Nota

Las minas abiertas de América Latina

Publicada

hace 14 años

21/07/2010

El 22 de julio es considerado el Día Internacional de Acción Contra la Minería a Cielo Abierto, aunque en realidad es apenas uno de 365 días en los que las comunidades que se oponen a la megaminería llevan adelante sus acciones para garantizar la vida y los derechos humanos frente a una industria que extrae todo y no deja nada, que expulsa habitantes y producciones, genera desempleo, chupa el agua y la contamina del mismo modo que lo hace con el aire y la tierra.

Este 22 habrá actividades desde Montreal, Canadá (encuentros, proyecciones, manifestaciones frente a los consulados de los países latinoamericanos y una marcha a la Bolsa de Comercio ) hasta Argentina, donde habrá también proyecciones y encuentros en lugares ya emblemáticos como Esquel, Andalgalá, Famatina, Tafí y Belén, entre otros. Pero el 23 de julio, y el 24 y cada uno de los siguientes días, continuarán las acciones de las asambleas y comunidades. El 16 de agosto, por ejemplo, es el próximo encuentro de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) esta vez en Santiago del Estero. Todo en simultáneo con la llegada de las empresas chinas como Shandong Gold Group y Hong Kong Betc Investment Group, que suscribieron un acuerdo con la provincia de La Rioja para el distrito minero El Oro, ubicado en el departamento de Chilecito. Del otro lado, las comunidades siguen movilizándose para evitar proyectos que afectan sus vidas, el presente y el futuro.
Aquí acompañamos estas actividades con un video de presentación de la jornada del 22, y otros materiales que hemos venido publicando en lavaca y Mu, que se suman a las emisiones de Decí Mu. En esta oportunidad Andalgalá, como caso testigo de las comunidades argentinas que dicen No a la minería.
Andalgalá: las minas abiertas
(Publicado en la revista Mu, marzo 2010)
El lugar bajo el algarrobo donde una comunidad en asamblea está frenando un proyecto minero que triplica en tamaño al mayor de los actuales, donde se armó una represión cosecha Bicentenario y una pueblada que quiere dar vuelta la historia, exhibe:
Banderas argentinas.
Una figura de medio metro de San Expedito, patrono de las causas justas y urgentes.
Una calavera con colmillos de vampiro, y la leyenda No a la minería.
Una imagen de Nuestra Señora del Valle, patrona de Catamarca, con una perforación en el brazo derecho debida al disparo de goma que le embocaron durante la represión que -puede verse- no excluyó a nadie. Se ha convertido en motivo de asombro popular, por cuestiones no tanto milagrosas como balísticas.
En un rincón, un clásico rostro del Che Guevara (que jamás habrá imaginado su rol póstumo y globalizado como un San Expedito del materialismo dialéctico).

Al algarrobo le han nacido instalaciones de media sombras, lonas, mesas, sillas de plástico, charlas y sueños para albergar a una asamblea cada vez mayor, y hay un péndulo sobre las llamas: en un tarrito que cuelga sobre el fuego, Marcela, Alejandro, Raúl, Teresita, Ana, Aldo y Graciela están calentando agua para el mate. En una enorme olla suele prepararse la polenta de cada día. Estas personas, y tantas otras, tomaron una decisión pacífica el 15 de febrero: sentarse en el camino comunero que va hacia el campamento de la mina Agua Rica, delante de las camionetas de la empresa y de una enorme retroexcavadora con ruedas de oruga que algunos han comparado con los exabruptos bélicos que muestra la película Avatar.
Los empleados mineros no iban sólos, sino custodiados por las denominadas “fuerzas del orden”. La represión subsiguiente hacia los asambleístas sentados tipo Gandhi, fue en 3d, o 4, si se tiene en cuenta la dimensión tiempo: les pegaron, balearon, gasearon y persiguieron todo el día y toda la noche. Hubo cientos de heridos, 40 detenidos. La comunidad respondió con una pueblada que atacó las oficinas de una minera, a la fiscalía que había mandado a reprimir y a la intendencia, pero sin lastimar a nadie. No hacían falta anteojos especiales para sentir el vértigo.
Andalgalá (Catamarca, 17.000 habitantes) significa Señor de la Alta Montaña en quechua. Allí puede verse la imponencia nevada del Aconquija, declarado Santuario de la Naturaleza. A 70 kilómetros, desde 1998 funciona una minera a cielo abierto cuyos desmadres contaminantes abarcan a cuatro provincias y que la justicia no termina de condenar: Minera Alumbrera. Y aún más cerca, a 17 kilómetros, el emprendimiento que por ahora frenó la comunidad, tiene un nombre ocurrente: Agua Rica. La patria minera es multinacional, con capitales turbios, y pasaportes canadienses.
Lo que aquí parece en juego es quiénes van a ser los señores de la alta montaña. Empresas, políticos y grupos de choque que confrontan a viejos, embarazadas y vírgenes, o una comunidad que quiere vivir. Dice Ana, jubilada: “El problema es que nos declararon la guerra”.
Dios es wi fi
Hasta hace poco, todo parecía centrado en el entusiasmo de los Vecinos Autoconvocados por la Vida de Andalgalá, que denunciaban a las mineras, al intendente peronista y al gobernador radical. El intendente José Perea no tenía un manejo convincente de las regalías mineras. Un fuerte momento de su gestión fue el anuncio de utilizarlas para convertir a Andalgalá en una ciudad Wi Fi, con fotos de un Cristo Redentor y el lema: “Dios es inalámbrico- Andalgalá Ciudad Wireless – Internet gratis Wi Fi – José Perea, de puño y letra”. Al margen de sus posibles lecturas, es difícil determinar si la publicidad hubiera pasado algún control de alcoholemia. El Wi Fi no fue eterno. “Sólo anduvo en algunos lugares, y por poquito tiempo” dice Martín.
En la misma línea progresista, el gobernador Eduardo Brizuela del Moral había anunciado en un acto público que Andalgalá se convertirá, gracias a la minería, en Vancouver (ciudad canadiense). Los catamarqueños seguían observando en silencio.

Cómo nace una asamblea
En diciembre de 2009 empezaron las novedades fuertes. Se anunció formalmente que durante enero comenzarían las obras de Agua Rica. Y se conoció un informe de la Oficina de Catastro Minero de la Secretaría de Minería provincial, el Padrón de Minas del Departamento de Andalgalá-Año 2009, con 272 proyectos de cateo (exploración) empadronados. Un párrafo textual del informe: “Respecto a la mina denominada Pilciao 16, Expte 770B2005, se encuentra Registrada y Concedida a partir de la fecha 6/12/2005, a nombre de la empresa Billinton Argentina B.V, y el Área de Mina cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá, situación que es normal y corriente, ya que según el Código de Minería pueden coexistir las dos propiedades, tanto la Minera como la superficial, siendo la Minera en este caso con fines de Prospección y Exploración, que en el caso, de llegar a una Explotación, se deberá contemplar la Indemnización correspondiente y el mayor interés público por parte del Estado, para la prioridad de Desarrollo”. Traducción: Pilciao 16 significa que el subsuelo de Andalgalá puede albergar a una futura mina y que el Estado dará prioridad al “Desarrollo”, pagando indemnizaciones. Los andalgalenses seguían observando, pero ya con los ojos muy abiertos, y el sistema nervioso encendido.
Las desmentidas de la Secretaría de Minería fueron peores, ya que desmentían un informe que se les había escapado por error burocrático, en tierras donde el índice de mentira política por metro cuadrado supera al de cualquier partido de truco.
El profesor del polimodal Aldo Flores, el 13 de diciembre vio con algunos vecinos y amigos el documental La fuente del jardín de tus arterias, con testimonios sobre cómo en distintos lugares los vecinos se organizaron en asambleas frente a las multinacionales. Aldo terminó la noche obsesionado: “Si no hacemos algo rápido, nos pasan por encima”. Con otro de sus vecinos, a quien llamaremos Raúl (pidió reserva de su nombre para no incrementar los índices de desocupación) se fue al camino comunal que sale del pueblo de Chaquiago, en el distrito El Potrero, hacia Agua Rica. A 6 kilómetros de Andalgalá, a las 7 de la mañana, el 14 de diciembre de 2009. Fue en bicicleta con una larga bandera argentina. Se instaló estratégicamente junto al algarrobo que está en el predio de don Nelson Medina, que volvió a su tierra luego de ejercer como tapicero en Buenos Aires (al estar en un campo privado, no los pueden expulsar).
Aldo se puso de un lado del camino, Raúl del otro, sosteniendo entre ambos la bandera. “La idea fue: vamos, y los que quieran que se sumen. No cortamos el camino, sino que le explicamos a la gente lo que pasa. Todos pueden seguir viaje, menos los camiones que vayan a Agua Rica”.
A las 8 de la mañana llegó otro vecino. Reemplazó a Raúl que se fue a su trabajo. Al mediodía dos más. Los celulares titilaban con mensajes de texto. “A la noche éramos como diez, y decidimos quedarnos” dice Aldo. A los pocos días, ya hubo debates en los que intervinieron hasta 200 personas. Trabajadores ocupados o desocupados, arquitectos, amas de casa, docentes, médicos, comerciantes, peones rurales, estudiantes… Los encuentros, caminatas y asambleas en la plaza del centro reunieron a no menos de 2.000 personas, en una ciudad donde buena parte del sector estatal (intendencia, oficinas provinciales, bancos oficiales, escuelas, salud pública) y privado (proveedores de Alumbrera y Agua Rica) presionan a sus empleados y contratados para que permanezcan en el molde. Sin embargo, había nacido una nueva asamblea: El Algarrobo.
Navidad & Ofertas
El Algarrobo no es un corte de ruta (excusa que usan para procesar a quienes reclaman) sino una asamblea junto al camino, dispuesta a no dejar pasar maquinarias e insumos que nutren a un proyecto minero que consideran peligroso para la comunidad, y al que los propios informes solicitados por la provincia a la Universidad de Tucumán le adjudican un cúmulo de irregularidades.
Aldo: “Cuando se acercaban Nochebuena y Año Nuevo propuse levantar todo. No tenía sentido seguir ahí. Hubo asamblea, y estaban todos tan posesionados, que nos quedamos”. Las fiestas en asamblea: cada familia llevaba lo que había preparado, y todo se compartió. Muchos pasaban a saludar antes, otros después, todos dejaban algo (nueces, pan dulce, turrones) como ofrenda a los que ni en esos días confiaron en la empresa.
La minera Agua Rica pertenece a Yamana Gold, la misma empresa que reemplazó a Meridian Gold y aún hoy pretende instalarse en Esquel, pese al plebiscito en contra. Agua Rica no hizo nada en enero, que se sepa. Pero ya en febrero el intendente José Perea, inalámbrico, profetizó: “El 25 de febrero las máquinas van a pasar, caiga quien caiga”.
Lo hizo en un acto por el Sí a la mina: “Como mi marido tiene taxi nos vinieron a ofrecer 1.200 pesos si juntábamos 40 personas para ir, a las que les iban a dar de comer sandwiches y gaseosas” cuenta ahora Graciela bajo el algarrobo. “Me dio tanta rabia que les dije que no, que estoy contra la minera. Y que sea lo que sea”. Marcela: “A unos vecinos míos, los Mercado, los llevaron y les pagaron como 200 pesos para que fueran cuatro changos”. Rosario Carranza, arquitecta: “Para mi lo que encendió la mecha fue esa marcha pro minera. La gente está acostumbrada a ser ignorada, pisoteada, maltratada, pero fue tan burda la manipulación, la obligación de los empleados públicos y contratados de las empresas, que fue demasiado. Todos entendimos: si para sostener esto tienen que hacer esta cosa tan humillante, tan trucha, es que algo no cierra”. Fue el 9 de febrero. El 11 los asambleístas convocaron a su propia marcha, que reunió, calculan, 6.000 personas. Proporcionalmente, es como si en Buenos Aires se hubiesen movilizado un millón de sus habitantes: “Y fue sin obligación, y con gente que está con nosotros pero no participó para que no la marcaran en el trabajo” explica Alejandro.

Rompiendo cuellos
El 12 de febrero la fiscal Marta Nieva mandó a la policía al algarrobo. El lunes 15 se desató la batalla. A las 4 de la tarde llegó la retroexcavadora acompañada por camionetas de Agua Rica y tres clanes policiales: los de Andalgalá, la Infantería (luciendo camuflajes en celeste), y el Grupo Kuntur (“cóndor” en quechua, modelo verdoso). Dilema: ¿por qué hay tantos grupos especiales de represión floreciendo en las provincias argentinas?
Los asambleístas habían anotado prolijamente tandas de vecinos que se irían sentando en el camino de tierra, poniéndole pacíficamente el cuerpo a la cuestión. “Empezaron a pegar, unos agarraban a la gente de los pelos, o te llevaban entre cuatro, otros nos disparaban gas pimienta, balazos de goma, cachiporrazos” relata Marcela. Aldo: “Te disparaban a dos metros, a la cara. No hubo muertos de casualidad”. Además de los 100 efectivos pertrechados contra 300 asambleístas, la mayoría mujeres (por la hora) la policía tenía una retaguardia que cortó la llegada al algarrobo desde Andalgalá, mientras la golpiza continuaba con entusiasmo creciente. Un vecino de apellido Orellana se subió a su camión y lo atravesó en el camino para que los de Agua Rica no pasaran, y anunció que no se movería de allí: los Kuntur quedaron perplejos (los vecinos ya no necesitaban poner el cuerpo en el piso, y no tenían claro si debían pegarle al camionero -que padece diabetes y problemas cardíacos- o a su vehículo). Al anochecer llegó la orden de desalojo del camión. Lo quitaron sin que Orellana pudiera evitarlo, y los vecinos volvieron a sentarse en el camino, actitud que permitió a los policías su momento más violento. Balearon, por ejemplo, a un chico de 16 años (todavía tiene las marcas de los balazos), lo patearon en la cabeza y en la espalda. O casi desnucan a Fanny Cañete, dos hijos, empleada adminsitrativa de 31 años, que cuenta: “Me agarraron dos tipos, uno del cuello y el otro me pateaba las piernas. Sentía la cara como quemada por el gas pimienta y veía cómo pateaban a otras mujeres y a mi marido. Era algo loco. El que me agarró me torció la cabeza. Yo creo que me pudo matar. Todavía no puedo dejar de usar cuello ortopédico porque la cabeza se me cae. Pero en ese momento me metieron en una camioneta, y los que manejaban les decían a las mujeres policías: “Llevala atrás y hacela recagar”. Me patearon ahí de nuevo, las mujeres. Lo que tengo es traumatismo cervical y tendinitis, pero el médico no quiere adelantarse hasta ver todos los estudios. Estoy medicada, pero ni así se me pasa el dolor”.
Los policías lograron despejar el camino, pasaron las camionetas y la retroexcavadora. Los 300 asambleístas partieron entonces hacia Andalgalá, donde los mensajitos continuaban reuniendo a miles de personas. Los grupos policiales partieron tras ellos. Empezó otra batalla. La gente rodeaba la comisaría para que liberaran a los detenidos. Del supermercado Los Mellizos salió uno de los dueños, de apellido Rojano, dueño también de la retroexcavadora del conflicto. Insultos de ida y vuelta, amenazas de este señor, y la gente empezó a tirarle piedras a los vidrios del supermercado. “No hubo saqueo, salvo un chico que aprovechó y se escapó en una patineta” describe Alejandro. La policía reprimió nuevamente, los asambleístas se dispersaron. Un grupo fue hacia las oficinas de Yamana Gold y a pedradas le astillaron cada uno de los vidrios del frente. La policía salió de cacería por toda Andalgalá. Otros grupos de vecinos fueron hacia la fiscalía, de donde había partido la orden para este desquicio, y allí tampoco quedaron vidrios. Las corridas desde ese lugar terminaron en la intendencia. Allí también rompieron vidrios y se generó un incendio que calcinó el despacho de José Perea.
Seguían llegando heridos al hospital, como Arturo, empapado en sangre, otro docente al que casi le perforan el cuello de un balazo de goma. Los combates nocturnos se fueron diluyendo, y al día siguiente el juez de Minas provincial, Guillermo Cerda, ordenó frenar toda obra en Agua Rica hasta tanto se recupere algo que llamó paz social. “Nadie le cree una palabra -dice Urbano-. Apenas se calmen las cosas, empiezan de nuevo. Por eso la asamblea volvió enseguidita a instalarse en el algarrobo”.
El estallido hippy
Velozmente el intendente Perea salió a denunciar ese estallido social como obra de concejales opositores, docentes en general, y hippies. Acusó también al grupo Quebracho, como es norma en estos casos (fue una mención intencionada y no confusión arbórea con la asamblea El Algarrobo). Rosario: “Aquí no hubo gente de afuera, se ve en todas las fotos y las filmaciones. Todo Andalgalá estaba en la calle. Y por eso mismo es que la bronca se descargó contra lugares tan específicos”. Muchos de los asambleístas intentaron, al contrario, calmar los ánimos mediante otra herramienta clásica: cantar el Himno Nacional. Pero apenas se entonaba el “o juremos con gloria morir”, la gente volvía a la comisaría a reclamar por los detenidos, o marchaba a tirarle cascotazos a las oficinas de Agua Rica / Yamana Gold o a la intendencia. La tesis sobre los concejales quedó desmentida al día siguiente, cuando el propio Concejo Deliberante apareció decorado a huevazos.
Corrió un rumor: los incidentes en la intendencia no habían sido como para provocar un incendio tan sospechosamente grande. Días después el diario El Ancasti (no es un órgano asambleario, ni hippy) publicó en su tapa: “Por la quema de la documentación el Tribunal de Cuentas no podrá auditar las regalías de Andalgalá”. El rumor se convertía en noticia: el incendio pudo ser aprovechado para impedir que se investigue. El intendente también desmintió esto y dijo que el incendio había sido provocado por empleados municipales. Lo real es que Andalgalá recibió fondos de regalías por alrededor de 60 millones de pesos en los últimos seis años sin que esté muy claro qué ocurrió. Casos testigo:
a) Una hostería con presupuesto de 3 millones de pesos: sólo hay unos pilares en el lugar.
b) Arroyo Hayco: 4 kilómetros de canalización prevista con 14,7 millones de inversión. Se hicieron 400 metros.
c) Centro Cultural: inversión de 13 millones de pesos prevista, por ahora sólo se hizo la maqueta.
d) Frigorífico municipal: presupuesto de 1,5 millones, sigue en el freezer, por así decir.
Los andalgalenses siguen agregando letras a ese abecedario cuando recuerdan a Dios Wi Fi, o la inexistencia de obras públicas (salvo un monumento a la minería que reproduce a un obrero minero de socavón, que parece un enano deforme). Relata Urbano: “Con las regalías, el municipio puso espejos convexos en algunas esquinas, para que el que va en auto vea si por la cuadra que cruza viene algún vehículo”. Marcela: “Estamos como en la conquista. Se llevan el oro y nos dejan espejitos”.
Datos alumbreros
Alumbrera comenzó a explotarse en 1998. Es la mayor mina en funcionamiento en la Argentina. Consume, se calcula, 100 millones de litros de agua por día, lo cual está a la vez secando y contaminando rios y napas subterráneas (la empresa informa que es menos, 50 millones de litros diarios). Donde había un cerro deja un gigantesco cráter de 5 por 2,5 kilómetros, y 500 metros de profundidad, dinamitando 550.000 toneladas anuales de roca. El dique de colas es donde se filtra con ácidos a los minerales, separándolos de la tierra (“material estéril”). Alumbrera jura que no usa cianuro, lo cual provoca risotadas en los andalgalenses que tienen fuentes informativas que la empresa ni imagina. Una planta bombeadora envía los metales y minerales separados por el mineraloducto, nombre pomposo para lo que, cuando se ve en el río Villa Vil, por ejemplo, es un caño como de cloaca, que ya ha presentado cantidad de derrames y roturas a lo largo de 345 kilómetros. Ese recorrido ha desparramado la contaminación a Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero, incluyendo las Termas de Río Hondo. La mina cuenta con todos los beneficios impositivos imaginables (no pagan ni el impuesto al cheque), no se controla lo que extrae por lo que las regalías dependen de lo que ella misma declare, y pese a que supone ser una mina de oro, plata y cobre, traslada unos 60 minerales por el caño. “Y eso es un elemento de contaminación tremendo, y un contrabando de minerales no declarados. Lo digo yo, que me llamo Urbano Cardozo” dice el susodicho. Cromo, cesio, hierro, litio, molibdeno, sodio, níquel, plomo, renio, azufre, uranio… la química drenando en su esplendor.
El doctor Luis Flores viene realizando estudios y estadísticas con otros médicos del Hospital de Andalgalá, que dan como resultado índices anormales de osteosarcoma (cáncer de hueso en niños y jóvenes), cáncer de mama, enfermedades del colágeno, miastenia y esclerosis múltiple. Los estudios recién empiezan. Ninguna idea es concluyente por ahora. Lo único concluyente es la muerte inexplicable de niños como Laura Rosales, 13 años, que vivía a 3 kilómetros del dique de cola en Vis Vis, un pueblo que se transformó casi en fantasma.
Otro aspecto de la destrucción es el estallido del trabajo, la cultura, las economías familiares y regionales. Sergio Martínez, de Vecinos Autoconvocados por la Vida, relaciona todo: “Lo que aquí funciona es la humillación, que consiste en un empobrecimiento deliberado como política de Estado, para que se acepte como única alternativa a la actividad minera. Para que la gente diga: ‘Bueno, aunque me contamine, yo necesito trabajar’. Es la planificación de la pobreza. Para mi es un delito de lesa humanidad”.
¿Cómo se concreta? “Haciendo que Andalgalá abandone la cultura del trabajo. Administrando mal el agua de riego, desalentando la producción (nueces, olivos, frutas, ganadería). Eliminando toda forma de desarrollo agrícola y de créditos para pequeños y medianos productores. Instalando subsidios y dependencia del trabajo oficial, para que parezca que la única opción es la minera. Todo eso es violencia. Y encima les sale mal”.
¿Por qué la violencia?
Hay un fenómeno global, por el cual las personas son sometidas -según el caso- a mentiras, hambre, miedo, desempleo, enfermedad, empobrecimiento, angustias, violencia institucional, pérdida de noción de futuro, adormecimiento cerebral, contaminación, exclusión, precarización de las vidas, disciplinamiento, violación de sus derechos, sometimiento a las burocracias, desinformación y todos los etcéteras que cada lectora o lector esté dispuesto a agregar sin deprimirse demasiado, de ser posible. Si reaccionan frente a esos problemas, si dejan de comportarse como víctimas, si reclaman sus derechos, si actúan para crearlos o hacerlos valer, o reivindican su dignidad como sujetos o grupos, se dice que son “violentos”, “fundamentalistas” y cosas aún peores. Se denuncian sus acciones y reacciones “violentas” pero jamás la violencia estructural que las provocó.
¿Cómo entender entonces la pueblada en Andalgalá, tierra mansa y con más tradición de obediencia que de rebeldía? Primer detalle, aquí no hubo un prejuicio antiminero. “Al contrario, cuando llegó Alumbrera todos creímos que venía el progreso” confiesa Urbano. La reacción contra la minera mezcla las denuncias de los Vecinos por la Vida, con mucho de experiencia propia y sentido común.
En la plaza 9 de Julio se arma la charla con cuatro obreros andalgalenses. Santiago: “La gente reaccionó cuando vio que le pegaban a las mujeres, a sus vecinos, a madres, a chicos, a viejos, a cualquiera”. Ángel: “Desde que está Alumbrera, estamos cada vez peor, más pobres y con menos trabajo”. Pese a que posee una de las mayores “inversiones extranjeras” en el país (1.200 millones de dólares) Andalgalá es el departamento con mayor desocupación de Catamarca, que sigue siendo una de las provincias más empobrecidas del país. Conclusión: el “desarrollo”, y el “progreso” tienen un significado técnicamente nulo para la gran olvidada de estas fiestas: la comunidad. Sobre 3.000 puestos de trabajo prometidos (es lo que mencionaba Alumbrera, con la trampa de que se refería a la construcción de la mina), hay en la práctica unos 50 andalgalenses trabajando allí, en limpieza y mantenimiento principalmente. “Como nos consideran imbéciles, ahora Agua Rica promete 8.000 puestos de trabajo. Siguen mintiendo descaradamente”. ¿Aceptarían un trabajo bien pago en la mina? “No, porque es verso, porque te toman un tiempito y volvés a la calle”. Carlos, en El Algarrobo, me dice: “Estoy desocupado, pero prefiero buscar otra cosa. No me gusta esa gente”. Daniel, taxista: “Las enfermedades se van a ver cada vez más. Se llenan de plata, y no nos dejan nada. Es hambre para mañana, pero ni siquiera es pan para hoy”.
Todo ocurre con la aprobación sucesiva de los gobiernos municipal, provincial y nacional. “Pero el pueblo le está diciendo que no al gobierno. Por eso estas experiencias recuperan la democracia directa, y el poder se obsesiona por desalojar a la asamblea” dice Raúl. “Está en juego el sistema representativo. Ellos quieren seguir teniendo el poder, pero ya no representan a nadie”. Sin embargo, políticos como Perea (o el que lo destrone) siguen siendo votados. “Pero hoy la gente está pendiente de lo que diga o haga la asamblea. Esos políticos ganan porque ponen recursos, plata, promesas, compra de votos, porque no tienen oposición, o porque se perdió la idea de que el voto realmente tenga un valor. Al aparecer la asamblea, surge otra forma más directa de participación”. Todos consideran que si hubiera un plebiscito, el resultado sería aplastante contra la minería. El temor: “¿Cómo haríamos para garantizar que no haya fraude?” Otra iniciativa: que el Concejo Deliberante prohiba la minería a cielo abierto al menos en Andalgalá. Urbano cree que eso no alcanza, el debate está abierto.
Se reúne la asamblea El Algarrobo. Todos hablan, con la virtud de la síntesis. Y del humor. En un momento de descarga, empiezan a recapitular escenas inesperadas. Cuentan de una vecina muy pulcra, que se sentó frente a las camionetas, pero sobre una lona para no ensuciarse con la tierra: “Hasta que la policía la sacó de los pelos, con lona y todo”. Marcela cuenta de otra vecina: “Rosita estaba en el piso, los policías no la podían sacar porque es medio gordita, ¿no? Entonces después le gritaba a los policías: ‘che, basura, dale, vení, levantame ahora a ver si podés'”. Relatan el caso de un veterano que escapó de la camioneta policial al grito de “estos pelotudos dejaron la puerta abierta”. Las risas completan cada historia, pero luego programan la creación de un equipo de comunicación y algunas presentaciones judiciales. Más allá, se sigue cociendo la polenta.
Martín nació en La Plata, pero hace años que está aquí, ahora un poco perplejo. “Pensar que a mi mamá le dije que que elegí Andalgalá porque es tranquilo. Pero este lugar me dio la fuerza, por ejemplo, para querer tener hijos. Y de querer que la vida sea mejor. Lo que está pasando aquí no es un conflicto cualquiera. Aunque no siempre nos demos cuenta, estamos ante una cuestión de vida o muerte” dice sin dramatismo, sino con espíritu de describir lo evidente.
“Y cada uno tiene que elegir”, agrega. En Andalgalá, bajo un algarrobo, ya empezaron.
[flash https://www.youtube.com/watch?v=P70l6MBeZWs]
Sobre el Día Internacional contra la Minería
[flash https://www.youtube.com/watch?v=EqyoOgyIHI8]
Escenas de la represión en Andalgalá, febrero 2010
[flash https://www.youtube.com/watch?v=YtLaA2mnojw]
Video elaborado por la Asamblea El Algarrobo
Decí Mu y la minería: hablan los que saben
Bloque 1
[audio:https://media.lavaca.org/audios/decimu/online/decimu2010-11-1.mp3]
Bloque 2
[audio:https://media.lavaca.org/audios/decimu/online/decimu2010-11-2.mp3]
Otros links de interés

Temas:Andalgalá famatina minería

El otro homenaje a Angelelli

Amparo para un barrio entero

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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hace 6 días

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: