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Seguridad&Democracia: cuestión de Estado. Parte I

Publicada

hace 13 años

19/04/2011

Un seminario intensivo reunió a especialistas de diferentes áreas y países para discutir “una política de seguridad democrática para Argentina”, según las palabras del propio Acuerdo de Seguridad Democrática (ADS) que organizó el encuentro. Los temas que atravesaron las exposiciones fueron los relacionados a la policía, su gobierno civil, la universidad como fuente de investigaciones y diagnósticos, el rol de los medios en la configuración de la inseguridad -o su sentimiento-, la educación y las políticas sociales, entre otros.
Fecha: 13 y 14 de abril. Por el salón Adolfo Bioy Casares del Centro Cultural Borges desfilaron entonces intelectuales, invitados internacionales, ex funcionarios y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, a cargo del cierre del seminario junto a Horacio Verbitsky, presidente de CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
Lo que se estaba discutiendo allí representa, entonces, un debate central sobre las políticas de seguridad según la perspectiva estatal. Un debate que, consideramos, debe ser social y, por lo tanto, público y abierto. Este informe representa entonces nuestro humilde aporte para que así sea.
Primer round
Teoría: Paradigma punitivo vs. Paradigma democrático

Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, comenzó con una apelación: aprender de los errores. Recordó entonces el paradigma consolidado en los 90 que delegó a manos de las instituciones policiales la gestación de las políticas de seguridad. La teoría de Chillier: la “demagogia política” derivó en un paradigma basado en los castigos, pero no en políticas genuinas que escarben el fondo del problema. El resultado: corrupción y delitos policiales (Chillier enumera: “detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extra-judiciales”, entre otros), que no sólo no equilibraron la seguridad y violencia ciudadana, sino que la fomentaron. El nuevo paradigma (que no se sabe bien cuándo ni donde nació, pero que sí se respira como real al menos en este seminario) sería uno “democrático”. Y la creación del Ministerio de Seguridad representaría un puntapié en su construcción: gobierno civil de la policía, restructuración y, sobre todo, prevención.

Práctica: el caso Arruga

Invitado por lavaca, Chillier aplica su teoría a un caso: Luciano Arruga, el joven desaparecido por la policía del destacamento de Lomas del Mirador en 2009: “El caso de Luciano Arruga, su barrio, sintetiza la problemática y las consecuencias nefastas de una determinada política de seguridad: el hostigamiento y la represión de pibes excluidos socialmente y las redes de ilegalidad coordinadas por la propia policía para cometer distintos delitos, los cuales involucran a jóvenes con altos grados de vulnerabilidad”.

Este combo, digamos, pertenecería a aquél paradigma punitivo que daba vía libre a prácticas policiales delictivas. La nueva idea: intervenir la institución policial a partir del control civil e intervenir en el territorio con lo que Chillier llama “políticas sociales fuertes”, que son estatales, públicas, de prevención e intentan enmendar “los derechos negados y más esenciales, como la educación, la salud, el transporte, la infraestructura, la vida”.

Éstos serían los paradigmas democráticos que el Estado argentino intenta ahora sintonizar con más de 25 años de retraso.

Los miles de proyectos que nacen desde adentro de los territorios incluidos durante años en la marginación estatal hablan por sí mismos de la realidad: los mejores y únicos anticuerpos fueron creados por los propios vecinos. De allí, entonces, deberá ahora aferrarse el Estado para democratizar sus políticas.

Pregunta de lavaca a Gastón Chillier:

¿Cómo debe ser esta intervención?

Respuesta: “Tiene que haber una interrelación de la participación comunitaria con las políticas locales de seguridad del Estado; donde, por un lado, se le demanden al Estado políticas públicas y, por el otro, el Estado promueva iniciativas. De hecho, ustedes en lavaca conocen muchas experiencias políticas, artísticas, sociales… La idea es que eso no nazca de espaldas al Estado, sino que éste sea parte responsable de que eso pase”.

Segundo round

Teoría: El barro del asunto

Sofía Tiscornia, doctora en Ciencias Antropológicas, docente de la UBA e integrante del CELS, también miembro del grupo de académicos que asesoran al Acuerdo de Seguridad Democrática. “Muchas veces se nos acusa de no estar en el barro del asunto. Pero somos los que hemos leído, convivido, departido, escuchado, a las personas de carne y hueso sobre las que las políticas de seguridad se aplican, se sufren o se celebran. Quienes paciente y pasionalmente hemos reunido los datos, las fuentes, las estadísticas, los relatos, para reconstruir los problemas y mirarlos en sus varias caras y razones”, dirá Tiscornia, acaso como introducción al panel que se preparó para explicar por qué una política de seguridad democrática necesita de investigaciones académicas.

Los panelistas:

Lila Caimari, doctora en Ciencias Políticas: actualmente investiga sobre policía y orden urbano en los inicios del siglo XX en Buenos Aires. Su libro Apenas un delincuenteindaga sobre los orígenes de los métodos de control social que trazaron la frontera entre la “gente honrada” y “los pibes chorros”.

Mercedes Di Virgilio, socióloga y doctora de la UBA, investigadora del CONICET, profesora del área de metodología de investigación en el instituto Gino Germani. Un ejemplo de su área de trabajo: Las estrategias laborales desarrolladas en un barrio pobre urbano. VER PDF

Marcelo Saín, doctor en Ciencias. Sociales, profesor e investigador de la Universidad de Quilmes. Ex viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y ex interventor de policía aeroportuaria, primera creada en democracia y con gobierno civil. Muestra: su trabajo Democracia, Seguridad Pública y Policía. VER PDF

Los argumentos:

Pregunta de Lila Caimari:

¿Para qué sirve la Historia?

Respuestas de Lila Caimari:

“La perspectiva histórica puede tener cierta eficacia frente a la percepción de puro presente que suele tener la emoción del relato del delito: la historia para calmar la histeria, podríamos decir”.

“Una de las contribuciones que podemos ofrecer es ayudar en el armado de un mapa de procesos de largo plazo”.

“La historia, además, puede darnos una perspectiva comparativa. Estamos acostumbrados a comparaciones regionales: esto es mejor o peor que en Brasil, Colombia o lo que fuera. Pero cuando comparamos sociedades diferentes, estamos comparando culturas de la violencia diferentes, instituciones diferentes, etc. Entonces, comparar con otros momentos de la sociedad argentina, me parece que también puede darnos algunas ideas”.

Pregunta de Mercedes Di Virgilio:

¿Qué relación hay entre el espacio urbano y el mapa del delito?

Respuestas de Mercedes Di Virgilio:

“El espacio urbano aparece como una clave para empezar a mirar las cuestiones de seguridad. Quiero decir que, históricamente, la relación entre ciudad-delito, es una representación que nos acompaña. En los últimos 10 años, ésta interrelación territorio-seguridad se hizo cada vez más visible. Y si uno recorre esta bibliografía desde la sociología urbana, se empieza a plantear que la cuestión de la violencia, el delito y el miedo son componentes básicos de los procesos de cambio social en las políticas contemporáneas”.

“Si éstos son procesos que en la actualidad estructuran la convivencia, ¿qué pasó históricamente? ¿Qué otros factores estructuran esta convivencia y, de alguna manera, dialogan con estos procesos? Una de las cuestiones parte de las características de la ciudad misma, la ciudad como soporte material, en tanto forma urbana”. La influencia de esta estructura queda clara en la siguiente frase de Di Virgilio: “El otro día paseaba por Palermo Hollywood y están pintadas todas las ochavas; yo hago trabajo de campo en Lugano y no hay ninguna ochava pintada así”. (N d R: El tono de la frase indica que Di Virgilio prefiere las pintadas de Palermo Hollywood).

Pregunta de Marcelo Saín:

¿Hay un complot de los políticos para gobernarnos tan mal en materia de seguridad?

Respuestas de Marcelo Saín:

“La villa miseria de la década del 30-40 era una villa integrada al circuito industrial. Ahí hay gobierno, ahí hay Estado. Pero también hay Estado en el Parque Indoamericano gobernando esos espacios, gestionando conflictividad. Uno no cree que haya un complot de los políticos para gobernar así. Simplemente eso es viable, porque es efectivo. La única política que hay es la segregación, y para esto, los aparatos de seguridad pública son los grandes actores de segregación”.

“Cuando se habla ´Estado fallido´ es mentira. Hay un Estado muy activo. El Estado es mucho más complejo que la legalidad. Cuando un policía interviene disciplinando o controlando estas cosas, no lo hace privadamente en su horario de franco; lo hace desde las facultades que le da el Estado, desde el lugar que le da, con su salario, sus dispositivos, etc. Eso es Estado paralelo. Ahí hay mucha estatalidad”.

Práctica: El pensamiento crítico aplicado a la Academia

Pregunta de lavaca a Sofía Tiscornia:

¿La universidad pública/estatal no debería revisar sus propios mecanismos de exclusión social, como por ejemplo, el rol del CBC en el contexto actual?

Respuesta de Sofía Tiscornia:

“No creo que la universidad sea expulsiva, en todo caso tiene que ver con que los chicos no llegan preparados a esa instancia. El deterioro de la enseñanza pública media, por ejemplo, hace que le sea más difícil a un adolescente pobre acceder, pero eso no es tema de la universidad. Habría que poner atención en las instancias que la preceden”.

Tercer Round

Teoría: Seguridad democrática vs. guerra avisada

El gran teórico moderno Peter Capusotto lo expresó como nadie: “Es esto o invadir el barrio con tanques”. Una síntesis satírica de lo que representaron los paradigmas en juego en el siguiente debate.

Los protagonistas

Enrique Font, secretario de Seguridad Comunitaria de Santa Fe, y coordinador de un proyecto de “intervención multiagencial para el abordaje del delito” que cuenta con el asesoramiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Esta experiencia se desarrolla solamente en dos ciudades: Santa Fe y Neuquén.

Robson Rodríguez, coordinador general de la Policía de la Paz de Río de Janeiro. Sociólogo -comenzó citando a Bordieu-, abogado -hizo alguna referencia al Estado de Derecho- pero, fundamentalmente y como él mismo confesó, policía.

Del tanque a la guitarra

Robson Rodriguez mostró un power point basado en imágenes. Las debilidades del marketing policial quedaron entonces a la vista: tanques entrando a las favelas de Río de Janeiro, militarización de la pobreza y, finalmente, como premio consuelo, las clases de guitarra que ofrece un agente de la autoproclamada Policía de la Paz. Así de brutal fue la simplificación del plan del Estado de Lula para recuperar el territorio perdido a manos del mayor poder para-estatal de la modernidad, el narcotráfico. Algo que sin duda es más complejo que lo expuesto por Robson, pero que quedó sintetizado así en la siguiente diapositiva:

Intervención
Estabilización
Implementación de los UPT (unidades policiales territoriales).
Aval social y normalización.

Robson comentó así esta última etapa: “A mayor legitimidad, menos fuerza”.

La diferencia con cualquier otro modelo de ocupación militar es señalada en la siguiente diapo. Su título: “Guerra avisada”. Según simplifica Robson, es central el rol de la inteligencia previa a la ocupación para detectar los núcleos duros del control delictivo del territorio a disputar. Una vez reunida la información, se proclama públicamente la ocupación por parte de las fuerzas estatales. Esto se supone que, si bien alerta a los decentes y a los delincuentes por igual, alcanza y sobra el día de la invasión para diferenciarlos.

Para el 2017 se prevé que el plan alcanzará a 175 favelas que tendrán ya instaladas 45 “unidades pacificadoras” cada una.

Pregunta de Horacio Verbistky a Robson Rodriguez: “¿Cuántos efectivos intervinieron en la ocupación?”. Robson no respondió, ya que recibió varias preguntas que intentaban contextualizar la aplicación de este modelo y que consumieron el tiempo que quedaba para esta, la última mesa del primer día. Las crónicas periodísticas aproximan ese dato: en febrero de 2011 la ocupación de 9 favelas incluyó 526 agentes, 105 fusileros de la marina, un helicóptero artillado y 21 vehículos blindados.

El delito como expresión del fracaso de las políticas sociales

A su turno, Enrique Font acercó una experiencia de trabajo de campo en Santa Fe, Capital, que tuvo como protagonista al sector más excluido social y políticamente: el adolescente pobre. El proyecto llevó el nombre de Estrategias para la inclusión socio-cultural con jóvenes para la prevención del delito, y se llevó a cabo bajo el concepto de “multiagencialidad”: si se trata de un fenómeno complejo de múltiples causas, debe ser abordado desde agencias diversas. Dice Font: “Sería pluralizar el gobierno de la seguridad, convocando a la construcción de las políticas de seguridad a actores distintos a la policía y que ya traen una sensibilidad, una lógica más afín a una política democrática de la seguridad”. El problema que hace necesarias estas intervenciones es, según el propio Font, el fracaso de las políticas sociales.

Las bandas

El primer dato de la realidad: en los barrios hay bandas. “Esas bandas construyen identidades, vínculos y respetos a través de situaciones de trasgresión: robos o enfrentamientos. En general, los integrantes de estas bandas tuvieron como última relación con el Estado una experiencia traumática: la interrupción del colegio secundario. Son, además, “difícilmente alcanzables” por esas políticas públicas, “o bien por el rechazo a los actores estatales como la policía, o porque los espacios de esparcimiento, educación y salud se manifiestan como femeninos”, explica Font. “Las políticas sociales no llegan. Es más: no llega lo más elemental: muchos ni siquiera tienen DNI”.

En palabras del Secretario de Seguridad Comunitaria hay que redirigir la labor policial: “Que un patrullero agarre a un pibe adentro de un auto robado es de un probabilidad estadística realmente baja y, si lo hace, es probable que nuestra policía produzca una masacre. Ahora, la capacidad de controlar las redes de desarmaderos, compra ilegal de autopartes, etc, es alta y está a mano, pero en los hechos es el circuito que nutre la corrupción policial y por eso no se hace. Siempre pensamos que el fenómeno es social y la policía no tiene nada que hacer, pero es mucho lo que tiene que hacer, y la idea es redirigirla hacia estas tareas”.

La solución de las bicicletas

“¿Cómo hicimos esto en 2008 en Santa Fe? El problema era la tasa de homicidios dolosos sobre el oeste de la ciudad, donde hay un cordón de pobreza y de exclusión social intenso. Obviamente el grueso de victimas y victimarios eran hombres jóvenes de 18 a 25 años. Se eligieron los barrios con alta tasa de homicidios y, entre ellos, unos en los que ya había políticas, pero que había que reconducirlas”.

“Cuando se les preguntó en una encuesta a los chicos cómo veían su futuro, la respuesta mayoritaria fue: muerto o preso, que es más o menos lo mismo. Pero también reconocían que por un proceso de maduración, a los 23-24 años, algunos se ‘rescataban’ y ‘salían’, sin ayuda de ninguna política pública”.
“Algunos elementos clave: poca profesionalidad en los robos y violencia altamente expresiva –se comunica todo el tiempo-, porque además es muy divertida. No son cosas de una subcultura criminal, son el apego al peligro y otras conductas que están presentes en toda la cultura social actual”.
“No hay una subcultura criminal: hay deriva. Hay una cultura convencional y sus valores y, por otro lado, actividades que se construyen por la pertenencia a la banda, por robos fluctuantes. Se ve claro en algunos argumentos: ¿por qué no salí a robar anoche? Porque me quedé cuidando a mi hermanita. El entendimiento de que esta no es una conducta cultural permanente, propia y estructural es lo que abrió una puerta a trabajar sobre otros mecanismos de construcción de identidad, de respeto, de resolución de cuestiones materiales, etc”.
“¿Cómo se hizo? Primero, reconocimos la banda que venían construyendo. La propuesta fue, simplemente, mostrarles nuestra preocupación por lo que estaba ocurriendo y acercarlos y sumarlos a la oferta territorial, que es poca y escasa, lo que tiene disponible en cultura, esparcimiento. Coincidió que era verano y teníamos acceso a una pileta. Pasó algo interesante para pensar las políticas de seguridad: tuvimos que hacer un trabajo muy complicado con los profesores y coordinadores para que los soportaran, abrieran un espacio y construyeran algo junto con ellos”.
“Pensamos luego en micro-emprendimientos colectivos. Y con lo que nos encontramos fue con miles de bicicletas secuestradas abandonadas en las comisarías. Lo que fuimos organizando y dio mejor resultado fueron micro emprendimientos de reparación de bicicletas que luego fueron usados socialmente. Ahora se alquilan en distintos lugares de la ciudad, por los mismos chicos que las reparan”.
“Empezar a variar su status socio-cultural, vincularlos al Estado, que el barrio y la policía empiecen a mirarlos de otra manera, que se limiten las prácticas abusivas de esa institución: esos son los pasos.”
“Hay que repensar el rol de lo local, la densidad de una política social es hoy ser un Estado local, de territorio”.

Pregunta de lavaca a Enrique Font: ¿qué rol cumplen los códigos contravencionales, es decir, las normativas del Estado municipal, en la exclusión social de los adolescentes pobres?

Respuesta de Enrique Font: “Es la herramienta de exclusión, la que marca el territorio. La que señala dónde pueden y dónde no pueden estar. La que los obliga a quedarse en el barrio. En ese barrio donde no llega nada.”

El final de la primera jornada tuvo un actor inesperado: a la salida, un nutrido grupo de comerciantes de la calle Florida protestaba, cortando la avenida Córdoba, contra los manteros que venden en la calle. El cronista le pregunta a la vendedora de una boutique de la marca Cacharel qué propone hacer con esas personas que ofrecen chucherías para ganarse la vida.

Su respuesta redimensiona entonces todo lo escuchado durante la primera jornada de este seminario, justifica que haya que volver sobre el tema e incluso, que ahora se aliente al lector que leyó hasta aquí a renovar su esfuerzo con la segunda parte de este informe, que publicaremos en breve.

Porque la respuesta de la vendedora fue, desde todo punto de vista, histórica:

-“Que desaparezcan”.

El género tras las rejas: un estudio sobre las mujeres en prisión

Zanon: corte de ruta por la expropiación

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Publicada

hace 3 días

26/04/2024

La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años.

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio de contundencia, ignorado.

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas — Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión.

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”.

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”.

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género.

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”.

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló.

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

“Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”.

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder.

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Publicada

hace 1 semana

19/04/2024

Séptima entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa de lavaca Lina Etchesuri.

Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Ese jueves hacía 38 grados de calor pero parecían 43. El calor quemaba y picaba.

Faltaba el aire, el que había estaba caliente y la humedad pegoteaba.

El día que acompañé a la Ronda haciendo fotos para este proyecto, fui descubriendo imágenes a medida que los pasos y las sillas de ruedas daban vuelta como siempre, hace 2392 jueves.
La ronda siempre me emociona. Mucho. Las miro a las madres y veo proyectada las fotos de sus hijxs en su mirada, hacia delante, repitiendo Presente como un mantra de presencia y resistencia. Lxs veo a ellxs en imagen, mirando de frente en su juventud detenida. Veía a Elia, que ronda en silla de ruedas, con la foto de su hijo Hugo Meidan, desaparecido el 18 de febrero de 1977, hace 47 años, y pensaba si ese día hizo tanto calor, si la luz tenía esta misma inclemencia.

En las rondas transcurre un tiempo extraño, persistente y atemporal. Las hermanas abrazan las fotos de sus desaparecidxs, gritan sus nombres con contundencia, caminan junto a las madres, junto a nosotrxs.

Transforman el tiempo y la imagen en un futuro posible.

Sobre Lina

Soy Lina Etchesuri. Fotógrafa, editora y docente

Soy parte de la cooperativa Lavaca desde hace más de 12 años donde hago todo lo que me describe y más. Me hace sentir muy orgullosa y feliz.

Estudié con Filiberto Muganini en el Rojas durante los 90s. Hice la carrera de fotógrafa en la Escuela de foto y artes visuales de Avellaneda, durante el 2001 y los años siguientes.

Me seguí formando en talleres visuales con mi querida Julieta Escardó y muchxs más.

Viajé haciendo fotos durante algunos años: conocí al subcomandante Marcos y le saqué una foto en la que se está riendo. Estuve en Cisjordania, Palestina, durante 3 meses, viviendo retratando la vida bajo la ocupación.

Junto con algunas personas y amigxs fundamos MAFIA en 2012, un colectivo de fotógrafxs que sigue hasta hoy.

Coordino talleres de foto e imagen.

Soy mamá de Fermin.

Y me encanta hacer todo lo que hago.

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Un abrazo contra la motosierra

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hace 2 semanas

18/04/2024

Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2” informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo ahorro” deben cortar la luz, los ascensores, reducen cirugías, no tienen insumos. La imagen del Clínicas, uno de los más importantes del país: “Los pacientes se están quedando sin comida”. Hoy una gran concentración frente a ese hospital escuela simbolizó un abrazo en defensa de la salud y la educación pública, mientras el gobierno nacional juega a pelearse con las prepagas, y el de la Ciudad a subvencionar a quienes mandan a sus hijxs a colegios privados. ¿Qué pasa con lo público? ¿Cuándo comenzó el desastre? Distintas voces (directores de hospitales, rectores de universidades, trabajadorxs) relatan la realidad y los datos motosierra; la organización como única salida; y el canto “la UBA no se vende”, mientras la realidad, o los números, parecen indicar otra cosa.

Por Francisco Pandolfi

“Se defiende, la UBA se defiende”, fue uno de los hits / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Clarisa y Caetana acaban de salir de cursar dermatología. Clarisa tiene 24 años y lleva puesto un ambo azul marino. Caetana, de 23, uno verde oscuro. Son alumnas desde hace seis años de la Facultad de Medicina y hace tres caminan por los pasillos del Hospital de Clínicas, ya en la etapa de las prácticas. “Hace un rato terminamos una clase en la que no teníamos vendas”, dice Clarisa. Su compañera agrega: “El otro día, en un práctico, nos faltaba vaselina para curar las úlceras; sí, vaselina, probablemente el producto más básico y barato que se necesita”.

Alrededor de ellas hay una multitud, con ansias de visibilizar la gravedad de la situación.

Clarisa, Caetana y la marea contra el ajuste / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“Estamos funcionando al 30%”, comparte Marta, médica desde hace 38 años en el Clínicas.

“Los pacientes se están quedando sin comida”, cuenta Susana, auditora.

“Soy empleado de limpieza del hospital, monotributista, trabajo cinco días por semana, siete horas por día y mi sueldo no supera los 150 mil pesos”, confiesa Diego Ruiz.

“Ya debimos reducir las cirugías y no atender a algunos pacientes”, expresa Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas.

“Estamos económicamente por debajo de un 80% sobre el presupuesto que deberíamos tener. Cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”, precisa Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Susana Dionisio, y la esperanza que genera el juntarse / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tiempos de abrazos

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestro ejército”.

José de San Martín.

Al libertador de la patria se lo homenajea con su nombre en calles y avenidas; clubes deportivos, teatros y centros culturales; plazas y parques; hospitales y universidades.

Y también en un hospital-escuela: el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y dedicado a tres ejes clave para el desarrollo de cualquier sociedad: la asistencia, la docencia y la investigación.

Son tiempos de clases abiertas; de paros y movilizaciones; de una marcha nacional universitaria a realizarse el próximo martes 23 de abril. Son tiempos de contar en cuántos meses y en cuántos días las universidades se quedarían sin presupuesto hasta cerrar sus puertas.

Son tiempos de abrazos.

Uno de ellos se forma con un montón de brazos, este jueves por la mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y no docentes, estudiantes, le brindan un espaldarazo simbólico al Hospital de Clínicas, ubicado en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera. Sobre la Avenida Córdoba, miles de personas se reúnen en la puerta principal para reclamar por el recorte presupuestario en todas las universidades del país, y en particular de las universidades escuelas.

Hay equipo en el Hospital de Clínicas /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Los cuerpos aplauden. Están vestidos con guardapolvo blanco; con ambos celestes y azules; con chaquetas bordós y verdes. De fondo, un telón negro enorme sirve de súplica para estos momentos. Es un ruego a la sociedad toda; y una exigencia, también, puertas adentro: “Defendamos la UBA”. Delante de la banderota se sostienen grandes letras blancas, hechas con cartulina, a mano, a pulmón, a necesidad de que el reclamo se vea un poco más. “La salud se defiende”, se lee, mientras se canta al unísono: “No se vende, la patria no se vende”. Minutos después, se cambia sólo una palabra: “No se vende, la UBA no se vende”.

Pero la realidad no parece indicar lo mismo.

Problemas de fondos

Luego del abrazo, se rodea al hospital y en otra de las puertas de la institución, sobre la calle Paraguay, se lleva a cabo una conferencia de prensa. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, va al hueso: “Ya tuvimos que optimizar los recursos, que son insuficientes; no podemos comprar insumos, ni hacer transferencias porque no hay licitaciones de presupuesto que avalen las compras. Mientras, tenemos un montón de pacientes internados”. Sigue: “Es muy difícil no usar la luz en un hospital; no usar los ascensores cuando los pacientes necesitan usarlo… Lo mismo pasa con la calefacción. El año pasado estábamos orgullosos de haber comprado y cambiado la caldera, y este año no sabemos si va a funcionar, porque el modo de ahorro va a estar en el gas, en la luz, en todo”.

Le cambia la cara. Se tensa, aún más. “Poner a un hospital en modo ahorro es una agresión al médico. Es muy difícil mi lugar, el tener que decirle a mis colegas si pueden atender o no a alguien. No estamos haciendo una buena medicina con estas cosas”.

Marcelo Melo y Ricardo Gelpi en conferencia de prensa /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

A su lado está el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por el Secretario de Hacienda Matías Ruiz. Juntos, definen lo terrible: “La UBA tiene dos partes principales en las que se divide el presupuesto. Una es la salarial, que consume entre el 85% y el 90%; y después está el gasto de funcionamiento, que consume entre el 10 y el 15%”. Desmenuzan: “En lo salarial hubo un recorte en términos reales ajustado por inflación del 35%, lo que significa que si en noviembre un docente o un trabajador cobraba 100 pesos, hoy cobra 65”.

Sobre los gastos para el funcionamiento: “Lo dividimos en salud y en educación. En educación este año las partidas arrancaron congeladas al presupuesto del año 2023; hubo una actualización parcial del 70% desde marzo; pero en términos interanuales eso significa un 58% de actualización, comparado con una inflación de casi un 300% interanual. Por el lado de la salud, empezamos el año sin presupuesto, ya que la partida devengada del año 2023 no había sido asignada hasta esta semana”.

Tomar la calle en defensa propia / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Peligro de cierre

¿La partida ya firmada –pero aún no depositada–, es un remedio? “No, para los hospitales universitarios será de la misma magnitud nominal del año pasado. O sea, no es una actualización, ni un incremento”. Subraya el rector: “Estas partidas no están ajustadas por inflación, lo que significa que sólo podrán estirar un tiempo esta situación, pero estamos lejos de estar conformes. Si se mantiene esa partida, podremos funcionar como venimos dos o tres meses más. Y después, así las cosas, la UBA cierra, porque si no hay plata, no hay plata”.

El Secretario de Hacienda suma un dato, que agudiza el cuadro: “El pago de la energía eléctrica en el último año se multiplicó por siete. Y si comparamos con febrero de este año, sólo los últimos dos meses, se multiplicó por cuatro”. Y ejemplifica con una cuenta que no cierra: “El crecimiento del gasto, sumado a las partidas congeladas, hace que crezca más rápido el gasto que tenemos la universidades y empeorando cada vez más el funcionamiento”.

La educación, la salud y la ciencia, en juego; en venta / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“El mal funcionamiento es de hace años”

La falta de recursos no empezó en la era Milei. Marta, médica desde hace 38 abriles, describe: “El mal funcionamiento viene de años, como consecuencia de malas administraciones anteriores. Y ahora, este recorte presupuestario es el tiro de gracia”. ¿En qué se venía mal? “De 12 quirófanos funcionan 5 y hay numerosas salas cerradas; cada vez se va achicando más la estructura, deteriorando y no hay presupuesto para mantenerlo”.

Clarisa, alumna, añade: “El edificio tiene un montón de falencias, es muchísima la cantidad de arreglos que harían falta y esto viene desde hace años. Con este recorte, el único futuro que veo es que se caigan las paredes… Me da mucho miedo e impotencia”.

Florencia trabaja hace 10 años y el amor que siente por la entidad viene de familia: “Mi mamá trabajó ahí; mis dos hijos fueron a ese jardín; le salvaron la vida dos veces a mi mejor amiga; curaron a mi papá, a mi abuela”.

Admite que el hospital “siempre tuvo pocos recursos; siempre hubo carencia de insumos”. Profundiza: “La situación no viene bien hace mucho; las personas que deben hacer el presupuesto no valoran la calidad humana ni la cantidad de atenciones que se realizan por día. El hospital siempre tuvo lo básico, y en muchas oportunidades debimos conseguir insumos por fuera, siempre tardó en llegar el material que se necesitaba”.

Carteles, ruido, sonrisas: estrategias contra el recorte / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Orgullo nacional

El Hospital de Clínicas es considerado uno de los hospitales más importantes de la Argentina y de América Latina. Se fundó en 1881 y allí se realizaron varios procedimientos por primera vez. Algunos hitos que nacieron entre sus paredes que hoy yacen descascaradas: la aplicación de la insulina, el cateterismo cardíaco, las residencias médicas, las punciones de riñón, las operaciones filmadas. Dice la médica y hoy auditora Susana Dionisio: “En este hospital se formaron la mayor parte de los médicos de renombre que hay en toda la medicina prepaga”. Suma otro caso testigo: “Hay que acordarse de acontecimientos como el de la AMIA, cuando sucedió el atentado este hospital recibió a la mayoría de los heridos, y fue gracias a este hospital que se salvó a muchísima gente. Entonces, podés hacer un comité de crisis, pero si al mismo tiempo desfinanciás a la educación, está muy mal. El presidente se merece un juicio político y la oposición tiene que pararse y ser una oposición real, sino perdemos la democracia”.

Marta Cora Eliseht es médica de obstetricia del hospital de Clínicas y docente de la Facultad de Medicina. “El Clínicas es fundamental, un orgullo nacional; no sólo cumple funciones asistenciales, sino también de docencia en áreas de pregrado y postgrado; esta es la sede de infinidad de carreras. Somos especialistas en obstetricia y atendemos muchos embarazos de alto riesgo, casos que no se atienden en otros lados”.

Marta es médica en el Clínicas desde hace 38 años /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En el hospital trabajan más de 3.200 empleados y se atienden alrededor de 365 mil personas al año. En lo educacional, cursan por año cerca de 1500 alumnos. “Hay cinco cátedras y estudiamos 300 personas promedio en cada una. Este es el hospital escuela más grande del país”, explican Clarisa y Caetana, estudiantes de medicina.

Las palabras de Sofía, que integra la comisión interna, laten: “El hospital-escuela literalmente es el corazón de la UBA, donde se retroalimenta la ciencia, la investigación, la educación, pero sobre todas las cosas la salud pública, con todo lo que conlleva ese concepto de gratuidad e inclusión. Queremos seguir brindando la atención de calidad a los y las pacientes, pero sobre todas las cosas contar con un financiamiento que nos permita que nuestra casa, como así consideramos al hospital, siga funcionando. No queremos tener el privilegio de pisar la UBA, sino el derecho de seguir en ella”.

Una que pedimos (casi) todxs /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Un dolor inenarrable

El hit se vuelve a cambiar: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode se jode”, se vocifera con angustia y con firmeza, en un clamor popular que hiela la sangre. Las y los laburantes le dan magnitud al problema. La obstetra Marta Cora Eliseht dice: “En el sector no tenemos espéculos, vidrios para hacer papanicolaou, guantes, gasas, algodón, lo básico. Los profesionales de la salud estamos intentando conseguir donaciones de entidades privadas para suplir las faltas”. Sintetiza: “Estamos sufriendo un ataque artero a la universidad pública”.

Susana Dionisio es médica desde hace 49 años. Quince los trabajó en el Clínicas, donde ahora es auditora. “Sentimos un dolor que no se puede narrar. Los pacientes se están quedando sin comida y solidariamente se intenta ayudar entre sindicatos, médicos y administrativos, pero los insumos médicos no los podemos comprar. Ya se está cortando la luz a cierta hora, no se puede creer”.

La potencia de Elsa Carrizo, la potencia de lo colectivo /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Elsa Carrizo es delegada general de la comisión interna del Hospital de Clínicas. Tiene puesto un guardapolvo blanco, que lleva el logo de la institución. Se lee: “Fundado en 1881”. Dice: “Trabajamos con obras sociales, pero es impresionante la cantidad de gente sin obra social que viene, alcanza con ver las colas que se forman a la mañana. Ya no tenemos insumos ni para el mantenimiento, ¿con qué vamos a limpiar? Hay un combo de muchísimas necesidades en el hospital”.

“Últimamente no nos estuvieron entregando secadores”, detalla Diego Ruiz, empleado de maestranza. Cobra menos de 150 mil pesos por mes y sólo el monotributo para facturar (no está en planta permanente) le cuesta alrededor de 18 mil. “Estamos en una situación de mierda, personalmente para mí es imposible llegar a fin de mes”.

Diego cobra menos de $150 mil por mes. Y no es una joda / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tomás trabaja en el área de personal hace 5 años y es delegado de la comisión interna. “No hay paritarias y los sueldos quedan muy bajos. Tenemos poco más de 300 contratos que salen del bolsillo del hospital y son los que más corren peligro. Estamos hace un par de meses sin aumento y no hay respuesta del gobierno ni comunicación. Estamos estancados, no da para más”.

Carolina Nadal es empleada desde hace 30 años. Hoy es la jefa del departamento de Trabajo Social. “El presupuesto que se está ejecutando es el del año pasado y esto es inviable en términos de sostenimiento, de todo lo que se necesita para que funcione el hospital de manera integral. El gobierno va a tener que responder de una manera diferente a la que está respondiendo ahora. Siento mucha bronca e indignación, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que en las calles, con la resistencia, haya otro desenlace que no sea cerrar las puertas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

José de San Martín.