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El cianuro, Barrick, la ONU y San Juan: los informes de la polémica

El gobierno de San Juan destinó varios  millones de dólares para contratar a un equipo de las Naciones Unidas para monitorear el “desempeño ambiental de grandes proyectos mineros”. Los resultados del trabajo de ese equipo son aún desconocidos.

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El cianuro, Barrick, la ONU y San Juan: los informes de la polémica
En el 2013 el gobierno de San Juan destinó varios  millones de dólares para contratar a un equipo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) cuya tarea sería la de monitoreara el “desempeño ambiental de grandes proyectos mineros”, entre  ellos Veladero, de Barrick Gold. Los resultados del trabajo de ese equipo son aún desconocidos, así como su responsabilidad en la prevención del derrame de un millón de litros de solución cianurada. Ahora el gobierno de San Juan y su ministro de Minería informan que ese mismo equipo de la ONU asegura que las aguas no están contaminadas. Falso: el equipo de la UNOPS aseguró a lavaca que no realizó aún los estudios. En tanto,  la asamblea de Jáchal presentó sus propios resultados sobre la contaminación del agua.
El rol de la ONU
La delegación de la ONU en el país que cita el gobierno sanjuanino para afirmar que el agua no está contaminada por el derrame que produjo Barrick Gold en Veladero  es conocida como UNOPS,  según una extensión de la sigla que habla de una Office Project Services, con sede en distintas ciudades del mundo, generalmente debajo de la línea del Ecuador, y se plantea “colaborar” con los gobiernos locales a partir de financiamiento o diagnósticos técnicos con “recomendaciones”.
En Argentina, la UNOPS colabora en consultas técnicas sobre el movimiento sísmico, pero según informa en su propia web sus proyectos hoy activos se encuentran en las provincias de Chaco y San Juan.
La UNOPS tiene una oficina en San Juan desde el 2011, año  en que el gobierno provincial “inició un proceso de consultas” hasta ahora con cuatro capítulos: dos consultas sobre movimiento sísmico y otras dos traducidas como “apoyo al gobierno del Estado de San Juan para la auditoría independiente y la revisión del cumplimiento de la legislación sobre el desempeño ambiental de grandes proyectos mineros”. Estos proyectos fueron anunciados como un shock de control a las empresas mineras que explotan cuatro yacimientos sanjuaninos: Lama, Veladero, y los emprendimientos de Gualcamayo y Casposo.
La auditoría ambiental
El primer proyecto fue iniciado en agosto del 2013 y el segundo es una extensión de éste, que terminaría el 31 de enero del 2016. Hasta hoy no publicaron oficialmente ninguno de los resultados de esos dos proyectos.Según especifica la página 23 del acta acuerdo firmada el 10 de septiembre de 2013  por la embajadora Paula Verónica Ferraris, secretaria de Cooperación Internacional, y Leonardo Gioja, sobrino del gobernador y secretario de Política Económica de San Juan, esa provincia aportaría 2.147.346 dólares más 64.420 en conceptos de costos de administración para que la UNOPS asuma, entre otros servicios “la responsabilidad técnica de la auditoría del desempeño ambiental” de los cuatro proyectos mineros “con sus propios técnicos”. También señala este acuerdo que “presentará los informes respectivos bajo su responsabilidad”. Esos informes aún no fueron presentados.
Las responsabilidades
Según una nota publicada en el portal de la Cámara Empresaria de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI) la firma de este acta acuerdo se realizó “en la Casa de Gobierno” sanjuanina “con la presencia del gobernador José Luis Gioja. Allí se informó: “Durante las próximas semanas se completará el proceso de puesta en marcha del proyecto así como las visitas de reconocimiento a los cuatro emprendimientos. Posteriormente tendrá lugar la auditoría legal, revisión de documentación técnica y realización y procesamiento de tomas de muestra en distintos puntos de las áreas de influencia directa e indirecta de los emprendimientos. Finalmente, se formularán las recomendaciones al Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan”.
El 13 de agosto de este año, el director Regional de América Latina y el Caribe de UNOPS, Fabricio Feliciano, declaró que “los primeros informes estarán para el mes de octubre y los de recomendaciones, (…) será el primer semestre del próximo año hacia el mes de junio”. Sin embargo, hizo saber que el proceso de “auditoría en campo para los proyectos Lama y Veladero” ya estaba concluido, no así los de Gualcamayo y Casposo. Por último, el representante regional de UNOPS reclamaba un acuerdo para prorrogar la vigencia del proyecto hasta el mes de Junio de 2016, lo cual todavía no fue confirmado por el gobierno ni por la UNOPS.
Los antecedentes
Los únicos antecedentes de trabajos sobre asuntos mineros de la UNOPS se remontan a cuatro países: Perú, Sierra Leona, Sudán del Sur y Argentina.
En Perú, el caso conocido fue la revisión de la cuestionada mina Tía María. En aquella oportunidad, el estudio de UNOPS resultó altamente crítico: elevó 138 observaciones a la empresa Southern Perú, entre ellas tres de gravedad: faltaban estudios de impacto, se criticaba la fuente del agua utilizada y alertaba sobre el uso del mercurio en el proceso para explotar el oro.
En Argentina, dos años después de comenzado el trabajo, aún no tenemos los resultados del monitoreo contratado, pero si las consecuencias de la falta de control.
Los informes
En San Juan, en cambio, los informes llegaron, en orden, desde la Universidad Católica de Cuyo, de la propia empresa Barrick Gold, de la Policía Minera, de la empresa de agua OSSE a través de Aguas Cordobesas y, finalmente, hoy la asamblea dio a conocer sus propios estudios, analizados en la Universidad Nacional de Cuyo.
Salvo los de la Asamblea, todos dieron valores negativos de cianuro y no estudiaron la presencia de otros metales pesados. La Universidad Católica de Cuyo, por ejemplo, dio a conocer un informe en el que todos los valores analizados daban “cero”, resultados que generaron la carcajada de Jorge, mecánico de la localidad sanjuanina de Rodeo, quién sugirió a los técnicos “que pongan aunque sea que el río tenía un poco de tieyita, ¡algo!”.
El informe de OSSE, por su parte, fue dado a conocer por la Municipalidad de Iglesia y halló, para el día 15-09 (dos días después del derrame), “presencia de ion cianuro 0,009 mg/L y 0,007 mg/L.”, lo  cual representaría concentraciones hasta diez veces más bajas que lo establecido por el Código Alimentario Argentino para la matriz de Agua Potable (0,1 mg/L). Para el día 14, en cambio, el informe sólo señala que los valores “se encuentran por debajo del límite de detección del método usado Merck Lote HC308196 – 2016/11/30”, pero no refiere las cifras específicas. El comunicado culmina sugiriendo que “se debe continuar realizando monitoreos, para estudiar la movilidad de iones en los distintos puntos”.
Rápidamente el gobierno sanjuanino, la empresa Barrick Gold y los medios comerciales hicieron eco de estos estudios bajo un título consensuado: “El agua no está contaminada”. La desconfianza fue creciendo entre jachaleros e iglesianos, que iban comprobando día a día cómo las versiones oficiales eran desmentidas por la evidencia. “Todos los días sacaban titulares de que el agua no estaba contaminada, a causa de esos estudios. Hasta que dos semanas más tarde la empresa aceptó que se derramaron 1 millón de litros de agua cianurada sobre el río”, dice Domingo Jofré, uno de los referentes de la Asamblea Jáchal No Se Toca.
El rol de la UNOPS: ¿prevenir o encubrir?
El siguiente paso fue “recordar” que había “expertos internacionales” trabajando sobre los efectos del derrame. Tales especialistas no eran otros que técnicos de la UNOPS en San Juan, para lo cual la gobernación desembolsó 2.147.346 dólares más un costo de “administración” de 64.420 dólares en 2011, provenientes del Fondo de Regalías Mineras del Ministerio de Minería de la Provincia.
Su misión: el cumplimiento de las garantías ambientales.
Los resultados: 1 millón de litros de agua cianurada derramados en la principal fuente de agua de la zona.
Ahora la UNOPS confirma que no tiene preparados los informes finales, pero según la información oficial de la gobernación ha dejado filtrar “resultados preliminares”. Fue el ministro de Minería de San Juan, el jachalense Felipe Saavedra, quien ayer aseguró: “El informe de la ONU concluye que no hay contaminación”.
El ministro aprovechó un comunicado que la UNOPS emitió el 29/09 en el que decía que, “en el marco de la elaboración de su plan integral”, los técnicos de la ONU realizaron el 18 de septiembre una “misión a la zona de influencia” para tomar “muestras de agua superficial en Agualasto y Río Blanco”. Ahí es donde el organismo expresa: “El resultado de los análisis de las muestras iniciales no presenta desviaciones con respecto a mediciones realizadas en junio de 2015, para las determinaciones analíticas realizadas”.
El detalle de “no presenta desviaciones” bastó para la frase del ministro Saavedra y los titulares de algunos medios: por ejemplo, Tiempo de San Juan tituló: “Veladero: el informe de la UNOPS concluyó que no hay contaminación”. En tanto, Diario de Cuyo afirmó: “La ONU elevó su primer informe por el cianuro y dice que no hay contaminación”. Y Télam: “Un informe de la ONU reveló que no hubo contaminación en San Juan”.
Sin embargo, la UNOPS rectificó al diario La Gaceta Mercantil  al que informó  que  “no emitió un informe señalando que el volcamiento de agua con cianuro en la mina Veladero, de Barrick, en San Juan no haya contaminado las aguas” (https://www.gacetamercantil.com/notas/86613/). Y detalló: la información publicada “es incompleta e inexacta, infiriendo una conclusión que no ha sido emitida por UNOPS y PNUMA como organismos responsables del estudio”.
Ante la consulta de lavaca, la UNOPS respondió con una propuesta detallada presentada al gobierno de San Juan para realizar un “estudio sobre la calidad de los cuerpos de agua en el área de influencia de la mina Veladero, posterior al incidente ambiental del 13/09/15”, pero aclaró que aún no fue aprobada. Culmina: “Más allá de estos resultados iniciales, no se ha presentado un informe, sino una propuesta de estudio. Una vez que sea aprobado por la autoridad, los resultados de dichos estudios se pondrán en conocimiento de todos los actores interesados”.
¿Puede la UNOPS ser ahora parte de la investigación del derrame de un millón de agua cianurada producida en la mina de Barrick Gold que debía controlar?  ¿O la justicia debería investigar primero su responsabilidad antes delegarle  una tarea que quizá incumplió? La respuesta no es un detalle menor: involucra a uno de los organismos internacionales más importantes de la geopolítica global.
 
La Asamblea informa

Mientras la UNOPS se presenta en calidad de investigador cuando debe responder qué hizo durante dos los dos años previos al desastre, la Asamblea de Jáchal presentó este jueves sus primeros resultados, analizados por la Universidad Nacional de Cuyo.
De 9 muestras tomadas en distintos puntos de la cuenca que baja del arroyo Potrerillos – sobre el que se derramó el cianuro- hasta el Río Jáchal, se encontraron residuos de cianuro y de metales como plomo, manganeso, mercurio y cadmio, estos dos últimos inéditos para estos ríos. Sin embargo, “la mayoría de los niveles están por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud”, aclara Domingo Jofré, periodista y referente de la Asamblea Jáchal No Se Toca, quien aclara: “Pero la contaminación existió. Hay que ver si estos vestigios son parte del derrame o de un proceso más largo que viene de antes”.
En el primer caso, la Asamblea estudia el rumor que indica que la empresa Barrick Gold echó una “bomba química” para tapar el efecto del cianuro, dotando al agua de otros componentes tampoco amistosos. Y en el caso en que los metales sean parte ya del río, si su acumulación genera o no algún perjuicio para la salud.
En ese sentido, el dato que más preocupa a la Asamblea es la cantidad alarmante de aluminio encontrada en un muestreo del Río La Palca, afluente del Jáchal, muy por encima de los niveles aceptados (hasta 70 mg/L).
Dice Domingo Jofré: “No se puede decir que no hay cianuro en el río, ni que no hay metales pesados. Los hay, y queremos saber por qué están ahí, si es consecuencia del derrame o estamos consumiendo esto hace un tiempo”.
Según la asamblea, además, estos resultados echan luz sobre las sombras del resto de los informes que encontraban cero para todos los componentes y no analizaban la presencia de metales: “Estamos ratificando que están manipulando la información. Siguen manejándose en base a informes falaces y sesgados”. Por qué: “Un informe sería creíble sería si dicen que se controló la contaminación. Pero asegurar no hubo contaminación, ya sabemos que es mentira porque sí la hubo”.
La asamblea dice esto no en tono de denuncia sino de preocupación. “Lo que nos alarma es que no están escuchando al pueblo, que no quiere más este tipo de proyectos acá, más allá de los resultados de cualquier informe”, dice Jofré.
 
Más info:
https://www.lavaca.org/notas/el-legado-de-barrick/

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

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La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años. 

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio  de contundencia, ignorado

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas
Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión. 

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”. 

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”. 

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género. 

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”. 

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló. 

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”. 

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder. 

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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Séptima entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa de lavaca Lina Etchesuri.

Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

Ese jueves hacía 38 grados de calor pero parecían 43. El calor quemaba y picaba.

Faltaba el aire, el que había estaba caliente y la humedad pegoteaba.

El día que acompañé a la Ronda haciendo fotos para este proyecto, fui descubriendo imágenes a medida que los pasos y las sillas de ruedas daban vuelta como siempre, hace 2392 jueves.
La ronda siempre me emociona. Mucho. Las miro a las madres y veo proyectada las fotos de sus hijxs en su mirada, hacia delante, repitiendo Presente como un mantra de presencia y resistencia. Lxs veo a ellxs en imagen, mirando de frente en su juventud detenida. Veía a Elia, que ronda en silla de ruedas, con la foto de su hijo Hugo Meidan, desaparecido el 18 de febrero de 1977, hace 47 años, y pensaba si ese día hizo tanto calor, si la luz tenía esta misma inclemencia.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

En las rondas transcurre un tiempo extraño, persistente y atemporal. Las hermanas abrazan las fotos de sus desaparecidxs, gritan sus nombres con contundencia, caminan junto a las madres, junto a nosotrxs.

Transforman el tiempo y la imagen en un futuro posible.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Sobre Lina

Soy Lina Etchesuri. Fotógrafa, editora y docente

Soy parte de la cooperativa Lavaca desde hace más de 12 años donde hago todo lo que me describe y más. Me hace sentir muy orgullosa y feliz.

Estudié con Filiberto Muganini en el Rojas durante los 90s. Hice la carrera de fotógrafa en la Escuela de foto y artes visuales de Avellaneda, durante el 2001 y los años siguientes. 

Me seguí formando en talleres visuales con mi querida Julieta Escardó y muchxs más.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Viajé haciendo fotos durante algunos años: conocí al subcomandante Marcos y le saqué una foto en la que se está riendo. Estuve en Cisjordania, Palestina, durante 3 meses, viviendo retratando la vida bajo la ocupación. 

Junto con algunas personas y amigxs fundamos MAFIA en 2012, un colectivo de fotógrafxs que sigue hasta hoy.

Coordino talleres de foto e imagen.

Soy mamá de Fermin.

Y me encanta hacer todo lo que hago.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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Un abrazo contra la motosierra

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Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2” informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo ahorro” deben cortar la luz, los ascensores, reducen cirugías, no tienen insumos. La imagen del Clínicas, uno de los más importantes del país: “Los pacientes se están quedando sin comida”. Hoy una gran concentración frente a ese hospital escuela simbolizó un abrazo en defensa de la salud y la educación pública, mientras el gobierno nacional juega a pelearse con las prepagas, y el de la Ciudad a subvencionar a quienes mandan a sus hijxs a colegios privados. ¿Qué pasa con lo público? ¿Cuándo comenzó el desastre? Distintas voces (directores de hospitales, rectores de universidades, trabajadorxs) relatan la realidad y los datos motosierra; la organización como única salida; y el canto “la UBA no se vende”, mientras la realidad, o los números, parecen indicar otra cosa.

Por Francisco Pandolfi

Un abrazo contra la motosierra

“Se defiende, la UBA se defiende”, fue uno de los hits / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Clarisa y Caetana acaban de salir de cursar dermatología. Clarisa tiene 24 años y lleva puesto un ambo azul marino. Caetana, de 23, uno verde oscuro. Son alumnas desde hace seis años de la Facultad de Medicina y hace tres caminan por los pasillos del Hospital de Clínicas, ya en la etapa de las prácticas. “Hace un rato terminamos una clase en la que no teníamos vendas”, dice Clarisa. Su compañera agrega: “El otro día, en un práctico, nos faltaba vaselina para curar las úlceras; sí, vaselina, probablemente el producto más básico y barato que se necesita”.

Alrededor de ellas hay una multitud, con ansias de visibilizar la gravedad de la situación.

Clarisa, Caetana y la marea contra el ajuste / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“Estamos funcionando al 30%”, comparte Marta, médica desde hace 38 años en el Clínicas.

“Los pacientes se están quedando sin comida”, cuenta Susana, auditora. 

“Soy empleado de limpieza del hospital, monotributista, trabajo cinco días por semana, siete horas por día y mi sueldo no supera los 150 mil pesos”, confiesa Diego Ruiz.

“Ya debimos reducir las cirugías y no atender a algunos pacientes”, expresa Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas.

“Estamos económicamente por debajo de un 80% sobre el presupuesto que deberíamos tener. Cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”, precisa Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Un abrazo contra la motosierra

Susana Dionisio, y la esperanza que genera el juntarse / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tiempos de abrazos

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestro ejército”.

José de San Martín.

Al libertador de la patria se lo homenajea con su nombre en calles y avenidas; clubes deportivos, teatros y centros culturales; plazas y parques; hospitales y universidades.

Y también en un hospital-escuela: el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y dedicado a tres ejes clave para el desarrollo de cualquier sociedad: la asistencia, la docencia y la investigación.

Son tiempos de clases abiertas; de paros y movilizaciones; de una marcha nacional universitaria a realizarse el próximo martes 23 de abril. Son tiempos de contar en cuántos meses y en cuántos días las universidades se quedarían sin presupuesto hasta cerrar sus puertas.

Son tiempos de abrazos.

Uno de ellos se forma con un montón de brazos, este jueves por la mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y no docentes, estudiantes, le brindan un espaldarazo simbólico al Hospital de Clínicas, ubicado en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera. Sobre la Avenida Córdoba, miles de personas se reúnen en la puerta principal para reclamar por el recorte presupuestario en todas las universidades del país, y en particular de las universidades escuelas.

Hay equipo en el Hospital de Clínicas /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Los cuerpos aplauden. Están vestidos con guardapolvo blanco; con ambos celestes y azules; con chaquetas bordós y verdes. De fondo, un telón negro enorme sirve de súplica para estos momentos. Es un ruego a la sociedad toda; y una exigencia, también, puertas adentro: “Defendamos la UBA”. Delante de la banderota se sostienen grandes letras blancas, hechas con cartulina, a mano, a pulmón, a necesidad de que el reclamo se vea un poco más. “La salud se defiende”, se lee, mientras se canta al unísono: “No se vende, la patria no se vende”. Minutos después, se cambia sólo una palabra: “No se vende, la UBA no se vende”.

Pero la realidad no parece indicar lo mismo. 

Problemas de fondos

Luego del abrazo, se rodea al hospital y en otra de las puertas de la institución, sobre la calle Paraguay, se lleva a cabo una conferencia de prensa. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, va al hueso: “Ya tuvimos que optimizar los recursos, que son insuficientes; no podemos comprar insumos, ni hacer transferencias porque no hay licitaciones de presupuesto que avalen las compras. Mientras, tenemos un montón de pacientes internados”. Sigue: “Es muy difícil no usar la luz en un hospital; no usar los ascensores cuando los pacientes necesitan usarlo… Lo mismo pasa con la calefacción. El año pasado estábamos orgullosos de haber comprado y cambiado la caldera, y este año no sabemos si va a funcionar, porque el modo de ahorro va a estar en el gas, en la luz, en todo”.

Le cambia la cara. Se tensa, aún más. “Poner a un hospital en modo ahorro es una agresión al médico. Es muy difícil mi lugar, el tener que decirle a mis colegas si pueden atender o no a alguien. No estamos haciendo una buena medicina con estas cosas”.

Un abrazo contra la motosierra

Marcelo Melo y Ricardo Gelpi en conferencia de prensa /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

A su lado está el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por el Secretario de Hacienda Matías Ruiz. Juntos, definen lo terrible: “La UBA tiene dos partes principales en las que se divide el presupuesto. Una es la salarial, que consume entre el 85% y el 90%; y después está el gasto de funcionamiento, que consume entre el 10 y el 15%”. Desmenuzan: “En lo salarial hubo un recorte en términos reales ajustado por inflación del 35%, lo que significa que si en noviembre un docente o un trabajador cobraba 100 pesos, hoy cobra 65”. 

Sobre los gastos para el funcionamiento: “Lo dividimos en salud y en educación. En educación este año las partidas arrancaron congeladas al presupuesto del año 2023; hubo una actualización parcial del 70% desde marzo; pero en términos interanuales eso significa un 58% de actualización, comparado con una inflación de casi un 300% interanual. Por el lado de la salud, empezamos el año sin presupuesto, ya que la partida devengada del año 2023 no había sido asignada hasta esta semana”.

Tomar la calle en defensa propia / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Peligro de cierre

¿La partida ya firmada –pero aún no depositada–, es un remedio? “No, para los hospitales universitarios será de la misma magnitud nominal del año pasado. O sea, no es una actualización, ni un incremento”. Subraya el rector: “Estas partidas no están ajustadas por inflación, lo que significa que sólo podrán estirar un tiempo esta situación, pero estamos lejos de estar conformes. Si se mantiene esa partida, podremos funcionar como venimos dos o tres meses más. Y después, así las cosas, la UBA cierra, porque si no hay plata, no hay plata”.

El Secretario de Hacienda suma un dato, que agudiza el cuadro: “El pago de la energía eléctrica en el último año se multiplicó por siete. Y si comparamos con febrero de este año, sólo los últimos dos meses, se multiplicó por cuatro”. Y ejemplifica con una cuenta que no cierra: “El crecimiento del gasto, sumado a las partidas congeladas, hace que crezca más rápido el gasto que tenemos la universidades y empeorando cada vez más el funcionamiento”. 

Un abrazo contra la motosierra

La educación, la salud y la ciencia, en juego; en venta / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“El mal funcionamiento es de hace años”

La falta de recursos no empezó en la era Milei. Marta, médica desde hace 38 abriles, describe: “El mal funcionamiento viene de años, como consecuencia de malas administraciones anteriores. Y ahora, este recorte presupuestario es el tiro de gracia”. ¿En qué se venía mal? “De 12 quirófanos funcionan 5 y hay numerosas salas cerradas; cada vez se va achicando más la estructura, deteriorando y no hay presupuesto para mantenerlo”. 

Clarisa, alumna, añade: “El edificio tiene un montón de falencias, es muchísima la cantidad de arreglos que harían falta y esto viene desde hace años. Con este recorte, el único futuro que veo es que se caigan las paredes… Me da mucho miedo e impotencia”.

Florencia trabaja hace 10 años y el amor que siente por la entidad viene de familia: “Mi mamá trabajó ahí; mis dos hijos fueron a ese jardín; le salvaron la vida dos veces a mi mejor amiga; curaron a mi papá, a mi abuela”.

Admite que el hospital “siempre tuvo pocos recursos; siempre hubo carencia de insumos”. Profundiza: “La situación no viene bien hace mucho; las personas que deben hacer el presupuesto no valoran la calidad humana ni la cantidad de atenciones que se realizan por día. El hospital siempre tuvo lo básico, y en muchas oportunidades debimos conseguir insumos por fuera, siempre tardó en llegar el material que se necesitaba”.

Carteles, ruido, sonrisas: estrategias contra el recorte / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Orgullo nacional 

El Hospital de Clínicas es considerado uno de los hospitales más importantes de la Argentina y de América Latina. Se fundó en 1881 y allí se realizaron varios procedimientos por primera vez. Algunos hitos que nacieron entre sus paredes que hoy yacen descascaradas: la aplicación de la insulina, el cateterismo cardíaco, las residencias médicas, las punciones de riñón, las operaciones filmadas. Dice la médica y hoy auditora Susana Dionisio: “En este hospital se formaron la mayor parte de los médicos de renombre que hay en toda la medicina prepaga”. Suma otro caso testigo: “Hay que acordarse de acontecimientos como el de la AMIA, cuando sucedió el atentado este hospital recibió a la mayoría de los heridos, y fue gracias a este hospital que se salvó a muchísima gente. Entonces, podés hacer un comité de crisis, pero si al mismo tiempo desfinanciás a la educación, está muy mal. El presidente se merece un juicio político y la oposición tiene que pararse y ser una oposición real, sino perdemos la democracia”.

Marta Cora Eliseht es médica de obstetricia del hospital de Clínicas y docente de la Facultad de Medicina. “El Clínicas es fundamental, un orgullo nacional; no sólo cumple funciones asistenciales, sino también de docencia en áreas de pregrado y postgrado; esta es la sede de infinidad de carreras. Somos especialistas en obstetricia y atendemos muchos embarazos de alto riesgo, casos que no se atienden en otros lados”. 

Un abrazo contra la motosierra

Marta es médica en el Clínicas desde hace 38 años /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En el hospital trabajan más de 3.200 empleados y se atienden alrededor de 365 mil personas al año. En lo educacional, cursan por año cerca de 1500 alumnos. “Hay cinco cátedras y estudiamos 300 personas promedio en cada una. Este es el hospital escuela más grande del país”, explican Clarisa y Caetana, estudiantes de medicina. 

Las palabras de Sofía, que integra la comisión interna, laten: “El hospital-escuela literalmente es el corazón de la UBA, donde se retroalimenta la ciencia, la investigación, la educación, pero sobre todas las cosas la salud pública, con todo lo que conlleva ese concepto de gratuidad e inclusión. Queremos seguir brindando la atención de calidad a los y las pacientes, pero sobre todas las cosas contar con un financiamiento que nos permita que nuestra casa, como así consideramos al hospital, siga funcionando. No queremos tener el privilegio de pisar la UBA, sino el derecho de seguir en ella”.

Un abrazo contra la motosierra

Una que pedimos (casi) todxs /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Un dolor inenarrable

El hit se vuelve a cambiar: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode se jode”, se vocifera con angustia y con firmeza, en un clamor popular que hiela la sangre. Las y los laburantes le dan magnitud al problema. La obstetra Marta Cora Eliseht dice: “En el sector no tenemos espéculos, vidrios para hacer papanicolaou, guantes, gasas, algodón, lo básico. Los profesionales de la salud estamos intentando conseguir donaciones de entidades privadas para suplir las faltas”. Sintetiza: “Estamos sufriendo un ataque artero a la universidad pública”.

Susana Dionisio es médica desde hace 49 años. Quince los trabajó en el Clínicas, donde ahora es auditora. “Sentimos un dolor que no se puede narrar. Los pacientes se están quedando sin comida y solidariamente se intenta ayudar entre sindicatos, médicos y administrativos, pero los insumos médicos no los podemos comprar. Ya se está cortando la luz a cierta hora, no se puede creer”. 

Un abrazo contra la motosierra

La potencia de Elsa Carrizo, la potencia de lo colectivo /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Elsa Carrizo es delegada general de la comisión interna del Hospital de Clínicas. Tiene puesto un guardapolvo blanco, que lleva el logo de la institución. Se lee: “Fundado en 1881”. Dice: “Trabajamos con obras sociales, pero es impresionante la cantidad de gente sin obra social que viene, alcanza con ver las colas que se forman a la mañana. Ya no tenemos insumos ni para el mantenimiento, ¿con qué vamos a limpiar? Hay un combo de muchísimas necesidades en el hospital”.

“Últimamente no nos estuvieron entregando secadores”, detalla Diego Ruiz, empleado de maestranza. Cobra menos de 150 mil pesos por mes y sólo el monotributo para facturar (no está en planta permanente) le cuesta alrededor de 18 mil. “Estamos en una situación de mierda, personalmente para mí es imposible llegar a fin de mes”.

Un abrazo contra la motosierra

Diego cobra menos de $150 mil por mes. Y no es una joda / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tomás trabaja en el área de personal hace 5 años y es delegado de la comisión interna. “No hay paritarias y los sueldos quedan muy bajos. Tenemos poco más de 300 contratos que salen del bolsillo del hospital y son los que más corren peligro. Estamos hace un par de meses sin aumento y no hay respuesta del gobierno ni comunicación. Estamos estancados, no da para más”.

Carolina Nadal es empleada desde hace 30 años. Hoy es la jefa del departamento de Trabajo Social. “El presupuesto que se está ejecutando es el del año pasado y esto es inviable en términos de sostenimiento, de todo lo que se necesita para que funcione el hospital de manera integral. El gobierno va a tener que responder de una manera diferente a la que está respondiendo ahora. Siento mucha bronca e indignación, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que en las calles, con la resistencia, haya otro desenlace que no sea cerrar las puertas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

José de San Martín.

Clases abiertas, presupuestos cerrados / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

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