En Terminator 3, la rebelión de las máquinas es un anuncio del Apocalipsis. En la Argentina la hecatombe ya ocurrió, y la rebelión de las máquinas es la que permitiría que fábricas y talleres como Conforti vuelvan a funcionar. Ya se formó la Cooperativa de Trabajo Patricios, que aspira a la expropiación de este taller, cuyo propietario ha logrado realizar algunas trapisondas inolvidables bajo la atenta miopía de la justicia.

Las paredes del edificio verde que ocupa media manzana en la Avenida Patricios al 1900, Barracas, Buenos Aires, podrían ser calificadas como murales informativos. Allí hay todo un tratado que detalle con pocas palabras la situación de los Talleres Gráficos Conforti. En letras blancas mayúsculas se relata:

• Trabajadores de Conforti por la fuente de trabajo. Nos deben más de un año de salarios. ¡¡No al vaciamiento!!
• Justicia para los trabajadores ¡¡Solución ya!!
• Más de 3 meses de lucha.
• Raúl Gonzalo, delincuente, pagá.
• No al vaciamiento de empresas.
• No al desalojo.

Aparece además una propuesta que, de acuerdo al efecto que provocan estas situaciones, resulta un dechado de precisión y armonía:

• Gonzalo, ladrón hijo de puta, pagá lo que debés.

Esta oración está desactualizada en su último tramo. Hoy los trabajadores de Conforti mantienen la primera parte del postulado, pero no parecen querer siquiera que les paguen lo que les deben.

Ahora exigen la expropiación definitiva de la empresa, para que se cumpla la ley y para hacer honor y poner en práctica las dos palabras más profundas pintadas allí, en blanco sobre verde:

• Queremos trabajar.

Barracas es uno de los barrios más originales de Buenos Aires, con sus manzanas en desnivel con respecto a la calle para no sucumbir a las inundaciones. Conforti está a media cuadra del Riachuelo. Las persianas bajas parecen los ojos cerrados de una empresa que está en coma, víctima de una inundación de otra clase y de uno de esos casos de corrupción empresaria tan emblemáticos de la llamada dirigencia nacional (si es que esas dos palabras conservan algún sentido).

La reunión con los obreros de Conforti es en un taller silencioso, oscuro, quieto, la mayor tristeza para cualquier gráfico o cualquier periodista.

En Terminator 3, la rebelión de las máquinas es un anuncio del Apocalipsis. En la Argentina la hecatombe ya ocurrió, y la rebelión de las máquinas es la que permitiría que fábricas y talleres como Conforti vuelvan a funcionar. Es otro guión: las máquinas y los hombres aquí son aliados.

En el taller, las máquinas están en silencio, con sus ojos apagados. Los trabajadores estaban jugando a las cartas. En el fondo el juego es siempre el mismo: se trata de ir matando el tiempo, para evitar que el tiempo los mate a ellos.

Pero hay algo que se sobrepone al silencio: calculan que en unos 20 días esta situación puede cambiar definitivamente hacia un ambiente más ruidoso. Ellos, y las máquinas, recuperando su capacidad de trabajar.

La historia comenzó a desmoronarse entre 1998 y 1999 cuando el presidente de Conforti, Raúl Gonzalo, hombre más bien redondeado, decidido, veloz, de palabra fácil («es de los que te convence que todo lo tuyo es de él, y le creés» dicen los obreros), siempre de barba y 4×4, comenzó a pagar poco y mal a sus obreros.

No faltaba trabajo.

Gustavo Ojeda, delegado gremial y ahora integrante de la Cooperativa Patricios que han conformado los trabajadores, recuerda que entre los clientes estaban El Cronista Comercial, las revistas de Cablevisión y Telecentro, Segundamano y Vía Aérea (que se entrega a los pasajeros de aviones) por nombrar unas pocas. Está dicho: no faltaba trabajo, faltaba pagarlo.

Había unos 80 obreros que aguantaban los retrasos y los recortes que consideraron un mal menor frente a las amenazas de despido o a los retiros voluntarios que cada vez fueron menos voluntarios. «Incluso muchos acuerdos homologados ante el Ministerio de Trabajo no se cumplían. O sea, se firmaba el acuerdo, y la plata no aparecía. Íbamos a reclamar al Ministerio, y la homologación no aparecía».

En la Argentina el sistema de despidos fue privatizado para lograr una mayor eficiencia: despedir más y mejor con el disfraz del «acuerdo mutuo» entre trabajadores y empresas. Sin embargo, las homologaciones en este caso desaparecieron. Para Ojeda la única explicación a semejante enigma es un puño arriba de la mesa: «Alguien puso plata».

Siempre se puede estar peor. La Argentina lo supo en el 2001, cuando la recesión menemista y su empalme con la recordada gestión del señor De la Rúa y los suyos provocó un colapso absoluto de la economía. En ese ambiente, Gonzalo iba pagando cada vez menos. De sueldos cercanos a a los 1.000 pesos, pasó a pagar fracciones semanales de 150, luego de 100 y finalmente de 50.

De paso, humillaba: hacía que los trabajadores tuvieran que esperar hasta siete horas, fuera de su turno de trabajo, para cobrar al menos esos 50 pesos.

Pero al mismo tiempo Gonzalo ensanchaba sus negocios, como propietario y presidente de Conforguías S.A., empresa a la que iban a parar clientes y contratos que funcionaban en Conforti.

Por eso los trabajadores empezaron a sospechar que ante sus ojos se producía un nuevo acto de magia negra: lo que estaba, desaparecía. Lo llamaron vaciamiento. A fines del 2001 quedaba un solo cliente para Conforti: el diario El País, de España, que tiene una pequeña tirada en Buenos Aires y Montevideo.

Raúl Gonzalo se presentó en convocatoria de acreedores. «Nosotros seguíamos trabajando» reconoce Juan José Rodríguez «y es más: los sábados y domingos trabajábamos gratis. Lo hacíamos pensando que iba a ser peor todavía si la empresa se cerraba».

Cuando hacían asambleas reclamando pagos atrasados, Gonzalo bajaba a arengar a los gráficos. El señor Miguel Isidro Barrios todavía se asombra con los argumentos: «¿Sabe qué nos decía? Que la culpa de la crisis de la empresa era nuestra. Que hacíamos mal el trabajo y por eso los clientes se iban».

Llegó diciembre del 2001. Corralito. Denuncia Ojeda: «Pero a éste el corralito no lo agarró. Iba a Uruguay a buscar la plata». No se sabe cuánta, pero la Navidad de 2001 le pagó $10 (diez pesos) a cada uno de los obreros. A esa altura eran unos 80 empleados, así que Gonzalo invirtió 800 pesos para unas felices fiestas. Un dato curioso: pagó en monedas, porque fue el único cambio chico que consiguió.

A otros no les pagaba siquiera con diez monedas. La AFIP, los organismos previsionales, la obra social y el sindicato, sumados a los salarios caídos, generaron una deuda que -al estilo de la deuda externa argentina- iba siendo cada vez más inmanejable.

Para evitar pagar parte de esa deuda, el señor Raúl Gonzalo intentó un nuevo acto esotérico: declaró bajo juramento a la AFIP que no tenía empleados. Los esfumó.

Pero tiempo después, en marzo de este año, solicitó ante el Ministerio de Trabajo la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis para poder despedir a la mitad del personal.

Conclusión: no tenía empleados, pero iba a echar a la mitad.

Esta teoría sobre la subdivisión de la nada merecería un arduo debate filosófico, el Nobel de Física, un capítulo especial de la reestrenada serie La Dimensión Desconocida, o una reparación a las víctimas de la asociación ilícita entre este tipo de empresarios con un Estado neoliberal que los apoya como empresa prestadora de servicios.

A fines de febrero de este año los trabajadores de Conforti se hartaron y comenzaron la llamada «retención de tareas»: al no cobrar, concurren a sus puestos de trabajo a no hacer nada. De todos modos colaboraban en lo indispensable para que siguiera editándose El País. Raúl Gonzalo informó que no podría pagarles ni los 50 pesos semanales que venían cobrando y el 10 de marzo comenzó el cese total de trabajo que continúa hasta hoy. El juez del concurso Juan José Dieuzeide nombró un Veedor.

Gonzalo contraatacó iniciando una causa por «ocupación del establecimiento» exigiendo el desalojo de los trabajadores. La fábrica en realidad no estaba tomada ni ocupada, sino que los trabajadores concurrían en sus horarios. El propio Veedor judicial elevó al juez un escrito describiendo que no había tal ocupación: el control de la planta -informó- lo realizaba la empresa de seguridad Libercoop y personal adicional de la Policía Federal Argentina, en contacto permanente con el propio Gonzalo.

Hubo más intentos de magia. Gonzalo sostenía que su deuda con los obreros era ínfima y que les había pagado todo el 2002. Para demostrarlo, hizo lo lógico: le presentó al Veedor judicial todos los recibos firmados por los trabajadores durante ese año.

Hubo sólo un detalle disonante: todas las firmas, en más de 300 recibos, eran falsas. A simple vista podía notarse que, además, la misma persona aparecía con firmas absolutamente dispares, cosa que pudo confirmar el propio juez comercial sin necesidad de revisa demasiado esos garabatos amorfos. Esto es algo que puede generar la indignación de cualquier ciudadano honesto, e incluso la de cualquier falsificador eficiente.

Con el descubrimiento de la falsificación, y de todo lo que eso implica como delito, llegó la orden de detención.

Pero no para Raúl Gonzalo, sino para los obreros acusados de usurpación por la jueza del Juzgado Nacional Correccional número 2, Mónica Atucha de Ares. Esta señora demostró la velocidad de la que es capaz la justicia -a veces- aceptando la denuncia por usurpación, ordenando el desalojo de una fábrica que no estaba tomada, y dictando el procesamiento de 14 de los trabajadores que estaban en la planta el día que ella envió a un oficial de justicia a inspeccionar.

Sobre esta hazaña judicial se pronunció la Federación Gráfica Bonaerense:

• «El arbitrario fallo y el irregular proceder de la jueza no solo ha sido legalmente apelado sio que ha sido denunciado ante el poder político y ante la opinión pública. Es preciso aclarar qu la mencionada jueza adoptó tan drástica medida sin solicitar informes al Ministerio de Trabajo sobre el conflicto laboral ni al Juzgado Comercial acerca de las denuncias formuladas contra el empresario, tampoco requirió testigos ni prestó atención a las declaraciones de los 14 compañeros citados a declarar. Simplemente tomó los argumentos de la empresa».

La jueza, como ocurrió con el juez provincial Marcelo Goldberg en el caso de Crometal, puso la defensa de la propiedad privada (aunque se trate de un evidente evasor y falsificador denunciado por vaciamiento) y el ejercicio del desalojo, por encima de cualquier otro interés y derecho. El juez Goldberg terminó pidiéndole disculpas personalmente a los obreros, apenas entendió que estaba poniéndose en la mira de un juicio político. Esta jueza, en cambio, sigue con la amenaza de desalojo pendiente.

Don Aniceto Sanabria, uno de los veteranos de la cooperativa dice en voz alta: «Aquí no hay justicia, ¿no?», pero ninguno de los que estamos con él en el taller tenemos nada nuevo que decir al respecto.

Los obreros presentaron la idea de una ley de expropiación, que han tomado algunos legisladores porteños, empezando por Beatriz Baltroc (entró por el ARI, pero se separó del bloque).

Cuenta Gustavo Ojeda: «Nuestra intención es lograr la expropiación definitiva, y poner aquí una escuela de artes gráficas, un centro de salud para Barracas y La Boca, y un centro cultural». El modelo de IMPA, contagiando a otras cooperativas.

La idea de derivar el conflicto hacia una cooperativa surgió por el comentario que un policía le hizo al propio Gustavo. El agente les dijo: «Mirá: esta gente pasó por mil bolonquis y terminaron armando una cooperativa quedándose con la fábrica». Le dio un número de teléfono. Gustavo se conectó así con Ghelco, que en realidad es ahora la Cooperativa de Trabajo Vieytes, productora de insumos para confitería y heladería. Luego Gustavo contó la experiencia en su sindicato gráfico, y allí lo conectaron con Eduardo Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.

«Para mi es una metamorfosis. Fui nueve años delegado gremial, y ahora tengo que pensar más en que todos vamos a ser dueños de la empresa» dice un sorprendido Ojeda.

El sindicato (Federación Gráfica Bonaerense) fue el que en mayor medida los apoyó económicamente durante este tiempo. Cuando se les pregunta qué efecto tuvo esto en las familias, los hombres de la cooperativa son parcos. Ojeda dice: «las familias nos apoyan» pero Cristóforo Gramajo hace una mueca y dice: «Fue muy duro».

El conflicto tuvo una repercusión anoréxica en los medios. Los casos más extraños (por llamarlos de algún modo) fueron los de Canal 9, que les hizo una nota que jamás emitió al aire, lo mismo que el periódico Página/12 (que hasta mediados de los 90 se imprimió en Conforti). Dice Gustavo Ojeda: «Los de Página nos hicieron una nota, pero después nos contaron que no la publicaron por la relación que tiene Gonzalo con los capos de ese diario».

Toda una confirmación sobre que la libertad de expresión que peligra no es la de los medios comerciales, sino la de sectores sociales a los que los medios intentan esfumar de la realidad, acto de hipnosis o magia negra similar a los frecuentados por el empresario Raúl Gonzalo.

Los obreros siguieron cruzándose con Gonzalo en el ministerio de Trabajo y en el propio taller, al cual el empresario concurre de vez en cuando, releyendo acaso las referencias a su persona pintadas en las paredes verdes. En una reunión en el ministerio, Gonzalo planteó las dificultades en que se encontraba, con riesgo incluso de no poder pagar el seguro de su 4×4, ni el de la su señora esposa. De todos modos, esa dura caída bajo niveles de subsistencia automovilística no parece haberse concretado. Los obreros, poco después, vieron que ambos llegaban a Conforti en sus respectivas camionetas, lo cual debe llevar tranquilidad a los allegados y amigos de la familia, y a los promotores de seguros.

¿Cuál es el futuro? «En 15 o 20 días esperamos que salga la expropiación en la Legislatura. Esperamos que el Ejecutivo la firme» dice Ojeda (no es un dato menor calcular qué haría el candidato Mauricio Macri en caso de tener semejante papel bajo su lapicera). Ojeda cree que en cinco o seis días pueden afinar y aceitar todo el funcionamiento de las máquinas. «Y tenemos al menos tres clientes muy fuertes que volverían con nosotros. Con uno que se concrete, ya comemos los 28 que quedamos en la cooperativa, pero vemos que podemos ir recuperando poco a poco nuestro mercado».

Bajo la mirada de Lauro Vázquez y Gustavo Miranda, dos de los más jóvenes integrantes de la cooperativa (unos pocos de treinta y pico, y de allí para arriba) don Aniceto Sanabria vuelve a tomar la palabra: «Usted hizo muchas preguntas. ¿Puedo yo hacerle una? ¿Por qué este Gonzalo no está preso? ¿Hay justicia?»

Tal vez convenga dejar el interrogante abierto. Al igual que el de saber si Conforti pasará finalmente a manos de sus trabajadores. Todo está empezando. La fábrica está impecablemente mantenida por los obreros. Sobre la mesa del taller quedó el mazo de cartas. Mientras las máquinas sean sólo un adorno, el mazo tendrá como trabajo un acto de magia: ir matando al tiempo que falta para saber qué contestarle a don Aniceto cuando pregunta si hay justicia.