La reciente venta de Supercanal -el segundo cableoperador del país en cantidad de abonados-, los 357 despidos en Télam, la mega fusión de Cablevisión-Telecom. En las últimas tres semanas se siguió reacomodando el tablero mediático a favor de la concentración privada. En este nota imprescindible el especialista Martín Becerra cuenta cuál es el impacto. Cómo se reparte la pauta publicitaria. Cómo es la normativa que favorece la concentración. Qué implica el desguace de los medios públicos. Y quiénes pagan. La respuesta del Estado argentino a la crisis mediática global es «menos Estado para todos, menos para uno», dice Becerra en este artículo especial para lavaca.org

Por Martín Becerra (@aracalacana)

SEÑAL DE AJUSTE en el periodismo. A golpe de cierres de empresas, despidos y precarización, el que fuera un oficio que combinaba altas dosis de calificación intelectual, olfato político y bohemia, y ofrecía estabilidad e ingresos razonables, se convierte en un carrera de obstáculos darwinista que demanda nuevas capacidades de rebusque y adaptación ligera, aunque no garantiza la supervivencia ni siquiera a quienes logran desarrollarlas. El problema con el periodismo y con los medios es que su crisis no es sólo una cuestión de periodistas y de empresarios del rubro, sino de toda la sociedad.
En una etapa histórica en que la inédita expansión global y digital de los negocios de las comunicaciones (entendidas como industrias del entretenimiento, de la comunicación, del contacto y de la información) se muestra inflexible con los más escuetos márgenes de retorno de la inversión destinada a la producción de noticias, la sociedad en su conjunto resulta afectada por la disminución de fuentes informativas locales/regionales y de perspectivas editadas profesionalmente.
Esto conduce, en otras latitudes, a diseñar políticas públicas que atenúan el impacto de la metamorfosis económica, tecnológica y social en el ecosistema de medios, sobre todo en aquellos dedicados a la información. Algunos gobiernos ejercen de mediadores entre las grandes plataformas globales como Facebook y Google y los medios del propio país, y logran entendimientos económicos probablemente inestables a futuro pero que son un bálsamo en el presente. Otros canalizan apoyos (del erario público a los medios privados, de esos que siempre hubo en la Argentina) más directamente orientados a proteger la actividad periodística. Como las consecuencias son más dolorosas en ciudades y pueblos pequeños y medianos, hay gobiernos que enfocan políticas específicas a esta cuestión.
¿Y por casa, cómo andamos? A contramano de la asunción de este problema público como desafío, la respuesta a la crisis del periodismo gestionada por el gobierno de Mauricio Macri se resume en la consigna “menos Estado para todos, excepto para uno… Y por ahora”.
El elenco gobernante juega el rol de espectador indolente de la crisis de los medios. Pero en la economía de los medios argentinos el Estado es protagonista, no mero espectador. Dispone reglas de juego, cambiantes y asimétricas, que troquelan el negocio; condona deudas; asigna subsidios; prorroga licencias; morigera el peso del IVA; se asocia en la producción de papel e invierte de modo directo con la pauta publicitaria. En este juego, con la Casa Rosada como actor principal, hay ganadores y perdedores.
Como en 2016, en este 2018 el gobierno de Mauricio Macri secó la plaza de publicidad oficial. Mientras que en el primer semestre del año pasado gastó $1777 millones, en los primeros seis meses de 2018 el monto bajó a $776 millones (una disminución del 60% sin contar la inflación). Claro que 2017 hubo elecciones y en los años pares, no hay. Como documentan Santiago Marino y Agustín Espada, las mayores campañas son propaganda política y no campañas de bien público. Su reparto, que hasta el año pasado discriminaba a medios críticos (como los del Grupo Octubre), es en cambio menos discrecional y toma como principal referencia la audiencia, siendo el Grupo Clarín el primero de los destinatarios del gasto en este rubro.
La depreciada intervención publicitaria oficial es complementaria de una activa intervención normativa del gobierno nacional a favor de la concentración del sector. Con los decretos y resoluciones con los que el presidente Macri alteró el panorama legal del sector, el destino de muchos emprendimientos es la venta o absorción por parte de los más grandes. El gobierno más pro-mercado de este siglo acelera la reducción de la oferta y aniquila la competencia: el segundo cableoperador del país en cantidad de abonados, Supercanal, del Grupo América (de Daniel Vila y José Luis Manzano) acaba de ser vendido al consorcio CVI Austral LLP, en una operación que huele a escala hacia un (diferente) comprador final; en tanto, los medios del segundo grupo de radios y señal de noticias más importante del Área Metropolitana de Buenos Aires Indalo (de Cristóbal López y Fabián De Sousa) están en venta. De ahí para abajo, la incertidumbre es ley, incluso en los medios del Estado.
Para un gobierno tan ocupado en y por la imagen, la escena de Mirtha Legrand, secundada por Narda Lepes y Juan Leyrado y solidarizándose en la pantalla de El Trece con los 357 despedidos de la agencia estatal de noticias Télam ante una cabizbaja ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, representa un descuido importante. No por la desdicha de las familias condenadas por una decisión que el responsable del ajuste en los medios oficiales, Hernán Lombardi, no ha sido capaz de explicar; el descuido que le duele al gobierno es el del relato más general que excusa las penurias del presente en la herencia recibida hace casi tres años. Con sentido común, Legrand pulverizó el relato en menos de un minuto: “Siempre pienso en el hombre que vuelve a la casa y dice, vieja, me despidieron, y los hijos los escuchan… Es una tragedia”.
El desmantelamiento de los medios estatales, que se inició con las señales audiovisuales temáticas de calidad Encuentro (a la que le amputaron su función pedagógica), Paka Paka y DeporTV, prosiguió con una programación tan insulsa en Canal 7 y Radio Nacional que (con la excepción del lapso del Mundial de Rusia) motivó el éxodo de sus audiencias hacia otras emisoras y se completa con el desguace de Télam.
Desde el cierre de la agencia DyN (cuyos mayores accionistas eran los grupos Clarín y La Nación) en noviembre de 2017, Télam quedó como la principal conexión informativa que abastece de información a los medios en todo el país a un precio asequible. El golpe asestado por el gobierno a su estructura compromete el servicio público que presta y afecta a sus destinatarios, medios locales pequeños, medianos, cooperativos, comunitarios y estatales y, con ellos, a la ciudadanía, resintiendo así su acceso a noticias de todo el país producidas en todo el país.
El ajuste potenciado por la orientación de las políticas oficiales no sólo mutila a los medios estatales. El ejemplo de DyN es parte de un paisaje que arroja un saldo cierres y quiebras de empresas (sin distinción de línea política), recortes, salarios impagos durante meses, merma de ingresos, rebusques reñidos con los manuales de ética periodística y una precarización que ya es endémica. Según el SiPreBA, desde los últimos seis meses de  gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hasta ahora, en la industria informativa hubo más de 2.500 despidos.
El entusiasta respaldo gubernamental que recibe la expansión del Grupo Clarín hacia el campo de las telecomunicaciones habilita dos lecturas. Por un lado, la alianza de Macri con el principal multimedios muestra que no todo en la comunicación política es megusteo y redes sociales o que, en todo caso, el “me gusta” coreado en simultáneo por todas las pantallas, emisoras y publicaciones del Grupo Clarín es un condimento necesario para la gobernabilidad de Cambiemos. Al menos, hasta ahora. Porque, una vez validada la fusión Cablevisión/Telecom y allanado casi sin obstáculos el despliegue de Clarín como actor dominante también en telecomunicaciones, ¿cuánto tiempo más durará su oficialismo? ¿La famosa fábula del escorpión y la rana volverá a ilustrar la relación de Clarín con el gobierno, como ya lo hizo con los anteriores?
Por otro lado, el propio Grupo Clarín acusa la transformación impiadosa del ecosistema de comunicaciones con el periodismo con un sistema de subsidios internos cruzados entre sus dos principales sociedades: Telecom (fusionada con Cablevisión) y el multimedios Clarín, cuyo rojo es compensado por la renta extraordinaria de las redes de conectividad fija y móvil. Este esquema, que la vista obesa (no ya vista gorda) del área de “Defensa de la Competencia” de la Secretaría de Comercio pasó por alto en su aval para la mayor fusión de la historia de las comunicaciones en América Latina, podría no ser sustentable a mediano plazo. La señal de ajuste también amenaza al mayor multimedios del país.
Sea a través del menguante negocio publicitario, de sistemas de suscripción (rígidos o porosos), de pago por uso, de comunidades de afinidad, de auspicios institucionales o de la combinación variable de estos elementos (que ensayan no sólo los medios comerciales más grandes, sino también alternativas como Tiempo Argentino o Futurock), el ajuste de las empresas periodísticas está condicionado no sólo por la mutación general de las industrias de la comunicación sino, además, siente el efecto de la recesión económica en los bolsillos de sus destinatarios. Sin público no hay medio que valga.
La contradicción objetiva entre el interés del gobierno y la salud económica de los medios –atada a los infortunios de su público-, que en parte explica el volantazo editorial de Clarín en el segundo gobierno de gobierno de Carlos Menem, puede agregar sal gruesa a una herida cuya profundidad nadie acierta a diagnosticar.