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Mapuche vs. las corporaciones: comienza el juicio por extradición a un lonko

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Este miércoles comienza en Esquel el juicio de extradición a Facundo Jones Huala, el lonko mapuche detenido tras la represión desatada en la recuperación de tierras que la comunidad había iniciado en estancias de Benetton. Se espera una fuerte movilización social, que incluso llega hasta las calles porteñas con una concentración frente a la Casa de Chubut. Jones Huala habló con lavaca desde la cárcel y contó por qué se considera un preso político: “Acá no se está enjuiciando a una persona, sino a la lucha de un pueblo”.
El teléfono suena en el pabellón 5 de la Unidad Penitenciaria Federal N°14 de Esquel.
-Pabellón 5 –contesta una voz.
-Buenos días, quisiera hablar con Facundo Jones Huala.
-Soy yo.
Facundo Jones Huala es el lonko del lof mapuche del Departamente de Cushamen, en el paraje Vuelta del Río, una recuperación de tierras ancestrales que la comunidad inició el 13 de marzo de 2015 en una de las estancias de la multinacional Benetton. Sufrieron persecuciones, amenazas, represiones y una causa que intentó aplicarles la Ley Antiterrorista.
Esa reclamo sumó un capítulo el 27 de mayo de este año, cuando un violento despliegue de efectivos policiales, Gendarmería y GEOP se llevó detenido a Jones Huala por un pedido de captura desde Chile. Ese mismo día, horas después y con el lonko ya preso, las fuerzas policiales volvieron a la recuperación y desalojaron a golpes y gases lacrimógenos. Hubo heridos y detenidos, y dos mujeres con cuatro niños –el menor de 1 mes, el mayor de 8 años- pasaron la noche a la intemperie, con 10 grados bajo cero, custodiadas por Gendarmería.
Este miércoles comienza en la sede del Escuadrón N°36 de Gendarmería Nacional la audiencia por la solicitud de extradición efectuada por Chile para juzgar a Jones Huala por los delitos de incendio, tenencia ilegal de armas de fabricación artesanal y municiones e ingreso clandestino al territorio chileno.
Jones Huala, que atiende a lavaca desde la prisión, se define como un preso político.
Desde la cárcel
Jones Huala fue uno de los mapuche que habló con MU cuando esta revista viajó a Esquel para hacer un reportaje del reclamo. MU estuvo en la recuperación y habló con el lof que la Justicia provincial perseguía por terrorista (https://www.lavaca.org/notas/violento-desalojo-a-una-comunidad-mapuche-en-esquel-se-llevaron-a-mujeres-y-ninos-a-la-rastra/). Esa misma causa vinculaba dos procesos que en Esquel interpretan como las caras de una misma moneda: la cuestión indígena y el extractivismo. En el marco de ese proceso judicial se descubrió que un agente de inteligencia espió ilegalmente a activistas, vecinos y asambleístas del movimiento No a la Mina.
Ahora Jones Huala habla desde la cárcel. Dice que llega al juicio con la “moral alta”, confiando en la movilización en la calle. En Esquel hay volanteadas y pintadas que los días previos fueron anticipando el comienzo de la audiencia, mientras en la Ciudad de Buenos Aires se convoca a una concentración en la Casa de Chubut (Sarmiento 1172) a las 11, misma hora del juicio.
-¿Cómo evalúas todo lo que ha ocurrido? La detención, las represiones, la movilización
Yo lo interpreto como un mayor grado de conciencia, de organización o reorganización de las comunidades mapuche, mientras del otro lado está la respuesta opresora de los estados opresores y las empresas para salvaguardar sus intereses. La respuesta judicial es política. No le queda otra al Poder Judicial que responder con las únicas herramientas que tiene: la judicialización es una herramienta política. Y eso viene en yunta con la represión, que también es política, acompañada por una gran campaña mediática de la prensa burguesa contra el movimiento mapuche autónomo las comunidades en resistencia, que van alimentando el fantasma de terrorismo. Pero no es así: lo que acá está pasando es la criminalización de una respuesta política, filosófica, ética. Eso pasa cuando hay actores políticos conscientes de la acción. Es la represión de los estados al servicio del capital. Ahora mismo la ciudad de Esquel está totalmente militarizada por el juicio. Han llegado camiones de gendarmes, fuerzas especiales, infantería, GEOP, policía federal, gente de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), hay drones. Es un despliegue impresionante.
-¿Por qué pensás que ocurre ese despliegue?
-Aquí se está persiguiendo una propuesta política de un pueblo que se levanta y es consciente de ese derecho, de ese proceso de politización, que implica un ejercicio y una práctica de nuestros derechos territoriales. Eso es lo que asusta al estado. Y si bien nosotros no planteamos una propuesta de toma de poder huinca (término mapuche para referirse a los conquistadores), sí planteamos una reconstrucción del poder mapuche. Nuestra propuesta cultural es política, entendiendo la cultura como forma de vida y no como folklore. Es un proceso de reconstrucción del mundo mapuche, y a eso le temen. La ley mapuche es lo que reivindicamos como práctica política: no es escrita y plantea una situación de armonía y equilibrio entre todos los elementos de la naturaleza. En este momento estamos más fortalecidos que nunca, cada vez más unidos y hay un proceso de conciencia cada vez más creciente, tanto en el campo como en la ciudad. Hasta en la misma policía. El otro día hubo unos lamien (hermanas) que estaban pegando carteles y la policía las detuvo, pero la oficial se puso a llorar y les pidió disculpas porque era nieta de un lonko y dijeron que la detención era una orden de arriba de detener a cualquiera que hiciera acciones públicas a mí. Hasta en esos lugares se van generando todo un proceso de conciencia.
La criminalización
El conflicto que origina esta causa es la lucha mapuche por la defensa del río Pilmaikén contra la instalación de centrales hidroeléctricas, en Chile. “Todo comienza cuando a la machi Millaray Huichalaf, la autoridad política, filosófica y ética, la cara visible de la lucha, le producen un allanamiento donde son 6 las personas detenidas: una de ellas fue Facundo, donde tuvo que cumplir 8 meses de prisión preventiva en un penal de alto riesgo”, explica Sonia Ivanoff, abogada de Facundo Jones Huala. “Luego cumplió arresto domiciliario, y no se presentó a los juicios que se hicieron. Por eso ordenan extraditarlo”.
Ivanoff: “Es importante tener en cuenta que en el juicio de extradición no se analizan los delitos de fondo: sólo es cuestión de evaluar si se dan ciertos elementos para permitir o no la extradición. No es extraditable, por ejemplo, si se trata de un delito político, si existen vulneraciones a las garantías del debido proceso, si hay persecución por raza, religión y nacionalidad”.
La abogada se refiere, entre otros, al inciso d) del artículo 8 de la llamada “Ley de cooperación internacional en materia penal”, que establece que la extradición no procederá cuando:

  • “El proceso que motiva la extradición evidencie propósitos persecutorios por razón de las opiniones políticas, la nacionalidad, la raza, el o la religión de las personas involucradas o hubiese motivos fundados para suponer que esas razones pueden perjudicar el ejercicio del derecho de defensa en juicio”.

Ivanoff sostiene que otra de las variables es que pueda ser juzgado por esos delitos en Argentina. “Como defensa ofrecimos elementos de cargo para repeler la extradición, tanto a nivel documental como testimonial. Hemos ofrecido un cuerpo de pruebas que nos van a permitir de alguna manera confirmar que Facundo tiene el carácter de preso político, porque de lo que se está hablando es la criminalización de la defensa de un derecho territorial”.
Quién es el terrorista
La recuperación mapuche motivó una denuncia de Benetton por “usurpación” que la Justicia provincial activó bajo el encuadre de la Ley Antiterrorista. Esa interpretación fue desestimada por el Juzgado Federal de Esquel, a cargo del doctor Guido Otranto, el mismo que tendrá en sus manos este miércoles la decisión de la extradición. La causa por terrorismo pasó luego a la Corte Suprema, que en nueve líneas rechazó la interpretación de la justicia provincial.
Según el dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte, Víctor Abramovich:

  • “Los acontecimientos bajo análisis están enmarcados en una protesta llevada adelante en reclamo de derechos sociales, lo que ameritaría aplicar, eventualmente, la excepción prevista en el artículo 41 quinquies del Código Penal, en la medida que prevé que ´las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional´”.

Martiniano Jones Huala, integrante de la red de apoyo a la recuperación, fue uno de los imputados en esa causa. Es decir, para la Justicia provincial era  un “terrorista”. Fue absuelto. ¿Qué piensa de esta situación? Dice a lavaca: “Llegamos fortalecidos, hemos sumado mucha gente, al juicio viene por ejemplo el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Es un juicio que no debería hacerse, está fuego de lugar. Pero es el precio que tenemos que pagar por el lugar donde vivimos. Ni siquiera es un problema racial con los terratenientes, sino que el problema comienza cuando tocás sus intereses. Ahí se transforman”.
Desde la red de apoyo no creen casual el despliegue de las diversas fuerzas en Esquel en la semana del juicio de extradición. “Están pasando por las calles colectivos llenos de gendarmes de otros puntos del país, la GEOP ya está instalada y todos los días hay helicópteros que pasan a vuelo rasante sobre la ciudad. ¿Justo esta semana?”, dicen a lavaca.
Martiniano: “En mi cabeza no está la extradición. Sería un paso en falso grave de la justicia. Hoy es Facundo, pero mañana puede ser cualquier otro. La sociedad no se tiene que hacer la distraída”.
La defensa es política
Facundo Jones Huala, desde la cárcel: “Esto es un movimiento político filosófico ancestral que se está levantando. Acá no se está enjuiciando a una persona, sino a la lucha de un pueblo, que es colectivo. Pase lo que pase, el pueblo mapuche va a seguir creciendo en el ejercicio de nuestros derechos. En mi expectativa yo me apoyo en la gente. Consiga lo que consiga va a ser el resultado de la movilización política y social, y voy a basar mi defensa en una defensa política. No me interesa si me llevan a otro lado o me dejan acá: voy a seguir levantando mi voz, siempre aportando a la lucha como un militante y una autoridad mapuche”.
-¿Cómo fueron estos tres meses en prisión?
-Sigo estudiando, elaborando política, analizando la realidad, tratando de aportar al proceso desde afuera y ser un canal de expresión de todo lo que sucede. Es lo que uno intenta: seguir siendo un actor político en la cárcel. Aquí hay mapuche por causas comunes y la idea es hacerle entender que es una lucha por todos, incluso los mismos agentes del servicio penitenciario. Son mapuche. Es parte de la misma historia de colonialismo y opresión. En ese sentido es muy positivo todo lo que se puede llegar a generar. Hay una situación de organización y de concientización que se expresa en el ejemplo del policía: si a un oficial le tiembla la mano y duda de su condición, nuestra lucha no es tan desacertada. Tiene mucho contenido, no sólo político, sino mucho contenido humano. Y logramos lo que siempre planteamos, al menos a nivel local: un debate político en la sociedad.
¿A qué te referís con defensa política?
-Yo estoy preso por causas políticas. Y lo único que no es extraditable son los delitos políticos. La cárcel y los tribunales son tribunas políticas para poder expresar los deseos y propuestas políticas de nuestro pueblo. Esto no es algo nuevo: ya lo hizo Fidel en Cuba, Mandela, muchos militantes anarquistas, vascos, que han utilizado los tribunales como tribuna política. De ser acusados a ser acusador. Hay un análisis objetivo, certero: nadie nos puede rebatir a nosotros que somos la mano de obra de la oligarquía, que tiene relación con las empresas, el Estado, las multinacionales, los medios. Por eso hay que invitar a la gente a comprometerse, a la gente mapuche a volver a su raíz, a involucrarse con sus comunidades. Y a los pueblos originarios a buscar soluciones a los conflictos en torno a sus dinámicas, sus propias culturales, y al resto del pueblo a alentar y a construir nuevos proyectos políticos. Las revoluciones son posibles. Yo me reivindico como un político revolucionario mapuche. Y hay que cambiar la opresión a la que han sometido a todos nuestros pueblos. Buscar la felicidad, la armonía, la fraternidad y reconstruir ese poder político dentro de nosotros mismos.

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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