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Derecho de admisión

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La suspensión del Tren Blanco los dejó abandonados a su suerte en una ciudad que comenzó a mostrarles los dientes. Les hacen actas contravencionales, les secuestran los carros y los reprimen. Qué hay detrás de la industria de la basura, donde ellos trabajan sin derechos, pero también sin patrones. Cómo piensa esta nueva clase obrera, máximo símbolo de estos tiempos de precariedad.

Derecho de admisión

Parece una escena chaplinesca. Ocho personas –mujeres, adolescentes, niños y hombres adultos– intentan empujar un carro de más de 250 kilos por una rampa improvisada y empinada. Necesitan subirlo a un camión. Pero cada vez que el carro avanza cincuenta centímetros, la ley de gravedad se empeña en hacerlo retroceder un metro. Después de todo, la ley es la ley.
–¡Guarda, que no aplaste a nadie!– grita uno de los dos hombres que esperan al carro arriba del camión, con las manos infructuosamente estiradas.
A su lado, un compañero pierde la paciencia y con su vozarrón cascado le grita al resto:
–¡Vamos, carajo! ¡Ayuden todos!
Entonces, una montonera de personas desafía al carro de metal que lleva un bolsón de altura humana. Decenas de manos se hunden en el bulto de cartones, papeles y desechos para hacer más fácil lo difícil. Y así logran vencer a esa ley que siempre les juega en contra.

El tren negro
Desde el 28 de diciembre –sí, el Día de los Inocentes–, cuando la empresa TBA decidió eliminar el Tren Blanco, la misma situación se repite todas las noches, cerca de las diez, en Dorrego y Guatemala, a metros de las vías del Ferrocarril Mitre. En esa esquina, el camión espera a los cartoneros de José León Suárez para trasladar a sus barrios todos los desechos que juntan en cada jornada.
A mediados de 2007 ya se había cancelado el Tren Blanco de la línea Sarmiento y ahora le tocó al Mitre, que prestaba nueve servicios diarios. Las razones que argumentaron los voceros de la empresa fueron que los cartoneros habían desguazado el tren y que sus ocupantes agredían al resto de los pasajeros. Pero Norma Noni Flores lo desmiente: “En el peor momento de la crisis yo fui una de las que fue a hablar a tba para que nos dieran furgones sin asientos para transportar los carros con las cosas que juntamos. Nos dijeron que no tenían personal, pero que si nosotros teníamos gente para sacar los asientos y acondicionarlo, no había problema. Y nosotros lo hicimos, acondicionamos el tren sin que nos dieran un peso. Nos hicieron firmar un convenio de que nos hacíamos cargo de lo que le pasara al vagón. Ellos, en siete años, no les hicieron nada de mantenimiento. Y encima, la gente piensa que era un tren gratuito. Nosotros teníamos que pagar un abono de 10,50 pesos cada quince días”.

El mismo basural
Noni era la delegada de José León Suárez del Tren Blanco. Se encargaba de organizar a sus compañeros y cuidaba de que nadie molestara al resto de los pasajeros. Ahora es la coordinadora del camión. Viaja al lado del chofer para custodiar la mercadería de su barrio y coordina los horarios. Se hizo cartonera hace diez años, cuando su marido, albañil, se quedó sin trabajo. Flores vive en el Barrio Independencia, apenas a un kilómetro del monumento que recuerda a los fusilados por el gobierno de Aramburu en 1956, cuando lo que hoy es una plaza era un basurero. Aquel que inmortalizó Rodolfo Walsh en Operación Masacre.
El Barrio Independencia es un caserío mitad material, mitad chapa que se levanta a la vera de un zanjón que mide casi como una cancha de fútbol de ancho, y cuadras y cuadras de largo. Allí van a parar aguas servidas y desechos industriales. Allí descansan y se alimentan los chanchos de la zona. Allí duermen el sueño eterno autos derruidos. Por esas calles de tierra, sinuosas y con tantos cráteres como la Luna, hasta el sodero debe transitar a caballo. Y en casi todas las casas pueden verse carros de cartoneros.
Al lado de donde vive Noni se levanta un galpón de chapa en el que funciona una cooperativa que compra cartón, plástico, papel y otros desechos reutilizables. La conformaron 14 familias de recicladotes urbanos –como se llama a los cartoneros en el vocabulario políticamente correcto–, cansadas de que los intermediarios los estafaran con los precios y el pesaje de sus mercaderías. Por eso, ahora apuestan a comprar lo que recolectan sus compañeros a un mejor precio que los habituales intermediarios. Acopian, a su vez, grandes cantidades: vendiendo a empresas recicladoras por tonelada obtienen mejor paga que si cada uno lo hace por su cuenta y por kilo. Para llevar adelante el proyecto pidieron un crédito y compraron una balanza, después una prensa y más tarde un camión Ford, modelo 61, por 8.000 pesos. “Se convirtió en nuestro cáncer. Ahí está parado no sé desde cuándo y nosotros, gastando plata en fletes. Pero bueno, estamos acostumbrados a que todos se abusen de nosotros”, se resigna Mirta Justina Belizán, 61 años, 8 hijos, cuarenta y pico de nietos –“perdí la cuenta”, confiesa– y 16 bisnietos.
La mujer, que lleva 25 años cartoneando, emerge entre decenas de bolsones. Es la encargada de recibir a cada carro que llega repleto de materiales. Tiene sus dos piernas vendadas desde la rodilla para abajo, por las várices que le salieron de tanto cartón juntado.
Mirta tiene encendida la radio. El locutor anuncia la suba del Merval justo cuando un hombre flaquito, puro hueso, pregunta precio: “0,50 el kilo de cartón; el plástico, un peso”, informa Mirta. A continuación, la voz engolada del aparato informa sobre el récord del superávit fiscal. El hombre, que no parecía atento, pregunta al aire: “¿Dónde está el superávit ese? No sé para qué los políticos gastan tanta plata en propaganda. Si invirtieran esa plata en trabajo, acá tendrían todos los votos”.
El hombre se llama Enrique Valero. A los 58 años, llegó hasta acá en bicicleta, con una agilidad envidiable. Cartonea –como el dice– desde 1998, cuando cerró la fábrica de heladeras Patrick. “A mi edad, ¿quién me va a tomar?”, sugiere resignado, mientras saca un puñado de cartones de la canasta de la bici. “Yo ya no voy más a Capital –explica preocupado–. Hasta que sacaron el Tren Blanco iba con mi señora. ¿Pero ahora cómo hago para levantar 150 kilos hasta el camión, que tiene un metro setenta de altura? No nos da el cuerpo, se nos rompe la columna. Súmele a eso el peso del carro…”.

En Pampa y la vía
Por esa misma razón fueron a parar –literalmente– a Pampa y la vía, en el barrio de Belgrano, noventa cartoneros que venían de Garín, Zárate, Bancalari y Escobar. Para reclamar la rehabilitación del Tren Blanco, acamparon en un playón lindero al ferrocarril durante un mes y 25 días, hasta que el viernes 22 de febrero, oficiales de la Comisaría 33 y miembros de la Guardia de Infantería los desalojaron a palazos limpios por una orden irregular del Gobierno de la Ciudad. Hubo decenas de heridos y 9 detenidos acusados de resistencia a la autoridad. Dos de ellos –Walter Robles y Carlos Acuña– recobraron su libertad recién varios días después. Tanta violencia ejercida por la policía motivó una denuncia penal de la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 49, a cargo de Facundo Cubas. “Fue un tipo de procedimiento que recuerda tiempos viejos, tiempos de la dictadura” –dijo a mu la doctora Pierini–. La policía actuó sin cumplir su propio Código de Conducta que indica que primero tiene que buscar la persuación, y la violencia es un último recurso. En este procedimiento se atacó a familias que estaban durmiendo, con sus chicos, sin resistir. No se consideró el contexto en que se produjo ese acampe: estaban allí porque se había cortado el Tren Blanco, y porque no tenían otro lugar al cual ir. El Ministerio de Espacio Público de la Ciudad había pedido el desalojo, diciendo que en caso de resistencia podía apelarse a la fuerza pública».
¿La responsabilidad, entonces, puede tenerla el Ministerio del Interior, del cual depende la Policía Federal?
No creo que cada ministro esté detrás de cada procedimiento. Pero nosotros denunciamos a la Comisaría 33ª y si tuvieron o no luz verde de arriba para reprimir así, habrá que verlo en la investigación penal.

Por su parte, el diputado macrista Martín Borrelli excusó al oficialismo de la Ciudad y pateó la responsabilidad a los intendentes del conurbano. Los acusa de “no resolver su situación social y cargar todas las responsabilidades sobre el gobierno porteño”.

Cuestión de números
La expulsión de los pobres de una ciudad como política de sanemaniento no es un invento macrista. Ya lo había inaugurado el dictador tucumano Antonio Domingo Bussi, cuando metió en un charter a los indigentes de su provincia para abandonarlos en el desierto catarmaqueño.
Tampoco parecen novedosos los mensajes del nuevo gobierno de la Ciudad. Como si se tratara de una fumigación, apenas minutos después de la represión policial en Belgrano, personal de la empresa aesa limpió la zona con mangueras que disparaban el agua con la fuerza de un cañón hidrante. En dos camiones cola de pato –esos destinados a compactar la basura– arrojaron todo lo que los cartoneros llevaban juntado en la semana. “¿Con qué le voy a dar de comer a mis hijos?”, lloraba desconsolada una mujer. “Yo no le hago daño a nadie, no salgo a robar, no chupo. Éste es mi trabajo digno”, sollozaba, aferrada a un alambrado. “¿Están buscando eso, que salga a chorrear?”, preguntaba, con bronca, sin que nadie le contestara.
“No podíamos volver en el camión por muchas razones. No sólo que no podíamos subir los carros, sino que el camión pegaba la vuelta demasiado temprano. A las ocho y media de la noche ya teníamos que estar cargando. Y para esa hora no teníamos nada juntado. !Si la gente saca la basura recién a las 8! Y si no juntamos, no comemos. Hubo veces, incluso, que el camión no venía y nos dejaba colgados”, explica Marina Lezcano, que cinco días después de la represión levanta su remera y deja ver los moretones que los machetes policiales dejaron en su abdomen. “El gobierno dice que quiso negociar, pero en realidad quiso arreglarnos con 300 pesos a cada uno. Nosotros no queríamos plata, queríamos el Tren Blanco. El dinero no es digno, el trabajo sí”, manifiesta Lezcano. A su lado, una jovencita se mete en la conversación para completar: “Yo dejé de atender un negocio en el Barrio Chino que me pagaba 500 pesos por mes. Preferí cartonear, porque así saco 300 pesos por semana. Mirá si me voy a ir a mi casa por un plan del gobierno. Con eso no pago ni el alquiler”.

Cristina, Macri y vos
Carina fue una de las oradoras en el acto de repudio que se hizo en Bolívar 1, frente a la Jefatura de Gobierno porteña, el martes 26 de febrero. “Yo le digo a esa señora que está con Mauricio Macri (por Gabriela Michetti): nosotros ahora nos sentimos como ella. Nos quitaron nuestros carros, que para nosotros es como si nos hubieran cortado las piernas. ¡Queremos saber dónde están nuestros carros!”, reclamó.
En la marcha habló un representante de cada barrio. Nadie monopolizó la palabra, tampoco hubo agrupaciones partidarias que intentaran apropiarse de la causa. La mayoría de los cartoneros que participaron eran afectados por el levantamiento del Tren Blanco, aunque también se acercaron algunos miembros de las cooperativas de recicladores porteños y del sur del Gran Buenos Aires. “Nosotros le hacemos ahorrar mucha plata a la Ciudad, nos llevamos lo que todos tiran y molesta, y así nos pagan. Nadie nos da nada. Macri va por todo, desalojan los inquilinatos, no dejan que nos atendamos en los hospitales, nos sacan lo que juntamos para darles de comer a nuestros hijos. Si no quieren ver a los pobres en la calle que nos pongan en la Plaza de Mayo y nos prendan fuego a todos”, gritó Cristina Lescano, coordinadora de la Cooperativa El Ceibo. Lescano sabe de qué habla:
Por cada tonelada de basura que va a parar a los rellenos sanitarios del ceamse, la ciudad debe pagar 35 pesos más iva.
Desde abril de 1979 hasta fines de 2007, la comuna porteña envió a enterrar un total de 39.802.071 toneladas.
Los cartoneros, estima el propio Gobierno de la Ciudad, reciclan 600 toneladas de basura diaria.
El ahorro, que los cartoneros generan al erario público porteño es, entonces, de 21.000 pesos más iva por jornada.

Lescano también denuncia el incumplimiento de la ley 992, que obliga al Gobierno de la Ciudad a incorporar a los recicladores urbanos al servicio de recolección de residuos. En este caso, parece, la ley no es la ley.
Después tomó el micrófono María Esther Alarcón, cartonera de Garín. “Cristina no subsidies más a tba –imploró–. Subsidiá a los cartoneros, queremos un tren de carga para nosotros. Nosotros te votamos a vos, pegamos carteles para que seas presidenta porque pensábamos que ibas a ayudar a los pobres. Y a los pobres nos mandaste la policía. ¿O la policía no depende del gobierno?.”
El último en hablar fue Carlos Herrero, de Florencio Varela. El hombre, de 60 años, trabajó durante 18 años como operario de Bagley. “Yo no tengo la culpa de que se haya ido la empresa”, dice y abre los brazos. Hace tres años es cartonero. “Primero nos prohibieron entrar a la Capital con los caballos. Prohibieron la tracción a sangre y tuvimos que hacer tracción humana. Ahora, me llenan de actas contravencionales, porque me acusan de trabajar en la vía pública. Y eso que tengo el carné que te da el gobierno. También me dieron guantes y un chalequito. Pero esto se está poniendo fulero. Yo no quiero ser el próximo Kosteki, Santillán, Fuentealba, Carlos Almirón. Nos tratan como si fuéramos un excremento. ¿Por qué ahora Macri no viene a abrazar a chicos pobres, como lo hacía en la campaña?”, preguntó.
A un costado, una cartonera agitaba un papel afiche naranja que en letras negras tenía escrito: “El espacio público y el trabajo de los cartoneros no se negocia”. Estaba al lado de otra que hacía flamear una pancarta proclamando: “Donde hay una necesidad, Macri ve un negocio”.
Minutos después, acompañados por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, los cartoneros llevaron un petitorio a la Secretaría de Transporte de la Nación para que se restablezca el servicio el Tren Blanco. Y enseguida, comenzaron a retirarse para tener tiempo suficiente para juntar desechos. “Macri quiere todo el negocio para él. No se olviden de que Manliba era de una empresa suya”, susurraba Osvaldo Cainzo, de Florencio Varela, enfurecido porque desde que asumió el nuevo gobierno porteño ya le secuestraron tres carros con desechos.

El secuestro
La modalidad de secuestrar la mercadería de los cartoneros y sus carros se tornó hábito, a pesar –incluso– de que unas doce mil personas tienen la tarjeta verde mediante la que el Gobierno de la Ciudad autoriza su actividad. “Vienen dos camiones del gobierno acompañados por patrulleros y sin ninguna explicación, te levantan. Dos negros de saco y corbata te muestran la tarjetita y lo único que te dicen es que no podés juntar”, se queja Marcelo Echeverría, mientras mastica su bronca en la Plaza Congreso: con esta metodología acaba de perder tres bolsones repletos que juntó con otros cuatro compañeros. “Me tuve que trepar al camión para rescatar los carros, porque también se lo llevaban. Y cada uno cuesta como 200 pesos…”.
Marcelo no se resigna: ahora le está dando masa y masa a unos viejos reflectores de teatro para convertirlos en chatarra. Tiene unos bíceps torneados, que envidiaría cualquier fiscoculturista palermitano, de esos que se matan todos los días en el gimnasio. “Son horas y horas de trabajo”, se enorgullece. Comienza a las 10 de la mañana y no regresa a su casa hasta cuatro de la madrugada. “A veces nos quedamos acá dos o tres días, sin volver, porque te prometen que van a sacar basura importante y te quedás a esperarla. No te podés arriesgar a que pase otro y se la lleve”, dice el hombre que durante años trabajó en la construcción. Llegó a tener tres cuadrillas a cargo “Pero un día, en una obra grande, me dijeron que no podían terminarla. Me quedaron 68.000 pesos adentro, junto con mi hormigonera, mi aplicadora… Y aquí estoy, desde hace tres años dedicándome a esto. Si ahora voy a buscar trabajo, me ponen mil excusas. ¿Sabés qué pasa? A ningún gobierno le conviene terminar con los pobres. A ellos les conviene vivir de la pobreza.”
Marcelo habla de espaldas al Teatro Liceo. En la marquesina una gigantografía anuncia la presentación de la obra Codicia, donde –según dice el cartel– “un grupo de hombres pelea contra todo, para no quedar fuera de un sistema que indefectiblemente, tarde o temprano, los terminará expulsando”.
“Ahora nos están ensuciando, es fácil. Nosotros –dice Marcelo– por ahí tardamos cuatro horas en arrastrar por seis cuadras un carro con 400 kilos. ¿Te parece que chupado o drogado lo podés hacer?”, pregunta.
En la vereda de enfrente, un portero le acerca un bolsón a un cartonero. “Ésta es una buena zona”, dice Osvaldo Cainzo, un ex vidriero que quedó desocupado. “Hace siete años que paro en la plaza Dorrego. Ya me conoce todo el mundo. Si te hacés querer, la gente te da. Mi casa la armé con lo que me regalaron: garrafas, televisor, antena, cocina, lavarropa, heladera; la pilcha que uso también me la regalan. Acá podés juntar bien porque hay muchas oficinas. Yo llegué a llevarmer 250 pesos algunos días, sin que nadie me mande ni maneje mis horarios”, explica y confiesa algunas trampas diseñadas para defenderse de otros tramposos: “Como ya sé que en el depósito que me compra me curran con el peso, yo mojo el papel para que pese más y arreglo con una cerveza a los pibes de la balanza”.
El cariño que siente Osvaldo no es el que reciben todos. A principios de febrero, en el corazón de Chacarita, un grupo de vecinos decidió cortar la calle justo donde se juntan las avenidas Forest y Corrientes ante un rumor que se había extendido en el barrio: que el Gobierno de la Ciudad iba a instalar allí una planta de reciclaje urbano. “No queremos a los cartoneros”, gritaban los vecinos enfurecidos ante las cámaras de Crónica con la misma energía con que se empeñaban en aclarar que, aunque bloqueaban el tránsito, no eran piqueteros.

El cambio
«La bocha cambió”, explica Toto, uno de los nietos de Mirta que trabaja con ella en la cooperativa de José León Suárez. “Antes podías acordar con el portero de un edificio no abrirle las bolsas que saca a la calle a cambio de que te guardara los cartones y papeles. Pero el otro día, por ejemplo, a Antonio y Mirta, una pareja de paraguayos, les quemaron las carretas con todo lo que habían juntado en Belgrano. Las habían dejado atadas mientras iban a juntar más y cuando volvieron a buscarlas eran cenizas”.
Ariel Ponce interrumpe a Toto. El chico, de 14 años, trae en su carro los 400 kilos de cartón que juntó en la semana, unos 200 pesos que le servirán para alimentar a sus siete hermanos y a su madre. Hace un año y medio que cartonea. Lo hace después de las 5 de la tarde, cuando sale de estudiar. Cursa octavo año y quiere llegar a tercero del Polimodal para formarse como maestro mayor de obra.
El chico es uno de los que cada noche lleva su mercadería en el camión que sale de Dorrego y Guatemala. A la mañana siguiente, bien temprano, separa por un lado el cartón, por otro el papel blanco y por otro, el plástico. Prolijamente acomodado lo lleva hasta lo de Mirta, que lo recibe con un vaso de jugo helado para mitigar el esfuerzo y el calor. Ariel parece tímido. Sin embargo se anima a protestar por las dificultades que le genera el camión. También se queja de la discriminación. Y, sobre todo, refunfuña contra el derecho de admisión, cada vez más restrictivo, que impera en la Ciudad de Buenos Aires. Mirta lo escucha con atención, mientras opera la balanza y reflexiona: “En el campo, los animales salvajes están sueltos y si los dejás pastar, no te hacen nada. Ahora, si los acorralás, se rebelan. Eso están haciendo con nuestros jóvenes: los están acorralando”.

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El teatro sale a la calle por la derogación del decreto 345

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A 44 años del atentado al Teatro Picadero en plena dictadura, distintas salas, artistas, productores y gestores organizan un encuentro para conectar pasado y presente. De Teatro Abierto al Festival ENTRÁ, la organización contra el desmantelamiento del sector, representado en el decreto 345, para defender la cultura, la identidad y crear lo que viene.

Por María del Carmen Varela

El 6 de agosto de 1981, a pocos días de haberse iniciado el ciclo Teatro Abierto, el Teatro Picadero sufrió un atentado que lo dejó en ruinas. Por eso, 44 años después, bajo otro ataque sistemático a la cultura, la comunidad teatral sale a la calle para recordar y exigir.

La propuesta reza:

El Teatro está Abierto: ENTRÁ.

La historia no se repite igual, pero rima.

El miércoles próximo, de 17.30 a 19.30, en la puerta del Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA, trabajadorxs de las artes escénicas se reunirán para celebrar que el teatro sigue abierto y para defender al Instituto Nacional del Teatro que por el decreto 345 está siendo desmantelado.

La gacetilla anuncia la participación de Lorena Vega, Valeria Lois, Elisa Carricajo, Laura Paredes, Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y Mariano Sayavedra leyendo framentos de “Decir sí” de Griselda Gambaro, “El Acompañamiento” de Carlos Gorostiza, “Parlamento” del grupo Piel de lava y “Civilización” de Mariano Saba. Un diálogo entre obras que fueron parte de aquel ciclo y obras contemporáneas que hablan de nuestro presente. También habrá un cierre musical a cargo de Talleres Batuka.

Sigue la gacetilla: «Les invitamos a este evento que es, a su vez, un acto de conmemoración y un encuentro de resistencia. Como Teatro Abierto en los 80, hoy desde ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) seguimos encontrándonos para defender nuestra identidad cultural, nuestro teatro».

El texto poético que acompaña el mitín:

Ayer fue dictadura, hoy es democracia simulada

Ayer fue incendio, hoy es apagón

Ayer fue teatro como refugio, hoy es como grito

Ayer fue unión de artistas, hoy es red federal viva

Ayer y hoy: el teatro vuelve a responder como acto político y vital

En defensa de la cultura, exigimos la derogación del decreto 345.

Entrá porque es urgente

Entrá porque es ahora.

El emblemático ciclo Teatro Abierto arrancó el 28 de julio de 1981 en en el Teatro Picadero. Su organización fue un acto de resistencia en un contexto de dictadura que censuraba a dramaturgxs, directorxs teatrales, actores y actrices de la escena nacional. Un grupo de dramaturgxs comenzó a reunirse en la sede de Argentores para poner al teatro en acción: Así nació Teatro Abierto. Con una programación de 21 obras breves, se proyectó la realización de 3 funciones por día durante 3 meses. Con dramaturgxs como Carlos Gorostiza, Carlos Somigliana, Roberto Cossa, Pacho O´Donell, Griselda Gambaro y Aída Bortnik, entre otrxs, el ciclo se convirtió en un verdadero fenómeno artístico apenas iniciado. El público respondió a la convocatoria y se agotó la venta de abonos casi de inmediato. Una semana después, el 6 de agosto, se produjo el atentado que destruyó al Picadero. Al día siguiente se produjo una concurrida asamblea en el Teatro Lasalle y decidieron continuar. Varias salas teatrales ofrecieron sus instalaciones y finalmente el Tabarís, clásico espacio de la revista porteña, fue el elegido para reanudar el ciclo. Una semana más tarde, volvió Teatro Abierto con un apoyo multitudinario por parte del público que llenó la sala hasta la última función.

Contacto: +54 9 11 6914-3033 (Ana)

[email protected]

Instagram: @festivalentra

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Villa Lugano: una movilización en contra del “Máster Plan”

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Vecinas y vecinos del barrio del sur porteño resisten ante una obra que está haciendo el gobierno de la Ciudad a espaldas de la comunidad: tala de centenares de árboles añosos, el cierre de varios ingresos y egresos de la autopista Dellepiane y la colocación de un nuevo peaje (a 4 km de otro ya existente) para ampliar la recaudación. El silencio del gobierno local y el ruido de sus topadoras arrasando el espacio verde y público. La voz de la organización popular que no calla y sale a la calle, otra vez –este viernes y en una caravana de autos– para visibilizar lo que pasa en una de las zonas más postergadas de CABA: a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel hasta Dellepiane Norte y Piedra Buena.

Por Francisco Pandolfi

Desde noviembre del año pasado la comunidad de Villa Lugano resiste a una obra que ya está haciendo el Gobierno de la Ciudad sin licencia social ni escuchar a la vecindad: el Máster Plan Autopista Dellepiane, con un costo de más de 7.000 millones de pesos, tala de centenares de árboles, cierre de 14 ingresos y egresos a la autopista y otro peaje (a cuatro kilómetros del de avenida Lacarra). 

La organización popular no cesó desde el momento en que se enteraron de la iniciativa. Asambleas, audiencias públicas, semaforazos, volanteadas en los distintos sub barrios que forman parte de este barrio porteño bien al sur porteño. Y guardias, para evitar el talado de árboles en lo que las y los vecinos denuncian como “un ecocidio”, que está sucediendo desde marzo.

La comunidad hizo un relevamiento casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane: más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan. Presentaron por escrito pedidos de información pública a AUSA (Autopistas), APRA (Agencia de Protección Ambiental), Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño, sin respuestas.

Sin embargo, la obra empezó aún incumpliendo la promesa de que antes habrían mesas de trabajo en conjunto. Este viernes, la comunidad decidió volver a manifestarse, en una caravana de autos para seguir visibilizando la problemática. Desde lavaca hablamos con el colectivo de vecinos apartidario No dividan Lugano que está al frente de denunciar la obra. 

Sobre lo negativo y lo positivo de la obra, dirán: “El Master plan Autopista Parque Dellepiane fue presentado como una mejora para el sur de la ciudad, pero en la práctica profundiza las desigualdades urbanas, degrada el ambiente y fragmenta el territorio. Lo negativo es abrumador”, y enumeran: 

• Implica la tala de más de 500 árboles añosos, sin plan de reforestación efectivo.

• Aumenta la huella de carbono y destruye espacios verdes sin compensación.

• Instala un Metrobus central inaccesible, que obliga a cruzar pasarelas extensas sin rampas adecuadas ni soluciones reales para personas mayores o con movilidad reducida.

• Divide al barrio aún más, eliminando accesos, aislando sectores y obstaculizando la vida cotidiana.

• No contempla una red multimodal de transporte, ni bicisendas, ni centros de transferencia.

• Instaura peajes en tramos que eran gratuitos, generando un nuevo costo para vecinos que hacen trayectos cortos todos los días.

Agregan: “Lo positivo, si lo hay, podría haber sido la oportunidad de pensar el área como un verdadero corredor verde y sustentable. Pero nada de eso fue incorporado, ni escuchado”. Y vuelven a enumerar, en este caso, sobre lo que es fundamental denunciar en esta obra:

• Fue diseñada sin participación ciudadana efectiva, sin diálogo real con la comunidad.

• Incumple múltiples normativas locales y nacionales, desde la Constitución de la Ciudad hasta leyes de accesibilidad, ambiente y derechos ciudadanos.

• Avanza a pesar de un amparo ambiental colectivo presentado por vecinos, vulnerando el Acuerdo de Escazú y los principios de justicia ambiental.

La obra es impulsada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), a través de su empresa estatal AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), con financiamiento internacional de la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina. Las veces que lavaca quiso comunicarse con la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño fue imposible. Nadie atiende. En relación a AUSA el prensa de la empresa explicó que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”.

Dicen las y los vecinos: “El proyecto fue aprobado sin estudios de impacto ambiental adecuados, sin matrices de costo-beneficio transparentes y sin haber sido sometido a procesos participativos válidos. Hoy, la obra está en plena ejecución, avanzando a toda velocidad sin haber sido revisada tras la presentación del amparo ni durante las mesas de trabajo convocadas por la Justicia, una vez que ya habían iniciado la obra”.

¿Las mesas de trabajo están sirviendo de algo? ¿Hay escucha del gobierno porteño y de la empresa?

Las mesas de trabajo fueron convocadas por orden judicial. Pero en la práctica, no hay escucha real. El GCBA y AUSA llegan a las mesas con el proyecto cerrado, sin brindar información clave, sin contestar a los pedidos de acceso a la información, ni frenar las obras mientras se debate. Las propuestas alternativas presentadas por los vecinos (como usar colectoras, premetro, u otros modelos de movilidad sustentable) ni siquiera fueron consideradas. Las mesas han sido una formalidad dilatoria mientras la obra avanza sin freno.

¿Qué perjuicios ya están sucediendo y cuáles sucederán?

Tala de árboles, pérdida de sombra, humedad y biodiversidad; rotura de veredas, ruidos permanentes, vibraciones y molestias en la vida diaria; corte de accesos históricos, dejando barrios desconectados. Y si no se frena habrá un aumento de inseguridad vial, con colectivos cruzando carriles rápidos en maniobras riesgosas; aislamiento de sectores enteros del barrio; encarecimiento de la vida cotidiana por peajes, más transporte y pérdida de comercios barriales; mayor contaminación ambiental y sonora; desvalorización de las propiedades y deterioro del entorno.

¿Por qué este viernes 1 de agosto la comunidad hará una caravana?

Porque ya no alcanza con reclamar en silencio ni esperar respuestas que no llegan. Convocamos a una caravana vecinal pacífica para visibilizar el conflicto, frenar el avance destructivo de la obra, y exigir participación real. Será una caravana con autos, banderas argentinas y carteles. Queremos que nos vean y que nos escuchen.

La caravana saldrá a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel y finalizará en Dellepiane Norte y Piedra Buena. Participarán familias, organizaciones barriales, ambientalistas, arquitectos, docentes, jubilados, comerciantes. Al finalizar, se realizará una ceremonia simbólica con Flavia Carrión, antropóloga y comunicadora de sabiduría ancestral, en el Día de la Pachamama. “Será un acto de gratitud ambiental, una pausa colectiva para honrar a los árboles y el esfuerzo de toda nuestra gente; para agradecerle a la Tierra por seguir aguantándonos. Un momento para reencontrarnos con lo esencial: la naturaleza, la vida en comunidad y la defensa de lo que amamos”.

Esta misma vecindad organizada se formó el año pasado con el nombre “No dividan Lugano”, cuando evitó que el gobierno porteño hiciera una serie de pasos bajo a nivel, que hubiesen significado un abanico de perjuicios para el barrio. En ese entonces, cuando llegaron las topadoras, mujeres y hombres se atrincheraron para defender árboles de más de 100 años. En esta crónica contamos lo que fue ese proceso comunitario.

Un año después, el barrio de Lugano sigue en pie de resistencia. “Somos una comunidad que se levanta para defender a su barrio. Ya presentamos más de 800 firmas, relevamientos propios y propuestas alternativas. Pero nos siguen ignorando, y la obra sigue destruyendo. Por eso salimos a la calle, otra vez, y así lo seguiremos haciendo cada vez que haga falta”.

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Actualidad

Marcha de jubilados: balas y bolitas

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Siete detenidos y al menos 30 personas heridas, entre jubilados, curas, trabajadores de prensa (lavaca, Cítrica, Infonews, El Destape y C5N, entre ellos), defensores de derechos humanos, y un niño de 4 años que estaba con su familia en la Plaza de los Dos Congresos. Ese es uno de los saldos de otra semana de represión brutal a la protesta de cada miércoles, esta vez coordinada por la Policía de la Ciudad, que disparó postas de goma, balines con gas pimienta, granadas aturdidoras, golpeó con escudos y lanzó un nuevo tipo de gas que producía tos y vómitos. El despliegue también implicó tareas de inteligencia ilegal con efectivos que filmaban y fotografiaban manifestantes, según denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que también relevó «policías armados con postas de plomo que están prohibidos». Los carteles, las reflexiones, y la creatividad: algunos integrantes de la marcha terminaron jugando a las bolitas en la calle con los balines policiales. 

Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi. Fotos Juan Valeiro/ lavaca.org

Marcha de jubilados: balas y bolitas

El padre Paco Olveira muestra los balines que golpean y expulsan gas pimienta. Terminaron jugando con ellos a la bolita sobre la acera.

Otro miércoles de protesta de jubilados y otro miércoles de represión feroz y absurda enfocada principalmente a jubilados y a la prensa que cubría lo que estaba ocurriendo. Con ataques directos a los ojos y a los cuerpos. A las cámaras y a los celulares que registraban la bestialidad de las fuerzas de seguridad –el fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, entre ellos, con quemaduras de primer grado en el cuello y en la oreja–. No es difícil imaginar lo que hubiese ocurrido si ese ataque le hubiera llegado directamente a los ojos. Esta vez fue la Policía de la Ciudad la encargada de lanzar gases y disparos a mansalva en la intersección de Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña cuando la movilización pretendía ir hacia la Casa Rosada.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

El fotógrafo Juan Valeiro de lavaca, uno de los periodistas atacados, como ocurrió con profesionales de Cítrica, Infonews, El Destape y C5N.

Hubo 7 detenidos (Agustín Cano, Leandro Maristains, Alejandro Carrizo, Federico Burgos, Francisco Ramos, Hugo Eischler y Javier Mendoza) y al menos 30 heridos según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre ellos un niño de 4 años que estaba en la Plaza de los Dos Congresos junto a su familia.  

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Escenas de otro miércoles de violencia estatal absurda.

Más allá de la violencia ordenada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la concentración de jubilados tuvo un eje concreto de reclamo: el “no al veto” del gobierno nacional a la suba de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, Javier Milei ya avisó que vetará las leyes aprobadas por el Congreso. Tiene plazo hasta el lunes 4 de agosto, tiempo destinado a ofrecer distintas cuestiones no públicas a diputados que se sumen a apoyar el veto, como ha venido ocurriendo. ¿El argumento del oficialismo contra un ínfimo aumento a jubilados? “Va en contra del equilibrio fiscal”.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Una de las jubiladas víctimas del coraje policial contra ellas, y de un nuevo gas tóxico, un símbolo de esta época.

Con la camiseta de Independiente y máscara del Hombre Araña, un jubilado entendió el mapa económico que traza esa decisión, y lo señaló con un cartel en tono bíblico: en el Génesis se habla de un sueño con vacas gordas y vacas flacas, referencia a los períodos de prosperidad y a los de dificultades. El jubilado escribió una actualización argentina de aquella imagen que ya no tiene forma de sueño sino de pesadilla. 

  • “Vacas gordas, jubilados flacos”.
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El Hombre Araña es del Rojo, y releyó el Génesis.

Números y un café

Carlos trabajó cuarenta años en el Correo y no falta ningún miércoles a la marcha de jubilados y jubiladas con su remera ya mítica de Chacarita. Tanto, que casi nadie sabe que se llama Carlos y la gente le dice “Chaca”. Hoy caminó por Rivadavia con dos vendas que le envolvieron sus dos antebrazos. “Como todos los miércoles, venimos a reclamar y te cagan a palos. Acá tenés la prueba”, dijo a lavaca  mostrando sus moretones. “Pero ya lo dije: esta sangre mía Bullrich la va a pagar”.

Héctor acaba de cumplir 75 años: “Decir que la suba de las jubilaciones atenta contra el equilibrio fiscal es una payasada. Milei lo deja claro cuando le baja las retenciones al campo, como dijo el sábado en la Sociedad Rural. Para nosotros nada y para los ricos todo, esa es la política del gobierno. ¿El beneficio para el campo no genera déficit fiscal? Milei es una máquina de mentir”. El hombre cuenta sus propias y reales retenciones: “Ya no salgo más que los miércoles acá. Ya no tengo la vida que tenía antes, no puedo viajar ni tomarme un café”.

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Policías en acción, frente a jubilados que reclaman por sus haberes amputados por la motosierra.

De ratificarse el veto a los jubilados, la suba de agosto no será del 7,2% como fija la ley aprobada (el haber mínimo $441.600), sino del 1,62% en base al último índice de inflación de junio de 2025, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51.

Abus en la calle 

Alicia tiene 63 años y lleva un pañuelo firmado por siete de sus nietos: “Abus en lucha”, “Aguanten los jubilados”. No entiende la distribución de la riqueza. O sí, pero la ve obscena: “La baja de las retenciones y el veto a los jubilados es una guasada total”. Sus retenciones: “Ya no me puedo dar más un gustito. Vivo el día a día, ya no estoy comprando nada ni semanal ni mensual”.

En la marcha hubo muchos carteles al respecto: 

  • No al veto: nuestra indigencia es tu superávit
  • Ni veto ni represión: fuera el FMI
  • No al veto a las leyes en jubilaciones
  • No al veto: cobarde estafador (y la cara de Milei). 

Ana, 74 años, trajo su propia pancarta: “Baja las retenciones a los ricos, hambrea a los viejos”. Cuenta que su hijo trabaja en el Correo y teme ser despedido, que su nieta encontró trabajo en un Todo Moda pero la echaron a los dos meses. Para ella todo el pueblo debería movilizarse: “No sólo los jubilados y los del Garrahan. Todos”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

No hay plata para el cine argentino (el Gaumont como símbolo) pero sí para filmar ilegalmente a manifestantes.

Walter (66) y Julio (62) llegaron de Campana, norte de la provincia de Buenos Aires. Sumaron otros dos carteles: “Viejo: no te quedes en tu casa, vení a luchar” y “Ayudame a luchar. El próximo viejo sos vos”. Walter movió la cabeza de un lado para el otro al recordar el discurso de Milei en la Sociedad Rural: “Un tipo desquiciado, frente a toda la oligarquía, los terratenientes, los dueños de la tierra. Él mismo dice: ‘soy cruel’. Nos la está haciendo parir. Nos quitó la medicación, todo un desastre”.

Julio coincidió: “Ahí ves realmente para quién gobierna. Hasta el que tiene séptimo grado, como yo, se da cuenta”. 

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Jubilado hablándole a la pared.

Roberto, 62 años, de Trelew (Chubut), lo escucha: “Pero hay que seguir viniendo, compañeros. Son totalmente inescrupulosos. Hoy hablaba con un amigo que me decía que había que respetar el voto popular, pero Hitler también ganó con el voto popular. Si no salimos a la calle, no sé qué más va a pasar”. 

Vallas a donde vayas

El Congreso estuvo totalmente vallado. Vallas sobre Entre Ríos, Riobamba, Yrigoyen, Rivadavia. “Este quilombo lo hizo la Buillrich”, gritó un cincuentón a los automovilistas que se quejaban porque avanzar por las calles lindantes era un imposible.

Luis llevó un cartel: “Menstruación=sueldo de jubilado; viene una vez y se va a los tres días”. Dijo que lo escuchó a Milei cuando anunció en La Rural la baja de las retenciones al agro. “Lo que me dolió fue que la gente aplaudió cuando dijo que iba a vetar nuestro aumento. La gente del campo aplaude a todos los que empiezan con la “m” de mierda: Martínez de Hoz, Menem, Macri y ahora Milei”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Mensaje para el tal vez próximo embajador de Trump en Argentina. Un apellido que parece un mandato.

Después de la radio abierta, como cada miércoles, empezó la movilización. Las columnas bajaron a Hipólito Yrigoyen, cuya circulación no estaba cortada y marcharon por la calle. “Luche que se van”, fue otra vez el hit, al que siguió “que se vayan todos”. Uno de los temas, con dedicatoria explícita: “A dónde está, que no se ve, esa famosa CGT”. Nobleza obliga: ni la CGT ni ningún partido político, con la cabeza en las elecciones legislativas y no en la calle.

La violencia y las bolitas

Sobre Yrigoyen, casi Luis Sáenz Peña, se divisaba un camión hidrante que se retiró. La columna dobló al final de la Plaza para ir hacia Avenida de Mayo con la intención de seguir la marcha hacia Plaza de Mayo. Sin embargo, en otro operativo de pésima coordinación –esta vez por la Policía de la Ciudad– la manifestación se mezcló entre autos y colectivos que seguían pasando. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

“¡Por la vereda!”, gritaron algunos jubilados. Pero en ese momento, los efectivos cortaron de cordón a cordón empezando con la respuesta física violenta. El operativo estuvo acompañado, como suele ocurrir, por oficiales con cámaras que filmaron y sacaron fotos (con el objetivo de realizar algún tipo de “inteligencia” y amedrentamiento a quienes ejercen el derecho de reclamar). 

La movilización avanzó pero rápidamente empezaron las detonaciones de escopeta con postas de goma y de granadas. Dispararon balines de armas byrna, redondos y de colores, que impactaban en los cuerpos, provocando lastimaduras y liberación del gas que llevan dentro. También lo hicieron sobre la vereda, donde se supone que no hay “protocolo”. Detuvieron, golpearon y gasearon fundamentalmente a trabajadores y trabajadoras de prensa, como cada semana. El efecto de esos spray, que poseen una sustancia espesa y viscosa: penetra los poros y quema durante horas. El fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, como otros reporteros (Cítrica, Infonews, C5N y El Destape, entre otros), fueron atendidos en la misma plaza y en el Instituto Patria. “Quemadura de primer grado”, diagnosticaron a nuestro compañero.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

¿Qué escudan los escudos?

Nadie fue ajeno a esta nueva ofensiva. La policía disparó un gas que generaba tos hasta el punto de provocar arcadas y vómitos. La sensación era extraña, porque no había un sabor ácido ni picante, pero provocaba una tos ronca. El efecto llegaba incluso a las calles aledañas, aparentemente ajenas al la marcha. “El registro del despliegue policial evidencia su brutalidad e irracionalidad”, denunció la CPM, organismo que precisó otro detalle alarmante: “Se relevaron también policías armados con armas con postas de plomo que están prohibidas, y acciones de inteligencia ilegal”. 

Agregó la CPM que el ataque incluyó a defensores de derechos humanos, cuyo hostigamiento tenía como fin evitar el registro de los hechos.

Sin embargo, la gente no se fue.

La gente se quedó. La policía avanzaba, seguía gaseando, y la gente siguió. 

“¡Tienen miedo!”, gritó una jubilada. “¡Tienen miedo!”.

Uno de los primeros detenidos había sido el padre Paco Olveira. Lo golpearon, lo gasearon y lo salvó la gente. Se llevó de recuerdo dos de los balines de la Policía. “Es el último arma que trajo Bullrich”, explica y muestra a lavaca. “Te tiran y salta el gas. No te deja respirar. Y duele, porque nos dieron unos cuantos en los pies. Gracias a Dios hoy no tiraron a los ojos”.

De fondo, la jubilada siguió gritando: “¡Tienen miedo!”.

Otro miércoles de protesta de jubilados se diluía entre detenciones y balines de gas. Entre un cordón con armas largas sobre Rivadavia y un grupo de la motorizada dispuesto a salir sobre Rodríguez Peña. Sin embargo, mientras el padre Paco seguía mostrando los balines, alguien propuso:

–Juguemos a las bolitas.

Todos se rieron, por el absurdo de la situación. 

De nuevo, frente al horror, la creatividad social. 

Y así, frente a policías que seguían filmando ahora una burla, un párroco y una jubilada arrodillados en la calle, jugaron a las bolitas con los balines para cerrar otro miércoles argentino.

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