CABA
El Mendoaguazo
MU en Mendoza. Cómo se gestaron las masivas movilizaciones en toda la provincia que lograron dar vuelta la votación de diputados y senadores provinciales en apenas 10 días. Del lobby minero con apoyo estatal, a los cortes de ruta autogestivos y las marchas que terminaron en represión. Lecciones sobre agua, política, vida, juventud, y la alegría de dar vuelta la historia. Por Sergio Ciancaglini.

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Junto a la Ruta 40, mirando las montañas que tienen cada vez menos nieve y antes de ir a conocer un río absurdo, se puede trazar el mapa de un conflicto que tenía el destino escrito hace apenas 90 días.
El conflicto: la derogación o no, en diciembre de 2019, de la Ley 7722 llamada Guardiana del Agua, que prohíbe en Mendoza la megaminería y el uso de sustancias criminosas como el cianuro.
De un lado: en pro de tumbar la 7722, el flamante gobernador radical Rodolfo Suárez, ganador en elecciones casi con el 52% de los votos, que envió la nueva ley como primer acto de su gobierno + una parte sustancial de sus opositores peronistas provinciales, que lo acompañaron en el voto, ajenos a toda grieta en el tema extractivo + el gobierno nacional, que a través del presidente Alberto Fernández anunció dos días antes que la ley sería derogada + las corporaciones mineras & afines + los diarios, canales de TV y radios autopercibidos como “grandes”, que antiguamente se dedicaban al periodismo + el apoyo territorial de las llamadas “fuerzas del orden”.
El argumento: la minería es una oportunidad, genera ingresos en dólares, puestos de trabajo, y eso es vital para un país en default posmacrista, endeudado de modo metafísico, con 40% de pobres también a nivel provincial y otras desventuras conocidas y desconocidas. Esa masa de poder logró el 20 de diciembre evaporar la 7722 y generar una ley nueva, la 9209, una apertura a la minería, los explosivos, el cianuro, las sopas ácidas y el resto del menú corporativo.
Del otro lado: en defensa de la 7722, las comunidades calificadas por la clase política como “pelagatos” y/o “cuatro gatos locos” que observaron atónitas cómo se iba por el desagüe la ley que habían sabido conseguir en 2007 para defender el agua del dispendio masivo y la contaminación que provoca la megaminería.
El enigma: ¿cómo pudieron esas comunidades dar vuelta un resultado cantado y restituir la 7722? Pilar Castilla, de General Alvear, recuerda: “Cuando San Carlos empezó a salir a las rutas a pedir que veten la nueva ley, decíamos: ¿Cómo alguien que recién asume va a vetar su propio proyecto? Nunca pasó algo así. ¿Cómo vamos a lograr eso?”.
Junto a la Ruta 40, viendo cómo hay cada vez menos nieve en el volcán Tupungato, Sandra, una de las asambleístas de San Carlos ensaya una posible respuesta:
–Es que estamos totalmente locos.
Ríen maestras, reinas de la Vendimia, trabajadores rurales, andinistas, adolescentes del grupo Les Pibes, agricultores y vecinas, mientras desde autos, micros y camiones tocan bocinas y agitan brazos para celebrar un triunfo impensable: político, social, ambiental.
Las movilizaciones continúan, incluso durante la Vendimia, sabiendo que mineras y políticos insistirán con el tema. “Pero nosotros somos más insistidores que ellos”, dice Pilar, de General Alvear, riendo de su propio neologismo. “Y también está ardida la cosa contra el fracking”, agrega Marcelo Giraud, geógrafo, profesor y asambleísta procesado por manifestarse. Mendoza sigue sumergida en la peor crisis hídrica de su historia. La nieve y el agua desaparecen. En las rutas se descubre un error aritmético: los gatos locos no son cuatro.

Cianuro y democracia
Mendoza es el único lugar del país en el que se habla cotidiana y popularmente no de “clase” sino de “casta política” (no confundir con “política casta”), en referencia a las etnias partidarias que han permitido que la gente de la provincia nunca se aburra. En 2003 empezaron las puebladas en San Carlos en defensa de la Laguna Diamante, ampliando su área protegida para frenar a la minera Anglo American. “Primero creíamos que la minería era una esperanza de progreso, pero mi hermano estuvo en Esquel (durante el plebiscito de marzo de 2003 que rechazó la minería con un 82% de los votos) y volvió con folletos e informes que nos hicieron ver el tema de la contaminación y la destrucción”, recuerda Daniel Funes, andinista y docente de educación física. “Cuando con esa primera pueblada conseguimos el área protegida, nos dimos cuenta de que juntos tenemos poder”.
En 2007 Julio Cobos quería la provincia tranquila para candidatearse como vice de Cristina, pero había vetado la única ley que ponía algún freno a las mineras. Un acto masivo frente a su casa dio nacimiento a la Asamblea Popular por el Agua de la capital, y General Alvear hacía cortes de ruta cada vez más duros. En una solicitada a Cobos y a los legisladores, la Asamblea había planteado: “El estallido social del pueblo es responsabilidad de ustedes”, y anunciaba piquetes por tiempo indefinido. Funes, memorioso: “Los cortes parecían caóticos, no había ningún cabecilla, nadie con quien pactar. Los políticos y los policías no entendían nada”.
Cobos cedió y el Día de la Bandera de 2007 se sancionó la 7722 prohibiendo la minería metalífera “con uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias tóxicas similares”, con el fin de “garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico”.
Llegaron las andanzas del gobernador peronista Celso Jaque y su ministro (y luego gobernador) Francisco Paco Pérez impulsando el proyecto San Jorge, de la canadiense Coro Mining. Paco era socio como abogado del presidente y del apoderado de San Jorge. El proyecto debía ser refrendado por la Legislatura. Las comunidades, además de movilizarse ingresaron a la Legislatura. El 22 de febrero de 2011, con las bancas y galerías colmadas, vecinos de toda la provincia levantaron sus manos votando contra la minería. Un señor de Uspallata dijo: “Estamos haciendo un ejercicio de democracia directa”. Todo esto fue silenciado por la prensa nacional “opositora” y “oficialista” de aquel momento grietudo. Luego las asambleas marcharon en el Carrusel de la Fiesta de la Vendimia: 10.000 personas, y cientos de miles apoyándolas a su paso ante la incredulidad de locutores y de la casta.
Paralelamente colapsaba el intento de instalar Potasio Río Colorado, de la minera brasileña Vale, entre los reclamos asamblearios y la baja del precio internacional de las sales de potasio. Vale protagonizaría en 2015 y 2019 dos desastres ambientales en Brasil con la rotura de diques de desechos mineros tóxicos que mataron a 19 personas en Rio Doce y a 270 en Brumadinho. Contaminó cuencas y territorios de modo nunca visto, sembró la muerte y confirmó las alarmas de las asambleas que defienden el agua.

La profecía
La AMPAP (Asambleas Mendocinas por el Agua Pura) reúne a todo el universo asambleario provincial sin jefes, patrones ni partidos políticos. Hace tiempo tomaron una decisión: no le dirigen la palabra a los medios comerciales. “No paran de insultarnos y atacarnos, mientras reciben pautas tanto del Estado como de las corporaciones. ¿Para qué vamos a hablar con ellos? Hablamos con Comecuco (Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo)”, cuenta la docente María Teresa Guni Cañas. Hay ataques más sutiles, como tildar de “ambientalistas” a las comunidades, cual si fuesen empleados de una ONG y no ciudadanos defendiendo derechos. Guni agrega: “En todo este conflicto, las redes sociales se llevaron puestos a los medios”.
La historia según la cual se trata de cuatro gatos locos quizás es una amnesia o un efecto etílico sobre la historia hasta aquí brevemente narrada. “Veníamos haciendo actos semanales ante la Legislatura para que sancionen una ley antifracking”, explica Guni. “Eso significó ir todas las semanas a la Legislatura; a veces éramos un puñado y creo que casi nunca más de 50, siempre en horarios en que mucha gente está trabajando”. En ese limbo de 2019, succionado además por lo electoral, muchos políticos interpretaron que el movimiento en defensa del agua estaba desinflado.
El radical de Cambiemos Rodolfo Suárez ganó las elecciones por 15 puntos a la peronista Anabel Fernández Sagasti. En ambos casos defendían el fracking y la minería. Sagasti matizaba planteando hacer minería en el marco de la 7722, proyecto levemente indescifrable mientras los hermanos Emir y Omar Félix (intendente de San Rafael y diputado respectivamente, peronistas) habían creado su propia minera, Sierras del Nevado.

Suárez asumió el 9 de diciembre de 2019 y al día siguiente su primer acto de gobierno fue el envío de la ley que liquidaba la 7722 con los consabidos argumentos de generar trabajo y progreso. Más de 500 docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional y el CONICET respondieron en una carta: “La idea de desarrollo provincial a partir de la expansión de la minería aparece a todas luces simplificada y anacrónica y, en tanto, irresponsable. De las múltiples actividades con valor económico existentes en la provincia, la propuesta de insistir en viabilizar la minería como una de las principales alternativas puede ser la peor forma de ‘ampliar’ la matriz productiva”.
El 18 de diciembre el presidente Alberto Fernández anunció ante la siempre inquietante Asociación Empresaria Argentina que la minería es una actividad primordial y que “en Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera” frase un tanto inconclusa, pero clara. Replay: dijo “logramos”.
La profecía se cumplió. Se organizó una inédita sesión exprés para el viernes 20 de diciembre, encadenando el tratamiento en el Senado con el de Diputados. El peronismo-kirchnerismo planteó diferencias poco sustanciales y la nueva ley fue aprobada por 28 a 7 en Senado y 36 a 11 en Diputados. Es notable el entusiasmo de las legislaturas de muchas provincias por aprobar leyes conflictivas en fechas en las que consideran que la gente está con la cabeza dispersa, pendiente de las fiestas o cerca del Día de los Inocentes.

Sociedad en movimiento
Algo muy extraño empezó a ocurrir ese mismo viernes 20. Luciana, de la Asamblea Les Pibes de Tunuyán: “Se supo que aprobaron la ley del cianuro, y la gente salió a la Ruta 40. Era raro, muchos lloraban, y a la vez era una fiesta por el hecho de estar ahí. Alguien gritó: ‘Nos vamos a Mendoza caminando’. Y todos levantaron la mano por la afirmativa. Era viernes a las 7 de la tarde, y salimos a las 8 de la mañana del domingo”. Daniel recuerda a la ya fallecida asambleísta Fabiana Villafañe: “Ella decía que si la cosa se complica, hay que salir a la ruta”.
Ese domingo 22 fue en parte caminata, y en parte caravana. Más que movimiento social, sociedad en movimiento. Damián Moreno, uno de los encargados de logística: “Todo autogestión. Pedimos agua, te traían una botellita o te donaban una camionetada. Uno caía con una patamuslo y otra te donaba cinco pollos. Necesitábamos un grupo electrógeno y trajeron cinco. Una señora de 80 años vino con un paquete de fideos y una bolsa de tutucas (maíz inflado)”. Tite Barboza: “En todo el trayecto había casas amigas, coordinadas por WhatsApp, donde la gente podía ir al baño, recargar el celular o calentar agua para los mates”. Consigna y humor por las redes: “Malbec sí! Cianuro no!”.
La caravana hizo 88 kilómetros hasta Luján de Cuyo. “Llegamos domingo a la noche, se venía sumando gente de cada lugar por el que pasábamos. Nunca se había visto algo así. En Luján era una fiesta. Acampamos en la ruta y descansamos un poco”. Aylén, de Les Pibes: “Arrancamos rumbo a la ciudad a las 4 y media de la madrugada. Pasamos por Godoy Cruz, por barrios de trabajadores, y la gente salía a saludarnos con banderas y a marchar”. El razonamiento: “Todo este movimiento es transversal y policlasista, pero los más afectados por la contaminación y la falta de agua son siempre los sectores más pobres. En La Gloria habían puesto mesas para poder desayunar”.
La ruta se había poblado con más de 30 o 50 mil personas, o el cálculo que cada quien elija, que en realidad fue mucho mayor ya que en cada localidad la gente salió a reclamar. Desde el Mendozazo de 1972 no se veía algo parecido. Ya frente a la Casa de Gobierno mendocina, que esperaba absolutamente vallada y pertrechada, la multitud se duplicó. Y nació “el Mendoaguazo”.
Pasado el mediodía del lunes 23 la policía salió a reprimir valerosamente a manifestantes pacíficos con la excusa de un grupo que tiró unas piedras: “Infiltrados” sentencia Giraud, “no sabemos si de la Federal o la local. Aquí nos conocemos todos, y a esos no los conocía nadie”. Luciana: “Corrían a mujeres, a jubilados, a niños, fue una cacería por todo el centro”. Hubo más de 40 detenidos, balas de goma, gas pimienta, motos para dispersar a la multitud.
“Pero hubo un contagio de no tener miedo”, describe Tite, reconociendo otro contagio que venía del otro lado de los Andes: Chile. La gente se reagrupó permanentemente. La represión duró toda esa tarde del lunes pero la noche encontró a la multitud haciéndose dueña de las calles para seguir reclamando lo que parecía imposible: que el gobernador vetase su propio proyecto. Daniel: “Habíamos perdido la ley, nos habían apaleado, estaba todo mal, y la gente estaba feliz, junta, festejando y con un optimismo de decir: ‘no nos van a parar’”.

Las reinas rebeldes
Con la represión consumada el peronismo dio media vuelta en el aire y Guillermo Carmona, su jefe provincial, pidió vía Twitter a Suárez que no se promulgase la ley. Fernández Sagasti planteó por el mismo pajarito que la represión era el límite y pidió “diálogo, razonabilidad y consensos”, cosa que ni oficialistas ni opositores habían considerado la semana anterior.
El obispo Marcelo Colombo en carta al gobernador pidió vetar la nueva ley y dijo que hay que escuchar el “clamor del pueblo”. Escribió: “Quizás usted pudo identificar su importante victoria en las urnas con la licencia social. Pero no es así. Para estos proyectos mineros, como para todo cuanto compromete la vida y la salud de los habitantes y la Casa común, se requiere un consenso específico y explícito”.
Suárez, hipoacúsico frente a los reclamos, promulgó la nueva ley. La sociedad mendocina pasó la Nochebuena haciéndose oír en las calles y en las rutas y apareció el pronunciamiento de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia, Corenave: “Nos unimos al pueblo de Mendoza que se ha manifestado en contra de las modificaciones a la Ley 7722 que regula la actividad minera. Haciendo caso omiso al reclamo de la marcha más grande de la historia en la provincia, el Gobierno ha decidido promulgar las modificaciones igual, pasando por arriba de los mendocinos y mendocinas que pacíficamente pidieron el veto”. Yasmina Abraham, reina de San Carlos 2012, detalla: “Siempre estuve en las marchas, desde los 12 años. Esta vez pudimos lograr que San Carlos suspendiera la Vendimia, y eso lo tomó también la Corenave. Se dieron cuenta de que no somos un adorno: pensamos”. Agregaron las reinas: “No hay nada que festejar. Sin agua no hay Vendimia”.
El gobernador anunció que no reglamentaría la ley sino que llamaría al diálogo, dijo. “Saquemos este debate a la luz seriamente”. Giraud: “Entendimos que era un argumento mentiroso para ganar tiempo, porque la 7722 estaba derogada y la nueva ley 9209 no estaba reglamentada pero sí vigente”.
Suárez se reunió el 26 de diciembre con la Corenave, que agradeció educadamente el encuentro y volvió a plantear: “Sin agua no hay Vendimia”, con lo cual empezaba a derrumbarse en modo papelón la gran fiesta provincial, con todas sus implicancias turísticas y económicas. Segundo diálogo: los religiosos. El obispo Colombo, el rabino Fabián Zaidemberg y dos pastores evangelistas. Aunque las declaraciones posteriores fueron mansas, se supo que el encuentro fue más bien apocalíptico.
La no reunión
Tercera invitación: las asambleas. Relata Daniel Funes: “Me llamaron el jueves para invitar a San Carlos el viernes. No tuvimos tiempo de coordinar con el resto del Valle de Uco. Hicimos asamblea de 2.000 personas a la noche y se resolvió ir, planteando condiciones para un diálogo. Otras asambleas decían que no fuéramos. Pero teníamos mandato de San Carlos”. Giraud reconoce riéndose: “No entendíamos cómo habían decidido ese disparate. Después entendimos”.
Funes, la ingeniera agrónoma (y agroecológica) Laura Costella y la integrante del grupo Les Pibes, Aylén Mariano (23) en Casa de Gobierno exigieron pasar al salón de reuniones con un acompañante que filmaría todo. “Para que no haya dudas”. De pie al otro lado de la mesa estaban el gobernador, el vice y algunos ministros. Suárez les invitó a sentarse pero se negaron. Funes explicó que estaban en representación de miles de personas en las calles y las rutas. Laura y Aylén fueron leyendo la carta al gobernador mirando también a los enmudecidos funcionarios. Algunas frases:
“Venimos a establecer condiciones irrenunciables para dialogar porque no queremos otra operación de prensa diciendo que no estamos dispuestos”.
“No hay diálogo y no salimos de la calle con la Ley 9209 vigente. Devuelvan la 7722”.
“No hay diálogo en mesas separadas por sectores y cerradas a la comunidad. Todos, y públicamente”.
“Basta de decir que solo algunos sectores o solo el Valle de Uco se oponen. Deben reconocer que en la provincia entera, incluido Malargue silenciado, hay oposición”.
“La 7722 es la ley más debatida de la provincia. 16 años de debate. Basta de decir que ‘vamos a iniciar un debate serio’: es una falta de respeto a miles de mendocinos”.
“No hay diálogo en una mesa donde participen personajes que nos han engañado, insultado, denigrado, manipulado, etc. Emilio Guiñazú y Humberto Mignorance (subsecretario de Minería y secretario de Ambiente que miraban la escena con cara de póker) no pueden estar en ninguna mesa. Pedimos su renuncia”.
“Exigimos también seguridad y paz social. No más represión. Los hacemos responsables de cualquier problema y de la integridad física de los manifestantes”.
“Es una vergüenza que llame a esta mesa por seguridad o preocupación porque sus hijos no pueden salir a la calle tranquilos, cuando tiene a miles de mendocinos en la calle, con sus hijos”.
“Sin nuestra ley 7722 no hay diálogo”.
Funes le acercó una copia a Suárez para que la firmase como recibida, y terminó la reunión sin saludos. Curioso: respetaron la institucionalidad para cuestionarla. Fueron al diálogo, para explicar por qué no lo aceptaban. Fueron respetuosos, para ser implacables. Demostraron que hay otros modos de ser y de actuar.
“En el gobierno se pudrió todo”, le contaron al rato a Funes por teléfono. “Suárez salió de la reunión a los gritos y va a derogar la 9209”. El anuncio se hizo ese mismo viernes y el lunes 30 otras dos sesiones exprés dieron vuelta lo que habían votado 10 días antes. Fue imposible para MU encontrar respuestas de senadores y diputados peronistas y radicales, que votaron en contra y luego a favor de la 7722. La consulta era: ¿Cuál de esas dos veces votaron más de acuerdo con sus propias ideas? Al enterarse del tema a todos y todas se les complicaba la agenda o dejaban de atender sus celulares. “La verdad es que las bases peronistas y hasta muchos radicales salieron a la calle. Había mucha indignación con esta gente”, cuenta Giraud.

Lo animal y lo nuevo
En el peronismo votó las dos veces en favor de la 7722 la docente y senadora Andrea Blandini (foto con Alberto en el WhatsApp): “Al presidente le informó mal Fernández Sagasti, y eso generó mucho ruido en el gobierno. La simplificación es que la minería trae plata. Es falso. Me decían mis colegas: ‘la gente se muere de hambre’, pero cualquiera que recorre la provincia se da cuenta de que el problema que más afecta es el agua”. Signos: en muchos barrios falta el agua, o llega sin presión, y los productores agrícolas (futura nota) calculan que están recibiendo ya la mitad de agua que hace tres o cuatro años y los turnos de irrigación son cada vez más escasos, cada 18 o 20 días.
Blandini: “Un problema es que muchos hacen de la política su kiosco y votan o hacen cualquier cosa que aumente su capital. ¿Se entiende?”. ¿El rol de Alberto Fernández anunciando la votación? “A quienes dicen estar al lado tuyo podés creerles o no. Nadie le dijo a Alberto lo que en realidad ocurría en la provincia y lo dejaron ir al choque. La provincia puede potenciar el turismo, las energías renovables, polos productivos, recursos del petróleo convencional, pero no: van directamente a romper la Cordillera”. (Uno de los jóvenes de Les Pibes en la asamblea dijo: “No se conoce un solo pueblo minero rico, o al que le vaya bien”).
Otro senador, Jorge Difonso, es un ex demócrata que apoyó a Cambiemos, aunque votó siempre por la 7722 de la que fue firmante. “Soy vecino de San Carlos, donde siempre les vimos los colmillos a las multinacionales mineras y a los funcionarios adictos. Y acá puede haber una cuestión ideológica pero sobre todo hay una cuestión práctica de supervivencia. Sin agua no hay cosecha, alimentos, uva, no hay vida. Necesitamos desarrollo sustentable y no pan para hoy y hambre para mañana. Acá al lado tenemos a San Juan, donde sigue la pobreza, hay desastres ambientales, corrupción, funcionarios funcionales y paupérrimas regalías”.
Cree Difonso que en 2001 los partidos políticos explotaron, que ya no son una herramienta de participación, que hay otra sociedad, otra cultura y por eso nacen “otros espacios no alineados ni partidarios”. Persiste el dilema sobre la contradicción entre el sistema electoralista burocratizado e irrepresentativo, frente a esa expresión de democracia cotidiana que encarnan las comunidades en movimiento.
En el espacio asambleario, además de apoyar la agroecología, las energías menos contaminantes y todo lo que permita defender el agua y la vida, han sacado otra cuenta técnica que explica Marcelo Giraud: “Mendoza tiene una de las menores coparticipaciones federales per cápita del país. Tendría que cambiar por ley, pero el sistema está congelado desde 1996. San Juan recibe el doble. Catamarca, el triple. Pero con mucho menos, por ejemplo lo mismo que recibe actualmente Santa Fe, Mendoza contaría con 15.000 millones de pesos anuales extra contra 300 millones que dejarían mineras como San Jorge. Los políticos en lugar de seguir rosqueando deberían reclamar por ese derecho que permitiría que la provincia invierta en educación, salud, canales de riego, fomento de la agroecología y de las energías renovables, como si se tratase de 50 mineras. En el sistema de coparticipación es apenas una pizca, que equilibraría una injusticia contra Mendoza de más de 20 años”.
Hablé con Les Pibes, que me contaron con jerga no sexista cómo crear su propio espacio mejoró la relación, en las asambleas, con les viejes. Con Ana, de San Rafael, y la angustiante falta de agua. Con el médico Fabián Navas, de Tupungato, que explica cómo el fracking es la actividad más contaminante que se conoce, con efectos cancerígenos peores que los agrotóxicos (cada pozo consume unos 25 millones de litros de agua). Con Eugenia, de Uspallata, donde impulsan un área protegida para proteger las cuencas de los ríos. Con Belén, Fernando, Paula y Alejandro, de la Asamblea de Lavalle, que me mostraron el Mendoza convertido en un río de arena por las represas que desvían agua a zonas urbanas y vitivinícolas, por la irrigación discriminada y, otra vez, la obvia falta de agua, que está matando además a las lagunas de Guanacache. Cada imagen, cada palabra, es una conmoción. Un juego de vida o muerte.
Junto a la Ruta 40 en San Carlos, Rubén Rodríguez (sub 70) razona: “Yo soy de los que creían en el futuro hace 40 años, y también ahora. Pero esta es la nueva revolución. Esta es la vida: la biodiversidad. Eso no lo sabíamos”. Me cuesta pensar cómo sería esa revolución que plantea Rubén porque tal vez es algo en construcción, pero no me cuesta nada verla, sentirla, en la actitud, la desobediencia y la acción de estas personas. Sandra explica: “Sin agua aquí, literalmente, nos morimos. No es una filosofía. Es algo vital, instintivo: animal. Cuando íbamos a ver legisladores, un agricultor viejito dijo en asamblea: ‘ustedes vayan, pero aquí nos quedamos afilando los cuchillos y preparando las escopetas. Porque harán la ley que quieran, pero acá vamos a estar defendiendo el agua por nuestros nietos”.
La muchachada de Les Pibes observa y escucha junto a la ruta. Les pido que me digan tres palabras que expliquen lo que se está logrando en Mendoza. Se ríen y pronuncian una palabra cada una (o une): “revolución”, “biodiversidad” y “amor”.

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.
María del Carmen Varela
Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.
Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.


La historia
A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…
Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.
A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.
Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.
El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .
De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.
El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.
En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.
La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.
Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.
Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.
Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.
Atlas de un mundo imaginado
Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre
Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.
Actualidad
Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».
Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.
Por Tiempo Argentino
Fotos: Antonio Becerra.
En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.
“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.
“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Represión como respuesta
La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.
“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal
La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.
El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.
Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

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