Autores:
Albornoz, Luis Alfonso
Hernández, Pablo
Mastrini, Guillermo
Postolski, Glenn

La metamorfosis producida durante el último decenio en las comunicaciones de la Argentina es una de las más radicales de su historia. Acompañando la reconversión iniciada a fines de los años setenta y que tuviera en el «Plan Cavallo» su versión más extrema y acabada, el sector experimentó paradigmáticamente un proceso de expansión, la incorporación intensiva de tecnología y la concentración de la propiedad de los medios. El arribo de cuantiosas inversiones de capital financiero internacional, afectó principalmente a la industria del audiovisual continuo y terminó con la administración «artesanal» de los medios de comunicación en poder de propietarios nacionales.

En los últimos años, con relativa autonomía respecto a los procesos presentes en el mercado de las telecomunicaciones, el sistema nacional de medios de radiodifusión operado por sus agentes tradicionales venía sufriendo un proceso de concentración signado por el surgimiento de conglomerados multimediáticos, y de «desnacionalización» a partir del ingreso de inversores extranjeros en la televisión por cable. Es durante 1996-98 que se verifica, con una velocidad desconocida para nuestro hábitat comunicacional, la transferencia de prácticamente la totalidad de la propiedad de los medios a nuevos actores vinculados al mercado financiero y protagonistas de la convergencia tecnológica.

En el presente artículo proponemos una aproximación al proceso de conformación de los dos grandes conglomerados mediáticos que dominan el sector de las comunicaciones en la Argentina actual, destacando su relación con la administración estatal.

Nuestro trabajo considerará los siguientes preceptos que creemos indispensables:

a) la necesidad impostergable de analizar, en el nuevo hábitat que propone la potencial convergencia tecnológica y de servicios, a los medios de producción de mercancías simbólicas como parte relevante del sistema de acumulación económica. Reconociendo que, como señala Bolaño, «producción material y producción simbólica convergen hoy, orientándose para la constitución de un capitalismo total en el cual ya nada escapa a la forma mercancía y a la producción de valor y de plusvalía»

b) la relación estrecha que, desde la industria cultural, tiene la rama del audiovisual continuo con la industria de las telecomunicaciones. Esta relación, adicionada al resquebrajamiento de la frontera que distinguía productores de contenidos y prestadores de servicios, hace necesario el estudio de los nuevos entes multimediáticos de pluriservicios como eje de aproximación a la problemática de las comunicaciones.

En este sentido, consideramos dentro de la nueva esfera de las comunicaciones tanto a las telecomunicaciones como a la radiodifusión. Así, coincidimos con lo planteado por Capparelli y Santos respecto a considerar a la convergencia como categoría que involucra varios procesos y niveles; que resumiremos brevemente en: el nivel jurídico (marco regulatorio), el nivel institucional (intereses políticos y económicos de los nuevos actores involucrados en el proceso) y el nivel técnico (la posibilidad de la unificación del transporte de productos y servicios).

Por otra parte, una aproximación a la problemática presente en el mercado de las comunicaciones de la Argentina no puede dejar de contemplar que el país continúa incluido hoy -pese a la complejidad que plantea la creciente internacionalización- entre las economías periféricas y tecnológicamente dependientes de los centros mundiales de desarrollo que lideran Estado Unidos, Europa y Japón.

De acuerdo a lo planteado, nuestro enfoque pretende distinguir los puntos de inflexión en las estrategias de crecimiento que consolidaron a dos grupos dentro del panorama mediático argentino: el Grupo Clarín y el tándem CEI Citicorp Holdings – Telefónica Internacional S.A. (TISA). Describiremos la evolución de cada grupo en los últimos años y el reflejo de sus crecimientos en la normativa vigente a partir de una estrecha relación con el aparato estatal.

Tiempo de siembra

A partir de la llegada al gobierno del presidente Carlos Menem (1989), comienzan a aplicarse en la Argentina políticas económicas directamente relacionadas con los diseños de los organismos financieros internacionales. De neto corte neoliberal, éstas dan origen a una nueva etapa basada en la apertura de la economía nacional al mercado mundial; el inicio de una reforma de Estado centrada en la reducción de funciones y personal; y en un proceso de privatizaciones de empresas estatales de servicios públicos con fuertes incentivos a las inversiones extranjeras.

Las condiciones deficientes a las que habían sido llevadas las operadoras estatales -cuyo análisis excede el marco de este trabajo- sirvieron de plataforma para impulsar el cambio en la prestación de servicios de carácter público desde una matriz institucional regida por una organización de tipo estadocéntrica a una de tipo mercadocéntrica. Dicha mutación adquirió un carácter vertiginoso, sostenido por:

Un consenso social en torno del ajuste, fundamentalmente en orden a mantener la estabilidad conseguida, que también se explica por una suerte de reducción de las expectativas, un disciplinamiento dilemático impuesto a la sociedad para la aceptación de sucesivos ajustes a fin de evitar males mayores. La reforma no se redujo a un proceso de devolución de servicios a otros actores, sino que también produjo un profundo cambio en las relaciones de poder en la sociedad, entre elites y sectores populares, homogeneizando a las primeras y heterogeneizando a los segundos, desplazando el poder de amenaza que provenía de las clases trabajadoras organizadas hacía el proveniente de las elites económicas (fuga de capitales, golpe de mercado, desinversión, etc.). Se trató asimismo de una redefinición del establishment y de la estructura de poder económico concentrada ahora en los nuevos holdings, las agencias bilaterales de crédito, los bancos de inversión y los multimedia, así como del desalojo de su condición de factores de poder de las Fuerzas Armadas, sindicatos, cámaras empresarias y la misma cúpula de la Iglesia. Esta cesión estratégica de propiedad y de capacidad de gestión se hizo en favor de una nueva configuración del poder económico empresarial, la de aquellos actores que durante todo este proceso lograron mantener una vinculación directa con el Poder Ejecutivo.

La Argentina comenzó el proceso de privatización de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones a fines de 1989, liderado por la adjudicación de los principales canales de televisión abierta del país. Esto, junto al otorgamiento de dos licencias en régimen de exclusividad para operar telefonía, surgidas de la venta de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) durante 1990, marca el inicio de una etapa muy dinámica en el sector comunicaciones, caracterizada por un fuerte incremento de la inversión de capitales y de rentabilidad.

A partir de ese momento, comienzan a percibirse algunas de las características que bosquejan el actual panorama:

• La irrupción de grandes masas de capital financiero internacional.
• Un acelerado proceso de concentración económica, acompañado por el desplazamiento de actores tradicionales.
• Una tendencia a adecuar la normativa a los intereses del sector privado.
• La superposición e inestabilidad de los organismos de control.
• La judicialización en torno a las definiciones sobre el sistema.
• La ausencia de debate acerca de las comunicaciones en la sociedad civil y partidos políticos.

Acompañado por el crecimiento de las Inversiones Extranjeras Directas (IED) y el aumento significativo de la presencia de las transnacionales en la economía local, el sector de las comunicaciones ocupó, en el período 1990-99, el segundo lugar entre los que recibieron inversiones extranjeras, por encima del sector bancario-financiero. De esa masa de dinero, unos 15.874 millones de dólares estuvieron destinados a la formación bruta de capital, focalizados en el desarrollo de las telecomunicaciones. Mientras que más de 6.500 millones correspondieron al rubro compras, incluidas tanto fusiones como nuevas adquisiciones. El volumen de dinero involucrado en fusiones y adquisiciones durante 1997 alcanzó al 50% del volumen total negociado entre 1990 y 1997.

Como consecuencia de ese movimiento de capitales e inversiones, una vertiginosa dinámica transforma el escenario local de las comunicaciones, dando lugar a la aparición de un virtual duopolio privado, protagonizado por el Grupo Clarín y el tándem CEI-TISA. Estas empresas presentan procesos diferenciados en cuanto a orígenes y evolución. Por un lado, el Grupo Clarín, «la encarnación del capital nacional», tiene su germen en la prensa gráfica en la década del ’40. Por otro lado, la aparición del CEI, junto a su partner TISA, se produce en el nuevo escenario delineado a partir de las políticas macroeconómicas ejecutadas por el gobierno de Menem, denotando la presencia del capital financiero transnacional como contraparte dominante del mercado de las comunicaciones.

La situación de duopolio multimediático a la que nos referimos se verifica por cuanto estas empresas controlan cuatro de los cinco canales abiertos de la Ciudad de Buenos Aires , el 95% de los abonados al sistema de televisión distribuida por cable, el diario de mayor circulación del país, las principales emisoras de radio AM y FM; tienen una presencia dominante en la prestación del servicio básico telefónico y en telefonía celular, en el acceso a Internet y en la elaboración de contenidos en español. Entre ambas se disputan el control por la formación de la opinión pública a partir de gran parte de la producción de los contenidos mediáticos.

¿»Con la gente en el Tercer Milenio»?

Los inicios del principal grupo multimedios de origen nacional, datan de 1945 cuando Roberto Noble funda el diario «Clarín». El diario aparece meses antes del inicio del primer mandato del General Juan D. Perón (1946-52) como expresión de una incipiente burguesía industrial, complementando el panorama de medios gráficos hasta ese momento dominado por los centenarios diarios matutinos «La Nación» y «La Prensa», y el vespertino «La Razón», en manos de la tradicional oligarquía agroganadera argentina.

Durante los años del gobierno peronista, «Clarín» mantuvo un perfil independiente, ya que ni formó parte de los medios allegados al poder ni se constituyó en férreo crítico del mismo como ocurrió con «La Prensa» y «La Nación». En 1951 el gobierno de Perón expropia «La Prensa» que pasa a manos de la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta situación beneficiaria a «Clarín», que captura parte de los avisos clasificados y conquista la masa de lectores de ese medio . Tiempo después, favorecido por su clara orientación desarrollista, y por sus fluidos contactos con el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) consigue créditos blandos de bancos oficiales. Durante la década del ´60 se posiciona junto a «La Nación» como medio nacional.

La última dictadura militar lo encuentra consolidado como el medio gráfico de mayor tirada e iniciando una etapa de inversiones en otros sectores. Durante el autodenominado ¨Proceso de Reorganización Nacional¨ (1976-83), ‘Clarín’ junto a los diarios ‘La Nación’ y ‘La Razón’ se asocia al Estado en la empresa de papel para diarios ‘Papel Prensa’. A cambio de aceptar la férrea censura y autocensura impuesta por el gobierno de Videla, a través de créditos oficiales, ‘Clarín’ paga su participación en dicha empresa. ‘Papel Prensa’ se erige como dominante en el mercado del papel a partir de ciertas prerrogativas como el subsidio de la tarifa de la energía eléctrica y la elevación de los aranceles para la importación de papel que aumentan un 48%. De esta manera los restantes diarios quedan sujetos al monopolio de la empresa mixta .

Es en la década del ’80, y a pesar de las limitaciones establecidas en el decreto-ley de Radiodifusión 22.285, que «Clarín» comienza su etapa de expansión hacia otras ramas de la industria cultural. Así, un primer paso fue eludir la prohibición impuesta a los medios gráficos para adquirir medios radioeléctricos, comprando a través de testaferros ‘Radio Mitre’, una de las radios capitalinas de mayor audiencia.

Alineado al candidato del Partido Justicialista durante las elecciones presidenciales de 1989, «Clarín» presionó al nuevo gobierno para lograr al mismo tiempo la privatización de los canales de televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires, hasta ese momento en manos del Estado, y la modificación del artículo 45 de la ley vigente que le permitiera participar en los concursos públicos para adquirir las licencias. A contramano de la historia de la radiodifusión argentina, una de las primeras medidas del gobierno de Carlos Menem fue llamar a licitación para otorgar las licencias de televisión abierta y privatizar los canales de la Ciudad de Buenos Aires . Mediante la sanción de las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado se modificó la normativa para la radiodifusión.

Durante la privatización de los canales, el gobierno nombró como interventor de LS83 TV Canal 13 a un integrante del directorio de la empresa periodística ‘Clarín’, anticipando de alguna forma el resultado de la operación. Con la adquisición del canal, Clarín se constituye como grupo multimedia y comienza a experimentar un crecimiento constante ampliando su radio de acción desde el mundo gráfico al audiovisual.

Su ingreso al negocio de la televisión por cable se produce en 1992 con la adquisición de un pequeño sistema de la Ciudad de Buenos Aires llamado Video Cable Privado, que contaba con una base de 1.600 abonados y 700 manzanas cableadas. A través de la empresa Red Argentina S.A., comenzó a operar con un nuevo nombre, ‘Multicanal’. En ese momento se asocia con sus futuros competidores, manteniendo el poder de decisión sobre la empresa: un 70% estaba en manos del Grupo Clarín, un 15,3% pertenecía a Telefónica de España y el 14,7% restante al CEI. Rápidamente la empresa ascendió a 85.000 abonados y 4.000 manzanas cableadas. Se expandió hacia el interior del país, adquiriendo sistemas de cable ya establecidos en distintas localidades. Estas compras implicaron una inversión de más de 400 millones de dólares. En cinco años se convirtió en el principal operador del mercado argentino, con una facturación anual de 250 millones de dólares. Fue el primer operador que siguió el modelo de Multiple System Operator (MSO), con una economía de escala que mejoró sus costos de programación y equipamiento, alcanzó una masa de abonados suficiente que le permitió obtener financiamiento en el mercado de valores internacional a través de la emisión de obligaciones negociables. De esta forma logró posicionarse como líder del sector para una futura convergencia entre la radiodifusión y las telecomunicaciones. A fines de 1997, la tercera gran empresa de televisión por cable del país, Video Cable Comunicaciones (VCC) -originariamente del empresario local Samuel Liberman- fue vendida en partes iguales a sus competidores: Multicanal y CableVisión-TCI. El 1 de julio de 1998, ambas repartieron sus 670.000 abonados, distribuidos en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Paraná y Córdoba. Según estudios recientes , Multicanal es hoy la principal proveedora de televisión por cable tanto en la Argentina como en América Latina con más de un millón de abonados y una porción del mercado local del 18,6%.

A diferencia de otros grupos nacionales, Clarín no realizó alianzas que lo subordinaran a otro socio. Así, buscó financiamiento en el mercado financiero internacional otorgando el 90% de sus activos como garantía de sus créditos y presionó al Congreso para lograr la sanción de una ley de radiodifusión que detuviera el avance de los capitales extranjeros e impedir el ingreso de las telefónicas a la radiodifusión. «A fines de 1995, los propietarios de medios nacionales impulsaron un proyecto de ley de radiodifusión que limitaba los servicios cruzados por parte de las telefónicas, la tenaz oposición del sector telecomunicaciones y las desavenencias dentro del gobierno, impidieron la sanción del proyecto. Ante la paridad de fuerzas, los grupos involucrados proponen hoy una estrategia diferente, donde en lugar de establecer una ley que defina la situación se apuesta a que sea el propio mercado el que ajuste las posiciones, para luego legislar en forma acorde».

Clarín ingresó al sector de las telecomunicaciones a través de la Compañía de Teléfonos del Interior (CTI), al constituirse en mayo de 1994 como la primera empresa de telefonía celular que prestó el servicio fuera del área metropolitana. El Grupo posee el 25% de CTI, que comparte con las multinacionales GTE y Lucent Technologies. La compañía, en el período 1996-97, incrementó su nivel de ventas en un 500% y triplicó su base de clientes superando los 500 mil abonados.

Asimismo, el Grupo disputa el incipiente mercado de la televisión satelital a partir de la firma, en junio de 1998, de un acuerdo satelital entre la Argentina y los Estados Unidos que le permite competir con el hasta entonces único operador del mercado local: TDH . El acuerdo, fruto del lobby de Clarín y de empresas y funcionarios norteamericanos, permite que los satélites de EE.UU. ofrezcan su capacidad hacia la Argentina. Así se esfumó la protección asegurada al sistema de satélites NahuelSat y sus reservas de mercado para la televisión satelital . Clarín posee el 51% de los capitales de la sociedad DirectTV, el otro 49% está en manos del holding venezolano Organización Cisneros (29%) y de la norteamericana Hughes (20%), una subsidiaria de General Motors.

En 1992 el Grupo ya había facturado 320 millones de dólares a través de 30 empresas, entre las vinculadas y las controladas, lo que incluía su participación en el sector salud, en los negocios inmobiliarios y en el sector financiero. Hacia mediados de la década produce un cambio en su estrategia empresaria, concentra sus activos en el sector y se presenta en sociedad como Grupo para reforzar su estructura y protegerse frente a la competencia de poderosos inversores y multimedios extranjeros. En 1996, con menos empresas, su facturación ascendió a los 1.300 millones de dólares. Durante 1998, incrementó la misma a 1.769 millones y se calcula que en 1999 alcanzará los 2.000 millones. Hoy el Grupo Clarín tiene un valor de mercado estimado en 3.200 millones y posee 11.461 empleados. Se encuentra entre las diez empresas más importantes del país y es el único grupo nacional -los demás actores de la radiodifusión fueron absorbidos por el tándem CEI-TISA- con presencia dominante en la radiodifusión y con una política de expansión en las telecomunicaciones.

La formalización de un nuevo escenario, signado por la convergencia e iniciado con la sanción del Plan de Liberalización de las Telecomunicaciones (decreto 264/98), encuentra a Clarín bien posicionado una vez más. El Plan, diseñado con el objetivo de «fortalecer a los operadores nacionales instalados», según declaraciones del ex secretario de Comunicaciones, Germán Kamerath, dispuso el ingreso de dos nuevos prestadores al servicio de telefonía básica y la disolución de las compañías que hasta ese momento compartían las dos licenciatarias en distintas empresas. Los consorcios, según el decreto, deben estar integrados por empresas conformadas por operadores de televisión por cable -con cobertura en al menos 5 ciudades de 150 mil habitantes o un mínimo de 100 mil habitantes-, operadores de telefonía móvil con experiencia internacional y operadores independientes del servicio básico telefónico. Esto permitió, en la práctica, el ingreso del Grupo Clarín, a través de CTI y Multicanal, al negocio de la telefonía básica convirtiéndose en una de las cuatro LSB.

El grupo que actualmente dirige Clarín está conformado por Héctor Magnetto (CEO y Vicepresidente), José Aranda (controlador financiero) y Lucio Pagliaro (responsable operativo de la productora Artear). Todos de aceitados contactos con el poder político, junto a la directora Hernestina Herrera de Noble, viuda del fundador. Cada uno de los principales accionistas controla diversas inversoras hacia el interior del Grupo.

El otro yo: TISA-CEI

La contraparte dominante del mercado de las comunicaciones tuvo sus orígenes en la privatización de las telecomunicaciones, adjudicadas a tradicionales prestadores nacionales europeos, y en el ingreso de actores no tradicionales con grandes sumas de capital financiero interesados en el poder y el lucro potencial ofrecidos por la industria del audiovisual y por las telecomunicaciones.

La conformación del nuevo conglomerado estuvo signada por el devenir de la asociación que entre 1990 y 1999 formalizaron el Citibank y la empresa Telefónica. Su alianza primigenia en la Compañía de Inversiones en Telecomunicaciones S.A. (COINTEL) para operar en el mercado argentino de las telecomunicaciones, la conformación del CEI en 1992 y los emprendimientos compartidos en la expansión hacia el mercado de la radiodifusión, permiten distinguir las características estratégicas que adquirió esa asociación. Con las adquisiciones realizadas durante la segunda mitad de la década, absorbieron a la mayoría de los operadores nacionales y se presentaron como una amenaza para los intereses del Grupo Clarín, provocando una trascendente reestructuración del mercado que afecta todo el futura funcionamiento.

Dos tipos audaces

La incorporación de capitales internacionales dirigió el proceso de inversiones del último período. La participación extranjera en las ventas de las mayores 500 firmas industriales argentinas aumentó del 33,6 % en 1990 a más del 51% en 1995, y el número de filiales de transnacionales dentro de dicho grupo pasó de 116 a 212. A su vez, las multinacionales absorbieron cerca de la mitad de las ventas de las 500 principales empresas, más de un 15% del PBI de aquel año. En cuanto al origen de los fondos, las empresas norteamericanas encabezaron el lote con más del 45% de la masa de dinero involucrada, seguidas por las de origen español y las canadienses. Los más de 21.400 millones de dólares que las empresas de origen extranjero invirtieron en la Argentina durante 1997, constituyen aproximadamente un 17% de la Inversión Bruta Interna de ese año. De ese capital, casi 4.000 millones correspondieron al sector de las comunicaciones.

Como parte de ese proceso, en noviembre de 1990 el Citibank desarrolla su estrategia para cobrar parte de la deuda externa argentina, utilizando los títulos como moneda de pago en la compra de acciones de empresas de servicios del Estado en proceso de privatización. Con una inversión de 250 millones de dólares en títulos de deuda y 25 millones de dólares en efectivo, ingresa en una serie de negocios: celulosas y papel, hotelería, siderurgia, frigoríficos, distribuidoras de gas y telecomunicaciones. Integra así el 20% del consorcio adjudicatario de la empresa Telefónica de Argentina, COINTEL.

Esos activos integraron, en 1992, una nueva herramienta financiera: el Citicorp Equity Investments (CEI). Al comienzo de las operaciones, el Citibank poseía el 61% del CEI por medio de su compañía International Equity Investments (IEI). Poco después, ingresarán dos nuevos grupos al fondo, iniciando un cambio de estrategia. El IEI del Citibank retuvo el 40%, un 5% cotizó en la Bolsa de Buenos Aires y el resto de las acciones fueron adquiridas por:

• el República Holding (36%), un desprendimiento del Banco República de la provincia de Mendoza, que canalizó unos cien millones de dólares en inversiones a través de United Finance Corp. Ltd. (UFCO), una sociedad off shore, creada en las British Virgin Islands. UFCO, cuenta con un modesto capital de 50.000 dólares. Todos sus activos pertenecen al República Holding, propiedad las familias Moneta y Lucini .
• el Grupo Werthein, dueños del Banco Mercantil de Argentina, con el 19%, que ya había participado con éxito en la privatización de la compañía de seguros más sólida del sector, la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguros.

A partir de la política que diseñaron Raúl Moneta (Presidente del República Holding) y Richard Handley (CEO del Citibank de Argentina), el fondo vendió sus posiciones en los diversos sectores económicos donde tenía actuación y comenzó a concentrarse sobre tres ramas de las comunicaciones: telefonía, distribución de señales y elaboración de contenidos.

La expansión hacia la radiodifusión se realizó sobre un mercado que ya estaba consolidado y cuyo proceso de crecimiento se sostuvo sobre las inversiones realizadas por los operadores nacionales hasta el momento del ingreso de los nuevos capitales, principalmente norteamericanos, al negocio del cable, amparados en el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado con los Estados Unidos puesto en vigencia a partir de la reforma de la Constitución Nacional .

Su participación en Telefónica de Argentina le permitió posicionarse dentro del sector. Con la idea de alcanzar zonas de cobertura donde prestaba servicios la otra LSB, ante la futura prestación de servicios cruzados en un mercado desregulado, se expandieron hacía la televisión por cable en la zona norte. Para ello durante 1996 se asociaron, en la empresa Multicanal, con ‘Clarín’ que buscaba capitales para seguir financiando su crecimiento. La intención del CEI por conquistar una participación accionaria mayor en el negocio, llevó a una primera ruptura entre ambas empresas, acentuada cuando el holding anuncia la compra de la empresa CableVisión-TCI (CV).

La veloz expansión del CEI coincidió con la necesidad de Carlos Menem de contar con medios que apoyaran su proyecto político de permanencia en el poder. Este apoyo fue posible por la presencia de Handley y Moneta, aliados políticos del presidente, en el gerenciamiento de las empresas en manos del CEI. La estrategia de crecimiento fue comprar empresas y asociarse con quienes que poseían know how y tecnología. Durante 1997 el CEI efectuó compras por un monto aproximado de 2.300 millones de dólares, de los cuales 75% correspondieron a la adquisición de sistemas de televisión por cable y abierta, radios y revistas.

En televisión por cable, luego de adquirir el 64 % de otra de las grandes empresas del país, CableVisión-TCI, sumó la totalidad de los abonados de la empresa UIH que controlaba el grupo Mandeville . Más tarde compró el 50 % de Fintelco, controladora de VCC, en una operación que concluyó en junio de 1998 . Se constituyó así en el segundo operador nacional de televisión por cable, detrás de la empresa Multicanal.

En el área de contenidos, el primer paso fue la asociación con el empresario Carlos Ávila en Torneos y Competencias (TyC), principal productora de programas deportivos del país. TyC ya participaba del 40% de Telered Imagen (TRISA), distribuyendo al interior el exitoso programa televisivo ´Fútbol de Primera`. A partir del ingreso del CEI, la composición accionaria de TyC quedó integrada de la siguiente manera: 20 % del CEI, 20 % de TISA, 40 % de TCI y el 20 % restante en manos de sus dueños originales, los empresarios Ávila y Nofal. Con nueva composición TyC adquirió, en sociedad con el grupo australiano Prime, Canal 9 de televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires y otros medios que hasta ese momento poseía Alejandro Romay .

La inversión más importante del CEI fue su asociación con Editorial Atlántida, tradicional grupo editorial de la familia Vigil que al privatizarse los canales capitalinos ganó la licencia del Canal 11 junto a otros socios y a varios canales del interior. La sociedad con Atlántida derivó en la conformación del holding Atlántida Comunicaciones (AtCo): 40 % para la familia Vigil, 30% para el CEI, y el otro 30 % para TISA. El holding controla el 95 % de Editorial Atlántida, el 100 % de Telefé (Canal 11) y las radios Continental, y FM Hit de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando conforma AtCo, el CEI comienza a negociar la compra de los principales canales del interior asociados en Televisoras Provinciales S.A. en un proceso plagado de complicaciones. El CEI necesitaba contar con una red de canales del interior del país que le sirvieran de soporte donde colocar la programación que ya venía produciendo en la ciudad de Buenos Aires. En un primer momento, los operadores del interior se van a negar a vender los canales. Sin embargo, esta negativa no va a durar mucho tiempo ante la evidente presión que se ejerce desde el gobierno. En enero de 1998, el Poder Ejecutivo sanciona los decretos 85 y 86, llamando a licitación para otorgar licencias de televisión abierta en dos de las ciudades más importantes del interior: Córdoba y Rosario. Los decretos establecían «que en concordancia con las políticas trazadas y ejecutadas por esta administración, resulta necesario ofrecer a particulares la frecuencia…». Una semana después, una vez adquiridas las empresas por parte del CEI, se sancionan dos nuevos decretos suspendiendo las «necesarias» licitaciones.

El Estado aparece entonces como administrador directo de los intereses del capital, presionando por medio de la normativa para que un sector transfiera el control de sus empresas a otro. Así, la capacidad casi ilimitada de contar con recursos financieros adicionada a su proximidad con el Poder Ejecutivo, le permitieron al CEI aventurarse con éxito en los más diversos emprendimientos.

El show debe continuar

Durante los últimos meses de la década del 90 se verifican nuevos movimientos de capitales en un escenario marcado por la irreversibilidad de los procesos de concentración e internacionalización que venimos señalando. De este modo asistimos, por un lado, al control del CEI por parte de un fondo de inversiones norteamericano (Hicks, Muse, Tate & Furst) y al divorcio del CEI y TISA; y por otro, al ingreso al Grupo Clarín de uno de los mayores bancos de inversión del mundo (Goldman Sachs).

A mediados de 1998, el CEI modificó su composición cuando el ‘fondo de fondos’ Hicks, Muse, Tate & Furst (HMT&F) ingresa como accionista del holding adquiriendo las acciones de la familia Werthein y parte de las que poseía el Citibank, por un monto de 723 millones de dólares. Así, el CEI queda reconfigurado de la siguiente manera:

República Holdings: 39,6% HMT&F: 32,5%
Citibank: 23,4% En la Bolsa: 4,5%

Podemos apuntar que el Citibank se ve obligado a vender parte de sus acciones, producto de leyes de funcionamiento de la bolsa de valores de Nueva York que indican que una entidad financiera no puede controlar una empresa de servicios. Tras la renuncia de Handley en septiembre de 1998, por motivos no muy claros, Moneta asume la presidencia del CEI. Por su parte, los Werthein deciden reorientar su estrategia empresarial centrando sus negocios en el sector financiero y de seguros. Con los recursos obtenidos por la venta fusionan el Banco Mercantil con la aseguradora La Caja (ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro, privatizada en 1994 durante el primer gobierno de Carlos Menem) una de las más importantes del sector.

En 1993 HMT&F ingresó en el mercado argentino de medios al adquirir pequeños sistemas de televisión por cable a un grupo de empresarios provinciales y conformar Mandeville, que se constituyó en un operador mediano del interior del país. Luego, vendió Mandeville al CEI-TISA, a través de CableVisión-TCI, por un monto de 525 millones de dólares. HMF&T posee más de 400 radios en los Estados Unidos y negocios en televisión, Internet, y telecomunicaciones. En América latina ingresó con éxito al mercado de las comunicaciones, mediante diversas sociedades en Brasil, Venezuela y México. Controla en Brasil el equipo de fútbol Corinthians y la principal productora de contenidos deportivos, Traffic S.A.; en los Estados Unidos posee el equipo de beisbol Texas Rangers y participa en la industria petrolera y alimenticia.

Tras la desarticulación del fallido intento re-eleccionista de Carlos Menem, se produce el desplazamiento de sus operadores cercanos, hasta ese momento privilegiados partícipes de los principales negocios e inversiones del sector comunicacional. En abril de 1999, Hicks reemplaza a Moneta como presidente del CEI, tras las presiones ejercidas por Telefónica de España durante la caída de los Bancos Mendoza y República. En mayo de 1999, HMT&F (61%) y Moneta (39 %), arman un nuevo megagrupo financiero, AMI (Argentina Media Investments), para el Mercosur, concentrando activos por unos 2 mil millones de dólares. El CEI gerencia las operaciones de este nuevo holding que implica la integración de los negocios de Hicks en Latinoamérica. El mapa accionario del CEI vuelve a modificarse a mediados de 1999, cuando HMT&F adquiere el 39,6% de las acciones del República Holdings en 124,4 millones de dólares. Así concluye la etapa signada por las relaciones del dúo Moneta-Handley con el poder político y emerge una nueva estrategia de gestión de negocios a escala regional, dominada por HMT&F. La composición actual del CEI se presenta de la siguiente manera:

HMT&F: 72,2% Citibank: 23,1%
Acciones individuales: 4,7%

Por su lado, TISA, acompañada por importantes volúmenes de capitales financieros, desarrolla el control de las redes y el dominio de todos los formatos como estrategia de expansión hacia el mercado hispanoparlante, donde posee ventajas comparativas en el terreno de la cultura y del idioma. Según Eduardo Giordano:

«Las cuantiosas inversiones de Telefónica en distintas formas de televisión y en otros medios de comunicación de masas se apoyan no sólo en el enorme volumen de recursos propios de la compañía. Telefónica cuenta con el respaldo intensivo del capital financiero español (BCH-Santander-Bilbao Vizcaya) para su expansión en el mercado audiovisual interno, y mantiene importantes alianzas con las corporaciones bancarias estadounidenses (Citibank, Citicorp) para consolidar su despliegue latinoamericano».

La elaboración de contenidos adquiere así un nuevo protagonismo en el diseño de las estrategias rectoras de su patrón de acumulación, transformando a la empresa prestadora de un servicio nacional de telefonía en un grupo multimedia internacional orientado por la convergencia tecnológica, la integración económica y el control de todos los procesos y soportes. La asunción de este nuevo carácter mediático generó Telefónica Media Investment, empresa diseñada para producir contenidos en la región . Se trata de alcanzar el mercado audiovisual de habla hispana, que es el segundo a nivel mundial en términos demográficos, comprende más de 330 millones de consumidores potenciales, de los cuales 270 millones se encuentran en América Latina, 39 en España y 24 en los Estados Unidos .

En la Argentina, TISA negoció con HMT&F la división de las empresas que integraba junto al CEI en AtCo y en AC Inversora; paralelamente, los grupos redefinen la propiedad de la firma Cointel (controla el 60 % de las acciones de Telefónica de Argentina). De prosperar estas negociaciones el consorcio español pasará a controlar los canales abiertos, las radios y la totalidad de la prestadora de telefonía, cediendo el cable y la edición impresa .

Este dislocamiento de la alianza de medios con presencia en la Argentina y su readecuación a las pautas globales de las trasnmediáticas, coincide con otro proceso iniciado en la contraparte nacional, el ingreso del banco Goldman Sachs Group, Inc al Grupo Clarín. En noviembre de 1999, Goldman Sachs adquiere por 500 millones de dólares el 18 % del paquete accionario de Clarín, con quien mantenía relación desde 1997 cuando fuera contratado para colocar bonos de deuda del Grupo en el mercado norteamericano. De esta forma Clarín afronta los compromisos adquiridos para financiar su expansión y mantener su potencialidad competitiva en el sector.

A este reordenamiento de capitales le corresponde una nueva adecuación normativa por parte del Estado. A dos meses de concluir su segundo mandato, Carlos Menem dicta el decreto de necesidad y urgencia 1005/99 modificando artículos sustanciales del decreto-ley 22.285/80 de Radiodifusión. Este nuevo decreto modifica el régimen de multiplicidad de licencias (pasan de 4 a 24 las licencias permitidas a un mismo operador), autoriza la transferencia de la titularidad de las mismas, permite la formación de redes y libera el tiempo publicitario por hora de emisión. Una vez más, el Estado aparece utilizando su capacidad reguladora para favorecer la concentración de la propiedad en los medios audiovisuales y legalizar las tendencias y situaciones preexistentes en el ámbito privado.

Con una pequeña ayuda de mis amigos…

El origen de los principales fenómenos y tendencias del mercado de las comunicaciones en la Argentina seguramente reconoce antecedentes complejos y diversos. Sin embargo, debemos señalar la influencia decisiva que en el terreno económico tuvo la peculiar aplicación de políticas regionales basadas en el denominado «Consenso de Washington» (1989) y que, como señaláramos, prescribían la reforma del Estado, la privatización de empresas públicas, la reforma fiscal, la disminución del gasto público, el mantenimiento del equilibrio macroeconómico y la flexibilización laboral. Sin lugar a dudas, las formas y tiempos en la aplicación de este recetario variaron en relación a los procesos históricos de cada sociedad particular. En la Argentina el contexto en el cual fue implementado era de una marcada crisis económica e institucional, exacerbada por el proceso hiperinflacionario, lo que contribuyó a imposibilitar cualquier tipo de control o rechazo.

En relación a las privatizaciones realizadas a partir del primer gobierno de Carlos Menem, el economista Hugo Nochteff afirma que «la rapidez y la amplitud del proceso son mucho mayores que las usuales en el mundo occidental: en cuatro años se privatizaron casi todas las empresas industriales y de servicios estatales», acompañado por una profunda internacionalización/desnacionalización de la economía que se tradujo en «una dependencia cada vez mayor respecto de los conglomerados y las instituciones financieras internacionales». Como hemos observado a lo largo de este trabajo, el sistema de comunicaciones fue puntal de los vertiginosos sucesos que aparejaron profundos cambios en la composición de las cúpulas empresariales y en la articulación y el origen de los capitales. Esta reconfiguración de la elite, donde el desplazamiento de un gran número de agentes se conjuga con la emergencia de nuevos actores centrales en el desenvolvimiento económico y social, es una resultante de esas nuevas formas de estructuración y funcionamiento de la economía sobre el territorio argentino.

En el período 1990-99, el sector de las comunicaciones se colocó en segundo lugar en relación a la inversión de firmas extranjeras con un monto total de 25.500 millones de dólares, aventajado sólo por el sector petrolero . Estados Unidos, con 13 mil millones, y España, con 5.300 millones, fueron los principales inversores orientando el flujo de capitales hacia la conformación de los grupos analizados.

A comienzos de la década encontramos a cada uno de los grupos operando en diferentes sectores del mercado que se desarrollan paralelamente. Podemos distinguir así un primer momento caracterizado por la conformación de los grupos multimedios privados nacionales en el terreno de la radiodifusión y por un mercado de telecomunicaciones controlado por dos operadores monopólicos extranjeros que ingresaron al país a partir de la privatización de la empresa estatal. A partir de entonces, los desarrollos de los principales operadores -sujetos siempre a una estrecha relación con el Estado- pueden ubicarse en una direccionalidad signada por un potencial escenario de convergencia. En una segunda etapa la radiodifusión experimenta el ingreso de capitales extranjeros a través de las empresas de distribución de televisión por cable, culminando con la conformación de un escenario internacionalizado e hiperconcentrado.

Es en ese sentido, que la sociedad CEI-TISA, interlocutor del gobierno desde la posición que le otorgaba su poder económico, adicionará los medios de producción simbólica que potencian su capacidad de presión. Por su parte, el Grupo Clarín y su poder de lobby sostenido en su aptitud de generar la agenda política y modelar la opinión pública, se transformará en protagonista económico, colocándose entre las mayores empresas del país.

El fortalecimiento de la posición dominante de estos grupos se expresa en el nuevo ecosistema de la convergencia, cuyos lineamientos serán regulados a partir de la sanción del «Plan de Liberalización de las Telecomunicaciones» de 1998. Dicha norma elimina las trabas impuestas por el decreto-ley de Radiodifusión y los Pliegos de Privatización de ENTel a la prestación de servicios cruzados por parte de un mismo operador, genera las condiciones para la realización del nuevo mercado de los servicios integrados y define a sus protagonistas.

Así, el proceso experimentado en el sector de las comunicaciones configura al mercado argentino como laboratorio del desempeño de las estrategias internacionales de los conglomerados mediáticos. Tras la acelerada y cada vez mayor sincronización del proceso decisorio local en relación al mercado internacional, su ordenamiento más reciente distingue claramente la absoluta hegemonía de los grandes agentes y el diseño de las alianzas, compras y ventas en función global. Los procesos de toma de decisiones se ubican a escala mundial, son operacionalizados en estrategias hacia América latina y derivan en acciones locales que se apartan de la coyuntura política nacional a la espera de su rearticulación.

Al mismo tiempo, los agentes presentes en el escenario local de las comunicaciones adquieren un protagonismo relevante en la nueva alianza de poder; en términos de Poulantzas : «en el caso del Estado hegemónico y de la clase o fracción hegemónica, la constitución de un bloque en el poder que presenta una unidad interna propia, se vuelve necesaria y posible en la medida en que esta clase o fracción, situándose en el nivel propiamente político que corresponde a las estructuras objetivas del Estado, organiza un interés general, políticamente estructurado de las clases o fracciones en el poder. Las contradicciones entre esas clases y fracciones siguen siendo profundas pero, a través de la mediación del Estado, son contenidas en y unificadas por los intereses políticos universalizantes de la fracción hegemónica». En la Argentina este tipo de Estado -revitalizado por los gobiernos de Carlos Menem- y su capacidad de generar consensos , permitió la constitución de una nueva fracción hegemónica que combina, mediante la propiedad y la compleja gestión de los medios, capacidad de acumulación y poder de emisión, con sus consecuentes potencialidades hegemónicas. La conformación de esa nueva expresión de poder se sostuvo sobre la organización del mercado argentino de comunicaciones en términos de competencia interoligopólica. Así, las cuasi-rentas provenientes de esa dinámica de negocios, se constituyeron en privilegiadas morfologías de valorización, siempre ligadas a las necesarias -y poco novedosas en términos de análisis- relaciones con el gobierno de turno.

Por su parte, el gobierno ha adquirido ciertas tendencias distintivas, en el sentido de lo que señala Mosco respecto a las funciones vitales que debe satisfacer el Estado capitalista para mantener el sistema del cual depende su propia supervivencia. En términos del eje acumulación-legitimación que nos interesa destacar, la actuación del gobierno en el terreno de las comunicaciones indica que éste en modo alguno a sido un árbitro imparcial encargado de dirimir los conflictos y las contradicciones de los múltiples intereses de los actores intervinientes. En lugar de proponer como horizonte el establecimiento de más y mejores condiciones de acceso y participación para el conjunto de la sociedad, ha materializado el predominio de la función de acumulación por sobre la de su propia legitimación . Remitiéndonos una vez más a Mosco, en las comunicaciones de la Argentina de hoy: «la contradicción fundamental se da entre una creencia en la libertad ilimitada para la adquisición privada, y la democracia, una dedicación a la igualdad y la mayor participación pública posible en la toma de decisiones».

Incluso con sus dislocamientos más recientes, la conformación de un duopolio en el sector de las comunicaciones presenta a estas nuevas corporaciones de la enunciación como poderosos centros de producción, distribución y difusión, que combinan en un mismo agente poder económico y poder simbólico. Ello requirió de un entorno social debilitado, la inexistencia de actores sociales relevantes por fuera del poder económico, un marco regulatorio funcional (sostenido en decretos, resoluciones del Poder Ejecutivo, ausencia de legislación antimonopólica y falllos judiciales favorables) y partidos políticos sin autonomía para generar una dinámica de discusión pública alternativa y limitados a administrar una menguada dimensión del poder. Situación potenciada por la ínfima presencia de los servicios estatales de radiodifusión, en franco peligro de extinción.

Las estrategias de crecimiento de estos poderosos grupos se han orientado hacia la compra de clientes de servicios, navegantes interactivos, telespectadores, etc., cuya posesión garantizaría en última instancia la realización del capital. Si el espacio futuro sobre el cual se construirá la nueva ciudadanía está signado por el nuevo magma de los mensajes mediatizados, ingresaremos a él al menos con una certeza: ya tiene dueños.