La política y los agronegocios. Quita de impuestos a las exportaciones cerealeras. Desguace del área de agricultura familiar. Falta de presupuesto para campesinos. Impulso a una nueva ley de semillas, en línea con el avance del modelo transgénico y de agroquímicos. El gobierno de Cambiemos: continuidades y profundización de los agronegocios. Por Darío Aranda.


La primera señal clara del rumbo que tomaría el gobierno de Mauricio Macri con respecto al modelo productivo fue la elección del ministro, Ricardo Buryaile, propietario de estancias en Formosa, ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las patas de la Mesa de Enlace de los empresarios del campo.

Segunda pista: el nuevo gobierno rebautizó el Ministerio. Cambió el nombre histórico, “Agricultura”, por el de “Agroindustria”, un término propio del sector de los  agronegocios, que prioriza la producción de commodities, exportaciones, agrocombustibles y alianza con grandes empresas.

La composición del Ministerio fue coherente con el perfil del gobierno: Guillermo Bernaudo como jefe de Gabinete (de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, Aacrea), Néstor Roulet como secretario de Valor Agregado (proviene de CRA), Ricardo Negri como secretario de Agricultura (Aacrea), Beatriz Pilu Giraudo en la flamante Coordinación de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable (presidenta de la poderosa Asociación de Productores de Siembra Directa: Aapresid).

A cinco días días de asumir la presidencia, Macri viajó a Pergamino y anunció el quite de retenciones para los productos agropecuarios y la baja de cinco puntos a la soja (pasó del 35 al 30). Una medida de 10.000 millones de pesos, reconoció el gobierno. Desde el diario económico El Cronista estimaron una cifra distinta, por ladevaluación: 60.000 millones de pesos.

La secretaría vacía

Al frente de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) fue nombrado Oscar Alloatti, con experiencia en gestión en Santa Fe (donde fue secretario de Agricultura entre 1999-2003). De inmediato comenzó un proceso de ajuste y despidos. En Jujuy avanzaron sobre los delegados sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en Chaco el nuevo delegado provincial, Gustavo Nuñez (protegido del ex gobernador y actual legislador radical, Angel Rozas),  hizo lo propio, con despidos masivos y amenazas. Un caso insólito se vive en Santiago del Estero, donde el referente provincial de la SAF, Carlos Cejas Lescano, está vinculado con inmobiliarias denunciadas por vender ilegalmente predios de familias campesinas.

Desde la conformación de la Secretaría (en 2014), los trabajadores organizados en ATE exigieron el fin de la precarización laboral, pases a planta permanente y presupuesto para el sector. El entonces secretario, Emilio Pérsico (Movimiento Evita), nunca dio respuestas satisfactorias. Hubo paros, movilizaciones y mesas de diálogo, pero no llegaron las soluciones.

El macrismo aprovechó la precarización, redobló la apuesta y comenzó con los despidos. El plenario de delegados de ATE-SAF en septiembre pasado se reunió en Buenos Aires. Denunciaron que la gestión Buryaile-Alloatti despidió 250 trabajadores. “El gobierno viene atacando las políticas y derechos de la agricultura familiar mediante el cierre de programas y reparticiones, recorte presupuestario, despido de trabajadores y judicialización”, denuncia el largo escrito firmado por los delegados gremiales.

Los propios trabajadores del Ministerio de Agroindustria cuestionan que el gobierno “garantiza beneficios y políticas públicas para los grandes dueños de la producción y la tierra (agronegocios), en desmedro de campesinos, indígenas y agricultores familiares”. Exigieron la aplicación de la Ley de Agricultura Familiar, más presupuesto para el sector, reincorporación de los trabajadores despedidos y alertaron sobre la quiebra de las economías regionales.

Tanto los trabajadores de la Secretaría como las organizaciones rurales sostenían que Alloatti no decidía la política para el sector y que nunca daba respuestas. El 12 de octubre se hizo pública su renuncia. No habló con la prensa. Su equipo solo dejó trascender que el motivo fue la falta de presupuesto. En Paseo Colón 982, sede del Ministerio, también mencionaron las disputas con el sector más PRO del gobierno.

La importancia asignada al área quedó en evidencia con la decisión posterior: a un mes de la renuncia de Alloatti, la Secretaría de Agricultura Familiar se mantiene acéfala.

Los CEOs pioneros

El ministro de Ciencia, Lino Barañao, no fue el único funcionario que el macrismo acogió en su gobierno. Martín Lema, director de Biotecnología en el Ministerio de Agroindustria también dejó las banderas del Frente Para la Victoria y se mantiene en el cargo. Incluso su área fue ascendida a dirección nacional, con planificación de mayor estructura y presupuesto. Lema tiene gran influencia en el aspecto clave del modelo agropecuario: la aprobación de transgénicos, ya que está al frente de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio fundamental para autorizar las nuevas semillas transgénicas de soja, maíz, algodón y papa.

La Conabia fue creada en 1991 por Carlos Menem. Su composición fue secreta hasta fines de 2014, cuando se filtró su composición: 47 integrantes, de los cuales más de la mitad (27) pertenecen a las grandes compañías de semillas (Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, Ledesma, y sectores empresarios como Aapresid). Quedó en evidencia lo insólito: las empresas que venden transgénicos son las mismas que los aprueban.

Otros dos hechos que tanto el gobierno anterior como el actual permiten: el Estado no hace estudios propios sobre los transgénicos. Solo “analizan” los trabajos de las empresas y los validan. Y los expedientes de aprobación de transgénicos son secretos. Nadie (ni organizaciones sociales ni académicos ni productores o consumidores) pueden acceder a la información básica de aprobación de transgénicos.

En un claro conflicto de intereses, Martín Lema escribió en 2014 un “paper científico” junto a miembros de las mismas empresas que debe controlar. Desarrollo de construcción basada en criterios de evaluación de riesgo para cultivos, es el nombre de la investigación. Entre los firmantes están (además de Lema), Clara Rubinstein y V. Cuadrado (Monsanto), Griselda Noe (Syngenta), María Pía Beker (Bayer), Silvia Lede (Basf) y Cecilia Roca (Dow Agroscience). Todos ellos tienen también distintos cargos en la poderosa Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), espacio que reúne a todas las grandes empresas del sector.

En marzo el actual gobierno dio luz verde, además, a un nuevo maíz transgénico de la multinacional Pioneer-Dupont, que conlleva el uso de dos agrotóxicos: glifosato y glufosinato de amonio. Se anunció que en breve se aprobarán otros cuatro transgénicos.

Germinando patentes

Tres compañías controlan el 60 por ciento de las semillas: Monsanto-Bayer (29,3 por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta-ChemChina (9,2).

Exigen desde hace años una nueva ley de semillas en Argentina, que contemple “regalías extendidas”: no quieren solo cobrar al momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas. Esto implica limitar el uso propio, práctica milenaria que implica sembrar, cosechar y con esas semillas obtenidas volver a sembrar.

En abril pasado, la máxima autoridad de Monsanto, Brett Begemann, viajó desde Estados Unidos directo a Buenos Aires para reunirse con el ministro Buryaile. Reclamó el cobro de regalías. La agencia oficial Telam señaló que entre los ejes del encuentro se discutió “que se transparente el mercado de semillas y se pague por la tecnología lo que se tiene que pagar”.

Brett Begemann destacó: “Fue una buena reunión, porque tenemos una visión común sobre el valor de las tecnologías, y tuvimos la oportunidad de compartir la necesidad de contar con un sistema confiable para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y el cobro de regalías por cada uso de semillas con tecnologías patentadas”.

El viernes 14 de octubre, el Ministerio de Agroindustria envió una gacetilla de prensa titulada El proyecto de ley de semillas ingresó al Congreso. Afirmó que se busca “garantizar la investigación, tecnología y productividad”.

El Ministerio remarcó que “desde el Estado Nacional se trabajó en alcanzar los consensos necesarios con todos los actores del sector público y privado, con el objetivo de regularizar el mercado de semillas”.

No fueron convocados ni se escuchó la opinión de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, académicos críticos al modelo, ni consumidores.

En el Congreso Nacional también existen proyectos de ley presentados por el Frente Renovador, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y la Federación Agraria.

El control de la cadena

Medio centenar de organizaciones sociales, campesinas, ambientales y sectores académicos conforman la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. “Expresamos nuevamente nuestro rechazo contundente a cualquier modificación de la ley vigente”, señala el documento emitido el 18 de octubre y denuncia que el proyecto enviado por el Ministerio de Agroindustria “es producto de las negociaciones entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores”.

Precisa que el nuevo proyecto busca limitar el derecho al “uso propio” (y obligar a pagar regalías) y alerta que se pretende “instalar un sistema policial de persecución de los agricultores, en el cual el Estado asume la tarea de trabajar para las corporaciones vigilando y controlando toda la cadena productiva”.

La Multisectorial recuerda que las semillas fueron cuidadas y mejoradas genéticamente durante miles de años por pequeños agricultores y rechazan que, por la sola modificación de un gen, una compañía pueda apropiarse del trabajo e historia de generaciones. “Rechazamos de manera absoluta la posibilidad de cualquier tipo de patente sobre la vida”, explicaron.

Para quienes creen que sólo se trata de un debate entre empresas y sectores del agro, la Multisectorial recordó un hecho básico: “Quien controla la semillas, controla la alimentación”.

Los reclamos

Desde el 10 de diciembre cambió drásticamente el contexto para algunas organizaciones campesinas. El Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino formaron parte de la gestión de la Secretaría de Agricultura Familiar, con Emilio Pérsico al frente. También había buen diálogo y articulación con el Frente Nacional Campesino y con sectores del Movimiento Agroecológico de América Latina.

En 2014 lograron -con impulso también del Foro de la Agricultura Familiar- la aprobación de la Ley 27118, llamada de “reparación histórica” para las familias campesinas, que contempla políticas activas para el sector. Pero en un hecho insólito, los propios legisladores del kirchnerismo le sacaron a último momento el artículo 33 que estipulaba un presupuesto de 1.500 millones de pesos anuales.

“Sin presupuesto, no hay ley”, denunciaron las organizaciones mediante un comunicado.

Se llegó a un acuerdo. “El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, junto al jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, anunciaron que el presupuesto del proyecto de Ley de Agricultura Familiar será de 1.500 millones de pesos y lo reglamentará el Ejecutivo de manera inmediata”, afirmó la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura el 15 de diciembre de 2014.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner nunca reglamentó la ley de reparación histórica. Tampoco le asignó el presupuesto prometido.

El 15 de septiembre pasado se reunió el Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, un espacio reconocido oficialmente como asesor de la Secretaría de Agricultura Familiar, creado por el anterior gobierno y en el que participan muchas de las organizaciones que acompañaron al kirchnerismo. “El sector está siendo seriamente perjudicado por las decisiones políticas del Gobierno”, afirma el documento firmado por la Asamblea Campesina Indígena de Norte Argentino, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Foro de la Agricultura Familiar, el Movimiento Campesino Liberación, la Unión Argentina de Pescadores Artesanales y el Movimiento Agroecológico de América Latina, entre otros.

Cuestionaron el quite y baja de retenciones a productos del agronegocios y denunciaron el vaciamiento de políticas para el sector campesino.

Las organizaciones exigen la urgente reglamentación de la Ley N° 27118 (de Agricultura Familiar). “Es de suma urgencia que se tomen medidas con fondos específicos para atender las necesidades de nuestros productores”, plantearon los campesinos.

Verdura al asador

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) es una organización conformada por familias productoras de alimentos del Gran La Plata, Berazategui, San Vicente, Luján y Escobar. Trabajan pequeñas parcelas, de hasta cuatro hectáreas, y sufren el asedio de barrios privados y especuladores inmobiliarios. El 14 de septiembre protagonizaron un hecho contundente: un “verdurazo” en Plaza de Mayo, cuando entregaron veinte mil kilos de verduras a quienes se acercaron. Esa acción directa logró poner en primer plano los reclamos de agricultores familiares y campesinos ante el gobierno nacional.

La UTT, que también había realizado medidas similares durante el kirchnerismo, reclamó precios justos para los productores rurales y apuntó a una de las causas del problema estructural: la tierra en poca manos.

“Constitúyese el Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar como política de desarrollo económico y social, cuyo objeto es facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de tierras para la agricultura familiar”, señala el primer artículo del proyecto de ley presentado por la UTT en el Congreso Nacional.

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, cuestionó el reclamo de la UTT: “En vez de regalar verduras en Plaza de Mayo que vayan a vender a la feria”. Y volvió a dejar en evidencia para qué sectores se gobierna: “Para nosotros las retenciones deben desaparecer. El compromiso del presidente Macri es bajar las retenciones, las vamos a bajar (más) porque entendemos que es un mal impuesto”.

Buryaile también anunció que el plan del gobierno es aumentar el 50% la producción agrícolo-ganadera para 2020, lo que implica avanzar sobre nuevos territorios y una película conocida: más desmontes, desalojos rurales y más uso de agrotóxicos.