y Desvirtuación de rubro”-más del 6% de las faltas.
• Para dar una idea de la magnitud de las infracciones que se originaron en la persecución de centros culturales, solo la superan las labradas por exceso de velocidad (12%) y por estacionamiento prohibido (12%).
• Otro dato para dimensionar el despropósito: ninguna de las habilitaciones municipales contempla a las actividades que se desarrollan en un centro cultural. Por eso mismo, el sector redactó e impulsó la sanción de la Ley de Centros Culturales, que se logró sancionar en diciembre de 2014, pero cuya retardada implementación sigue trayendo las complicaciones de siempre.
• Por último, de esas 4.610 actas labradas en total, sólo en 52 se informa si se realizaron por denuncia o por oficio. Es decir, no revelan el motivo que llevó a los inspectores al lugar de la inspección.

El caso testigo
Diego Mauriño y el Teatro el Perro cuentan cómo la realidad que hay detrás de estos números sólo pueden discutirse en un juicio:

• Sobre la acusación de exceso de capacidad: “El teatro está habilitado para 50 espectadores. Los inspectores contaron 54, pero incluyeron en esa cifra a los actores y al personal de la sala. Nos dijeron que no importaba el rol de las personas que estaban en el teatro, pero en el juicio se demostró que la reglamentación es clara: habla de espectadores. Entonces, o los inspectores no conocen la reglamentación o no pudieron sostener el verdadero motivo de la clausura en voz alta”.
• Sobre la acusación de “obstrucción de inspección”: “Tampoco ocurrió: aquel día cuando llegaron la obra ya había comenzado, les pedimos que esperan a que termine, porque faltaba poco y ellos accedieron. Por otra parte, los inspectores llegaron con 6 oficiales de civil de la Policía Metropolitana, por lo cual era disparatado para nosotros impedirles nada.
• Las dos figuras que justificaron la clausura durante 30 días del Teatro del Perro fueron desestimadas por el fiscal. Es decir, recién en la instancia del juicio quien tenía que llevar adelante la acusación, desistió de acusarlos.

Diego dice que no fue difícil desestimar las acusaciones justamente por el proceder irregular de los inspectores, que terminaron admitiendo que el primer informe era incorrecto “probablemente nunca imaginaron que aquella acta labrada la madrugada del 13 de noviembre de 2014 llegaría a juicio”, razona Mauriño. No es una especulación disparatada: en la mayor parte de los procesos contravencionales tanto la defensa pública como privada aconseja a los protagonistas de la infracción firmar juicios abreviados o probation. La experiencia demuestra que es la peor de todas las opciones que tiene el infractor. Siempre conviene ir a juicio, ya que es la única garantía de que las arbitrariedades del procedimiento quedan expuestas y sean evaluadas.
Mauriño: “Lo que realemten pasó con nuestro teatro es que los inspectores llegaron pensando que había habíamos violado una clausura anterior. Cuando llegaron se dieron cuenta del error y no sabían qué hacer. Entonces hablaron con el fiscal porque “había un interés especial en realizar la inspección en el teatro el Perro”, según dijeron textualmente durante el juicio.
¿Por qué ese interés? Mauriño tiene la hipótesis de que está originado en sus denuncias, con con nombre y apellido, de inspectores del l gobierno de la Ciudad y de irregularidades en los organismos de control. “Cuestiones que son objetivas, son faltas a la ley, no es que yo denunciaba que me estaban persiguiendo. No creo en las conspiraciones, pero sí que es evidente que el gobierno de la Ciudad se ocupa de poner plata en rejas en la plaza y espectáculos multitudinarios con figuras televisivas, pero descuida al teatro independiente y a la producción social de cultura que se expresa en los centros culturales.”
Mauriño cree que el problema central está en esos inspectores de la Agencia Gubernamental de Control: “En un punto siguen las órdenes del Ejecutivo, pero a la vez para el gobierno y para la justicia Contravencional también es un problema cuando la AGC no responde a la ley”.
Si el Teatro el Perro no cumple, lo clausuran. ¿Y si el gobierno no cumple?”, pregunta Diego. Y responde: “Estamos pensando en demandar al Gobierno de la Ciudad porque un espacio cultural estuvo cerrado 30 días por una clausura improcedente. Es un forma, también, de sentar un precedente y jurisprudencia, una forma de frenar el accionar arbitraria”.
Haber llevado el proceso hasta el final le permitió a Diego, de la mano de Claudio Gorenman y el equipo de Abogados Culturales, comprender los mecanismos de la Justicia Contravencional y de Faltas: “Nuestro objetivo es demandarlos, además, porque es una injusticia que actúen impunemente. Cuando se demuestra que desconocieron la ley, están en problemas, porque en definitiva el juez que decide el caso es imparcial. A esa instancia hay que llevar toda la corrupción que hay detrás de las inspecciones y las clausuras. Es un momento en el que necesitamos que estos espacios sigan funcionando, necesitamos la libertad de hacer teatro al ritmo del teatro y la música, del movimiento cultural y no al ritmo del gobierno del turno. Hay que despejar el camino y dar batalla contra la impunidad con la quieren pasarnos por arriba. Para eso es necesario demostrar que estos centros culturales son posibles porque hay gente organizada que los sostiene, pero también que los defiende, tanto en la calle, con marchas como las que hicimos, como en su propia cancha: la justicia”.