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Explosión en Atanor: un nuevo desastre ambiental en San Nicolás y orden judicial de «cese inmediato» de la actividad de la fabricante de agrotóxicos
En la madrugada de este miércoles estalló un reactor y una nube tóxica se expandió por los barrios aledaños a la empresa Atanor en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. El aire se impregnó de cianurilo: «Decir cianurilo es decir cáncer puro», denuncian en el vecindario. Pasado el mediodía, el juzgado de Ejecución Penal hizo lugar a una medida cautelar de los vecinos y ordenó el «cese inmediato» de las actividades de la corporación fabricante de agrotóxicos. Atanor es la principal productora argentina de tres pesticidas prohibidos en varios países: glifosato, atrazina y 2,4D. Un operario sufrió heridas graves y está internado tras la explosión. El año pasado el poder judicial confirmó además la contaminación que la empresa genera al Río Paraná y la “ilegalidad manifiesta” en la que operaban. Les fijaron una indemnización de 150 millones de pesos que no pagaron. Qué dicen los vecinos, que contabilizaron 200 muertes y denunciaron la situación de contaminación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La explicación de la reacción química que produjo la explosión, por la mezcla de sustancias tóxicas. El abogado de los vecinos consideró «criminal» la actitud de la empresa. Texto: Lucas Pedulla.
“Otra vez explotó la fábrica. Estamos encerrados. No se pueden abrir ventanas ni puertas. La fábrica reventó, y hay cianurilo en todo el barrio. Ya va saliendo para todos los barrios y nadie hace ni saca nada. Queda todo en silencio. Nos están matando de a poco. Decir cianurilo es decir cáncer puro. Ya no sabemos qué hacer”.
El audio de WhatsApp –desesperado, urgente–lo manda Miriam González, una vecina de 67 años del Barrio Química, en San Nicolás (provincia de Buenos Aires), que vive enfrente de Atanor, la principal productora del país de tres herbicidas altamente tóxicos, prohibidos en varios países (Glifosato, Atrazina y 2,4D), y que volvió a ser noticia por sus efectos sobre el medio ambiente: en la madrugada del miércoles, entre las 3:30 y 4 de la madrugada, un reactor explotó, le generó heridas de gravedad a un operario que está internado, y expandió una nube tóxica que está llegando a los barrios aledaños, como Belgrano y Saavedra.
Pasado el mediodía, el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a una medida cautelar presentada por los vecinos. Dispuso:
- > El “cese inmediato” de las actividades de Atanor “a los fines de garantizar la salud y seguridad de la población”.
- > Prohibió la salida de camiones con residuos y materiales bajo apercibimiento de multas de 10 millones de pesos en cada caso.
- > Libró oficio a la Jefatura Departamental de policía para que custodie la planta de Atanor y corrobore que se encuentra fuera de funcionamiento.
- > Dispuso además que se comunique a la Fiscalía General, al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua (ADA). Estos dos últimos organismos ya habían sido fuertemente denunciados por los vecinos por su complicidad en los nulos o exiguos controles en la empresa.
- > En la resolución, la jueza Bancalari resaltó la ubicación de la fábrica dentro del radio urbano por “los peligros que puede implicar para el medio ambiente y las personas que habitamos la ciudad”.
¿Dónde está el problema?
Hace un año, el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás había probado la existencia de contaminación que los propios vecinos denunciaron hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (donde presentaron un censo con 200 muertes por diversas enfermedades en la 6 cuadras del barrio) y la jueza Luciana Bancalari consideró probado “el marco de ilegalidad manifiesta” en el que funcionaba la empresa. Conviene recordar, como contexto político de la situación ambiental en general, que en septiembre de 2023 el entonces candidato a presidente Javier Milei dijo, sin referirse específicamente a Atanor: «Una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera. ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el problema?».
Atanor permite responder a esa pregunta incalificable. Hace años la revista MU cubre los efectos de Atanor en la comunidad, y luego del fallo viajamos para hacer esta nota.
Luego, la Cámara Primera de Apelación del distrito le fijó a la empresa, en un fallo histórico, una indemnización sustitutiva por el daño ambiental al Río Paraná de 150 millones de pesos.
El origen del estallido
Los fallos ordenaron una serie de medidas de control que, según advierte el abogado Fabián Maggi, representante de las demandas vecinales, la corporación no está cumpliendo: «Acá hay una sentencia condenatoria que no se cumple. De hecho tampoco pagaron la indemnización. Se mantiene el escenario de ilegalidad que se reflejó en aquel momento con el agravante de que hoy a las 4 de la mañana, en el proceso productivo de atrazina, el contaminante que aparece omnipresente en el suelo, el río, las napas y por todos lados del barrio, agregaron cloruro de cianurilo, y cuando agregan sal de amina se produce una reacción química adversa del reactor que genera una explosión y posterior incendio”.
Consecuencias: “La explosión afectó a los operarios, uno recibió quemaduras severas. Otros pudieron escapar. Y luego, la terrible nube tóxica por horas que, en un día sin viento y con mucha humedad, viaja muy bajo y afectó todos los barrios aledaños. Como efecto inmediato, irritación de ojos y de garganta. Las consecuencias de corto y mediano plazo para la salud, aún no las podemos saber. Es una situación de extrema gravedad, vuelven a repetirse la conducta criminal de la empresa. Vamos a seguir con medidas judiciales”.
Taxi de atrazina
Eduardo Ochoa es un extrabajador de Atanor. Lo echaron en 2019, antes de la pandemia, por una supuesta “reestructuración”, que llegó casualmente luego de que Ochoa denunciara la contaminación de atrazina en el barrio. Ahora es taxista y cuenta a lavaca: “Hice un viaje a las 3.30, cuando vuelvo veo a lo lejos una humareda. Pensé que estaban quemando basura. Cuando me acerco huelo el olor a cianurilo, muy parecido al forro del salamín, para que te des una idea. Cuando hago cuatro cuadras ya me metí en la nube y al toque la vista se te empieza a llorar, a lagrimear, y lo mismo en garganta. Todo en cuestión de segundos. En la fábrica ya se veía el fuego. Me vine a mi casa y le dije a mi señora que cierre todo. Fui a ver a mi mamá, a dos cuadras de la fábrica. Para ir tenés que pasar por Atanor, pero tuve que doblar en U en medio del humo negro, porque no podía respirar más. Ahí se me llenó todo el auto de atrazina. La nube salió derecho a la autopista, y como no había viento quedó al ras del piso”. Eduardo filma su taxi lleno de atrazina, y la reacción química que genera cuando lo lava con agua: “Lamentablemente, pese a las denuncias, acá sigue todo igual”.
La explosión de este miércoles no es la primera. En 2016, a pocos meses de que la fábrica reabriera sin ningún tipo de control tras haber sido clausurada, sufrió un incendio que tapó con una nube negra tóxica a todo el barrio.
Miriam González, la vecina que alertó a lavaca, tiene 67 años, cuatro hijos, nueve nietos y la mitad de un riñón “completamente seco”. Fue varias veces a la justicia a denunciar la contaminación en el Barrio Química en el que vive, y en una de ellas manifestó: “Tengo mucho dolor continuo, porque la gente que uno quiere se muere, y yo sé que todos nos moriremos, pero no hay derecho de que nos quiten así la vida”.
Ahora, en audios angustiados, pide que por favor alguien haga algo: “Es terrible. Acá todos estamos encerrados. Ventanas, puertas, tapando todos los agujeros. Es veneno puro. Esto es cáncer. La cantidad de gente que ha fallecido desde que vinieron a hacer la última nota (marzo del 2023). Esto sigue y nadie lo para. El veedor que tenía que revisar no lo dejaron pasara. Nada de nada por parte de las autoridades del municipio: todo queda terriblemente aplastado por la burocracia, por la maldad. No puedo hablar mucho, se me seca la garganta, los ojos llorosos y eso que estamos todos encerrados. Pero el aire siempre filtra por algún lado”.
Miriam llora: “Uno ya está grande pero los hijos, los nietos… Una calidad de vida mejor pido. Porque no podemos irnos a vivir a otro lado, porque no tenemos medio: no nos compran la casa por la contaminación que hay acá. Que se vayan. Y que nos dejen vivir”.
Compartimos la producción audiovisual que hicimos en 2023.
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El protocolo de Bullrich es nulo
Por Claudia Acuña
El juez federal Martín Cormik declaró nulo el protocolo de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich al considerar que ninguna norma administrativa puede limitar derechos constitucionales.
El fallo sienta un precedente jurídico que pone un límite a las facultades del Poder Ejecutivo ya que dicho protocolo “conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto bajo la apariencia de «instruir» al personal dependiente de dicho Ministerio está legislando y ello conforma violación al derecho aplicable por cuanto el PEN se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo”.
También considera que el protocolo es ilegítimo porque “no cumple los requisitos de motivación ni de razonabilidad exigidos por la Constitución”. En consecuencia, lo declara nulo y promueve que las personas afectadas inicien las demandas de reparación pertinentes en el ámbito de fuero penal.
El fallo responde así y positivamente a la acción iniciada por Sipreba y Argra, entre otras organizaciones sociales, representadas por el Cels cuyo director Diego Morales sintetiza así la importancia de esta resolución: “El punto más importante es que la decisión le pone un límite al Ministerio de seguridad al momento de regular -bajo la figura o el ropaje de instrucciones a los funcionarios policiales- conductas de los ciudadanos que están garantizadas por la Constitución. Este me parece que es el dato más importante y que no lo habíamos visto en las otras acciones que presentamos“.
Segundo punto a destacar: “También le pone un límite a que el Ministerio imponga que el derecho a manifestarse es un delito, y que a partir de esta caracterización realice operativos para evitarlas”.
El tercer punto no es menor: los efectos que ha sembrado la aplicación de este protocolo ahora considerado nulo. “El más grave es el caso del fotógrafo Pablo Grillo y también que dos personas hayan perdido el ojo, pero además de muchos heridos hubo más de 200 detenciones arbitrarias y constantes agresiones a la prensa. Es decir que una norma ahora considerada ilegítima ha dejado personas afectadas en sus cuerpos y en sus derechos”.
Morales descuenta que el Ministerio apelará este fallo, pero también que la justicia avalará que hasta tanto se resuelva ese trámite judicial el protocolo quede anulado. En ese sentido destaca la presentación que realizó ante la justicia Periodistas Argentinas, que llegó hasta la Corte Suprema y esa máxima instancia judicial determinó que el fuero competente para dictaminar es justamente el que ahora ha declarado nulo el protocolo.
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La policía porteña con permiso para matar
En los dos primeros años del gobierno de Jorge Macri, hubo 44 asesinatos cometidos por la policía porteña, entre casos de gatillo fácil, intrafamiliares y muertes en cárceles y comisarías. El jueves navideño hubo otro asesinado, Gabriel González, en Lugano, y este domingo la policía disparó a Leonardo Vargas en Constitución, un vecino que estaba tratando de evitar que le robaran el celular. Está internado, peleando por su vida.
En 72 horas la Policía de la Ciudad fusiló a dos personas:
- El jueves 25 de diciembre, en la Villa 20 de Lugano, mató a Juan Gabriel González.
- Este domingo 28 de diciembre, en el barrio porteño de Constitución, ejecutó a Leonardo Vargas, que ahora lucha por su vida en el hospital Ramos Mejía.
El crimen de Lugano
Gabriel González tenía 45 años y fue asesinado en Navidad, tras intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. En las imágenes se observa nítidamente cómo lo fusilaron a corta distancia. El informe preliminar de la autopsia confirmó que la causa de su muerte fueron “las lesiones por proyectil de munición múltiple. Hemorragia interna y externa”.
El momento en el que la policía de la Ciudad dispara contra Gabriel González.
Correpi (la Coordinadora contra la represión policial e institucional), afirmó: “Juan Gabriel recibió un impacto directo al cuerpo. No sabemos todavía qué tipo de cartuchería utilizaron, pero a corta distancia y directo a zonas vitales como tórax y abdomen, un disparo de escopeta es letal, tanto con cartuchos antitumulto (con postas de goma) o todo propósito (con postas de plomo). Hasta un cartucho de estruendo (sin munición) puede herir o matar a corta distancia. Por eso los protocolos de uso de armas largas prohíben terminantemente disparar directamente al cuerpo con cualquier tipo de cartuchería”.
Nelly, la viuda de Gabriel.
Tirar a matar en Constitución
El jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires es Diego Casaló mientras que Horacio Giménez es el Ministro de Seguridad del gobierno porteño liderado por Jorge Macri.
Este domingo por la tarde, en la esquina de Salta y Constitución, la Policía de la Ciudad volvió a tirar a matar. En este caso a Leonardo Vargas, quien quedó gravemente herido y pelea por sobrevivir. Lo que cuentan testigos: le dispararon tres tiros cuando intentaba que una persona en situación de calle no le robara su celular.
Vecinas y vecinos de Constitución, reclamando en la calle. La policía disparó contra una persona a la que le estaban robando el celular.
Esta noche, vecinas y vecinos del barrio se concentraron en esa esquina con la consigna: “Basta de gatillo fácil”. Desde la manifestación, Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) le dijo a lavaca: “Un policía de la Ciudad, de la comisaría vecinal 1C, salió de la pizzería Ugis y sin mediar ninguna palabra le disparó tres balazos y uno de ellos le impactó en el rostro. Pedimos justicia y denunciamos que estamos cansadas de los límites que está cruzando la Policía de la Ciudad, que parece que tiene libre camino para violentarnos. Parece que hay un nuevo orden social de limpieza e higienización hacia las vidas de los pobres, de las migrantes, de las trabajadoras sexuales; parece que hay vidas descartables que no valen”.
La Policía de la Ciudad entró en servicio el 1º de enero de 2017.
Desde Correpi compartieron a lavaca: “En estos 8 años el total de casos de gatillo fácil de esta fuerza abarca a 168 víctimas. En los dos primeros años del gobierno de Jorge Macri, el total de asesinatos por la policía porteña es de 44 en todas las modalidades: gatillo fácil, intrafamiliares y muertes en cárceles y comisarías”.
El testimonio de Georgina Orellano para lavaca.
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La justicia identificó y procesó al policía agresor de la jubilada Beatriz Blanco
La jueza María Servini de Cubría, titular del juzgado Criminal y Correccional Federal 1, identificó y procesó al integrante de la Policía Federal que golpeó a la jubilada Beatriz Blanco el 12 de marzo de este año.
Se trata del inspector Nicolás Emanuel Céspedez y fue imputado por lesiones agravadas.
La jueza le impuso un embargo de 40 millones de pesos y, sin bien lo eximió de prisión preventiva, le ordenó que informe sus movimientos y lo citó el lunes próximo para notificarlo. Servini consideró que el uso desmedido de la fuerza ejercida contra una anciana de 82 años fue evidente: «No hace falta ver su documento de identidad para notar su fragilidad».
Beatriz Blanco tras ser golpeada por el inspector Nicolás Céspedez.
Céspedez golpeó a la jubilada haciéndola caer de nuca, y además ni él ni ninguno de los otros policías intentaron ayudarla, por lo que tuvo que ser inmediatamente evacuada y hospitalizada.
La jueza Servini describe Beatriz fue rociada con gas pimienta y luego empujada “sufriendo un traumatismo cefálico en la región de la nuca (occipito -parietal derecha/izquierda) que derivó en el diagnóstico de Traumatismo encefalocraneano sin pérdida de la conciencia con herida cortante en región occipital”
Plantea el procesamiento: “…el imputado hizo uso desmedido, desproporcionado y exagerado de la fuerza contra una mujer mayor de 82 años de edad, indefensa que no presentaba peligro para la autoridad, lesionándola y apartándose así de la normativa vigente que rige en la materia”.
Agrega: “… se encuentra probado que existió por parte de Nicolás Emanuel Céspedez, dolo directo, o sea éste tuvo la voluntad de atacar físicamente a la Sra. Beatriz Blanco, y habiendo tenido tiempo para reaccionar con otra conducta no lo hizo”. El delito se agrava cuando el hecho se comete «Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales, o del servicio Penitenciario».
Otro párrafo crucial: «Sobre la especial calidad del sujeto activo que prevé la fórmula legal, corresponde indicar que: ‘El fundamento es que no solo se atenta contra la vida humana, sino que además el autor omite cumplir con el deber de otorgar seguridad y protección a los ciudadanos, defraudando así las expectativas depositadas en el correcto desempeño de su cargo o función»
Concluye la jueza: “Todo ello me permite concluir que las lesiones sufridas por Beatriz Blanco, derivadas de la conducta del imputado que se juzga en este acápite, efectivamente implicó una acción totalmente arbitraria por parte de Céspedez y en un claro abuso de su función, en carácter de miembro de una fuerza de seguridad”.
El próximo lunes 22 Céspedez deberá presentarse en el juzgado para ser notificado de su procesamiento.
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