Las hijas e hijos de mujeres asesinadas tienen que sortear todo tipo de trabas y burocracias para cobrar la reparación económica y contar con el acceso a salud que les corresponde por la Ley Brisa desde hace más de seis años. Una muestra más del abandono de niñas, niños y adolescentes por parte del Estado atravesado por el negacionismo de un gobierno que propone derogar la figura de femicidio. Por Evangelina Bucari.

Carolina Ríos tenía 43 años y nueve hijos cuando fue asesinada en el barrio Mataderos de la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña, el pasado 21 de febrero. La mató su pareja, Jorge Ávalos, quien luego se suicidó. Hasta el 31 de marzo de 2025 hubo 84 femicidios, y 40 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres, según datos del Observatorio Lucía Pérez, que se actualiza a diario. En el caso de Carolina, cinco menores, con edades de entre 3 y 13 años, quedaron huérfanos en un contexto de pobreza extrema.

No se suele visibilizar, pero el femicidio, como la expresión más extrema de la violencia de género, tiene consecuencias devastadoras en la vida de miles de niñeces y adolescencias, que de la noche a la mañana ven trastocada toda su vida. En muchos casos, cargan con el dolor y el recuerdo de haber sido testigos del asesinato de su propia madre y tal vez, también, de la muerte de su referente paterno, cuando el femicidio va seguido del suicidio del agresor, que en algunos casos es el padre o un ser querido para ellos.

Suelen ser las hermanas mayores –como en el caso de Carolina, cuya hija Valeria, de 28 años, quedó a cargo de sus hermanitos–, las abuelas, abuelos y tías quienes se hacen cargo de sostener la vida de esas chicas y chicos, darles de comer, vestirlos, mandarlos a la escuela, acompañarlos emocionalmente, buscar terapias y, también, justicia.  La manutención y el cuidado diario se vuelven aún más difíciles para las cuidadoras mayores, que quizá solo cuentan con una jubilación mínima o una pensión. Viviendo en casas pequeñas y sin los recursos ni el acompañamiento necesario, la ausencia del Estado hace sus vidas mucho más difíciles.

Contemplando muchos de estos aspectos, el 4 de julio de 2018 la Cámara de Diputados votó por unanimidad la Ley 27452 de Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes (RENNYA), que establece el derecho de las hijas e hijos de personas víctimas de femicidio, travesticidio o transfemicidio menores de 21 años, o personas con discapacidad sin límite de edad, al cobro de una reparación económica por parte del Estado Nacional equivalente a una jubilación mínima, al acompañamiento y el acceso a la salud, con el fin de que tengan una protección integral.

Si bien el acceso ha sido complicado desde la creación de este programa, a partir de la asunción de Javier Milei y durante parte de 2024 prácticamente no se otorgaron nuevas altas. Más allá de una reactivación paulatina iniciada en septiembre pasado, las organizaciones y familiares de víctimas de femicidio denuncian las “enormes demoras” y las “muchísimas trabas” que deben sortear, y en muchos casos, sin obtener respuestas. 

“Lo dijimos hace cuatro años y lo repetimos ahora: la Ley Brisa está mal reglamentada. La asistencia llega tarde y el trámite lleva años. En el peor momento, el de más sufrimiento, estas infancias no tienen nada. Y esa nada es un derecho incumplido por el Estado”, alertan desde Familias Víctimas y Sobrevivientes de Femicidios y Desapariciones, y eso mismo escribieron en el “Informe sobre violencia femicida” que el año pasado entregaron al Poder Ejecutivo nacional. 

Según datos del Ministerio de Capital Humano, a febrero de 2025 el programa cuenta con 1.852 titulares. Consultados por MU, desde la gestión mileista informaron que durante 2024 se sumaron 181 beneficiarios y que en lo que va de este año ya “aprobaron y están en proceso de liquidar 41 expedientes”.

Víctimas colaterales 

Maite tiene 19 años. Cuenta que el mismo día que encontraron muerta a su mamá Carolina, su hermana Valeria se llevó a sus hermanos: dos nenas de 3 y 5 años; un varón de 7, otro de 8 y una adolescente de 13. Los más chicos habían presenciado la brutal escena y lo único que querían era salir de esa casa. “No quieren volver”, dice la joven. 

Cada femicidio, travesticidio y transfemicidio impacta no solo en la víctima sino en la vida de toda una familia. Valeria, quien enfrenta la difícil tarea de cuidar a sus hermanas y hermanos con muy pocos recursos, no dudó en llevárselos a su pequeña vivienda en el Aeroclub, un barrio vecino. 

Están juntando chapas para hacer “una piecita” y haciendo todos los trámites para cobrar “una ayuda”, explica Maite. Mientras tanto, reciben las colaboraciones de vecinos. “Nosotras pedimos donación para los nenes. Mi mamá estaba pasando una situación económica muy difícil, no tenía nada, ni para la cena”, relata con angustia. “Los chicos están bien con nosotras”, se consuela.

Maite sabe bien que lo que pasó con su madre no fue algo inesperado: “Hace años que mi mamá era víctima de violencia. Es mentira que nunca denunció, ella siempre denunció, siempre hubo un alerta hacia la policía cuando nosotras vivíamos ahí”. 

Cuando la urgencia es tan grave, la cantidad de documentación requerida y las triples instancias de control y aprobación se vuelven una traba, un impedimento para que se haga efectiva la Ley Brisa. Entonces, es imposible que la ayuda llegue cuando más la necesitan: apenas suceden los hechos. El trámite lleva varios pasos, requiere diferentes instancias de aprobación y, como se dijo, con el mileismo su ejecución directamente estuvo frenada por muchos meses. 

Lo que más le duele a Maite es lo que tuvieron que ver y vivir sus hermanitos más chicos. “Están bien, dentro de todo, pero están esperando recibir la ayuda psicológica. Nos dijeron que se les va a dar, pero todavía no pasó nada”, relata la joven. 

Justamente, uno de los puntos de la Ley Brisa es el acompañamiento psicológico y el acceso a la salud. Junto al beneficio económico, se otorga a niñas y niños una “cobertura integral de salud” por medio del Sistema de Salud Público. En ese sentido, el gobierno también aseguró que están cumpliendo con este aspecto de la asistencia que establece la norma.

La Ley Brisa es compatible con el cobro de Asignación Universal por Hijo, asignaciones familiares, pensiones, pensiones por fallecimiento y regímenes alimentarios. Pero no puede cobrarse en caso de que se tenga otro beneficio nacional, provincial o municipal de carácter reparatorio por el mismo hecho.  

Aunque el trámite se inicia en la ANSES, el área responsable de su correcta aplicación es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Juan Bautista Ordóñez, parte del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. 

El circuito de aprobación incluye cuatro pasos:  

El proceso se inicia en ANSES, que recibe la solicitud, los papeles y remite toda la información al Ministerio de Justicia.

Justicia evalúa si la causa de muerte se corresponde efectivamente con un femicidio.

Si la causal es válida, el expediente pasa a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, donde se revisa toda la documentación y se emite una resolución.

En caso de aprobación, se envía la información a liquidación para otorgar el beneficio.

Según un relevamiento realizado por la senadora Alicia Kirchner por medio de un pedido de “proyecto de comunicación” presentado en agosto de 2024 en el Senado de la Nación, desde el comienzo de la implementación de la ley, en 2018, y hasta noviembre de 2023, se tramitaron 2.034 solicitudes y 1.659 niños, niñas y adolescentes accedieron a la reparación económica; 49 de ellos, con discapacidad. De enero a noviembre de 2023 fueron incluidos 262 nuevos/as titulares.

Solo en los últimos cinco años, el Observatorio Lucía Pérez registró al menos 1.600 niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres en manos de femicidas y que por eso son potenciales beneficiarios del RENNYA: 216, en 2020; 374, en 2021; 391, en 2022; 414, en 2023 y 173, en 2024. 

Ante la consulta sobre cuántas solicitudes hay en proceso para obtener el beneficio del RENNYA que aún no fueron concedidas, el Ministerio de Capital Humano respondió a MU que “actualmente hay 146 solicitudes en proceso dentro de todo el circuito de aprobación”.

Según el análisis de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes nacional, durante el primer semestre de 2024 se había ejecutado un 33% de los fondos disponibles para la actividad; recursos que, en términos reales, representaban una caída del 70% en la ejecución presupuestaria respecto del mismo período de 2023. 

En marzo de 2024, ante la falta de entrega de las coberturas y el uso de estos fondos, la Defensoría solicitó información a autoridades de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quienes informaron que “se mantendrían los programas de transferencia directa (entre ellos, la reparación económica del RENNYA), además de que existían a la fecha altas pendientes”.

Para tener una idea de cómo se había frenado el programa, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que en el primer trimestre del año pasado hubo una caída del 90% en la cantidad de dictámenes favorables para el ingreso al RENNYA. El documento “Libradas a su suerte”, elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), señala que mientras en los primeros tres meses de 2023 salieron 70 dictámenes favorables, en el mismo período de 2024 se remitieron solo 7. 

Desde la Defensoría indican que a partir de septiembre de 2024 se dio una reactivación en la ejecución de fondos, incluyendo probablemente también el pago retroactivo de prestaciones y/o altas de nuevos/as titulares. Según informaron desde Capital Humano, el presupuesto vigente al 7 de marzo de 2025 para este año es de 6.393,46 millones de pesos.

No son números 

Una de las principales quejas de las familias es que todo el papeleo demora demasiado. “A muchos les tarda tanto que en el medio se les vence la tutela provisoria  y tienen que empezar todo de nuevo. Entonces, se van pisando los trámites”, explica Marcela Morera, integrante del colectivo Atravesadxs por el Femicidio. En esa organización tienen muchas familias esperando el alta y aseguran que en el último año casi no tuvieron respuestas positivas. 

Detrás de cada expediente hay historias de mucho dolor y necesidades concretas. Natalia Coronel fue asesinada en 2020 a golpes por su pareja, Juan Carlos Salvatierra, quien luego se suicidó. Ella tenía 30 años y un hijo en común con él. En el caso de este niño, su familia cuenta que ya están todos los papeles presentados en Tucumán y que les dijeron que “solo quedaba que la ANSES dé la orden de pagar”. Hace ya cinco años que este chico espera que el Estado cumpla con lo que le corresponde por ley.  

Carolina Díaz tenía 33 años y tres hijos cuando su pareja, Luis Grandi, la roció con nafta y la prendió fuego. Ocurrió en 2021, en San Lorenzo, Santa Fe. Recién en junio de 2024, la familia logró terminar de presentar todos los papeles en Rosario para que los chicos pudiesen cobrar la RENNYA, algo de lo que al cierre de esta nota no habían tenido noticias. 

Janet Zapata fue asesinada en 2016 en Mendoza. Tenía una hija. Su mamá, “Pinky” Elizabeth Ávila, que quedó a cargo de niña, aún no logró que salga el beneficio de la Ley Brisa para su nieta. La guarda y tutela definitiva tardó cuatro años. “Me pidieron un nuevo papel y todavía no me lo entregan en el juzgado”, relata. ¿Qué le exigen? La resolución de la guarda y tutela está toda junta con los fundamentos de la sentencia, son varias hojas y quieren que sea la resolución en un solo papel. 

Ajuste y recortes 

Las urgencias no conocen los tiempos de la burocracia ni la crueldad del ajuste en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. El Ministerio de Capital Humano es uno de los que más sufrió la motosierra libertaria. A eso se suma el cierre de oficinas de la ANSES, la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; el incumplimiento de tratados internacionales ratificados por nuestro país; y la embestida para eliminar la figura de femicidio, por solo mencionar algunas políticas aplicadas por la gestión de Milei. 

Los organismos continúan siendo desmantelados y vaciados. Despidieron a un gran número de trabajadores de diferentes áreas clave. Según el CEPA, los principales programas destinados a prevenir, sancionar y erradicar las violencias por motivos de género fueron sumamente ajustados en 2024: los fondos destinados al patrocinio jurídico a víctimas de abuso sexual fueron recortados a cero (-100,0%), las partidas dedicadas a las víctimas de trata se redujeron 87,7% interanual, y algo similar ocurrió con el Programa Acompañar (-87,6%) y la línea 144, que sufrió un recorte de 61,1%. 

Para las hijas e hijos de las víctimas de femicidio el Estado ya llegó tarde una vez: no pudo evitar los asesinatos de sus madres. La importancia de la correcta aplicación del RENNYA no tiene solo que ver con la transferencia monetaria, sino con hacer efectiva una herramienta para garantizar el acceso a la salud y el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes cuando más vulnerables quedaron sus familias, y ayudarlos así a proyectar un futuro libre de violencias.   

Las otra víctimas de los femicidio

Uno de los principales reclamos de las familias víctimas es que el Estado cumpla con su deber de proteger a los hijos e hijas huérfanos por la violencia femicida. No lo hace, o lo hace tarde y mal. Estas son las cifras del padrón público y autogestivo del Observatorio Lucía Pérez que revelan cuántas infancias están sufriendo esta injusticia: