Las últimas noticias energéticas profundizan la eterna promesa del extractivismo petrolero, que se derrite al calor de la realidad y los vaivenes de los mercados. El año récord de fracking. El Plan Gas y los nuevos acuerdos con Bolsonaro. Las voces que apuntan qué significa el debate sobre una transición energética, y qué tiene que tenerse en cuenta para llevarla a cabo: descentralización, energías alternativas y cambio de paradigma. Lo que está en juego: los mercados o la naturaleza, los territorios y las personas que en ellos viven.

“Al comienzo de la pandemia hablábamos de la posibilidad de generar otra conciencia respecto a la matriz de producción. Por eso es frustrante ver que hoy se vuelve a caer en la misma política extractiva de siempre”.

El joven vocero de la lof Newen Mapu en Neuquén, Lefxaru Nahuel, resume en una frase las últimas noticias que volvieron a poner a Vaca Muerta como parte central del motor energético y productivo del país. Por un lado, el Plan Gas anunciado por el presidente Alberto Fernández que les asegura a las empresas privadas que operan en la región un horizonte de negocios a contramano de las denuncias por contaminación. Por otro, la media sanción del Aporte Solidario de las Grandes Fortunas que prevé que un 25% de la recaudación se destine a la exploración, desarrollo y producción de gas a través de la empresa IESA (ex Enarsa), en articulación con YPF.

“La explotación de Vaca Muerta se anuncia desde hace casi una década como el eje de la política energética y productiva del país”, observó en un comunicado el Observatorio Petrolero Sur. “Sin embargo, hasta el momento no dio los resultados esperados, pese a los tarifazos y los cuantiosos incentivos estatales. Después de cortos periodos de expansión, la extracción se ralentizó o cayó, sea por la baja del precio internacional o por restricciones en la implementación de incentivos. También está lejos de cumplir las expectativas como dinamizador del sector productivo, los encadenamientos han sido escasos y dependientes de las inversiones hidrocarburíferas apalancadas en subsidios”.

El nuevo avance gubernamental sobre la actividad omite además los impactos socioambientales de la aplicación masiva del fracking, en un territorio que ya está temblando por los sismos. “Al comienzo de la pandemia bajaron, pero reaparecieron con el comienzo de la actividad: hubo un sismo muy importante que se sintió en Neuquén Capital”, grafica la investigadora y docente de la Universidad Nacional del Comahue, Lorena Riffo. “Si un sismo se siente en los pueblos cercanos ya es gravísimo, pero si llega la capital ya nadie se puede hacer el desentendido”.

Según el diagnóstico de la empresa NCS Multistage, durante noviembre se realizaron 545 etapas de fractura en los pozos de Vaca Muerta: no sólo representa un incremento del 58% respecto de octubre, sino que hay remontarse a noviembre de 2019 para un dato similar. YPF fue la empresa que más fracturas sumó durante el mes, con 232.

El alerta de las comunidades también tuvo resonancia a nivel internacional: en 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU exhortó a Argentina a “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el fracking en la región de Vaca Muerta”.

Nada de eso ocurrió.

Qué energía

Los anuncios gubernamentales sobre Vaca Muerta vuelven a poner en debate la matriz energética argentina. El ingeniero Jorge Chemes, del Taller Ecologista de Rosario, una organización que hace 35 años investiga y realiza espacios de formación y divulgación sobre defensa y preservación del ambiente, apunta un término: la transición energética, un concepto hoy en disputa, no sólo por los territorios y las comunidades, sino también por las corporaciones privadas. “Hay una transición corporativa y otra popular”, dice Chemes. “La corporativa no sólo es llevada adelante por grandes multinacionales, sino que es una lógica que llevan adelante oenegés, estados provinciales, que coloca a la energía en la esfera de los mercados, imprimiéndole una lógica de mercancía. Por otro lado, la transición popular plantea a la energía como derecho y como satisfactora de necesidades básicas”.

Chemes apunta que la visión corporativa busca la rentabilidad económica bajo una racionalidad de mercado: “Contempla ciertos puentes energéticos como los llamados combustibles de transición. Quienes se asientan en esta posición entienden que el gas del fracking es un combustible necesario para transicionar a otras matrices energéticas. Sin embargo, la transición popular entiende que es necesario la diversificación no sólo desde una lógica física y materialista, ya que esa posición no alcanza porque es fundamental migrar a otra lógica de consumo para abastecer la demanda. Así como están los picos de extracción de bienes comunes, no existe en la naturaleza los bienes necesarios para generar energía bajo una lógica de crecimiento de forma infinita”.

La lógica de crecimiento atada a la visión de mercado tampoco tiene un destino exitoso asegurado. El Observatorio Petrolero Sur menciona dos riesgos: las inversiones en dólares que se retiran del país tan rápido como llegan ante el mínimo inconveniente con los subsidios estatales, y el inestable devenir del precio internacional del crudo. Un ejemplo: en abril el valor de referencia para el crudo en Estados Unidos (WTI) llegó a números negativos por primera vez en su historia.

La investigadora Riffo, por su parte, reflexiona: “Todos los gobiernos están haciendo girar una rueda de acumulación sin discutir para dónde va la matriz. Y aquí entra el rol de los hidrocarburos como insumo energético en esa rueda de capital: los combustibles fósiles, en general, son los que permitieron el desarrollo masivo del capitalismo en los últimos 70 u 80 años, y cuando te ponés a pensar en el problema del insumo energético y en la discusión de qué energía queremos, no se problematiza el para qué de esa energía. Porque si vamos a cambiar la matriz energética a otra fuente bajo una misma lógica de acumulación sin satisfacer las necesidades de la población, vamos a seguir en el mismo camino de necesitar mucha energía que alimente esa voracidad”.

La voracidad, precisa Riffo, no tiene en cuenta los impactos naturales (derrames, sismos, incendios en pozos) ni tampoco los derechos laborales. “Entre 2018 y 2019 hubo al menos 8 muertes de trabajadores, cuyas empresas salieron a decir que fueron ´errores humanos´. Puede ser que hayan sido errores, pero estaban trabajando en condiciones paupérrimas, sin francos, con condiciones de seguridad pésimas. Esas cuestiones también se producen con el aval sindical, que debería proteger los derechos de los trabajadores. La provincia no tiene capacidad de control, con yacimientos lejos de zonas urbanas concentradas, y todo queda en manos de las empresas, que hacen lo que quieren”.

En ese sentido, como un eje central de una posible transición acorde a las necesidades de las comunidades, Chemes plantea la descolonización del proceso de pensamiento. “Hay que pensar proyectos y desarrollos de forma local, desde el sur, y con un modo distinto de relacionarnos con la naturaleza, y allí el pensamiento de los pueblos originarios es clave para pensar nuestra relación: que haya una participación real de los proyectos de energía y sacarla de la mano de ´los expertos´ como los únicos que pueden opinar. Como país nos cuesta salir de una visión desarrollista de pensar que el único modo de gambetear estas constantes crisis económicas son a partir del endeudamiento o de la explotación de los bienes comunes”.

Por eso, la descentralización aparece como un nuevo paradigma respecto al debate de la transición: “Estamos acostumbrados a generar energía en grandes megaproyectos, y la descentralización busca generar dinámicas donde la energía se genere de forma más cercana a los puntos de consumo”.

Hacia otro paradigma

En 2019, seis integrantes de la lof Campo Maripe, en Neuquén, llegaron a juicio acusados por “usurpación” en el corazón de Vaca Muerta. El detalle era que esa comunidad vivía en ese territorio desde 1920. En 2013, luego de que la Legislatura neuquina aprobara con represión el pacto de Chevron-YPF, la comunidad se organizó para defender sus tierras y exigir que se cumplan las leyes nacionales e internacionales.

En 2017, MU viajó a Campo Maripe y habló con los referentes de la comunidad. El entoces lonko Albino Campo describía así qué significa el fracking: “Aquí hay una sola torre trabajando, que permitimos como gesto de buena voluntad para que haya diálogo. En toda el área hay unas 300 o 400 perforaciones trabajando. Habían planificado 1.800, pero lo hemos podido detener. No estamos en contra de la actividad petrolera, pero queremos que se nos consulte como lo exige la ley. No a mí como lonko: a toda la comunidad”. El juez de Garantías Gustavo Ravizzoli los absolvió, ya que consideró que no puede haber usurpación en un territorio que habitan ancestralmente

Desde la lof Newen Mapu, en Neuquén, Lefxaru Nahuel plantea una ecuación más sencilla: “El 25% del llamado Aporte Solidario, en vez de ir al fracking, podría ir a energías renovables. Nosotros tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana a trabajar la tierra porque a las 11 o 12 ya no se banca el sol. Es un territorio donde sol y viento abundan. Es increíble que no se utilicen esos recursos. Si lo comparás con otro país, Argentina no ha producido capacidad eólica en estos años. Eso es lo desesperante: la nula inversión en energías renovables y que se profundice la matriz extractiva”.

Chemes pone como ejemplo de otros modelos una experiencia que el municipio de San Martín de los Andes realizó junto al INTA para aprovechar un subproducto de la lana de oveja como aislante térmico de viviendas. “Es una propuesta interesante que construye otra forma de vincularse con la comunidad”, apunta. Otro caso se dio en Armstrong, en Santa Fe, con la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios, que logró desarrollar un parque de energía solar: con los ahorros energéticos que lograron con la instalación de 50 paneles en techos de diversas viviendas, crearon un Fondo Solidario para comprar nuevos paneles y equipar así al resto de la comunidad. Chemes: “Eso significa entender a la energía como satisfactor de derecho, sin proponer un esquema en el que las familias tengan que ´colgarse´ de la energía para tener condiciones de vida dignas. Es poder imprimirle un enfoque social”.

Por el contrario, la Multisectorial contra el Fracking en Neuquén subrayó que, desde 2013 a 2019, la provincia empeoró su situación económica y se endeudó en dólares. Lefxaru: “En Neuquén hay mandatos constitucionales sobre cómo se deben utilizar los recursos hidrocarburíferos, y que esas utilidades deben ser utilizadas en diversificación productiva. No ocurrió nunca, mientras las empresas que sacan petróleo no son de acá. Cuando las comunidades, como el caso del municipio de Vista Alegre, sacan ordenanzas para declarar a los territorios libres de fracking, ahí sí les declaran la inconstitucionalidad porque dicen que no tienen competencia en materia energética”.

El caso de Vista Alegre, en Neuquén, citado por Lefxaru: “Es una zona productiva de chacras, y lo grave es que el petróleo ha ampliado sus fronteras de expansión y ocupó tierras que son orillas de ríos y lagos. Lo preocupante es que no sólo no se van a lugares donde hay tierras ociosas, sino que compiten con ciudades, pobladas, zonas productivas y zonas de agua”. Los efectos y las consecuencias socioambientales de la matriz extractiva se extienden por diversos territorios, cuya disputa, como se apuntó, se traduce en persecuciones judiciales, represiones y efectos nocivos sobre la salud de las personas y la degradación del ambiente. La creciente sojización en los campos argentinos (más de 17 millones de hectáreas) y el intento de aprobar la megaminería en provincias donde la sociedad la rechaza son dos casos.

El joven mapuche responsabiliza de la contaminación no sólo a las empresas, sino a los gobiernos provinciales y nacionales: “Al agotar el agua, la tierra y contaminar el aire, también impiden cualquier perspectiva de superación a futuro”. Es llamativo: en el caso de la minería, las asambleas de Chubut y Mendoza denuncian exactamente lo mismo. Y así como en las calles de Chubut ya comenzó la represión a vecinos y vecinas que defienden el agua y la vida, en el caso de las comunidades mapuche son directamente hostigadas y criminalizadas. Cuenta Lefxaru: “Vaca Muerta venía bajando el perfil, y era necesario dejar de inflarla para generar expectativas que no es capaz de cumplir. Pero en los sucesivos gobiernos hubo unanimidad en el extractivismo”.

La única grieta (o fracking, en términos energéticos) parece estar más bien entre la sociedad y la naturaleza como un todo, y el mercado. ¿Cómo se inclinará esa balanza? Cierra el joven mapuche: “Son, sobre todo, las nuevas generaciones las que tienen que cuestionar que el país, sea del color que sea, repite esta receta que no lleva al trabajo. La explotación de los recursos naturales no da resultado: es necesario cambiar el paradigma”.