La Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional sesionó en Esquel, a 72 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. También se reunieron con el juez Gustavo Lleral, quien les aseguró que la principal hipótesis en la investigación apunta a Gendarmería y que decidió que los abogados de la fuerza nacional ya no tengan vista de la causa. Una comitiva de la Comisión visitó en prisión al lonko  Facundo Jones Huala y también escuchó a las querellas y a representantes de las comunidades mapuche, en una reunión abierta a la comunidad. Las primeras conclusiones de las y los representantes de todos los bloques parlamentarios fueron expresadas en un comunicado consensuado, que resalta la necesidad de que «las instituciones del Estado construyan un vínculo de confianza” con la comunidad mapuche y que la paz se alcanzará “con una  resolución definitiva sobre el tema de las tierras”. Las impresiones que dejó este viaje en las y los legisladores y la comunidad Pu Lof en Resistencia.

“Le pregunté al juez si la hipótesis principal era la de desaparición forzada y dijo que sí: esa es la hipótesis que ellos están investigando”, dijo a lavaca la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Nación, Victoria Donda (Libres del Sur), tras la reunión de los representantes de todos los bloques parlamentarios  con el juez Gustavo Lleral, que instruye la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Precisó Donda: “La hipótesis del juez es que Santiago fue visto por última vez durante la represión de Gendarmería”.  La Comisión de DDHH sesionó en Esquel a 72 días de la desaparición forzada del joven de 28 años y recibió los testimonios de integrantes de la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, de la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, de organismos de derechos humanos y también de Noelia, una amiga de Santiago, quien advirtió: “Caerán gendarmes, pero no los verdaderos responsables”.
De esta sesión extraordinaria de la Comisión participaron además de su presidenta, Victoria Donde, los diputados Daniel Lipovetzky (Cambiemos), Facundo Moyano y Horacio Alonso (Frente Renovador), Juan Carlos Giordano y Nathalia González Seligra (FIT), Silvia Horne (Movimiento Evita) y Santiago Igon, Walter Santillán y Oscar Martínez (FpV). Algunxs diputadxs visitaron al lonko Facundo Jones Huala en la Unidad 14 de Esquel, preso desde el 27 de junio a la espera de un juicio de extradición a Chile, causa por la que fue juzgado el año pasado.
Las primeras conclusiones de este viaje fueron sintetizadas en un comunicado consensuado por todos los legisladores que participaron:
“Los miembros de la comisión de Derechos Humanos aquí presentes queremos expresar la necesidad de construir un vínculo de confianza entre las distintas expresiones del Estado y la comunidad mapuche. Es la única manera de lograr el esclarecimiento sobre las circunstancias que lamentablemente terminaron con la desaparición de Santiago Maldonado, así como lo que permitirá arribar prontamente a una solución de fondo. No obstante, la síntesis de ese encuentro es que la resolución definitiva sobre el tema de la tierra es lo que va a traer paz a los sectores hoy en conflicto, comunidades que se encuentran desde hace tiempo en evidente vulneración de sus derechos humanos más básicos.”

Sobre la visita Soraya Maicoño, vocera de la comunidad Pu Lof en Resistencia, sintentizó en una entrevista realizada por Radio Kalewche: “La Comisión realizó dos hechos concretos y, en ese sentido, importantes. El primero, visitar en prisión al lonko Jones Huala, poniéndose al tanto de la persecución política hacia el pueblo mapuche en general y hacia él en particular. Nos pareció interesante e importante que lo hayan escuchado y hayan observado la situación. Y luego, en la reunión que se realizó después, también pudieron escuchar a todos los hermanos mapuche presentes, denunciando sus problemáticas, que para todos es la misma, y que plantearon la situación con claridad y con precisión. Duró casi tres horas, con gran cantidad de público. Ahora lo que esperamos es que no quede en la nada, sino seguir trabajando con compromiso. Creo que pudieron entender lo fundamental: a Santiago Maldonado lo desaparecieron en el contexto de un reclamo concreto, no sólo en cuanto al reclamo de la tierra, sino de la criminalización y judicialización de ese reclamo por nuestros derechos que el Estado incumple”.

Victoria Donda (Libres del Sur): “El tipo penal de la desaparición forzada debe incluir a las y los funcionarios que por acción y omisión permiten que el delito se siga cometiendo”
¿Cuál es la importancia que la Comisión viajara y sesionara en Esquel?
Victoria Donda: Es importante haber tomado contacto con la comunidad. Los abogados defensores en la ciudad de Esquel tienen que ver que hay un respaldo político. Y, también, involucrarnos y esforzarnos para obtener una solución de fondo, que es la tenencia de la tierra. Eso también se está discutiendo: la desaparición de Santiago Maldonado y la detención de Facundo Jones Huala tienen que ver con la discusión sobre la propiedad de la tierra. Eso es lo que no resuelve el Estado: al dejar el problema latente, cada vez se va agravando más.
¿Cuál es el rol del Poder Legislativo, en tanto uno de los tres poderes del Estado, en el marco de una desaparición forzada en democracia?
Victoria Donda: Primero, evaluar si la legislación que tenemos hoy es acorde a las necesidades. La evidencia es que no. Hay que modificar el artículo N° 142 ter del Código Penal (el que tipifica la desaparición forzada de personas) para que el tipo penal incluya a los funcionarios que, por acción u omisión, permiten que se continúe cometiendo el delito de desaparición forzada. Eso fue lo que expuso en la sesión la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia. En segundo lugar, también, evaluar la importancia de contar con un protocolo de actuación para fijar cuáles son las acciones que tiene que llevar adelante el Estado ante un caso de desaparición forzada. Como no lo tenemos, cada actor termina haciendo lo que quiere.

Daniel Lipovetzky (Cambiemos) : “Estamos aquí para darle apoyo al nuevo juez y mayor seguridad a los testigos”
La diputada Donda contó que efectivos de civil siguieron a su comitiva hasta un bar y les sacaronn fotos. Consultado al respecto, el diputado de Cambiemos, Daniel Lipovetzky, dijo a lavaca: “Hay un clima de preocupación, y eso lo transmitieron las comunidades: desde hace mucho tiempo  hay cuestiones vinculadas a investigaciones e  inteligencia ilegal. Nos contaban que hay una causa donde están involucradas desde el año 2015 un agente de la AFI, dos miembros de la policía y dos fiscales. Es una causa que hay que seguir de cerca, porque es muy grave”.
¿Qué importancia tuvo para usted la sesión en Esquel?
Daniel Lipovetzky: Luego de la primera reunión que tuvimos después de la desaparición de Santiago, yo fui uno de los que dijo que me parecía importante reunirnos en Esquel para darle mayor seguridad a muchos testigos que tenían miedo de declarar. Pasó un tiempo y ahora estamos aquí para darle apoyo al nuevo juez: lamentablemente se perdieron muchos días valiosos con Otranto, que no estuvo a la altura de las circunstancias.
¿Qué evaluación hace de la reunión con el juez Lleral?
Daniel Lipovetzky: Muy medido con sus declaraciones porque no puede prejuzgar, por supuesto, pero sí dijo algunas cosas interesantes. Primero, le preguntamos cuál era el grado de apoyo que tenía de los diferentes poderes, sobre todo del Ejecutivo y las fuerzas de seguridad: dijo que absoluta. Nos dejó tranquilos con respecto a que los tres poderes están consustanciados con la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y, por supuesto, que va a profundizar las hipótesis. En base a lo que investigó cree que hay algunas hipótesis que tienen más fortalezas que otras, y sobre esas va a tomar medidas más fuertes.
¿Qué hipótesis tiene más fortaleza que otras?
Daniel Lipovetzky: No lo dijo, pero creo que son las que tienen que ver con las cosas que van surgiendo: una de las posibilidades es que sea una posible intervención de algún miembro de Gendarmería. Otra que va a investigar: va a pedirle información a Chile sobre si hay posibilidad de que Santiago esté allí. También adelantó que va  profundizar la búsqueda de Santiago en los lugares donde posiblemente haya desaparecido, que es en el lugar del corte y del río.
Usted ¿qué evaluación hace del caso?
Daniel Lipovetzky: Hay que investigar todas las hipótesis, incluida la más alta calificación que se le ha puesto a la causa, que es la de desaparición forzada. Por supuesto, en lo personal, no coincido con esa calificación porque no creo que el Estado tomara una decisión de encubrir ni participar en la desaparición. Pero más allá de eso, cuando la Justicia investiga, tiene que investigar hasta la hipótesis más grave, en este caso la desaparición forzada, para ir descartando cualquiera de ellas hasta llegar a la verdad. Desde ahí, me parece que está bien encaminado todo lo que se está haciendo hoy desde la Justicia.
Ante una hipótesis de desaparición forzada, sí hay una participación del Estado: la Gendarmería es una fuerza nacional y quienes participaron son agentes del Estado.
Daniel Lipovetzky: Sí, pero no es una participación institucional orgánica. Todo esto tiene que probarse de manera fáctica, pero lo que yo creo que se va a terminar acreditando, si se certifica la intervención Gendarmería, es la de un miembro que pudo haber cometido un hecho ilícito. Y por ese hecho ilícito tiene que ser juzgado y, si se comprueba, condenado. En Argentina se terminó la impunidad de todo tipo: de los uniformados, de los sindicalistas mafiosos y de los funcionarios corruptos. En ese marco, si hubo un miembro de Gendarmería que cometió un delito tiene que ser juzgado y condenado, pero eso no significa que haya habido una voluntad orgánica de participar en esta desaparición.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sí puntualizó en el accionar posterior del Estado, en particular sobre el Ministerio de Seguridad, y manifestó su alta preocupación. Un ejemplo: aseguró que el Ministerio introdujo falsas hipótesis dentro del expediente.
Daniel Lipovetzky: El Comité tiene que expresar su preocupación, es lógico. Por eso también como Comisión de Derechos Humanos estamos acá. Habrán hecho algunas consignaciones que le generan preocupación. No tengo tan claro que haya cuestiones en el expediente que hayan sido implantadas desde el Ministerio de Seguridad. De todas maneras, lo que luego hay que hacer es una evaluación, tanto jurídica y política, para ver qué pasó. Pero esa es una evaluación que hay que hacer una vez que se determine qué pasó con Santiago Maldonado.
La propia ministra de Seguridad ubicó a su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, en el lugar de los hechos que culminaron con la desaparición de Maldonado. Él también lo reconoció en diversas entrevistas e incluso Gendarmería confirmó en documentos internos que estuvo coordinando las acciones en la Patagonia.
Daniel Lipovetzky: Él vino a una reunión vinculada con la seguridad regional en Bariloche, luego se trasladó a Esquel, pero no por el proceso de desalojo del 1 de agosto que hubo en el corte. Pareciera que ese argumento tiene sentido teniendo en cuenta que si bien era una orden dada por el juez, no parecía tan importante como para que el jefe de Gabinete de la ministra de Seguridad esté acá. De todas maneras, otro miembro de la Comisión le preguntó al juez sobre esto: dijo que lo va a investigar, no en esta causa, sino en la de desaparición forzada. Ahí es donde deberá determinarse si tuvo o no algún tipo de participación. Está bien que haya una hipótesis a investigar: la causa por desaparición forzada tendrá que seguir esta línea.
¿Qué evaluación hace del accionar de la ministra Bullrich?
Daniel Lipovetzky: Hoy le pregunté al juez sobre qué grado de apoyo tenía del Estado y dijo que tenía apoyo absoluto. Y en ese punto es una buena evaluación de lo que está haciendo la ministra hoy, apoyando la investigación judicial. Después – y esperemos que Santiago aparezca con vida y se sepa lo que pasó-, hay evaluaciones que tendrá que hacer el propio Presidente, no ahora sino con la investigación judicial resuelta. Por supuesto que pudo haber habido alguna declaración mejor que otra, pero en general uno tiene que evaluar lo que hizo: sumarios a los gendarmes y poner a disposición de la Justicia el Ministerio. Todo lo otro son evaluaciones políticas que tendrá que hacer el Presidente.

Nathalia González (FIT): “Le preguntamos al juez por el rol de Noceti”
“Vinimos con muchas expectativas de poder hablar con las comunidades. Es difícil conocer la realidad que viven sin venir al territorio”, dijo a lavaca la diputada Nathalia González, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). “Por otro lado, la expectativa era también política: queríamos poder impactar en la región y poder generar un hecho político para conmover al Poder Judicial y al poder político. Eso significaba, también, darle fortaleza a la comunidad para avanzar en encontrar la verdad en la investigación de la desaparición de Maldonado y determinar la responsabilidad de los efectivos de Gendarmería, de los máximos responsables de esa fuerza y de los responsables políticos. Hablando con los vecinos aquí en Esquel la desaparición es una cuestión que a todos angustia, preocupa: han recibido la visita de innumerable cantidad de fuerzas. Es muy intimidatorio y, lo que notamos, es una situación de alerta permanente”.
La diputada González subrayó la dificultad que contó la Comisión para trasladarse a Esquel. “No contábamos con el aval institucional, pero vinimos. Fue gratificante: estuvimos con los organismos que desde el día 1 han denunciado toda la situación de represión y lo que ocurrió con Santiago. También hablaron decenas de referentes de las comunidades de las zonas: no sólo plantearon la urgencia por la aparición con vida de Santiago, sino también las denuncias por el hostigamiento brutal que sufren, incluso estos días. Hubo testimonios de referentes de la comunidad Vuelta del Río, a quienes les quemaron las viviendas después de denunciar el allanamiento del 18 de septiembre. Viven una situación de amedrentamiento y faltas de garantías permanente”.
¿Le comunicaron ese amedrentamiento al juez Lleral?
Nathalia González: Es una cuestión preocupante que le llevamos. Lamentablemente no nos dio respuesta. Preguntamos qué medidas iba a tomar para garantizar la integridad tanto de los testigos como de la familia de Santiago. El juez planteó que él mismo considera que no tiene todas las garantías, que no las puede dar y que está tratando de instruirse en la causa. Es un sabor amargo: no planteaba herramientas para que la comunidad se sienta protegida y poder seguir denunciando. Dijo que tendió un diálogo con la comunidad: él mismo dijo que tenía que hacer toda una serie de maniobras para llegar sin las fuerzas de seguridad, lo que habla de la militarización de la zona. También le preguntamos si tenía una línea de investigación alrededor del principal responsable del operativo donde desaparece Santiago, que es Noceti: se reservó a contestarme. Lo que sí hay que rescatar es que dio lugar a una demanda concreta de la familia: apartó a Gendarmería del acceso de la causa. El juez accedió a ese planteo.
¿Qué dijo sobre la hipótesis de desaparición forzada?
Nathalia González: Se lo preguntamos explícitamente: dijo que desde el día en que asumió la causa hasta el momento no tiene probatoria de otra hipótesis.

Silvia Horne (Movimiento Evita): “El conflicto que subyace todo es el problema de la tierra de las comunidades originarias”.
“Pudimos oír los testimonios y el conflicto que subyace y atraviesa todo: el problema de la tierra de las comunidades originarias”, dijo a lavaca Silvia Horne, diputada por Río Negro del Movimiento Evita. “También pudimos reunirnos con el juez, a quien le transmitimos algunas de las preocupaciones que recogimos el día anterior, sobre todo la situación de temor que hay en la población por el nivel de militarización que tiene la zona. Nuestra preocupación era la presencia de Gendarmería en la investigación, pero aclaró que resolvió que no interviniera más ni tomara vista en el expediente. También hicimos hincapié en investigar las comunicaciones del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, y de la ministra Bullrich, ya que está absolutamente constatado la presencia de Noceti en el lugar, confirmada no sólo por él sino por el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, en su interpelación en la Legislatura”.
Horne dejó en claro que el juez Lleral debe actuar de “forma independiente”. Y agregó: “Nos confirmó que la hipótesis principal es que Santiago Maldonado fue visto con vida por última vez en el operativo que hizo Gendarmería en la zona”.
La diputada fue una de las que visitó al lonko Jones Huala en la Unidad 14. “Nos queda la preocupación de que no corresponde que esté sometido por segunda vez al mismo proceso. Tampoco creemos que corresponda la extradición”.
Horne resaltó que la Comisión estuvo “muy completa”, ya que contó con los bloques con representación en el Congreso. “Estamos muy conformes con haber ido. La comunidad de Esquel también esperaba una respuesta, un espacio donde poder expresarse. Es muy grave que a muchos años de recuperada la democracia hoy estemos viendo estos hechos con una persona desaparecida en un operativo de seguridad. Y ocultando el conflicto de tierras. Argentina tiene una deuda constitucional, ya que el Estado asumió el reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, mientras que el Código Civil reconoce los títulos comunitarios”.