Nota
¿Qué deja la industria minera? La experiencia uruguaya
Mientras Orosur obtiene sus ganancias gracias a las renuncias fiscales, en Minas de Corrales más de 200 de sus trabajadores cobran subsidios por desempleo. Una nota de Betania Núñez en Brecha.
Mientras Orosur obtiene sus ganancias gracias a las renuncias fiscales, en Minas de Corrales más de 200 de sus trabajadores cobran subsidios por desempleo. Una nota de Betania Núñez en Brecha.
Foto: Rinaldo Mora, IMR
El Poder Ejecutivo decidió dar más de un beneficio al grupo Orosur. El primero, el más sonado, fue exonerar a la empresa del canon que tiene que abonarle al Estado, “único pago por el oro que se lleva del país”, según calificó la organización Uruguay Libre. La medida fue tomada por la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse. La decisión no es para nada habitual, según fuentes de esa cartera que rastrearon, sin suerte, antecedentes similares, y permitió a Orosur embolsarse entre 600 mil y 700 mil dólares, según cálculos aportados a Brecha por la propia empresa.
Pero la exoneración del pago del canon al Estado no es el beneficio más jugoso que ha obtenido. La segunda gracia le aportó 2,5 millones de dólares, resultado de la renuncia estatal a cobrarle los impuestos a la exportación. El monto, según un informe que la empresa publicó para sus inversores, habría sido resarcido por el Estado en abril. Este mecanismo está previsto exclusivamente para las empresas que exportan productos industrializados.
En este sentido, Víctor Bacchetta, integrante de Uruguay Libre, plantea que para “pedir la devolución de impuestos, Orosur usó el mismo argumento que había intentado instalar Aratirí”. La trampa de esa justificación se basa en fijar el precio que tendría el mineral sin ningún proceso, para luego decir que con el método empleado se genera valor agregado. Sin embargo, Bacchetta sostiene que si no incorporaran esos procesos, de los que las mineras se jactan, el producto no tendría valor porque directamente “no lo podrían vender”, ya que en las condiciones en que lo extraen “no lo compra nadie. El lingote de doré, que no es oro puro sino una mezcla de oro y plata, o el mineral de hierro, como pensaba exportar Aratirí, son materias primas, no tienen un proceso industrial. Logramos que quitaran ese concepto de la ley de minería de gran porte, pero ahora Orosur lo alega y aceptan devolverle el impuesto”.
Los montos de los dos beneficios sumados son sugestivos si se mira el superávit de la empresa en los primeros cuatro meses de 2016, que asciende a 3.100.000 dólares. Es prácticamente la misma cifra a la que renunció el Estado sumando la exoneración del canon (a fines de diciembre) y la devolución de los impuestos a la exportación (que se habría concretado en abril). Sin embargo en Orosur todavía no están conformes. Héctor López, gerente de Planeamiento y Presupuesto de la empresa, dijo a Brecha que “siempre estamos pensando en bajar impuestos, en bajar la Ute, en bajar el gasoil, en todo. Estamos peleando por todos lados”, y anunció que analizan pedir la exoneración del pago del canon para otros proyectos.
El beneficio ya obtenido corresponde exclusivamente al oro extraído desde abril de 2015 a marzo de 2016 en dos de las concesiones que posee la minera, la de Arenal Subterráneo y la de Laureles. No obstante, la solicitud original, realizada en conjunto por varias empresas que componen el mismo grupo económico –Orosur Mining Inc, Loryser SA, Montemura SA, Minera San Gregorio SA y Glendora SA, que en total controlan 570 mil hectáreas en territorio uruguayo–, era para seis concesiones y por cinco años. El Estado descartó cuatro por una cuestión legal, el ya célebre artículo 47 del Código de Minería, que establece que las exoneraciones pueden brindarse sólo durante los primeros diez años de cualquier explotación. Si bien ese elemento del artículo no se está incumpliendo, a diferencia de lo que señalaron varios medios de prensa, hay otro punto que genera debate. El mismo artículo habla de la exoneración del canon como una medida de fomento de la explotación, para la cual deben “existir razones de interés general”. Pero el Ejecutivo no puso condiciones ni exigió contrapartidas al beneficio, algo que se reconoce desde la propia empresa: “Compromisos, que yo sepa, no”, dijo aBrecha Javier Martínez, gerente de Medio Ambiente de Orosur, y agregó que tanto el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, como Cosse, visitaron las instalaciones y se mostraron preocupados por“mantener el negocio, porque mientras esto siga funcionando, hay alguna proyección de que las cosas mejoren. Si no se lograba llegar a una ecuación positiva, a resultados positivos, seguramente no hubiese habido retorno. Eso se entendió bien y se apoyó por ese lado”.
En cambio, para Alfredo Caputo, catedrático de derecho minero, la exoneración “no puede ser una resolución caprichosa, no puede ser un favor a la empresa por dificultades momentáneas que esté atravesando o porque la empresa se haya administrado mal, esa exoneración tiene que redundar en interés de toda la población”. Como ejemplo, Caputo plantea que sería razonable otorgar una exoneración condicionada a que se incorporen “técnicas modernas que permitan extraer el oro sin usar cianuro”, a diferencia de las que emplea Orosur y por las que lleva importadas más de 3 mil toneladas de un producto en base a cianuro desde 2011 hasta mayo de 2016.
Otro motivo podría ser el de mantener los puestos de trabajo, pero Orosur sigue enviando a sus trabajadores al seguro de paro (véase nota “La hojarasca minera”), y esa estrategia es publicitada a los accionistas como parte de la reducción de los costos de la empresa. En este sentido, Bacchetta señala, con las cifras en la mano, que la producción de Orosur ha descendido en los últimos años, y “lo que han hecho es prolongar la vida útil de las instalaciones con pequeños proyectitos que duran unos meses”. Su lectura coincide con el relato que hizo el propio gerente de Planeamiento y Presupuesto al contar que Laureles, uno de los proyectos que obtuvo la exoneración del canon, ya terminó: “Era un proyecto muy corto, muy marginal, lo hicimos para no tener que mandar a todo el mundo al seguro de paro, eso nos dio casi un año de vida”.
Según Bacchetta, mediante esta estrategia de pequeños proyectos “lo que está haciendo Orosur es un destrozo, la zona está quedando como un queso”, y se trata de 65 mil hectáreas concesionadas a la minería, “más de cuatro veces lo que era el distrito minero de Aratirí”. “La tesitura del gobierno es la de la desesperación”, dice Bacchetta, porque nunca se previó qué sucedería con Minas de Corrales cuando el proyecto de Orosur se agotara. “Es una minería que ni siquiera tiene una proyección de futuro. Las minas en algún momento se agotan, pero nadie pensó nunca en aprovechar el período extractivo para generar otros emprendimientos que vinieran después.”
La prensa tituló “exoneración ilegal”, y no lo es. Pero el Estado renunció a un dinero que equivale a la ganancia de la empresa. Mientras, el “interés social”, esa condición ine-ludible para brindar el beneficio de la exoneración, no se encuentra debajo de las rocas. Los trabajadores continúan siendo enviados al seguro de paro. Minas de Corrales sigue sin una alternativa productiva. Y por la frontera se sigue escapando la riqueza.
Mineras sin corrales
“Orosur controla más de 570 mil hectáreas en Uruguay”, proclama en su sitio web la empresa, en el perfecto inglés en que se dirige a sus posibles inversores. El dato fue señalado a Brecha por Bacchetta como un incumplimiento a la ley, y fue considerado por Caputo como un elemento que podría conducir a una posición monopólica en el mercado.
El Código de Minería establece que una misma empresa no puede controlar más de mil hectáreas para la explotación minera, no más de 2 mil para la exploración y no más de 200 mil para la prospección. Pese a que la norma le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de aumentar esas extensiones, aclara específicamente, que “en ningún caso, el máximo básico podrá excederse si conduce al minero a la situación de único explotador de un mineral determinado”. Según Caputo, “por el fundamento de las leyes análogas, habría que aplicar el mismo concepto en el caso de la prospección y la exploración”. Además, dice, dar permiso de prospección en más de 200 mil hectáreas a una misma empresa “no sería fundado si condujera a una situación de monopolio en la prospección”, porque tanto ésta como la exploración “están encaminadas a lograr la explotación”. Hacerlo sería como autorizar “una situación que conduce a un monopolio en la prospección que luego está prohibida para la explotación. Por esta razón no querida por el legislador, el Ejecutivo estaría inhibido de otorgar extensiones que condujeran al monopolio en todos los casos”.
Otra circunstancia que podría estar favoreciendo la gran extensión que controla Orosur es la de operar como un grupo económico integrado por diferentes empresas. Si bien la ley de minería de gran porte reconoce la figura de “grupo económico” y establece que las empresas que lo integren serán consideradas como un solo sujeto de derecho, el Código de Minería no hace esa salvedad. Al respecto, Caputo considera que habría que reformar el código para subsanar las diferencias entre una y otra norma.
Nota
MU 215: Sin chamuyo
Viaje a la vida en el Delta: Y la nave va
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Crónicas del Más Acá: Parlantes
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Nota
MU 214: Mujer maravilla
Ella y sus dos hijos llevan glifosato en su sangre, al igual que muchos y muchas en
Pergamino, localidad contaminada por el agronegocio donde dieron batalla y hoy
protagonizan un juicio histórico contra productores y funcionarios. ¿Será justicia?
Ganar la vida: La historia de (no) ficción de Sabrina Ortiz
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La calle criminalizada: El derecho a la protesta en la era Milei-Bullrich
El teatro antidisturbios del presente: descontrol de las fuerzas represivas, cientos de heridos, detenciones arbitrarias, armado de causas, y un proceso judicial que poco tiene de justicia. Los casos de Milton Tolomeo y Eneas Gallo, aún detenidos por protestar el día de la Ley de Reforma Laboral, hablan de la impunidad con la cual se maneja el gobierno con aval de jueces y fiscales. Lo cuentan ellos, sus familiares y defensas en esta investigación especial.
Por Lucas Pedulla
Década perdida: Marta Montero, mamá de Lucía Pérez
“Estamos como el día 1”. La frase de la madre de la joven asesinada en 2016 remite a aquel año: cuando denunciaron que dos narcofemicidas habían abusado y asesinado a su hija, hasta hoy, dos juicios después, pues la impunidad sigue consagrada. De motivar el Primer Paro Nacional de Mujeres a la decisión que tomó Marta ahora: estudiar abogacía. La injusticia como una tortura y la lucha como un tejido social que sigue en Mar del Plata, con un centro cultural, un bachillerato y un movimiento que no se amilana.
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La Cordobaza: 3J y el Ni Una Menos en la provincia de Agostina
La undécima edición del Ni Una Menos llegó a Córdoba con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. La gente salió a la calle bajo la lluvia once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta. Cómo se busca justicia.
Por Bernardina Rosini
El modelo Redondo: El Indio Solari y la autogestión
¿Qué explica que una banda que rechazó las reglas de la industria se haya convertido uno de los fenómenos culturales más masivos de la Argentina? Desde la producción de sus discos hasta la organización de sus recitales, desde el vínculo con su público hasta la construcción de una comunidad capaz de sobrevivir a su propio fundador, la historia del Indio Solari y sus grupos también es la historia de una forma de crear, pensar, sentir y organizarse, con la autogestión como herramienta y filosofía de vida.
Por Francisco Pandolfi, Mariano Randazzo y Franco Ciancaglini
Mundo Chueco: Jorge Chueco Romero, sacerdote de Ciudad Oculta
Es cura en Ciudad Oculta. Todos los miércoles acompaña el reclamo de jubilados en el Congreso, donde aguanta los palazos y el gas pimienta. No cobra la asignación de la Curia, sino que vive de su trabajo como obrero y albañil. Una “camicharla” entre los murales del barrio: qué hacer con la vida, Bergoglio, el Indio, el peronismo, y una lista de cosas importantes.
Por Sergio Ciancaglini
El trava power: Las Simbióticas
Nacidas en las sierras cordobesas, mezclan cumbia, humor travesti y compromiso político. Entre canciones, risas y reflexión, sus integrantes reivindican la construcción de redes, la diversidad y la alegría como forma de resistencia.
Por María del Carmen Varela
Ser de luz: Nina Suárez
Acaba de sacar el disco El lado oscuro, donde enfrenta algunos fantasmas y ausencias familiares y amorosas, acaso dos versiones de lo mismo. Lo hizo con un power trío que se suena todo. Ella compone, canta y toca la guitarra de una manera conmovedora y que remite inevitablemente a su madre, Rosario Bléfari. Breve semblanza de una artista capaz de brillar con la oscuridad.
Por Franco Ciancaglini
Crónicas del más acá: GPS
Por Carlos Melone
Nota
La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina
Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.
Por Bernardina Rosini
El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.
El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.
Lo que no se puede creer
Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.
Varones
Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.
Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org
«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.
La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.
Dónde está Delicia
Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.
Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.
Justicia sin apellido
Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»
Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.
La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.
Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
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