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La Defensoría del Pueblo viajó a Salta: «El desalojo de los kolla-guaraníes es un error judicial grosero»

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Víctimas de la justicia, que viven en estado deplorable. Errores judiciales imperdonables que no se han reparado. Indefensión de una comunidad avasallada. Tal es el panorama que se encontró la delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación tras viajar a Salta para conocer de cerca la situación de los kolla-guaraníes expulsados de su tierra, en Río Blanco. La violación de los derechos humanos y una posible desaparecida: la justicia.

«El desalojo de la comunidad kolla-guaraní es un error judicial grosero».
«La situación más clara que se ha podido obtener del viaje de la comisión de la Defensoría del Pueblo a Salta, es un reconocimiento expreso de la jueza, dicho verbalmente en la audiencia ante nuestros enviados, de que ella se equivocó. Y si se equivocó, significa que el desalojo fue un error, y esas personas tendrían que volver a ocupar esas tierras».
Anselmo Sella, subsecretario de Administración de la Defensoría del Pueblo de la Nación fue el encargado de recibir el lunes 29 de marzo a la delegación de la comunidad kolla-guaraní que viajó a Buenos Aires desde Salta, y motorizó el veloz envío -el jueves 1ª de abril- de una comisión a la provincia formada por el abogado Juan Pablo Jorge (asesor legal) y Adriana Viñas (del área de derechos humanos). Ya están preparando un informe que servirá al Defensor Eduardo Mondino para decidir qué medidas impulsar. Sobre la situación en que encontró a los integrantes de la comunidad de Río Blanco, el doctor Juan Pablo Jorge reconoce:

«Como ser humano, me duele muchísimo que seres humanos vivan en esas condiciones. Es hiriente».
«Hay una cantidad de personas, que no pude precisar, viviendo en cuatro carpas, al borde de la ruta, en condiciones deplorables. No hay ninguna infraestructura que pueda albergarlos mínimamente. No hay baños, sólo palanganas. Las condiciones son inimaginables. Preguntamos si han tenido alguna contención a nivel municipal o provincial, pero no: sólo han contado con el apoyo de una institución aborigen local».


Sobre este tema, Sella pronuncia una frase impresionante:

-En este tema ha sido muy importante la falta de apoyo a estos aborígenes, de todo el mundo.

Sella explica, sin perder el asombro, que la comunidad, sencillamente no tendría que estar desalojada.

¿Cuál fue el error de la jueza Cristina del Valle Barbará de Morales?

-El error, que ella misma ha reconocido, consistió en haber librado órdenes de lanzamiento sin un acto judicial previo que las hubiera autorizado («Lanzamiento» significa, en términos judiciales, la expulsión de alguien de un lugar: desalojo).

¿El desalojo fue sin una orden judicial válida?

-La sentencia de desalojo ya se había ejecutado hace cuatro años, en 1999. No se sabe cómo se hizo, ni a quién se desalojó, ni por qué. Pero lo cierto es que los propios jueces reconocen que se había ejecutado. No obstante, esta comunidad permanecía ocupando el campo. Entonces, no se puede modificar la nueva situación de hecho sin un nuevo proceso. Ese no es un pequeño error judicial. Es un error grosero.

-La jueza lo reconoce ante la Defensoría. Pero ¿qué hizo al respecto?

-Suspendió la medida después de haber producido los desalojos, pero quedó a mitad de camino. Lo normal es que si alguien reconoce su equivocación, vuelva las cosas a su estado anterior. Eso no significa simplemente que no rompan las viviendas ni hagan daños en las pertenencias de los desalojados, sino que éstos vuelvan a estar donde estaban antes. Desde el punto de vista institucional es gravísimo. No puede desalojarse tranquilamente a tanta gente en base a un error judicial que además es reconocido por la jueza. Es de una gravedad institucional inusitada.



A la vez, Sella explica que hubo aspectos de la visita que la Defensoría aún no tiene claros: «Nos habían dicho que había 40 familias dentro del campo, pero no lo hemos podido confirmar. Eso modificaría las cosas. Si hubiera 40 familias adentro yo llegaría a la conclusión de que el desalojo fue parcial y la tenencia corresponde a la comunidad. Pero si el desalojo se concretó, aunque esté mal jurídicamente, la tenencia por ahora correspondería a la empresa».

¿Cómo podría cambiar la situación?

-Si la jueza dicta la nulidad de lo que ella misma ordenó hacer.

¿Cuándo?

-En el lapso que ella decida.

-Pero si la jueza reconoce que se equivocó, tendría que retrotraer ya mismo las cosas, sobre todo cuando hay gente que vive en condiciones deplorables, según lo ha comprobado la propia comisión de la Defensoría.

-La situación es tan grave que amerita que alguien intervenga. El gobierno provincial, o quien sea. No se puede seguir mirando para otro lado. Apenas esté el informe, el Defensor decidirá qué medidas tomar porque acá hay violaciones a los derechos humanos.

¿Qué violaciones?

-Primero, habría que analizar la cuestión de la propiedad comunitaria de las comunidades aborígenes. Si es como ellos manifiestan, si ha habido un juicio irregular y han sido privados de forma ilegal de sus posesiones, podrían verse afectado este derecho que tiene rango constitucional en la Constitución del 94.
Además se violan los derechos humanos si nos informan que hay decenas de personas viviendo en una banquina junto a una ruta en medio de la selva donde no tienen un baño, comida, ni nada. Es evidente que se está violando el derecho a la dignidad.

¿Cómo calificaría a la actitud de la empresa?

-La empresa se maneja con sus propios intereses, no sé si cabe calificarla en términos éticos o morales. No puedo poner como culpable al que intenta defender su derecho, sino más bien a quienes tienen que dar a cada uno lo suyo, hacer justicia. En este caso son las autoridades de la administración o del Poder Judicial. Respecto del Poder Judicial lo que se puede decir es que hubo un ostensible error que aparentemente no se está dispuesto a subsanar. La actitud de la jueza al reconocer su error, llevaría necesariamente a volver las cosas a su estado anterior. Pero ella no lo va a hacer de oficio porque dice que la única forma de resolver una cosa así es procesalmente, cuando se resuelva el incidente de nulidad.


Un buen abogado

Juan Pablo Jorge describe que hay otra piedra en ese camino: «La jueza nos dijo que esas presentaciones pidiendo la nulidad eran extemporáneas (presentadas fuera de término) salvo en un caso. Lo que habría que determinar es si una eventual nulidad beneficiaría solo a esa persona o a toda la comunidad afectada por la misma medida». Esto empalma con la situación de desprotección legal que parecen sufrir los miembros de la comunidad. Dice Sella: «Con un buen abogado, el desalojo no hubiera ocurrido. Y con una justicia normal, tampoco»

La comisión que viajó a Orán presentó ante el juzgado civil y comercial número 1 un pedido de informes. La jueza recibió a Jorge y a Viñas. «Mostró su preocupación por el tema y se comprometió a contestar rápidamente el pedido» cuenta Jorge.

Luego se trasladaron al lugar del conflicto, conocieron a los miembros de la comunidad allí acampados, y caminaron hasta la tranquera donde un suboficial retirado de apellido González oficia como custodia.

«Estuvimos también con el padre Auletta, de la capilla San José, que es un poco quien hace las veces de soporte espiritual de los aborígenes lanzados», dice Jorge. El informe de todo este periplo y estos contactos estará listo en pocos días. Al abogado de la comunidad no pudieron encontrarlo, ya que estaba en Tartagal. «Si me preguntan a mí, creo que es demasiado trabajo para una sola persona» opina Jorge sobre las posibilidades judiciales futuras «ya que hay demasiados frentes abiertos, recursos de nulidad, revocatorias, causas penales. Pero parece que hay inconvenientes para encontrar a otro profesional que pueda dar una mano al actual abogado. No me precisaron las razones, pero no encuentran a nadie».

En Salta, la razón es clara: hasta que se demuestre lo contrario, ningún abogado quiere hacerse cargo porque vería peligrar, supuestamente, su relación futura con el poder político y las empresas.

Cuando la jueza frenó el desalojo (hecho que simplemente consistió en que detuvieran la destrucción de bienes y viviendas de los kolla-guaraníes) la empresa se sintió agraviada y presentó una revocatoria ante la Cámara de Apelaciones de Salta. «La Cámara tiene la facultad de ordenar a la jueza que reencamine la causa».

Nadie puede profetizar en qué sentido podrían dictar tal orden. «Tal vez pueda echar luz sobre un expediente que está demasiado convulsionado» especula Jorge.

Perder terreno

Jorge cuenta que «extraoficialmente se dicen muchas cosas, como que la intendencia local no quiere ocuparse del tema. Pero son comentarios que se escuchan, y que no constan». Un detalle nada menor es que la jueza, casualmente, es la hija del intendente de Orán de quien se dice que no quiere ocuparse del tema. En la Defensoría ya consta este dato.

Sella considera que «ha sido importantísima la falta de asesoramiento que fue consolidando situaciones en las que los aborígenes han ido perdiendo terreno», frase que puede tomarse literalmente.

-Ellos nunca cuestionaron el dominio de la propiedad. Si hacía 30 años que estaban ahí, tendrían que haber ido a la ofensiva con medidas administrativas y judiciales que fijaran su posesión de las tierras. Ha habido una enorme falta de capacidad de gestión en la defensa de sus derechos. Con esto no estoy justificando ni por muchísimo que lo parezca la actitud ni de la empresa, ni de la justicia.

-Los pueblos originarios cumplen así con el arquetipo del «pobre y ausente».

-Ni más ni menos.

¿Qué hará la Defensoría del Pueblo?

-Nosotros tenemos limitaciones, pero no quiero escudarme en limitaciones legales para evitar defender derechos humanos que están claramente vulnerados. Nuestras limitaciones son que la jurisdicción es provincial, y que está interviniendo la justicia. No obstante el defensor además de poder dictar resoluciones, advertencias, recomendaciones y demás, también es un gestor. Y en ese sentido, aún cuando interviene la justicia, pedimos un informe a la jueza diciendo que no queremos invadir su jurisdicción ni sus funciones, pero que intervenimos ante la gravedad de la situación. Ahora el Defensor va a evaluar toda la situación y resolverá algunas acciones que no quiero adelantar hasta que hablemos con él. No hay un procedimiento reglado de antemano. Se actúa de acuerdo a cada circunstancia. Puede hacer un informe, hablar con el gobernador, con la jueza: muchas cosas.


Mientras se termina de dilucidar el futuro, decenas de personas siguen viviendo en una banquina en condiciones deplorables.

Y otros están dentro del terreno esperando esa especie de milagro laico que en idioma argentino se sintetiza en una palabra bella, incierta y siempre lejana: justicia.


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Más allá de tu vereda: un documental sobre personas en situación de calle en CABA

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Más allá de tu vereda.

Así, a secas, es el nombre del documental que acaba de estrenarse. 

No es un documental más. Así se llama el programa de radio de y para personas que viven o vivieron en la calle, que se realiza semanalmente en la organización Sopa de Letras. Esta cobija y aborda la problemática así como la salud mental, desde hace más de 10 años en el barrio porteño de Parque Patricios.

El documental explicita la importancia de la radio, el valor de la comunicación, la potencia de lo colectivo, la necesidad de comunicarse, y que alguien escuche del otro lado, o mejor aún: al lado. Y también refleja la historia de Víctor Rodríguez Lizama, su director, que tiene 64 años y vivió varios en situación de calle.

El Cuervo, como le dicen a Víctor por su fanatismo por San Lorenzo, visibiliza en primera persona junto a otrxs protagonistas lo que se ve a diario, pero no tanto. Lo que se sabe, pero no tanto. 

En Más allá de tu vereda, Víctor entrevista a muchos de los integrantes del programa que se emite en Radio Parque Vida (105.9) desde hace más de tres años.

Marcela dice que antes sólo escuchaba. Y que ahora se animó a decir.

Luciana dice que perdió un poco la timidez. Y que, quizá, eso la ayudó a crear la sección “la música que nos hizo”. 

Cata dice que encontró un espacio para hacer arte. Para animarse a leer sus poesías.

Alicia dice que antes hablaba “poquito”. Y que ahora “habla un poquito más”. 

Lautaro habla cuando llora, emocionado. Dice que no tenía experiencia. Y que ahora se sorprende de sí mismo.

Juan Bautista dice que es el encargado de informar las noticias. Y que ahora sí, alguien escucha su punto de vista.

Cristian dice que está más atento a su alrededor. Tanto, que ahora se anima a opinar.

Víctor dice que hasta no hace mucho, había personas que no agarraban el micrófono. Y que ahora no lo quieren soltar.

Termina el documental, con una última imagen; pantalla en blanco y una sola línea en letras negras.

«A todos los que estuvieron en situación de calle y ya no están».

Hay aplausos, hay felicidad, hay valoración. 

Hay orgullo.

Luego, se abre el micrófono para que quien quiera diga lo que quiera. 

Jorgelina: “Hagamos más radios”.

Adrián: “Podría estar en cualquier otro lado, haciendo cualquier otra cosa en este momento y gracias a ustedes estoy acá, me ayudaron un montón desde lo emocional”.

Cierra Víctor Rodríguez Lizama, con la remera puesta de su San Lorenzo querido y su pelo repleto de canas:

“La finalidad de este documental es mostrar cómo a través de la salud mental podemos llegar a la gente invisibilizada, que está ignorada. Ojalá que se reproduzca en otros lugares, que sirva de herramienta para salir adelante. Hoy hay mucha más gente viviendo en situación de calle. Además de haber vivido mucho tiempo, participé de los censos populares. Recientemente censamos en la comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y sólo acá contamos 1480 personas, por donde vos camines están. En la olla popular que hacemos en el Parque Lezama se ve algo similar al 2001. Más personas en calle y más hambre”.

Detrás del Cuervo hay un pizarrón donde se completa al nombre de su documental: 

“Más allá de tu vereda,

hay otra realidad,

atrás de tu puerta”.

Al costado, un mural con un puñado de palabras escritas en letra cursiva: 

“Hasta que no quede ni una sola persona en situación de calle, 

allí seguiremos estando”.

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La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

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Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.

Por Franco Ciancaglini

Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:

  • su salud era cada vez más delicada;
  • los medicamentos oncológicos no llegaban;
  • y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.

Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.

Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Mary junto a Nora Cortiñas.

Contaminada

María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.

Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.

La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.

Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.

Contaminada

La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.

Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.

Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
En Plaza de Mayo, con una bandera contra la megaminería contaminente en Chubut.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:

  • “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
  • “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
    También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».

Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”

Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.

En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Lidia y Mary, durante el acampe del Malón de la Paz en Buenos Aires, hace dos años.

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”

Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:

  • “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
  • Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.

Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.

Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.

Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”

El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Carlos Ponce, Mary y Lidia Campos: una amistad atravesada por la lucha ambiental del sur del país.

Abandonada

Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.

Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.

Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».

Sino miren este video.

María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”

El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.

Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.

Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.

Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”

Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”

La respuesta era obvia: mal.

Insurgente

Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.

Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.

El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».

Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.

Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Un cartelito que le hicieron tras su muerte, Clarisa y Agus, que lo dice todo: «Se lo hicimos porque ella era doña cartelitos, y lo dejamos con ella».

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.

Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.

Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.

Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.

La muerte es el abandono.

La muerte es el olvido.

Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.

odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.

Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.

Mary: gracias.

Hasta mañana.

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Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

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El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.

Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año. 

El camino de la in-justicia

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia. 

La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.

Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero. 

Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10. 

Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo. 

Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.

 La pericia tendrá como objetivos precisar:

-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;

-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil; 

-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.

-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.

El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena. 

Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.

Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.

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