Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de Catamarca. Desde hace diez años allí funciona una de las minas de oro y cobre más importante del mundo. Habitantes del lugar aseguran que el emprendimiento no trajo ningún bienestar, denuncian contaminación y un Estado cómplice. La empresa asegura que todo su accionar está sujeto a la ley. Los pobladores piden un plebiscito para evitar la instalación de otro yacimiento, que será el más importante de América y multiplicaría los problemas.
Agua para no beber. Aire que mejor no respirar. Un pueblo pobre, sobre montañas de oro. Son algunas de las contradicciones de Andalgalá, una localidad catamarqueña de 17 mil habitantes, a 240 kilómetros de la capital provincial, donde funciona desde hace diez años la mina de oro y cobre más grande de Argentina y una de las más importantes del mundo. La empresa, Minera Alumbrera, de un consorcio suizo canadiense, es denunciada por los pobladores de contaminar la tierra, el aire y el agua. Espacios sociales, guber-namentales y judiciales del noroeste argentino advierten que la contaminación afectaría a tres provincias: Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, pero el mayor desastre –advierten– comenzaría en breve: una nueva mina, tres veces más grande, aún más cerca del pueblo y en las cumbres que proveen agua a toda la región. Los Vecinos Autoconvocados aseguran que será el tiro de gracia para el pueblo. Por ello, piden un plebiscito al estilo Esquel.
Los Vecinos Autoconvocados de Andalgalá son docentes, jubilados, comerciantes, obreros de la construcción y amas de casa que aprendieron de fórmulas químicas, historia, procesos de extracción, leyes ambientales y bene-ficios impositivos que gozan las compañías. «Es David y Goliat», resumen desde una de las provincias más pobres del país. Enfrente ubican a las multinacionales mineras más importante del mundo: la suiza Xstrata (50 por ciento del paquete accionario) y las canadienses Goldcorp (37,5 por ciento) y Northern Orion (12,5); al Estado en sus tres niveles –municipal, provincial y nacional– y una comunidad dividida en torno a la empresa: familias desmem-bradas, hermanos que no se hablan, amigos de toda la vida hoy distanciados, comerciantes que perdieron clientes por oponerse a la minería, vecinos que ni se miran. Un pueblo donde la minera, como la polémica, afecta a todos.
Memoria del saqueo
Octubre de 1994. Cine-Teatro Catama-rca, frente a la plaza principal de San Fernando del Valle. El gobernador Arnoldo Castillo; el entonces secretario de Minería y actual gobernador de La Rioja, Angel Maza; el ex presidente Carlos Menem y un ejecutivo, alto, rubio y asistido por traductora, anunciaron el lanzamiento de las obras de infraes- tructura del yacimiento Mina Bajo la Alumbrera, ante un centenar de funcio-narios y empresarios eufóricos. «Hoy comienza el despegue, el día soñado para esta provincia tan postergada», dijo con lágrimas el anciano gobernador. Menem, de prolijísimo traje azul, no fue menos: «Esta es la Argentina que necesitamos, que se abre al mundo, que recibe inversiones, que promete un futuro». El ejecutivo de la multinacional, asistido por una traductora, agradeció: «Nuestra inversión se da gracias a las nuevas leyes impulsadas por el Gobierno, sin él no podríamos haber iniciado esta obra».
Tres años después, el 31 de octubre de 1997, Carlos Menem voló con todo su gabinete a Andalgalá para inaugurar la etapa de extracción. Fiel a su estilo, fue protagonista activo de la primera explo-sión en la montaña y de la primera molienda. Luego sobrevino el fastuoso lunch en las instalaciones de la misma mina, a 2600 metros, en la exclusiva ciudad en las alturas para los profe-sionales y trabajadores de la multinacional.
Andalgalá fue fundada un 12 de julio, hace 347 años, y siempre había estado presente el buen recuerdo de la minería. A fines del siglo XIX, y hasta principios del XX, fue una región que conoció el bienestar al abrigo de la extracción de mineral con el sistema de galerías, en pequeña escala, con enorme demanda de mano de obra, pico y pala como herramientas, lomo de burro para el transporte. Fueron años de desarrollo, cuando Catamarca se erigía como sinónimo de crecimiento; momentos grabados en las memorias familiares, transmitidos a hijos y nietos. De ahí el germen de la bienvenida y alegría por la llegada de una empresa minera. «Pero esta vez la extracción sería diferente y los beneficios repartidos en forma diferente al siglo pasado», lamentó Roberto Cecenarro, uno de los primeros opositores a Alumbrera y pionero en ad-vertir que la luna de miel entre pobla-dores y empresa duraría poco.
La campaña publicitaria de la empresa y los políticos de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6.000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó. La compañía asegura, hoy, que emplea a 1.800 personas del lugar y, de forma indirecta, creó 8.200 puestos laborales nuevos. Los Autoconvocados lo desmienten: dicen que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgalá. El resto todos «profesionales foráneos». El intendente, aliado de la empresa, habla de cifras menores: «Se solía decir que iba haber mil, dos mil, tres mil puestos de trabajo, pero no hay más de 40 ó 50 andalgalenses efectivos».
Aída Orellana, una mujer delgada, rubia, histriónica y de hablar firme, había creído, como todos sus vecinos, en las promesas. Invirtió todo lo que tenía, y más, para construir un pequeño hotel. Creyó que la ciudad crecería, que Alumbrera le daría huéspedes y prosperidad. Pero los cuartos rara vez alojaron visitantes. Cuando se dio cuenta del engaño comenzó su militancia contra la minera. «Fue todo una gran estafa y encima nos envenenan», dice una y otra vez meneando la cabeza. Tanto se comprometió con la lucha que terminó distanciada con toda la familia, que aún hoy la sigue culpando por la ausencia de clientes. Alumbrera reconoce que al yacimiento le quedan diez años de vida y aún hoy sigue resaltando que el emprendimiento «es una fuente de oportunidades y beneficios económicos para la Argentina y en especial para las comunidades próximas a sus instala-ciones». «Prometía desarrollo del lugar, comprar a proveedores locales; pero lo cierto es que de acá no compran ni el tomate o la lechuga para las ensaladas», refuta Orellana.
La Mina de oro y cobre
El yacimiento de oro y cobre pertenece al estado catamarqueño, la Universidad de Tucumán y el estado nacional, que conforman la sociedad Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), pero cedieron la explotación a las multinacionales. Funciona a 40 kiló-metros del casco urbano de Andalgalá, a 300 de la capital provincial, entre mon-tañas y alambrados olímpicos.
Muy pocos pueden ingresar al yaci-miento, que trabaja día y noche y donde una enorme olla de dos kilómetros de diámetro y seis cuadras de profundidad es el espacio donde explosivos, 36 enor-mes camiones mineros y monumentales palas mecánicas remueven 340 toneladas de roca por día. Lejos están las imágenes de las películas: no hay picos, nos palas, nos hay pepitas de oro y, ni siquiera, hay mineros.
Por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Datos de la misma empresa se ufanan de que Alumbrera utiliza en un solo mes la misma cantidad de explo-sivos que se requiere por año en toda la Argentina. No es casualidad que nubes de polvo llueven tierra en la ciudad. Además, los especialistas advierten que la remoción de las montañas de rocas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.
«Los drenajes ácidos representan uno de los principales problemas ambientales de la minería. Estos drenajes ocurren cuan-do los minerales que contienen sulfuros presenten en la roca se exponen al aire o al agua, convirtiéndose en ácido sulfú-rico. Este ácido puede disolver metales pesados (plomo, zinc, cobre, arsénico, mercurio o cadmio) presentes en la roca y en los residuos o colas hacia el agua superficial y subterránea. Producen una contaminación grave. Los drenajes áci-dos ocurren naturalmente, pero son sig-nificativamente magnificados como con-secuencia de la minería. Además, estos drenajes pueden viajar largas distancias río abajo», explican desde Greenpeace.
Según datos de la misma empresa, el yacimiento se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo (con 190 mil toneladas anuales) y entre los 15 de oro (con 23 mil toneladas). «Minera Alumbrera es el mayor consumidor eléctrico individual de Argentina», cuenta la misma empresa en su página de internet. Cuenta con hoteles para empleados y visitantes, 500 habitaciones, comedor, salas de juegos, gimnasio, línea de colectivo interna y tres aviones propios que hacen de taxi aéreo para ejecutivos hacia Tucumán y Catamarca.
El proceso de extracción consiste en dinamitar las paredes de la montaña, transformar las rocas en polvo y diluirlas en soluciones ácidas que purifican el mineral. Esta solución viscosa es nuevamente purificada por un proceso de flotación de gran escala. Todos los desechos son destinados a un enorme basurero, de 30 hectáreas y 150 metros de alto, llamado «dique de colas». El pro-ducto bruto es enviado por un monumental mineraloducto –un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucu-mán. Transporta un barro con ácido y mineral diluido. Llega hasta Cruz del Norte, en Tucumán, donde el «Tren Alumbrera» (la empresa cuenta con cuatro locomotoras y 182 vagones propios) transporta concentrados hasta el puerto de Santa Fe. De ahí viaja rumbo al exterior, donde será refinado. El megaemprendimiento también cuenta con un electroducto de 220 kilómetros, líneas eléctricas de alta tensión que atraviesan gran parte de Catamarca y Tucumán.
Las obras de infraestructura requirieron una inversión de 1.200 millones de dólares. «Poco de ese gasto corre por cuenta de la empresa: el artículo 22 de la Ley 24.196 legisla que del tres por ciento que la empresa paga de regalías deben deducirse los costos de trans-porte, fletes, seguro, molienda, comercia-lización, administración, fundición y refi-nación. De esta forma, las monumen-tales obras las paga el Estado», explica Marcos Pastrana, de la Intersectorial de Tafí del Valle, en Tucumán, donde también acusan la contaminación desde la vecina Catamarca.
Diez años después: las acusaciones
El fiscal de Tucumán Antonio Estofán denunció a la empresa por conta-minación. El juez federal de Santiago del Estero Felipe Terán investiga una denuncia de presencia de cobre y plomo en el norte provincial y una posible contaminación de llegaría hasta las turísticas Termas de Río Hondo. La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por un derrame tóxico del minera-loducuto. Organizaciones sociales de Tafí del Valle, en Tucumán, advierten sobre la contaminación del aire, radia-ciones del electroducto e invasión de cementerios indígenas. Son sólo cinco de las decenas de acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera, impul-sadas por una gran diversidad de sectores, localidades y provincias.
El titular de la empresa, Julián Rooney, respondió a las acusaciones: «No existe contaminación de ninguna índole. El importante trabajo desplegado y las conclusiones del monitoreo ambiental han servido para que la industria pueda demostrar su apego al cumplimiento de las normas ambientales.»
Los Autoconvocados exigen desde hace años estudios «independientes» de tierra y agua. Pero las únicas respuestas que obtienen son análisis a cargo de la misma empresa o esporádicos y selec-tivos relevamientos de la provincia. Descreen de esos estudios porque sindican a la empresa como cómplice de la empresa. «Alumbrera le significa al gobierno provincial el 70 por ciento de los ingresos fiscales. Conociendo a nuestra clase dirigente ¿usted cree que denunciarán a sus sostenedores económicos», advierte Omar Ramos, vecino de lugar.
«Los especialistas recomiendan hacer seguimientos, estudios permanentes, de meses. Ellos no hacen nada de eso. Para que te des una idea: los estudios de tierra y aguas no los controla nadie: la empresa selecciona las muestras, las lleva ella misma al laboratorio y ella misma le informa a los órganos de control cuáles fueron los resultados», denuncian los Autoconvocados.
Un estudio técnico que enarbolan variados sectores fue realizado por el perito minero Héctor Oscar Nieva. Se trata de su estudio de maestría para la Universidad de Nancy (en Francia), el cual confirmó que el dique colas (la enorme olla que hace de basurero minero) tiene filtraciones que contaminan las napas subterráneas de la zona. La empresa reconoció las pérdidas e instaló un sistema de retrobombeo para que la solución que escapa al corral minero vuelva a él. Nieva asegura que la contaminación sigue regándose por el subsuelo catamarqueño. «El problema podrá agravarse al cierre de la mina. Filtra al río Vis Vis y el destino final de toda la contaminación será la reserva de agua dulce más importante de la región. Ya hay mortandad de animales en la zona de impacto ecológico de la minera. Ellos dicen que no contaminan, pero es evidente que algo hay», afirmó el especialista.
El presidente de Alumbrera afirmó que «el estudio del ingeniero Nieva toma en cuenta datos parciales y realiza extra-polaciones que nada tienen que ver con la realidad de lo que realmente ocurre, por lo tanto carece de fundamento técnico. En nuestra página web puede encontrarse un trabajo con los argu-mentos que explican porqué son inexactas las conclusiones a las que arriba el ingeniero Nieva».
Desde Greenpeace aseguran que «es evidente que las actividades mineras frecuentemente producen beneficios eco-nómicos a corto plazo a las comuni-dades. Pero también producen impactos ambientales y de salud a largo plazo que las compañías mineras frecuentemente evitan pagar».
Sin embargo, en declaraciones al diario La Gaceta, el secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral –que rechazó hablar con este diario–, sorprendió a los tucumanos y catamarqueños al negar que exista un problema ambiental ligado a la actividad minera y aseguró que «algunos, con picardía, pretenden gene-rar incertidumbre». La Federación de Organizaciones Ambientalistas de Tucu-mán no tardó en contestarle: «No puede ser que el funcionario desconozca que la actividad desarrollada por la firma no tan sólo mereció la condena de la comu-nidad, sino que, además, su principal directivo está imputado por presunta contaminación, por la Justicia Federal», coincidieron los representantes de la entidad, Pedro Ottonello y Juan Manuel Prado Iratchet.
En los valles calchaquíes, la Intersec- torial de Tafí del Valle -que reúne a las organizaciones sociales del lugar- se declaró por el «no a la minería metalífera por los graves impactos ambientales que provoca en la comunidad», aseguró Marcos Pastrana, referente de la Inter-sectorial, quién recordó que con las torres del electroducto se invadió espacios sagrados indígenas. Exigen que la zona de los valles tucumanos sea declarada «área protegida».
El boca a boca en Andalgalá muestra que las enfermedades gastrointestinales se multiplicaron, pero ni el hospital local ni ningún estamento gubernamental dan cuenta de estudio alguno. Una sola vez, en 2003, se conocieron estadísticas del hospital local: confirmaron que, desde la instalación de la mina y hasta 2003, las enfermedades respiratorias en niños había aumentado de 1374 a 2244. Todos señalaron como responsable a la mina. Nunca más fueron difundidas datos de salud del lugar.
«El proyecto fue diseñado siguiendo los estándares ambientales equivalentes a los requeridos por los países líderes en producción de cobre y oro, y los linea-mientos establecidos por el Banco Mundial», explica Alumbrera en su carpeta de presentación.
Agua, divino tesoro
El agua es el oro del futuro, advierten diversos sectores que hasta aseguran que las guerras serán por ese recurso natural. En Catamarca «el líquido no falta, pero tampoco sobra a lo bruto», sonríe Urbano Cardozo, el jubilado militante. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. «Mejor no hacen la cuenta de cuanta agua al día se va con ese oro», ironiza Blanca Rado, docente jubilada y estudiosa de lo que acarrea la minería a gran escala. Alumbrera cuenta con seis pozos perforados a profundidad, de donde chupa el agua subterránea durante las 24 horas.
La canadiense Northern Orion (accio- nista de Alumbrera) comenzará en breve las obras de infraestructura de otro yacimiento, tres veces más grande que Bajo Alumbrera, a sólo 17 kilómetros del pueblo, en la cima de las montañas ubicadas frente al centro de la ciudad. Planea extraer oro, plata, cobre y molibdeno. «El desarrollo de Agua Rica es técnicamente factible, y podría ser desarrollado como un yacimiento de bajo costo y de larga vida útil», reconoce la carta de presentación de la misma empresa. Planea procesar, por día, 70.000 toneladas de roca, con una vida útil de 30 años.
Los Vecinos Autoconvocados remarcan que, además de la misma contaminación que acarrea Alumbrera, de esa montaña nacen los tres ríos -el Blanco, Candado y el Minas-, que alimentan de agua a toda la región: casi un cuarto de la provincia. Todos reconocen que ese será el último golpe al pueblo.
El agua utilizada, es irrecuperable. No hay tratamiento posible para que vuelva a ser aprovechable. De ponerse en marcha la nueva explotación la cantidad de agua utilizada será el triple. El nuevo emprendimiento minero se llama, para-dójicamente o por humor negro, «Agua rica». Ironía del destino, la mina tomará tres veces más de un agua.
En 2004, Minera Alumbrera facturó 683 millones de dólares: 1.980 millones de pesos. Tomando en cuenta los últimos cuatro trimestres (los dos últimos de 2004 y los dos primeros de 2005) Alumbrera pagó, en concepto de regalías, 51 millones de pesos. Es el 2,5 de su facturación total.
Según la propia empresa, en su publi-cación «Suplemento comunitario Minera Alumbrera y la comunidad», se acaba de pagar al municipio de Andalgalá en concepto de regalías mineras: 14 millones de pesos. Lo que representa el 0.7 por ciento del oro y el cobre que en el último año se extrajo de las montañas catamarqueñas.
La diputada Marta Maffei visitó el año pasado la zona y repitió un dato: «Las diez grandes mineras se llevarán del país minerales por 25.000 millones de dólares, de los cuales sólo 380 millones quedarán en el país».
Es que el dinero que las mineras se llevan no tiene retención a las expor-taciones (como si pagan, por ejemplo, los productos agropecuarios).
Los Autoconvocados impulsan un plebis-cito vinculante para antes de fin de año, pero saben que es un arma de doble filo. En caso de llegar a esa instancia, la gran incógnita es saber qué pasará.
Argentina, la niña mimada de la minería global
Esquel, en Chubut, es el antes de la explotación minera. Jáchal, en San Juan, el durante. Andalgalá, el después de la extracción: cuando el oro ya no está y la montaña es un coloso agujereado. Sólo tres del medio centenar de empren-dimientos mineros metalíferos de Argentina, que tienen tantos impulsores como detractores. Estado y empre-sariado por un lado. Organizaciones sociales y pobladores por el otro. Promesas de inversiones, trabajo y desarrollo de un lado. Denuncias de degradación ambiental, pobreza y saqueos por el otro. Estado de situación de una polémica silenciada.
Las exportaciones mineras del país se multiplicaron en la última década. Según datos oficiales de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería (Sicym), en 1993 Argentina exportaba 15,8 millones de dólares. Después de aprobadas las nuevas legislaciones mineras, el cambio fue drástico: en 1999, fue de 705 millones.; en 2001 de 754 millones, en 2002 de 990; 2003, 1.100; y las proyecciones para 2006 son de 1.466 millones.
Según los mismos datos oficiales: los minerales metaliferos como el oro, la plata y el cobre representan las dos terceras partes del volumen exportado de lo denominado «boom minero». «Es que las leyes del menemato son seductoras: ambientales e imposi-tivamente son altamente beneficiosas para las empresas», explica Marcos Pastrana, de Tafí del Valle.
El legislador Carlos Tinnirello, espe-cializado en el tema, aseguró que «las empresas mineras recién inician la invasión en el país, pero las proyec-ciones de las mismas empresas indican que nos espera una gran invasión de empresas. Y, desde ya, nunca se pueden desarrollar este tipo de empren-dimientos sin compromisos políticos de los gobernadores y del ejecutivo nacional, que escuchan mucho a las mineras pero muy poco a las pobla-ciones que alertan sobre los riesgos, sobre todo las vertientes de aguas que se comprometen».
«Las mineras manejan los medios, las municipalidades, las provincias, a los funcionarios aún más altos. Ejercen hostigamiento sobre las poblaciones que se oponen y engañan prometiendo un bienestar que nunca llegará. En tanto, los poderes ejecutivos, legislativos y hasta judiciales están a disposición de las empresas, que siempre tienen a mano artilugios políticos y legales para conseguir sus fines. Hay que tomar conciencia que se trata del saqueo de los recursos naturales del país», denunció Tinnirello.
En el lujoso hotel de Toronto, Canadá, donde se desarrolló el Congreso Mun-dial de Minería, todos los especialistas prominería fijaran sus ojos en Argentina y la catalogaron como «la niña mimada» del sector. Remarcaron que la vedette del momento cuenta con 5.000 kilómetros de cordillera, un 75 por ciento de sus recursos inexploradas y una regalarías de sólo el tres por ciento. Multinacionales de Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile y Europa señalaron a Argentina como la región a invertir y a Latinoamérica como del destino de la década. No dejan de fijar las ventajas de legislación vigente. En el shopping minero internacional estu-vieron, junto al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, gobernadores y autoridades mineras de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y Santa Cruz.
Luego de la feria minera, el secretario de Minería viajó a Washington para man-tener un encuentro con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, quién impulsa la minería como «desarrollo para toda la región». «Por solicitud del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido, Mayoral se reunió con Iglesias a fin de evaluar planes de apoyo para impulsar la actividad minera de Argentina y fomentar el desarrollo sustentable de la pequeña, mediana y gran minería», informó la gacetilla de prensa oficial de la Secretaría.
En ese congreso, la minera estatal YMAD –propietaria del Yacimiento Alumbrera– ofreció a compañías internacionales un conjunto de «áreas ricas en cobre, oro, plata y molibdeno, de Catamarca». En una reseña comercial titulada «YMAD, A Great Opportunity (La Gran Oportunidad)», la empresa explicó a los ejecutivos de las multinacionales: «Se han alumbrado nuevas reservas y se ha desarrollado un ambicioso plan de perforaciones. Hay un área con estructuras de oro, plata y manganeso».
El Plan Bianual 2004-2005 de la Secretaría de Minería nacional insiste con que Argentina cuenta con opor-tunidades mayores que otras regiones por el «replanteo de marcos tributarios y jurídicos» con los que cuenta (las leyes de la década del 90).
Desde la Cámara de Empresas Mineras (CAEM) publicitan que el sector exporta casi tanto como el trigo. Pero las diferencias radicales son tres: el agro, a pesar de su industrialización, emplea mucha mayor mano de obra; tiene retenciones a las exportaciones (por cada tonelada que sale, un porcentaje queda en el país) y, sobre todo, la tierra sufre una degradación, pero que puede ser tratada; mientras que los minerales son un recurso no renovable: lo que se va, no vuelve. Resulta una zona impro-ductiva, empobrecida -ya sin su riqueza mineral- y contaminada.
Una legislación a medida
«Las leyes mineras son beneficiosas, al extremo para las empresas», resumen desde la Red de Comunidades Afec-tadas por la Minería, que nuclea a habitantes de San Juan, Chubut, Córdo-ba, Tucumán, Río Negro y Catamarca. SI bien corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos, éstas (dueña del mineral) no pueden cobrar más del tres por ciento del precio internacional de venta de los metales. Pero a ese tres por ciento las compañías deducen los costos de transporte, fletes, seguro, molienda, comercialización, administración, fundición y refinación. «Las multinacionales no tienen reten-ciones a la exportación, no deben liquidar divisas (no ingresa el dinero de sus ventas al país, todo se dirige al exterior), no pagan impuestos de ingresos brutos, ni a los combustibles (el que todos pagan cuando cargan nafta), ni sellos, ni tasas para la importación; deducen gastos al doble a los fines del impuesto a las ganancias, en los primeros cinco años no pagan impuestos nacionales, provinciales ni municipales. Por ejemplo, no pagan impuestos a las ganancias ni ingresos brutos. No pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias», explican desde la Red de Comunidades. Además, gozan de estabilidad fiscal por 30 años. Esto es: cualquier modificación – por ejemplo: el impuesto al cheque, que pagan todos los argentinos- no los afecta. Eufemís- ticamente lo llaman: «régimen minero confiable».
Contacto:
Vecinos Autoconvocados de Andalgalá Edgardo Salas 03835-1552-0051 – [email protected]
Mariana Bettanin 02944-429-441 – [email protected]
Dario Aranda
[email protected]