Con una causa partida en dos grandes expedientes y con algunas actuaciones a punto de elevarse a juicio oral, las muertes de cinco manifestantes y las heridas de 234 personas todavía están impunes.

Los asesinatos de cinco manifestantes, las lesiones de otros 234 y las detenciones ilegales de cerca de 300 personas que se produjeron en las inmediaciones de la Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001 aún se mantienen impunes. A pesar de innumerables diligencias, todavía no se ha condenado a los autores materiales ni tampoco se ha determinado judicialmente si hay responsabilidades políticas de los funcionarios que comandaron el operativo el día en que renunció el presidente Fernando de la Rúa.
Las investigaciones, a cargo de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, se dividieron en dos grandes expedientes: por un lado, la pesquisa que busca determinar si hubo responsabilidades políticas en las muertes de los manifestantes y, por el otro, la que intenta descubrir quiénes mataron a Gustavo Benedetto, Carlos Almirón, Alberto Márquez, Diego Lamagna y Gastón Riva.
Los avances más significativos se dieron, para sorpresa de muchos, en el aspecto político de la causa, donde fueron procesados por cinco homicidios y 117 lesiones el entonces secretario de Seguridad Enrique Mathov; el ex titular de la Policía Federal, Rubén Santos; el ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi, y Norberto Gaudiero, quien comandaba la Dirección Operativa de la Policía Federal. El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) acaba de pedir la elevación a juicio oral de la parte del expediente que involucra a estos antiguos funcionarios.
De la Rúa, en cambio, resultó beneficiado con el dictado de la falta de mérito. El cels apeló la medida e insiste en que los numerosos dirigentes políticos que declararon en la causa coincidieron en señalar que el Poder Ejecutivo quería despejar la Plaza de Mayo de manifestantes para negociar en mejores condiciones un gobierno de coalición con el Partido Justicialista. El argumento –dice Rodrigo Borda, abogado del organismo– indicaría que Fernando de la Rúa estaba al tanto de las acciones y eso lo convierte en responsable del operativo.
El cels también pide que se indague por homicidios y lesiones al subcomisario Sergio Weber, quien durante el 20 de diciembre estuvo a cargo del Segundo Cuerpo de Operaciones Federales y cumplió un rol preponderante en la represión. El funcionario –hijo de Ernesto Weber, alias 220 o “El Maestro”, por la docencia sobre el uso de la picana que ejercía en la esma en la pasada dictadura militar- declaró recientemente como testigo en el juicio por los incidentes de la Legislatura porteña, ya que había participado del operativo que el 16 de julio de 2004 terminó con los vidrios y las puertas del edificio rotos y con 15 inocentes encarcelados. Su testimonio en la audiencia pública no aportó demasiada información más allá de ufanarse de sus fluidos contactos políticos.
 Los acusados
La investigación sobre los autores materiales que más progresos logró es la que busca dilucidar el asesinato de Márquez y las heridas sufridas por Paula Simonetti y Martín Galli. El expediente ya fue elevado a juicio oral y público y recayó en el Tribunal Oral Federal N° 6. Por estos hechos se encuentran procesados los policías Emilio Juárez, Eugenio Figueroa, Carlos López y Orlando Oliverio. A todos se los acusa de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. La expectativa de pena, para los abogados, es la condena a cadena perpetua. Los letrados confían en la contundencia de los videos que aportaron como pruebas y que, de manera nítida, muestran cómo los oficiales llegan en un automóvil, se bajan, disparan, vuelven a subir y se marchan. Los acusados estuvieron detenidos durante tres años y medio, pero cuando los nuevos magistrados se hicieron cargo del expediente, les concedieron el beneficio de la excarcelación para que esperen en libertad el proceso oral, que aún no tiene fecha.
El 26 de octubre pasado también se realizó la elevación a juicio oral de la causa abierta por las heridas de bala que sufrió Marcelo Dorado. El principal acusado es el policía Víctor Belloni, procesado por tentativa de homicidio. En un video de Canal 13 se lo ve disparando con balas de plomo. En la imagen pueden apreciarse las vainas rojas saltando de la escopeta, las mismas que se hicieron famosas en el juicio por la masacre del Puente Pueyrredón y que terminó con las condenas de Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta. Sus abogados y el perito presentado por la defensa intentaron impugnar la prueba: sostenían que las imágenes fueron editadas y que la toma correspondía a un horario diferente al que sucedieron los hechos que se investigan. Pero otra pericia, realizada por especialistas del Instituto Balseiro, demostró no sólo los errores cometidos en el estudio de los representantes de Belloni sino que lo comprometió aun más.
En un primer momento se pensó que Belloni también era el responsable de las muertes de Lamagna y Rivas (el caso de Almirón es más difuso). Pero las pericias indicaron que disparo filmado fue el que impactó en Dorado. De todas formas, la Cámara de Apelaciones no descartó que el policía, después de herir a Dorado, se haya desplazado unos metros, hasta la calle Tacuarí, y efectuado allí el tiro que mató, al mismo tiempo, a Lamagna y Rivas. La hipótesis se basa en una fotografía tomada por el diario Página/12, donde se ve al policía disparando en ese lugar. La querella ya solicitó los peritajes necesarios para que, a través de las sombras registradas en la imagen, pueda determinarse si el horario en que se realizó la toma se corresponde con el momento en que fueron asesinados los manifestantes. Además, con la posición en que quedaron los cuerpos y el ángulo por el que entraron las postas puede determinarse el lugar donde se encontraba el tirador.
 Las víctimas
Inicialmente a investigación sobre el asesinato de Gustavo Benedetto fue la que más rápido pareció avanzar. Sin embargo, retrocedió de una manera considerable luego de que la Corte Suprema hizo lugar al recurso extraordinario planteado por el principal imputado, Eduardo Varando, ex teniente coronel de la última dictadura militar y custodio de seguridad del banco HSBC. Borda, que patrocina a María Arena, mujer de Riva, responsabiliza a los fiscales Patricio Evers y Luis Comparatore por el traspié. “Quieren salvar el déficit de la investigación recurriendo a figuras que no corresponden a esta causa. Resulta evidente que la justicia no está preparada para investigar cuando no se detiene a los sospechosos en flagrancia”, asegura.
Mientras que la Corte señaló que no se puede establecer que la bala que disparó Varando sea la que terminó con la vida de Benedetto, los demás policías que efectuaron los 52 disparos que salieron del banco fueron beneficiados con la falta de mérito: la jueza entendió que las pruebas existentes son insuficientes tanto para procesarlos, como para sobreseerlos. Tras el fallo, la pesquisa se dividió en dos: por un lado se continúa indagando sobre la autoría de la muerte y por el otro, se acusa a Varando de abuso de armas contra una persona no identificada.