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Explosión en Atanor: un nuevo desastre ambiental en San Nicolás y orden judicial de «cese inmediato» de la actividad de la fabricante de agrotóxicos
En la madrugada de este miércoles estalló un reactor y una nube tóxica se expandió por los barrios aledaños a la empresa Atanor en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. El aire se impregnó de cianurilo: «Decir cianurilo es decir cáncer puro», denuncian en el vecindario. Pasado el mediodía, el juzgado de Ejecución Penal hizo lugar a una medida cautelar de los vecinos y ordenó el «cese inmediato» de las actividades de la corporación fabricante de agrotóxicos. Atanor es la principal productora argentina de tres pesticidas prohibidos en varios países: glifosato, atrazina y 2,4D. Un operario sufrió heridas graves y está internado tras la explosión. El año pasado el poder judicial confirmó además la contaminación que la empresa genera al Río Paraná y la “ilegalidad manifiesta” en la que operaban. Les fijaron una indemnización de 150 millones de pesos que no pagaron. Qué dicen los vecinos, que contabilizaron 200 muertes y denunciaron la situación de contaminación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La explicación de la reacción química que produjo la explosión, por la mezcla de sustancias tóxicas. El abogado de los vecinos consideró «criminal» la actitud de la empresa. Texto: Lucas Pedulla.
“Otra vez explotó la fábrica. Estamos encerrados. No se pueden abrir ventanas ni puertas. La fábrica reventó, y hay cianurilo en todo el barrio. Ya va saliendo para todos los barrios y nadie hace ni saca nada. Queda todo en silencio. Nos están matando de a poco. Decir cianurilo es decir cáncer puro. Ya no sabemos qué hacer”.
El audio de WhatsApp –desesperado, urgente–lo manda Miriam González, una vecina de 67 años del Barrio Química, en San Nicolás (provincia de Buenos Aires), que vive enfrente de Atanor, la principal productora del país de tres herbicidas altamente tóxicos, prohibidos en varios países (Glifosato, Atrazina y 2,4D), y que volvió a ser noticia por sus efectos sobre el medio ambiente: en la madrugada del miércoles, entre las 3:30 y 4 de la madrugada, un reactor explotó, le generó heridas de gravedad a un operario que está internado, y expandió una nube tóxica que está llegando a los barrios aledaños, como Belgrano y Saavedra.
Pasado el mediodía, el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a una medida cautelar presentada por los vecinos. Dispuso:
- > El “cese inmediato” de las actividades de Atanor “a los fines de garantizar la salud y seguridad de la población”.
- > Prohibió la salida de camiones con residuos y materiales bajo apercibimiento de multas de 10 millones de pesos en cada caso.
- > Libró oficio a la Jefatura Departamental de policía para que custodie la planta de Atanor y corrobore que se encuentra fuera de funcionamiento.
- > Dispuso además que se comunique a la Fiscalía General, al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua (ADA). Estos dos últimos organismos ya habían sido fuertemente denunciados por los vecinos por su complicidad en los nulos o exiguos controles en la empresa.
- > En la resolución, la jueza Bancalari resaltó la ubicación de la fábrica dentro del radio urbano por “los peligros que puede implicar para el medio ambiente y las personas que habitamos la ciudad”.
¿Dónde está el problema?
Hace un año, el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás había probado la existencia de contaminación que los propios vecinos denunciaron hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (donde presentaron un censo con 200 muertes por diversas enfermedades en la 6 cuadras del barrio) y la jueza Luciana Bancalari consideró probado “el marco de ilegalidad manifiesta” en el que funcionaba la empresa. Conviene recordar, como contexto político de la situación ambiental en general, que en septiembre de 2023 el entonces candidato a presidente Javier Milei dijo, sin referirse específicamente a Atanor: «Una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera. ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el problema?».
Atanor permite responder a esa pregunta incalificable. Hace años la revista MU cubre los efectos de Atanor en la comunidad, y luego del fallo viajamos para hacer esta nota.
Luego, la Cámara Primera de Apelación del distrito le fijó a la empresa, en un fallo histórico, una indemnización sustitutiva por el daño ambiental al Río Paraná de 150 millones de pesos.
El origen del estallido
Los fallos ordenaron una serie de medidas de control que, según advierte el abogado Fabián Maggi, representante de las demandas vecinales, la corporación no está cumpliendo: «Acá hay una sentencia condenatoria que no se cumple. De hecho tampoco pagaron la indemnización. Se mantiene el escenario de ilegalidad que se reflejó en aquel momento con el agravante de que hoy a las 4 de la mañana, en el proceso productivo de atrazina, el contaminante que aparece omnipresente en el suelo, el río, las napas y por todos lados del barrio, agregaron cloruro de cianurilo, y cuando agregan sal de amina se produce una reacción química adversa del reactor que genera una explosión y posterior incendio”.
Consecuencias: “La explosión afectó a los operarios, uno recibió quemaduras severas. Otros pudieron escapar. Y luego, la terrible nube tóxica por horas que, en un día sin viento y con mucha humedad, viaja muy bajo y afectó todos los barrios aledaños. Como efecto inmediato, irritación de ojos y de garganta. Las consecuencias de corto y mediano plazo para la salud, aún no las podemos saber. Es una situación de extrema gravedad, vuelven a repetirse la conducta criminal de la empresa. Vamos a seguir con medidas judiciales”.
Taxi de atrazina
Eduardo Ochoa es un extrabajador de Atanor. Lo echaron en 2019, antes de la pandemia, por una supuesta “reestructuración”, que llegó casualmente luego de que Ochoa denunciara la contaminación de atrazina en el barrio. Ahora es taxista y cuenta a lavaca: “Hice un viaje a las 3.30, cuando vuelvo veo a lo lejos una humareda. Pensé que estaban quemando basura. Cuando me acerco huelo el olor a cianurilo, muy parecido al forro del salamín, para que te des una idea. Cuando hago cuatro cuadras ya me metí en la nube y al toque la vista se te empieza a llorar, a lagrimear, y lo mismo en garganta. Todo en cuestión de segundos. En la fábrica ya se veía el fuego. Me vine a mi casa y le dije a mi señora que cierre todo. Fui a ver a mi mamá, a dos cuadras de la fábrica. Para ir tenés que pasar por Atanor, pero tuve que doblar en U en medio del humo negro, porque no podía respirar más. Ahí se me llenó todo el auto de atrazina. La nube salió derecho a la autopista, y como no había viento quedó al ras del piso”. Eduardo filma su taxi lleno de atrazina, y la reacción química que genera cuando lo lava con agua: “Lamentablemente, pese a las denuncias, acá sigue todo igual”.
La explosión de este miércoles no es la primera. En 2016, a pocos meses de que la fábrica reabriera sin ningún tipo de control tras haber sido clausurada, sufrió un incendio que tapó con una nube negra tóxica a todo el barrio.
Miriam González, la vecina que alertó a lavaca, tiene 67 años, cuatro hijos, nueve nietos y la mitad de un riñón “completamente seco”. Fue varias veces a la justicia a denunciar la contaminación en el Barrio Química en el que vive, y en una de ellas manifestó: “Tengo mucho dolor continuo, porque la gente que uno quiere se muere, y yo sé que todos nos moriremos, pero no hay derecho de que nos quiten así la vida”.
Ahora, en audios angustiados, pide que por favor alguien haga algo: “Es terrible. Acá todos estamos encerrados. Ventanas, puertas, tapando todos los agujeros. Es veneno puro. Esto es cáncer. La cantidad de gente que ha fallecido desde que vinieron a hacer la última nota (marzo del 2023). Esto sigue y nadie lo para. El veedor que tenía que revisar no lo dejaron pasara. Nada de nada por parte de las autoridades del municipio: todo queda terriblemente aplastado por la burocracia, por la maldad. No puedo hablar mucho, se me seca la garganta, los ojos llorosos y eso que estamos todos encerrados. Pero el aire siempre filtra por algún lado”.
Miriam llora: “Uno ya está grande pero los hijos, los nietos… Una calidad de vida mejor pido. Porque no podemos irnos a vivir a otro lado, porque no tenemos medio: no nos compran la casa por la contaminación que hay acá. Que se vayan. Y que nos dejen vivir”.
Compartimos la producción audiovisual que hicimos en 2023.
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Coimas: los próximos pasos de la investigación que acorrala a los Milei
La revelación de los audios del abogado Diego Spagnuolo mientras dirigía la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) hablando sobre la estructura de corrupción en la que aparecen involucrados los hermanos Javier y Karina Milei, Eduardo y Martín Menem, estalló esta semana en la que el gobierno intentó vetar, justamente, la emergencia en discapacidad. Entre tantas cosas, se escucha a Spagnuolo (amigo y abogado del Presidente y afín a su círculo íntimo) explicar que le dijo al propio Milei: “Javi, vos sabés que están choreando. Sabés que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo”. En la foto de portada se ve a Spagnuolo rodeado por los hermanos, y detrás suyo asoma Martín Menem.
Publicamos aquí el artículo del diario cooperativo Tiempo Argentino, en el que se explica el rumbo de la investigación.
La decisión de la fiscalía de analizar los celulares por el Ministerio Público para excluir a las fuerzas federales (dirigidas por Patricia Bullrich). Los documentos que confirman el estrecho vínculo del ex titular de la ANDIS con el presidente de la Nación. La posibilidad de que se adhiera al régimen del arrepentido. Qué dicen los juristas.
Por Ariel Stemphelet
Diario Tiempo Argentino
Uno de los principales motivos que mantiene el nerviosismo en la plana mayor del gobierno de Javier Milei es la posibilidad de que el removido titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hable en la Justicia y lo que pueda llegar a decir. Nadie descarta que Diego Spagnuolo, cuya voz protagoniza la grabación en la que quedó expuesto un presunto esquema de corrupción en la compra de medicamentos, pida convertirse en arrepentido para intentar mitigar una eventual condena.
Spagnuolo es uno de los investigados en la causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, iniciada a partir de una grabación revelada por el equipo periodístico de Jorge Rial. Ahí se lo escucha describir un presunto entramado de retornos millonarios del que serían parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su ladero Eduardo “Lule” Menem, el exdirector de Acceso a Servicios de Salud Daniel Garbellini, y la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker.
De momento, sobre Spagnuolo, este abogado y exfuncionario que mantuvo una relación por demás cercana con el presidente, pesa una prohibición de salida del país ordenada tras el allanamiento a sus viviendas y el secuestro de dos celulares cuyo análisis marcará, en parte, el devenir de la investigación.
Fuentes inobjetables confirmaron a Tiempo que la extracción del contenido será llevada a cabo por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. Es decir: no intervendrá ninguna de las fuerzas federales a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La denuncia inicial que presentó el abogado Gregorio Dalbón tras la difusión del audio comenzó a analizarse en Comodoro Py el miércoles pasado y para el jueves a la noche Casanello había ordenado una batería de allanamientos en los que se pudo recolectar prueba clave. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de la Ciudad y se llevaron a cabo en domicilios de Spagnuolo, la sede de ANDIS y la de Suizo Argentina, además de las viviendas de sus propietarios.
Con secreto de sumario de por medio y la posibilidad de que se produzcan nuevas medidas en los próximos días, Picardi trabaja con hermetismo en el análisis de las pruebas. En los allanamientos encontraron documentos vinculados a la compra de medicamentos, dispositivos electrónicos y sobres con más de 200 mil dólares secuestrados a Emanuel Kovalivker, uno de los directivos de la droguería.
Spagnuolo, en selfie con Eduardo «Lule» Menem, Karina Milei y Martín Menem.
¿Se arrepiente Spagnuolo?
Con las pruebas sobre la mesa y a medida que haya nuevos elementos se abre la posibilidad de que Spagnuolo sea llamado a declarar y, eventualmente, de que pida acogerse a la figura del arrepentido o de imputado colaborador.
“Para que eso ocurra tienen que cumplirse varios requisitos, dos de ellos insoslayables: que el arrepentido involucre a alguien con más poder o autoridad que él y que los datos que proporcione se corroboren por algún medio probatorio. Y tiene que haber una evaluación preliminar del fiscal”, explicó a Tiempo el abogado Gustavo Feldman, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Un conocido juez federal lo ratificó ante este medio: el arrepentido siempre tiene que apuntar para arriba, nunca por debajo de su nivel jerárquico.
El vínculo Spagnuolo-Milei
Como Spagnuolo estaba entre los hombres de confianza del presidente, la expectativa y el nerviosismo en torno a sus movimientos en la Justicia son altos. Se trata, nada menos, que de una de las personas que más veces se juntó con Milei en Olivos y la Casa Rosada; de un hombre que fue más que “abogado en alguna causa” vinculada al mandatario, como intentó minimizar el viernes el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
De hecho, sobre ese último punto, Tiempo accedió a un documento legal que grafica el nivel de confianza que había entre Milei y este exfuncionario. Se trata de un “poder general para asuntos judiciales” con el que el mandatario facultó a Spagnuolo para actuar en su nombre en “las acciones judiciales y/o extrajudiciales pendientes o que se inicien en las que el poderante (Milei) esté interesado”.
El abogado Spagnuolo, que describió el sistema de corrupción en el gobierno, a quien su amigo Milei había firmado un poder general para asuntos judiciales.
El poder también se lo extendió a Francisco Oneto y Bibiana Bianco, sus otros dos abogados, y fue firmado el 8 de octubre del 2024 ante la escribana pública Wanda Liberztein.
Este instrumento legal fue presentado en al menos dos demandas civiles que promovió el presidente contra periodistas y contra la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, según pudo saber este medio. En esas causas, Spagnuolo todavía figura como abogado de Milei.
El documento toma aún más relevancia si se tiene en cuenta que habría sido firmado unos meses después de la supuesta advertencia que Spagnuolo le hizo a Milei sobre que su hermana obtenía retornos económicos a partir de los contratos en la Agencia de Discapacidad. “Javi, vos sabés que están choreando. Sabes que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo”, le habría dicho, según se lo escucha contar en la grabación.
Complejo escenario judicial
La potencia de este escándalo, que podría traerle al gobierno consecuencias incalculables, agravó aún más un escenario judicial por demás complicado para la gestión libertaria.
El audio atribuido a Spagnuolo se conoció la misma semana en la que el juez federal Ernesto Kreplak no solo detuvo a las principales autoridades de HLB Pharma en la causa del fentanilo contaminado sino que también apuntó la investigación hacia el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, hombre del asesor Santiago Caputo. Hasta hace unos pocos días esa cartera era querellante.
No menos complicado para Milei es el derrotero de la causa $Libra, que obligó a la defensa de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios del mandatario en el lanzamiento y la promoción del token sospechado de estafa, a apelar un congelamiento de fondos aparentemente vinculados con posibles pagos a funcionarios públicos.
Como ocurrió en mayo, otra vez el abogado Daniel Rubinovich no solo presentó un escrito para desligar a sus defendidos, también dedicó sendos párrafos a desacreditar la teoría que sostiene que habrían existido pagos de empresarios cripto al presidente o su entorno.
“No se identifican montos, lugares ni destinatarios y se llega al extremo de reconocer que no se sabe si el supuesto pago habría sido al presidente o a un ‘círculo cercano’ nunca identificado”, planteó.
También dijo que “las visitas (de Novelli y Terrones Godoy) a Casa Rosada y Olivos fueron todas registradas oficialmente”. Si bien Milei no tiene designado defensor en la causa está claro que tiene quienes lo defienden.
Imagen de la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad.
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Una buena y otra malísima
Por dos votos la Cámara de Diputados no logró los 2/3 necesarios para derogar el veto de Javier Milei a la ley que proponía devolver un 7,2% a los jubilados rebanado por el propio gobierno al asumir. Tampoco se pudo aumentar el bono a los pasivos que cobran la mínima, que se mantiene en 70.000 pesos desde hace más de un año. Hubo 160 votos a favor de rechazar el veto, 83 que lo mantuvieron, y 6 abstenciones después de la feria de negociaciones habitual en las previas a este tipo de definiciones. En este caso los gobernadores absorbidos por el mielísmo jugaron un rol central para garantizar esa diferencia mínima que vuelve a ensañarse con uno de los sectores más postergados de la sociedad.
Esa malísima novedad había tenido como contracara durante la tarde los 2/3 de votos que sí se lograron para tumbar otro despropósito: el veto de Milei a la emergencia en discapacidad. Fueron 172 contra 73 y 2 abstenciones. La votación generó una enorme emoción entre pacientes y familiares que habían concurrido al Congreso para esperar el resultado. Esa presencia fue tal vez la que disuadió a la policía de organizar otra jornada de represión. La emergencia en discapacidad establece la regularización de pagos y la actualización de aranceles con las prestadoras del sistema de salud, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, el fortalecimiento de los talleres y los centros de día y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos. Diputados seguía sesionando mientras se difundían los audios del director de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo detallando maniobras de corrupción con los laboratorios para la compra de medicamentos sin licitación, programados desde la cúpula del gobierno. Algunas escenas de la jornada.
Verónica y Mariel están abrazadas, esperando. Están frente al Congreso de la Nación. A su lado tienen una silla de ruedas gigante, inflable, de colores, que choca contra la valla policial insólita que separa una plaza pacífica de un Palacio encerrado. Alrededor hay voces que salen de celulares que transmiten en vivo la sesión de la Cámara de Diputados. Están por decidir si rechazan o no el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. El temor es que si la oposición no reúne los dos tercios necesarios para rechazarlo, el veto queda firme de manera inmediata.
Verónica y Mariel son amigas y vinieron de Quilmes por sus hijos. Verónica tiene dos: el de 12 tiene TEA (Trastorno del Espectro Autista) y el de 8, TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad). Mariel tiene uno, de 15 años, con TEA. Ambas no entienden cómo pueden estar este miércoles, frente al Congreso, escuchando una sesión por lo más básico y elemental de la vida. “No llegamos a fin de mes”, dice Verónica. “Mi nena hace terapia desde los 3, mi otro hijo desde los 5. Imaginate el costo que sería. Un test psicopedagógico está arriba de los 200.000 pesos y yo soy auxiliar de escuela: gano $530.000”.
Mariel es ama de casa: “Que el presidente apunte a la casta, no hacia los jubilados y discapacitados que estamos acá”.
Por atrás, la marcha de jubilados de todos los miércoles comienza, y frente al Congreso la expectativa crece.
Están por votar.
Silencio absoluto.
Se escuchan las voces que salen de los celulares, que transmiten ese adentro que está completamente vallado. De pronto, el estallido y la emoción: la Cámara de Diputados acaba de rechazar con 172 votos (73 en contra y 2 abstenciones) el veto. Es un primer paso de dos: para revertir el veto presidencial de forma completa, habrá que reunir dos tercios también en el Senado.
Verónica y Mariel se abrazan. Entre sí y con el resto.
La emoción y la realidad
Es un abrazo colectivo del que también forma parte Aldana, que trabaja en una “escuela especial”, como la llama. Está notablemente emocionada. Lo dicen sus ojos y las palabras. “Que haya pasado esto es increíble. Demuestra que peleando podemos lograr que no les saquen los derechos a las personas con discapacidad. Porque no son privilegios lo que tienen, son derechos”.
Antes de irse, dirá: “Llegamos a mitad de camino. Pero ahora no nos para nadie”. Y se vuelve a emocionar al mirar que en la concentración de este miércoles hay muchos otros eslabones de una cadena que está luchando en distintas calles contra este gobierno: universidades, trabajadores despedidos, profesionales de la salud del hospital Garrahan (quienes volantean para invitar a un festival el próximo domingo 24 de agosto a las 14 en el Parque Lezama), organizaciones sociales, políticas y sindicales.
Un abrazo de muchos brazos en el que está Silvana, que integra un centro que trabaja con personas con discapacidad. Afirma que la emergencia es vital: “El nomenclador nacional está congelado desde diciembre y no tuvimos ningún aumento de los aranceles. También este año sucedió un recorte de las prestaciones, autorizaron menos cantidad de sesiones y menos tiempo, es decir se suele aprobar desde enero a diciembre las prestaciones de salud y este año autorizaron desde marzo, abril”. ¿Cómo se sigue de aquí en más? “Manifestándose, ocupando las calles, pero sobre todo informando a la gente. Hoy la calle es un noticiero, no tan tendencioso como otros. En la calle está la realidad”.
Un abrazo al que se une Eduardo Ferreira, que está en la plaza por reclamo doble. Además de ser un jubilado (70 años) que cobra la mínima, viene por Noelia, su hija con discapacidad de 37. Lleva un cartel en la mano que dice: “Milei, sos un mono con navaja”. Eduardo cuenta que está “triste” y “estresado” porque la jubilación no le alcanza y porque lo que le dan por su hija “son dos pesos”. Se pone contento con el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad e implora que pase con lo mismo con el aumento a las jubilaciones, que se debate también en la jornada de hoy. “Este gobierno empezó mal, sigue mal y no tengo esperanzas que cambie por un motivo claro: el recorte se lo hizo a los pobres. Si se lo hacía a los legisladores, a los jueces, yo mismo lo aplaudía, pero no, están llevando al pueblo a la miseria”.
La emergencia en discapacidad establece la regularización de pagos y la actualización de aranceles con las prestadoras del sistema de salud, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, el fortalecimiento de los talleres y los centros de día y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos.
Campo, autos importados y exterminio
Unos minutos antes de iniciar la sesión en el Congreso, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el gobierno analizaba un aumento en las prestaciones en discapacidad, acaso como forma de diluir la oposición a veto. Roxana es de Quilmes y junto a ella está su hijo con discapacidad. Dice que la lucha viene “desde hace muchos”, pero que la situación actual llegó a “un nivel terrible”, y que si el gobierno ahora hace promesas es porque “se dan cuenta que están corridos del camino del bien. Porque si van a ajustar a los jubilados, a las personas con discapacidad, con adicciones que han cerrado tantos lugares de tratamiento, lo que están haciendo es un exterminio… un exterminio silencioso”. Y denuncia: “Ellos saben dónde pueden ajustar, pero eligen bajarle las retenciones al campo, sacarle impuestos a los autos importados”.
Hábeas corpus
Este mediodía, previo al inicio de una nueva marcha, el equipo de lavaca presentó en Tribunales una serie de hábeas corpus preventivos para exigir condiciones seguras para sus cuerpos y la información que se produce durante la movilización de las y los jubilados. Sin embargo, esta vez la noticia no fue la represión, ni las detenciones arbitrarias, ni la prensa otra vez como blanco de la violencia policial. Esta vez llegó desde el Congreso, quizá vaticinando lo que minutos antes se dijo en la radio abierta que todos los miércoles llevan adelante las organizaciones de jubilados: “La única manera de ponerle un freno a este gobierno es ir uniendo las piezas de las distintas luchas”.
El gobierno, fracasada la maniobra de Adorni de anunciar supuestos aumentos para el sector de discapacidad (para evitar que le tumbaran el veto) dejaba trascender que irá a la justicia para rechazar la decisión del Congreso.
Luego llegó la votación que volvió a atacar y a marginar a los jubilados, que este miércoles marcharon intuyendo que nada iban a lograr. También se iba a votar la extensión de la moratoria previsional, la emergencia para Bahía Blanca, descartada de la ayuda oficial tras el temporal que sufrió a principios de año, y la conformación de la comisión del caso de corrupción Libra.
Continuará…
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Intoxicados
Por Claudia Acuña. Las víctimas intoxicadas con monóxido de carbono se duplicaron este año y ese aumento fue alertado por las empresas distribuidoras de gas: todas expresaron por escrito que la resolución dictada por Carlos Alberto María Casares -el interventor de Enargas (foto)-, implicaba ese peligro. Y sucedió: de la media anual de 300 casos ya hay más de 600 intoxicados en este 2025. Lo más grave: también hay 15 muertos.
La particularidad de estas cifras es clara cuando se agrega la ubicación de los afectados: los barrios porteños de Coghlan, Núñez o Palermo, por ejemplo. No se trata entonces de braseros encendidos en las periferias, sino de las graves consecuencias de un cambio que consagró Casares con la resolución Nª 487 –firmada a fines de agosto del año pasado– y que autoriza a las empresas extractivas a aumentar el poder calorífico del gas que ponen a disposición de las distribuidoras: se elevó de 9.300 a 12.300 calorías por metro cúbico. El peligro: los aparatos domésticos no están preparados para recibir esa potencia. “Uno de los principales puntos de alerta es el riesgo de generación de monóxido de carbono en artefactos que no estén preparados para operar con el nuevo nivel de poder calorífico”, advirtieron por escrito las empresas encargadas de distribuir el gas en todo el país. La Dirección de Protección al Consumidor de Neuquén también advirtió por escrito a Casares: “esto representa una amenaza directa para la salud y la seguridad de los usuarios del servicio de gas por redes”.
El mayor poder calórico es posible cuando al gas no se le quita ni el propano, ni el butano ni el etano. El cambio de normativa, entonces, ahorra este proceso y beneficia así a las empresas extractiva que operan en Vaca Muerta. especialmente a Techint, holding en el cual Casares trabajó durante 24 años. Para el aumento de calorías alega que se realizaron pruebas que arrojaron “aumentos insignificantes” de emisión de monóxido de carbono, pero las distribuidoras de gas y fabricantes de artefactos domésticos plantearon ante Enargas por escrito que no tuvieron acceso a esas pruebas para deslindar responsabilidades legales. Según las investigaciones de la periodista especializada Luciana Glezer estas fueron las advertencias remitidas:
- Camuzzi Gas, a través de una nota al Ente: interrogó la validez de los ensayos que sostiene la Resolución porque fueron «encargados al IAPG, y los cuales mostraron niveles de generación de monóxido de carbono dentro de la normativa vigente, la generación de monóxido con gases de la que corresponden a los cambios propuestos fue superior a los que correspondían con la calidad de gas actualmente vigente», dice la empresa en la misiva enviada el 16 de septiembre de 2024. «No podemos dejar de mencionar esta comprobada situación y las posibles consecuencias que puede tener sobre la seguridad de las personas», concluyó Camuzzi.
- Naturgy deslindó responsabilidades. «Respecto a las nuevas especificaciones de calidad de gas natural que se autoricen a comercializar en el país, así como su incidencia en los procesos de combustión, exceden claramente la competencia y responsabilidad de esta distribuidora», dice la nota de Naturgy, fechada el 13 de septiembre.
- Ecogas consideró «necesario manifestar que no puede garantizar el correcto funcionamiento de los artefactos diseñados para operar con los parámetros actuales».
Otro beneficio de la actual gestión para el holding Techint: Glezer también informa que “un error” en el cálculo de previsión de Enargas motivó que el Estado tuviera que pagar casi el doble por el gas de Vaca Muerta.
Las consecuencias:
Un informe publicado en 2 de julio pasado en el portal Chequeado informa que los casos por intoxicación con monóxido de carbono aumentaron este año un 57% según datos del Ministerio de Salud de la Nación. También recuerda que la media de casos anuales es de 300 mientras que a junio de este año ya se habían registrado 473.
Restaba entonces conocer los datos del mes más riesgoso: julio. El relevamiento realizado por lavaca del registro de notas periodísticas sobre los desastres sembrados por el exceso de monóxido de carbono eleva la cifra a 605 intoxicaciones y 15 muertos. Algunos casos:
- En sólo tres días el Hospital Materno Infantil de La Plata atendió 32 niños intoxicados con monóxido de carbono. Cinco pacientes fueron menores de un año, siete menores de cinco años y veinte entre los seis y catorce años de edad.
- En Córdoba hubo seis muertos, en Santa Fe tres y en Chaco dos: un padre de 25 años y su hijo de 4.
En tanto en la Cámara de Diputados de la Nación se espera el avance del proyecto que presentó la diputada Micaela Morán (Frente Renovador) para citar a empresas, distribuidoras y autoridades en una audiencia que investigue la relación entre el aumento de casos y la nueva regulación.
FUENTES
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