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Sentencia por el 19 y 20: ¿justicia o impunidad?

A casi 15 años de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 el Tribunal Federal condenó al ex secretario de seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov, y a los ex jefes de la Policía Federal, Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, pero absolvió a los autores materiales de los crímenes.

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A casi 15 años de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, y a más de 2 del comienzo del juicio que investiga 5 de las muertes ocurridas, el Tribunal Federal Oral N° 6 condenó al ex secretario de seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov, y a los ex jefes de la Policía Federal, Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, pero absolvió a los autores materiales de los crímenes de Diego Lamagna (27), Gastón Riva (31), Carlos Almirón (23), Gustavo Benedetto (23) y Alberto Márquez (58).

Sentencia por el 19 y 20: ¿justicia o impunidad?

Foto: Nacho Yuchark/lavaca


La condena puede leerse como contradictoria: fue festejada por los organismos de derechos humanos pero dejó sin consuelo a los familiares de las víctimas. El gran ausente, ya sobreseído en 2012 por el juez Claudio Bonadío, fue el entonces presidente del país, Fernando de la Rúa

Condena y reacción

Cuando los jueces del Tribunal Oral Federal Nº6 de Comodoro Py entraron a las 16:04 a la Sala Amia, ubicada en el subsuelo del enorme edificio de la Ciudad de Buenos Aires, el ex secretario de Seguridad de la Alianza Enrique Mathov, sentado en el banquillo de los acusados como el único funcionario político que tuvo que responder por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, dejó sus dos manos quietas. Hasta ese momento, miraba un punto fijo, hablando poco con las personas que tenía a su alrededor, pero golpeando la mesa con sus diez dedos.
El presidente del Tribunal, José Martínez Sobrino, se sentó e inició la lectura de la sentencia. Pero se interrumpió. “Perdón, primero vamos a hacer entrar a los fotógrafos”, dijo. Entraron. Durante tres minutos, una docena de cámaras dispararon cientos de flashes contra los acusados.
Mathov seguía quieto.
Luego llegó el desenlace. Tras 140 audiencias de testimonios, análisis de videos y fotos, escuchas telefónicas y de modulaciones policiales, y más de 300 testigos, pero sobre todo después de casi 15 años, Mathov escuchó al Tribunal que lo condenó a 4 años y 9 meses como autor penalmente responsable de los homicidios culposos de tres de los cinco asesinatos juzgados, y por las lesiones culposas de un centenar de heridos durante la represión. También, quedó inhabilitado para ejercer como funcionario público por casi diez años.
No fue el único. El Tribunal también condenó a al ex jefe de la Policía Federal durante la represión, Rubén Santos, a 4 años y una inhabilitación por 8. Las penas también alcanzaron al ex jefe de la Superintendencia Metropolitana Raúl Andreozzi  (3 años y seis meses) y el director general de Operaciones de la Federal Norberto Gaudiero (3 años).
Las otras condenas:

  • El subcomisario Carlos José López a 6 años de prisión;
  • El sargento primero Roberto Juárez a 4 años y seis meses de prisión;
  • Los agentes Gonzalo Firpo Castro y Víctor Belloni a 3 años de prisión en suspenso.
  • El subcomisario Omar Bellante recibió también la pena de 3 años en suspenso, al ser hallado culpable del delito de encubrimiento de una de las muertes.

Sin embargo, a pesar de esta serie histórica de condenas, para muchos presentes en la sala se trató de un fallo de impunidad, ya que el Tribunal absolvió a ocho efectivos que participaron de la represión: Eugenio Figueroa, Mario Seia, Norberto Sabbino, Sebastián Saporiti y Horacio Berardi, el comisario inspector Orlando Oliverio, Jorge Daniel Toma y Carlos Alberto Loforte.
Cuando el Tribunal terminó la lectura, los familiares estallaron. Empezaron a golpear los vidrios. Gritaban y lloraban. «¡Asesinos!», exclamaban. «¡Como a los nazis les va pasar!», decían. En el subsuelo de Comodoro Py, los familiares se abrazaban. «Tanto tiempo para esto», decía Karina Lamagna, entre lágrimas. Edda, la mamá de Gastón Riva, buscaba sostenerse de las columnas. «¡Quince años esperamos! ¡Quince! ¿Para qué? ¿Para que los dejen libres?».
La mujer se descompensó en las escalinatas.
«Estamos bien», buscaban reanimarla. «Lo logramos con Mathov. Tenemos que seguir».
La mujer de Alberto Márquez le decía a uno de los abogados, que destacaba la condena a Mathov: «Yo entiendo lo que decís, pero el que asesinó a mi marido quedó libre».

Sentencia por el 19 y 20: ¿justicia o impunidad?

4 años y 9 meses de prisión para Enrique Mathov. Foto: Nacho Yuchark/lavaca

Los culpables

En estos dos años de juicio, las defensas de las víctimas, en particular las de Diego Lamagna (27) y Gastón Riva (31), representadas por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), se dedicaron a mostrar con un alto nivel de detalle cómo lo que pasaba en el centro de la Ciudad era dirigido desde la Casa Rosada.
El juicio investigaba los cinco homicidios y las heridas y lesiones provocadas a 117 personas, todo ocurrido en Capital Federal durante la madrugada del 19 y el día 20 de diciembre de 2001. La causa principal involucra a responsables del Ejecutivo y altos mandos policiales, algo inédito en la justicia argentina; otras causas conexas buscan determinar la responsabilidad de 11 efectivos policiales como autores materiales.
El gran ausente de la lista de juzgados, señalado unánimemente por los familiares en la sala, es el ex presidente Fernando de la Rúa, sobreseído por el juez federal Claudio Bonadio en marzo de 2012.
Los argumentos que conectan las muertes con los responsables del operativo demostraron abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y la ruptura del principio de confianza: no se podía confiar el día 20 en una policía que ya el 19 había matado al menos a una persona (Jorge Cárdenas) con bala de plomo. Para ello, durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio se citaron una serie de declaraciones –muchas de efectivos de la propia fuerza- que identificaron, en líneas generales, las siguientes responsabilidades:

  • Enrique Mathov: según los testimonios mantuvo una reunión el día 19 de diciembre de 2001 con el ministro del Interior, Ramón Mestre (el otro funcionario del Ejecutivo en la causa, fallecido en 2003), el jefe de la Policía Santos, el subjefe Andreozzi, Raúl Andreotti y los jefes de Prefectura y Gendarmería. Los testigos señalaron su “persistencia” en la orden de desalojar la Plaza de Mayo “a cualquier precio” y caracterizaron su “dureza”.
  • El entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, también formó parte de esa reunión y habría sido uno de los más activos impulsores del plan de concretar el operativo en esos términos. Si Mathov estaba encargado de la coordinación y supervisión, Santos era el brazo ejecutor. Según las pruebas reunidas fue quien dio la orden de desalojar la Plaza de Mayo el 20 de diciembre. Se consideró su conducta “imprudente”, ya que sólo “incrementó riesgos”.
  • Raúl Andreotti, en aquel momento Superintendente de Seguridad Metropolitana, al igual que el director general de operaciones Norberto Gaudiero son señalados por haber coordinado la represión desde la Sala de Operaciones, ordenando “envíos de personal” a determinados puntos de la ciudad, de un modo que provocó más violencia, heridos y muertes.

La indagatoria a Enrique Mathov, ex secretario de seguridad puede leerse en la web de lavaca.

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Foto: Nacho Yuchark/lavaca

La defensa

La estrategia de la defensa de Mathov trató siempre de separar el “qué” y el “cómo”: planteó que el alcance de una orden no puede tener consecuencias penales. Según relató el abogado Rodrigo Borda, del CELS, las defensas se dirigieron al “cómo”: dicen que las muertes fueron hechos no esclarecidos (quién fue, en qué momento) y que no hay pruebas suficientes para determinar quién dio las órdenes.
El caso del homicidio de Cárdenas, si bien no estaba siendo juzgado, fue uno de los pilares argumentativos para la causa que investiga a los mandos jerárquicos: Jorge murió en las escalinatas del Congreso la madrugada del 19 de diciembre, un día antes de la represión sistemática que provocó la mayoría de las muertes. Las querellas y los fiscales argumentaron que este hecho es suficiente para determinar el cese del “principio de confianza” en los efectivos policiales. Es decir: la policía había actuado con armas de fuego un día antes de impartir las órdenes para un violento operativo.
Lo que definía el juicio, en la práctica, no sólo era el juzgamiento de la represión institucional más grande desde la vuelta de la democracia, sino una discusión atada a ello: la autonomía o no de las fuerzas de seguridad. O sea: si actuaron más allá de las órdenes recibidas.
Durante las audiencias el abogado Borda planteó: “Lo que caracteriza a nuestra democracia en particular es que las fuerzas de seguridad se cuadran a las personas que son votadas por los ciudadanos. Desde el punto de vista institucional es muy significativa la declaración de Mathov; que un secretario de Seguridad se desligue tiene efectos terribles. Es tanto como blanquear la autonomía de las fuerzas de seguridad”.
Así, la causa abre un paralelo con discusiones que no son solamente jurídicas y que exigen avances en materia penal para jerarquías antes intocables. Lo demuestran los juicios que investigan el asesinato en Neuquén del docente Carlos Fuentealba, que trepa hasta el entonces gobernador Jorge Sobisch o la causa que recientemente negó el sobreseimiento a Mauricio Macri y otros funcionarios porteños por la represión en el Hospital Borda; y la del Parque Indoamericano, entre otras, que también investiga responsabilidades ejecutivas.

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Foto: Nacho Yuchark/lavaca

El mensaje del fallo

El clima fuera de Comodoro Py, era de un triste silencio. Había muy pocas personas en la calle. Una bandera por Gastón Riva, otra que recordaba a Carlos “Petete” Almirón, una más que cruzaba la valla con los nombres de algunas de las personas asesinadas durante la represión, y una carpa del Espacio Memoria donde se reprodujo el documental 19/20. Nada más.
Ni banderas, ni bombos, ni partidos políticos. No hubo movilización.
Ese vacío se profundizaba en contraste con la magnitud de lo que se estaba por sentenciar, ni más ni menos que el hecho social que marcó a fuego un país, una década y una generación, con la posibilidad de un fallo que condenara por primera vez en democracia a un funcionario político como responsable de una represión, en una coyuntura donde la conflictividad social no cesa.
Por los pasillos de Comodoro Py, antes del veredicto, Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, dijo a lavaca: “La sentencia tiene mucha importancia porque, de alguna manera, un fallo condenatorio pone un límite. Por lo menos advierte la responsabilidad penal de funcionarios que ordenan represión policial en conflictos sociales en Argentina. En los últimos años ha habido represiones que ya no se veían, pero en los últimos meses del actual gobierno se han visto represiones brutales como Cresta Roja, y se empiezan a ver prácticas de funcionarios policiales cargando armas de fuego. En ese sentido, esta sentencia, que llega 15 años tarde, llega también en un momento oportuno para dar un mensaje político desde la justicia: en un sistema democrático no se debe reprimir la protesta social”.

¿Todo es política?

Los llantos y los abrazos entre los familiares de los asesinados después de la sentencia continuaron fuera del Tribunal. “La sensación es de dolor”, resume Hebe Márquez, hija de Alberto Márquez, a lavaca.
“Dolor de vernos alrededor a todos nosotros, que estamos hace 14 años y medio haciendo todo lo que se tuvo que hacer para que esto salga a la luz, con todas las pruebas, testigos, fotos, videos, con todo el trabajo que se hizo, para que realmente se culpe a los responsables y vayan presos. Pero fueron absueltos. A algunos les dieron poquitos años. Estamos hablando de 3 o 4 por muchísimas muertes. Y al responsable mayor, al que le disparó a mi papá, lo absolvieron (Orlando Oliverio). Fue una ingrata sorpresa. Nadie se lo esperaba. De pocos años a nada es muy impactante. Estamos demasiado dolidos, con mucha bronca. Bronca de querer que nos escuchen, de querer que la cosa se revierta. Es demasiado”.
¿Y la condena a Mathov? “Es lo único que tal vez no esperábamos que sucediera y sucedió”, dijo. “Eso fue lo único positivo para nosotros. Como un reconocimiento. Fue la cabeza. Pero esto continúa. Y que se haya hecho juicio también es algo. Pero vemos cómo se mueve adentro: todo es política. Con tantas pruebas, se supone que está más que claro cómo fueron las cosas”.

Una condena pequeña

Por su parte, los abogados se mostraron conformes con la condena a Mathov. “La condena a un responsable político es fuerte como señal de que no se puede reprimir la protesta social”, afirmó Rodrigo Borda, del CELS, en rueda de prensa. “Y si se reprime, el gobierno es responsable. Por lo menos los funcionarios. A mí me resulta muy difícil hacer una lectura negativa de eso. Es la primera vez que ocurre este tipo de fallo. Después, hacia abajo, habría que ver la calificación de los hechos que se dieron en la Avenida 9 de Julio: me llaman la atención algunas absoluciones. A veces, el Tribunal, por buenas o malas razones, adopta la versión de la contraparte”.
Similar lectura tuvo el abogado Rodolfo Yanzón, otra de las querellas. “Fueron condenados los máximos responsables de lo que fue el operativo represivo”, dijo a lavaca.
“Esto es un dato bastante positivo. Porque están hablando de personas que no ejercieron violencia en la calle, sino desde sus oficinas. Lo negativo fue cómo se interpretaron los hechos de la 9 de Julio, donde teníamos filmaciones de los policías disparando a gente que estaba guareciéndose solo en los árboles, y ahí sí estamos sorprendidos con algunas absoluciones y por el modo en que calificaron los hechos. Habíamos pedido penas por homicidios agravados y tentativa de homicidio y aplicaron una figura bastante menor, que es lo que redujo la pena: homicidio de agresión. Esto lo vamos a analizar cuando presenten los fundamentos. Lo que pasó hoy es sólo un paso más en el andamiaje judicial. Vamos a tener algunos años más de trabajo. Hay que aclarar que habíamos llegado a un juicio bastante acotado, porque las víctimas son muchas más. Y la sentencia también acota la cantidad de víctimas. Tuvimos un juicio pequeño y llegamos a una condena pequeña”.

Los sonidos del silencio

Los familiares, de a poco, se abrazaban y se despedían. Ya no quedaba mucho por hacer. Edda, la mamá de Gastón Riva, buscaba reponerse, sentada sobre un cantero. Marta Pinedo, viuda de Alberto Márquez, contestaba a los abogados que hablaban de lo inédito del fallo contra Mathov, y entonces pronunció la frase: “Yo entiendo lo que decís, y es importante, pero el que asesinó a mi marido quedó libre”.
Entre las familias, nuevamente, surgían de algún lugar palabras de ánimo: “La lucha sigue”.
María Arena, compañera de Gastón Riva: “Estaba muy nerviosa. La verdad es que en el caso de Mathov y de Santos pensé que la pena iba a ser menor. Que iba a ser excarcelable. No me parece poco. Pero, lamentablemente, pienso en mis tres hijos que no entienden, y que quieren ver preso al asesino de su papá”.
La respuesta de María dejó la calle en silencio.

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

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Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial.  Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal.  Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos  los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en  el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia. 

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

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Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes, resaltó.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

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