El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la constitucionalidad de la Ley de Servicios Audiovisuales abre una nueva etapa marcada por la urgencia de democratizar la comunicación, tras 30 años de desigualdades que desfiguraron las oportunidades de crecimiento de los medios sociales. Urge que el AFSCA cumpla con la obligación de hacer realidad el 33% destinado a las emisoras y televisoras comunitarias, garantizando así el equilibrio perdido por la presión corporativa. Urge también que la llamada Ley de Medios sea exactamente eso: de todos los medios. Es esa urgencia la que señaló la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) -de la cual nuestro periódico MU es fundador- al reclamar la sanción de la Ley de Fomento a las Revistas Culturales Independientes y Autogestionadas, que en mayo de este año ingresó al Congreso con la firma de 12 diputados y diputadas. ¿Por qué esta urgencia? Desde hace dos años las revistas culturales independientes denuncian un drástico cambio en el circuito de distribución y comercialización. Es consecuencia de la reformulación del modelo de negocios que el Grupo Clarín promueve para contrarrestar la abrupta caída de las ventas de su diario y, al mismo tiempo, posicionarse frente a los dictados de la Ley de Servicios Audiovisuales. La gráfica, ya sabemos, es el huevo de la serpiente de Clarín y desde allí está demostrando que tiene un plan de reacomodamiento, que en los últimos años está llevando sin pausa.

El plan de la corpo

Este plan tuvo hasta ahora las siguientes consecuencias, notorias y comprobables:

• A nivel comercialización y distribución el Clarín y La Nación se comportan sincronizadamente, como una empresa única.
• Ambas protagonizaron una espectacular caída en las ventas. La Nación logró frenarla en los últimos años con el lanzamiento de su Club de Lectores, cuyos beneficios parecen importar más que la información que publica. Clarín, en cambio, pierde ventas desde hace 10 años continuos, producto de su falta de credibilidad, expuesta durante el debate de la Ley de Servicios Audiovisuales. Fue uno de los costos que pagó, y al contado, en cada kiosco.
• Ambas reformularon su plan de negocios gráficos. “Hace 8 años ni La Nación ni Clarín editaban revistas. Hoy tienen más de 30 títulos cada uno”, informó la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas en el Foro Social realizado por AReCIA en octubre pasado. Esto significa, concretamente, que una década atrás Clarín o La Nación vendían miles de ejemplares y centímetros de publicidad con un solo producto: el diario. Hoy para facturar lo mismo por venta de publicidad y ejemplares deben editar más de 30 títulos.
• Esta nueva estrategia la aplicaron con modales corporativos. Es decir, patoteros. Un ejemplo: presionando a canillitas para rebajar el porcentaje que cobran por la venta de ejemplares. La Nación logró el récord con la salida de la revista Violetta: obligó a los canillitas a aceptar un 22% en lugar del 33% que fija le ley. En promedio, todas las revistas editadas por La Nación y Clarín pagan al circuito de kioscos un 10% menos que las culturales independientes.
• Ninguno de los productos de Clarín y La Nación salen a kioscos desde el Centro de Distribución, requisito obligatorio según las regulaciones vigentes para el sector. Obligó a los recorridos a recoger sus productos directamente desde las imprentas, evitando así otro porcentaje que debe pagar para sostener el sistema vigente.
• Así, empobreció a todos: recorridos y canillitas. En los últimos 2 años cerraron 1.200 kioscos de los 6.000 que históricamente conformaban el circuito de distribución de Capital y Gran Buenos Aires. Se calculan que 800 más están seriamente endeudados. También que a través de estas maniobras de endeudamiento, al menos otros 300 ya son controlados por Clarín, al igual que uno de los principales recorridos.
• El Centro de Distribución, a su vez, tiene una grave crisis financiera, producto de los grandes costos de estructura que se originaron en otra realidad que la actual. Intentó que esa debacle, originada por otros, la paguen los editores independientes, emitiendo facturas que todavía constituyen una amenaza seria, que se renueva con la salida de cada edición.

En síntesis, el sistema está en crisis. Una crisis provocada por las corporaciones con la intención de dominar el sistema de distribución y comercialización.

Nuevo escenario

La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) acaba de realizar el segundo censo del sector. Algunos datos:

• Contabilizan 320 publicaciones de todo el país.
• Juntas y en promedio, editan 500.000 ejemplares mensuales.
• El 32% fue creado antes del 2001. Es decir, sobrevivió a crisis, corralitos, dólar verde, dólar blue y otras pesadillas de la economía argentina. Sin publicidad oficial. Es decir, las bancaron las y los lectores.

En mayo de este año AReCIA presentó en el Congreso una Ley de Fomento, ingresada por el diputado Jorge Rivas y suscripta por otros 11 legisladores, que tiene por objetivo fortalecer a la edición independiente y garantizarle condiciones de producción que hoy están ausentes. Estamos frente a un sector que hoy debe enfrentar la práctica monopólica en todo el proceso de producción: desde el papel hasta la llegada a kioscos.

Ahora, también en la Ciudad

En el día en el que la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios, el bloque de legisladores porteños de Nuevo Encuentro presentó en la Legislatura la Ley de Promoción de la Producción Independiente y Autogestiva de Comunicación Cultural por Medios Gráficos y de Internet, que es, a su vez, un modelo que impulsarán los nodos de AReCIA del interior del país para que sea aprobado en las legislaturas provinciales.
El proyecto elaborado por la legisladora Gabriela Cerruti con la colaboración de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) tiene como objetivo “proteger y fomentar la producción” de las revistas culturales y reconocerlas como “patrimonio cultural” de la Ciudad, donde se editan el 40 por ciento de las publicaciones independientes y autogestivas de todo el país, de acuerdo al censo de la Secretaría de Cultura de la Nación.
El proyecto presentado por Cerruti y suscripto por las y los legisladores Edgardo Forn, María Rachid, Delia Bisutti, Aníbal Ibarra y Rafael Gentili considera que con su aprobación permitirá “saldar una vieja deuda de la democracia con la producción independiente y autogestiva de comunicación cultural a través de un reconocimiento a las publicaciones que han permitido expresar una multiplicidad de voces, producciones y realidades”.
La norma destaca que serán consideradas “’publicaciones de carácter independiente y autogestiva’ aquellas que no pertenecen a empresas o sociedades que desarrollen otras actividades con fines comerciales, con excepción de las actividades que tengan como finalidad sostener la edición de la publicación cultural”.
La ley de promoción crea el Registro de Editoriales Independientes y Autogestivas de la Comunicación Cultural (REdIACC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para llevar adelante el control de las inscripciones de las publicaciones que podrán acceder a los futuros beneficios. La inscripción será gratuita y podrá realizarse en cualquier momento, “sin ser un requisito obligatorio para el funcionamiento de las editoriales en el ámbito de la Ciudad”, aclara el proyecto.
Las publicaciones que deseen inscribirse deberán estar constituidas como cooperativas, asociaciones civiles y/o pequeñas y medianas unidades productivas; y acreditar anualmente la edición de un mínimo de dos publicaciones en serie continua con un mismo título a intervalos regulares. Mientras que las editadas en formato digital deberán acreditar una actualización como mínimo mensual. Además, la norma indica que los datos “deberán actualizar cada año en el período establecido por la autoridad de aplicación”.
De acuerdo al artículo 9 del proyecto de ley, se constituirá el Fondo para la Producción Independiente y Autogestiva de Comunicación Cultural, a través del que se otorgarán “subsidios para inversiones productivas” de las editoriales inscriptas y se fomentará la constitución de nuevas publicaciones mediante un concurso anual. El Fondo será financiado con el 12 por ciento de los recursos recaudados en concepto de contribución por publicidad.
En este sentido, los fundamentos de la norma sostienen que “además de reconocerlas como patrimonio cultural porteño, resulta fundamental consagrar un régimen de promoción y fomento que les permita continuar desarrollándose en el sector, a la vez que incentivar la creación de nuevas editoriales y publicaciones”.
El proyecto de ley también impulsa líneas de créditos del Banco Ciudad con un régimen especial para las producciones de comunicación cultural independiente y autogestiva, y “respetando criterios de equidad en la distribución de publicidad oficial”, busca que el Ejecutivo porteño asigne “publicidad oficial” a las publicaciones inscriptas en el RedIACC. Además, el proyecto contempla la difusión de las revistas culturales en el circuito de Espacios Culturales porteños y la promoción, y divulgación en los medios de comunicación públicos porteños.
Las y los legisladores firmantes del proyecto presentado ayer en la Legislatura fundamentaron que la norma se ajusta a lo establecido en el artículo 32 de la Constitución porteña, que sostiene que ”la Ciudad distingue y promueve todas las actividades creadoras. Garantiza la democracia cultural; asegura la libre expresión artística y prohíbe toda censura; facilita el acceso a los bienes culturales; fomenta el desarrollo de las industrias culturales del país; propicia el intercambio; ejerce la defensa activa del idioma nacional; crea y preserva espacios; propicia la superación de las barreras comunicacionales”.