Nota
Exceso de lobby
Argumentos bizarros, discusiones de locos, periodistas de espectáculos operando, expertas y ministros relacionados con una industria que no quiere que los consumidores estén informados. Argentina podría convertirse en el próximo país en tener una ley de rotulado frontal de advertencia con sellos negros, como Chile, Perú y México. O podría ser otro de los países en los que triunfan los conflictos de interés y el lobby en detrimento del derecho a la información y a la salud. De la redacción de Bocado.lat *.
Siete días atrás Argentina estaba cerca de tener un rotulado frontal de alimentos con octágonos negros de advertencias para productos con exceso de azúcar, grasa, sal y calorías, y también para productos con cafeína y edulcorantes no recomendables especialmente para las infancias. A pesar de las presiones de Coca Cola que intentaron afectar el proyecto hasta último momento, el modelo que inauguró Chile y perfeccionó México se plasmó en una ley que tuvo el respaldo de sesenta y cuatro senadores y sólo tres votos en contra (los legisladores de las provincias azucareras). Los argumentos que dieron para oponerse fueron entre desopilantes y bizarros: que se estaba demonizando a ese ingrediente que era orgánico y natural, que no se estaba teniendo en cuenta el hambre, que las barritas de cereal light iban a tener advertencias como los yogures…

Apenas la ley obtuvo dictamen favorable en Senadores, en cuestión de horas el jefe de la cámara de Diputados (hacia donde avanzó el proceso legislativo de aprobación), Sergio Massa, viajó al norte del país. A Tucumán, una de las provincias que lidera a la industria azucarera argentina y prometió a los gobernantes “atender la potencia que tiene el sector azucarero”.
¿Qué significaba esa promesa? Que iba a desenfundar la primera de las estrategias que han sido empleadas sistemáticamente para obturar el rotulado frontal en cualquier país que se le haya animado: la demora. Sergio Massa pasó el proyecto de ley a seis comisiones para que fuera debatido antes de ingresar al tratamiento oficial. Eso podría significar una postergación de años. El escándalo estalló en redes sociales bajo el hashtag #ExcesoDeLobby, lo que obligó a Massa a reducir el mismo día las comisiones a la mitad, aunque no hay garantía de que el proceso se agilice.
Enseguida se reavivaron las otras estrategias que por 10 años han impedido que en Argentina exista siquiera un debate sobre rótulos: confundir y propagar miedo.
Ideas apocalípticas del tipo La ley va a quebrar el sistema, porque enlazan supuestos como Coca Cola va a vender menos, el kiosco de la escuela también y el Mercosur va a desbarrancarse. Es ese espacio de cooperación comercial de América del Sur, el Mercosur, el que es utilizado como el instrumento más efectivo para boicotear sistemáticamente los avances de todos los países que lo conforman aduciendo una necesidad de consenso para homologar rótulos.
La discusión dentro del Mercosur parece de locos. Porque las normativas no dicen nada como que hay que acordarlo todo. Pero la presencia de la industria en cada una de las reuniones es imbatible. Uruguay fue el primer país del bloque en animarse a sancionar la ley de rotulado frontal y debió enfrentar el bullying del resto, que pretendían avanzar sobre su autonomía. Pero la alegría duró poco. Cambio de gobierno mediante, las marcas encontraron en Mercosur el espacio para postergar la aplicación a 2021 y dejar a Uruguay en un limbo: si el espacio de comercio internacional acuerda un camino común (el que sea) ese país también deberá adoptarlo. Curiosamente, Brasil también logró generar un etiquetado de advertencias pero diferentes: “lupas” que aparecen ahí donde hay ingredientes problemáticos que destacar, con un diseño gráfico tan particular que se vuelve mucho más débil que el de los octágonos negros. Además que su perfil de nutrientes es más laxo, exponiendo solo a aquellos productos que tienen excesos evidentes y permitiendo que se oculten los productos ofrecidos como saludables a pesar de tener excesos de nutrientes críticos. “El peor sistema de rotulados que se ha aplicado hasta ahora” según un estudio canadiense. Tan complicado resulta el modelo brasileño que los legisladores argentinos opositores a la ley toman las lupas como ejemplo. “Si Brasil es más amable con sus rótulos, nos mudamos para allá”, dicen.

Daniel Funes de Rioja, titular de COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, la cámara que engloba a todas las marcas de Argentina), catalogó de “demonizadora” y poco razonable a la medida de octógonos negros. La Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (Amcham) ya habría enviado tres notas a las comisiones que tratarán el tema, expresando su opinión negativa. A todos los anteriormente nombrados se les suma Juan Luis Manzur, médico y político que gobierna actualmente la Provincia de Tucumán, quien fue Ministro de Salud Nacional entre 2009 y 2015, en férrea alianza con las azucareras. Juntos, Manzur y Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Salud del Senado, han atacado la ley de rotulado y defendido públicamente al ingrediente: “Así como está el proyecto victimiza o pone al azúcar en un lugar que no se merece (…) El azúcar es natural, más sano que los edulcorantes. Necesitamos un proyecto de ley para acercarnos a Mercosur, y este definitivamente no lo es”.
Otro sector que se opone a que los consumidores tengan acceso a la información es el de nutricionistas y médicos que trabajan frecuentemente para las marcas alimenticias. Personas como Sergio Britos, director de CEPEA (Centro de Estudios Sobre Políticas y Economía de la Alimentación) y profesor asociado de nutrición en la Universidad de Buenos Aires, quien trabaja frecuentemente para Danone (que tiene un catálogo de yogures y postres infantiles con exceso de azúcar), comenzó la campaña #PorUnBuenEtiquetado. Publicó un artículo en su cuenta en LinkedIn, en el cual cataloga al proyecto de excluyente, afirmando que solo apunta a limitarse a nutrientes cítricos (como azúcar y sal) sin contribuir a mostrar los nutrientes “buenos” que los productos pueden tener (como vitaminas sintéticas agregadas). Britos también compartió por Instagram reuniones sobre la iniciativa YINI, financiada desde el Instituto Danone: una serie de estrategias para la promoción de cualidades y características de los yogures, en las que se evaden las altas cantidades de azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa y/o edulcorantes que muchos poseen. Es tan poderoso el alcance de los financiadores de estas ideas, que la semana anterior terminaron siendo propagadas por el periodista de espectáculos Jorge Rial a través de su cuenta de Twitter. Rial es Management de Minta Group, empresa encargada de posicionar marcas en medios masivos. Y uno de sus principales clientes es Danone. Además está en pareja con Romina Peirano, también nutricionista, y embajadora de Activia, uno de los yogures azucarados de Danone.
Entre los comentarios destacados al post de Britos aparece la directora del Centro Katz y directora de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), Mónica Katz, quien aprovechó para sumar su apoyo: “Argentina se debe una discusión transversal”. Después, por medio del diario Infobae, Katz se dijo alarmada ante la posibilidad de que su nieta encontrara rótulos negros sobre los productos que ella le indica comer.
Las opiniones de Mónica Katz no son ingenuas porque también colabora con la industria alimentaria. La SAN recibe financiamiento de empresas como PepsicO, Danone y Arcor, pero además ella personalmente, entre sus últimos trabajos, estuvo encargada de desarrollar el rotulado “La porción justa”, una campaña de la transnacional de alimentos y golosinas Arcor. Así la empresa encontró en Argentina la forma de implantar un sello verde -propio y único- con cual indica la porción de chatarra que recomiendan diariamente, como si tal cosa existiera. Así, en las góndolas argentinas hay productos marcados como “la porción justa” cuando en Chile, Perú y Uruguay tienen entre dos y tres sellos negros de exceso.
“Argentina va a tener una ley de rotulado frontal”, dijo unos meses atrás Ginés Gonzalez García, el actual Ministro de Salud. Y a priori todos estamos de acuerdo. Pero ahí hay una trampa: una mala ley puede ser peor que ninguna, y hacia eso apunta el lobby actual: “más amable como la de Brasil”, “que agregue nutrientes buenos”, “que tenga un perfil de nutrientes distinto”. Nuestro ministro de salud, González García, es el fundador de la universidad privada Isalud, que tiene una carrera de nutrición dirigida por el médico mediático Alberto Cormillot. Cormillot fue funcionario en el gobierno anterior inaugurando la dirección de Alimentación Saludable desde donde tomó una única medida: firmar una acuerdo con la cámara de empresas de la industria alimentaria COPAL, que les garantiza una silla en todas las reuniones donde se debaten políticas públicas relacionadas a la alimentación. Además Cormillot es una marca: hay una línea de productos con su nombre, muchos altos en azúcar y edulcorantes.
Además de confundir y asustar, el lobby anti-etiquetado tiene por estrategia interferir: Correr los límites que se establecen en el proyecto de ley actual (que son los que sugiere la Organización Panamericana de la Salud) para adoptar unos más laxos (los que sugiere la industria).
“Buscan debilitar el sistema de perfil de nutrientes que fue desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud”, dice Ignacio Porras, licenciado en Nutrición y director de SANAR, una sociedad de nutrición libre de conflictos de interés que tiene representación en todo el país. Porras explica que para ser útil, la ley debe mantener tanto su sistema de rotulado octagonal como el perfil de nutrientes de la OPS.

La oposición a la ley es férrea pero su apoyo también. No solo SANAR lo comanda desde la sociedad civil sino también la Fundación Interamericana de Nutrición, UNICEF, OPS y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) que publicó una carta pidiendo el tratamiento urgente de una ley que protege principalmente a niños y niñas.
Actualmente los activistas se esfuerzan por sostener el perfil de nutrientes y resumir el trabajo de Comisiones, para que el proyecto sea tratado a modo de plenario. Quien tiene el poder de decisión en ese aspecto es la diputada Cecilia Moreau, y ha dicho que el viernes 13 convocará a una primera reunión informativa.
En el congreso argentino se debate más que una ley: existe una guerra de conflictos de interés acechada por una de las industrias más poderosas del mundo. Un poderoso sector que entre ingenios y grandes marcas alimenticias ha logrado nada menos que mantener ocultas las cantidades de endulzantes que se agregan a los productos, convirtiendo a los consumidores de procesados y ultraprocesados en protagonistas de un experimento: comer azúcar, escondida bajo 56 nombres.
* Bocado- investigaciones comestibles: Bocado.lat es una red latinoamericana de periodistas con perpsectiva científica y de derechos humanos, dedicada a temáticas vinculadas a la alimentación, los sistemas alimentarios y los territorios.
Nota
Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
Nota
5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
Nota
Imágenes de la marcha a Plaza de Mayo: los jubilados siguen haciendo lío

Jubilados y jubiladas se movilizaron desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo en una nueva jornada de reclamos y denuncia por los ingresos de pobreza que perciben y el fin de la moratoria previsional, cuya prórroga sigue durmiendo en Diputados. Como siempre, los carteles manuscritos fueron una forma de expresión y creatividad. En uno se leía: «Francisco está feliz. Jubilados haciendo lío!!!»
La marcha comenzó nuevamente con un operativo desproporcionado con las cuatro fuerzas federales -PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA- que reprimió la protesta pacífica: la Comisión Provincial por la Memoria contabilizó una persona detenida y 13 heridos por efectos de los gases lacrimógenos, entre ellos jubilados y trabajadores de prensa.
Frente a la Rosada, realizaron un acto donde distintas agrupaciones de jubilados se manifestaron contra el acuerdo con el FMI y cantaron por la salud de Pablo Grillo.
«Hasta el próximo miércoles», saludaron los jubilados y jubiladas.
La próxima semana, la marcha contará con la participación de los gremios de la CGT como previa al Día del Trabajador y la Trabajadora del 1 de mayo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca

Foto: Juan Valeiro para lavaca.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.
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